Patricia Ceballos Valdes
Expediente 90/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2017
Partes del expediente
- Patricia Ceballos Valdes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III) Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta patentiza que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformo contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
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III. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 90/2017-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Patricia Ceballos Valdés por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, con domicilio ubicado en Rafael M. Hidalgo Oriente, número 301, Colonia Cuauhtémoc, en esta Ciudad de Toluca, México. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- Lo constituye la abstención por parte de la autoridad señalada como responsable AL NO EMITIR LOS LAUDOS LABORALES, en los expedientes 265/2014, 866/2014 y 1035/2014 aun y cuando se ha excedido el término de 15 días establecido para tal efecto, de conformidad con los artículos 916 de la Ley Federal del Trabajo en relación con el 242 Bis de la Ley burocrática del Estado de México, el cual, dicha autoridad responsable tendría a la fecha que haber emitido en el término legal que el propio ordenamiento establece, vulnerando con ello las garantías constitucionales de mi poderdante, consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la registró con el expediente 1682/2016, asimismo, ordenó la separación de autos, por lo que ordenó remitir el oficio 475/2017, a la oficina de correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de emitir el laudo en el expediente laboral 1035/2014, efecto de que realizara el turno correspondiente. Recibido el oficio de mérito en este juzgado de distrito, a quien por razón de turno tocó conocer del mismo, se registró con el número de amparo indirecto 9o/2017-III, por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió, se ordenó emplazar al tercero interesado Ayuntamiento de Zinacantepec, México; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones de un Tribunal Laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 1035/2014, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. TERCERO. La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó a su informe, relativa al acuerdo de once de diciembre de dos mil quince, emitido en el expediente laboral 1035/2014, documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La promoción del presente juicio de garantías es oportuna, tomando en consideración que el acto reclamado es de carácter omisivo o negativo, así como continuado, por lo que se está en aptitud de presentar la demanda en cualquier momento. QUINTO. Al no existir causa de improcedencia alegada por las partes, ni advertida de oficio por este juzgador en términos del último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. En sus conceptos de violación la quejosa aduce, en síntesis, que al no haberse dictado aún el laudo respectivo en el juicio 1035/2014 se conculcan sus derechos humanos, pues no se le ha impartido justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, ya que ha transcurrido con exceso el término de quince días a que hace referencia el artículo 242 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, desde la fecha en que se declaró cerrada la instrucción. Son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 17 párrafo segundo de la Constitución General de la República y 242 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México en lo que interesan señalan: "Artículo 17. (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar resolución, en una sesión del pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." Según se observa, los artículos transcritos, establecen que los Tribunales deberán administrar e impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, expedita, completa e imparcial; y en el caso a estudio, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece que una vez formulados los alegatos, se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar resolución, en una sesión del pleno en un término no mayor a quince días. Del análisis que este Juzgador hace de las constancias de autos, aparece que el once de diciembre de dos mil quince, se turnaron los autos del juicio laboral 1035/2014, para la elaboración del proyecto del laudo, el cual, según imperativo del artículo 242 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, se tenía que dictar en un término no mayor de quince días. Así pues, como se advierte de la constancia que acompaña el Tribunal responsable, al haber declarado cerrada la instrucción (once de diciembre de dos mil quince), sin que a la fecha haya emitido el laudo correspondiente, de ahí que el Tribunal responsable no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo, pues de tal fecha hasta el día en que se resuelve, ha transcurrido en exceso el término de quince días con que cuenta dicha autoridad para emitir el laudo correspondiente, y con su actitud omisiva violenta los derechos humanos de la ahora quejosa, en razón de que no se le administra justicia pronta y expedita, tal como lo dispone el imperativo 17 Constitucional, pues dicho precepto impone a las autoridades, la obligación de administrar la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, así como a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ya que de no ser así, tal omisión resulta violatorio de su derecho humano consagrado en el citado precepto constitucional. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiterados criterios ha sostenido que tratándose de actos reclamados que redundan en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos reclamados, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables, a las que corresponde demostrar que no incurrieron en ellos, lo anterior, en aplicación del principio aceptado por nuestro derecho positivo, consistente en que los hechos negativos no son susceptibles de prueba, salvo en aquellos casos en que la negativa implique una afirmación. Bajo esa óptica, si como ya se vio, en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, el once de diciembre de dos mil quince, se cerró la instrucción, por lo que el tribunal responsable tenía la obligación de resolver el juicio mediante le emisión de un laudo, y toda vez que a través de su informe justificado la citada responsable, aceptó la omisión de dictar el laudo referido a pesar de haberse cerrado la instrucción, es de razonarse, que con su actuar, transgredió el derecho previsto en el artículo 17 Constitucional, lo cual resulta ser una clara violación procesal. Lo anterior encuentra apoyo, aplicada por analogía, en la Tesis aislada, XX. 58 L, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, página 591, con número de registro 201229, que dice: "PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO, OMISIÓN DE FORMULARLO Y DE ENTREGAR UNA COPIA DEL MISMO A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. ES VIOLATORIA DE LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo dispone que, después de cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes, se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, y señala los requisitos que éste debe contener; y los numerales del 886 al 889 del ordenamiento legal en comento, establecen que de dicho proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la Junta, quienes contarán con cinco días para hacer las observaciones que crean pertinentes u ordenar el desahogo de las diligencias que consideren convenientes, y posteriormente, dentro de los diez días siguientes se llevará a cabo la audiencia de discusión, votación y aprobación del proyecto del laudo, el cual si se aprueba sin modificaciones se elevará a la categoría de laudo y será firmado por los miembros de la Junta; por tanto, si de las constancias de autos, se advierte que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó la elaboración del proyecto de laudo respectivo, que se celebró la audiencia de discusión y aprobación del proyecto del laudo sin que conste que el auxiliar de la Junta haya formulado el proyecto de resolución en forma de laudo, y que se haya hecho entrega de una copia del mismo a cada uno de los miembros de dicha Junta, a fin de cumplir con las formalidades establecidas por los artículos ya citados, es evidente que con ese proceder se violan las reglas del procedimiento." Asimismo, es sostén de lo dicho por identidad de razón, la tesis 157 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página ochocientos once, del Semanario Judicial de la Federal y su Gaceta, Novena Época, que dice: "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN. Cuando el acto reclamado en un amparo indirecto lo constituye la omisión de la responsable de tramitar el juicio laboral en los plazos y términos señalados por la Ley Federal del Trabajo, y de las constancias del juicio se advierte que aquélla no cumplió con los términos fijados por la citada legislación para el trámite del procedimiento, tal omisión resulta violatoria de la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 870 a 891 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la forma en que debe tramitarse el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y los términos en que deben verificarse. Por tanto, si a la fecha de resolver el juicio de garantías los actos que motivaron la tardanza han cesado en sus efectos o ha cambiado la situación jurídica, bien porque las audiencias pendientes ya se celebraron o se fijaron nuevas fechas para su celebración, obedeciendo el diferimiento a diversas causas, no por ello procede sobreseer en el juicio bajo el argumento de que hay nuevas condiciones en el procedimiento no existentes a la fecha de presentación de la demanda de amparo, sino que, en tal caso, al advertirse de manera notoria la tardanza, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable continúe el trámite del juicio y resuelva sobre su tramitación con la celeridad requerida por la ley, para lo cual deberá desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos legales para su realización y, en su oportunidad, emita el laudo correspondiente en los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo; ya que de estimar lo contrario sería prácticamente imposible que se otorgara la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable respetara en la tramitación de los juicios los términos legales correspondientes, pues debido al tiempo de tramitación del juicio de garantías y su recurso de revisión, para la fecha en que se resuelva en definitiva ya habría cambiado la situación jurídica correspondiente, lo que generaría que la autoridad responsable en nuevas actuaciones pudiera incurrir en otros vicios vinculados con la tardanza de referencia, lo que es inaceptable." Finalmente, es de mencionar que uno de los principios procesales establecidos por el derecho laboral es el de aplicación inmediata de la norma, el cual se traduce en que las normas de trabajo responden a exigencias inaplazables del interés social, su aplicación debe ser inmediata. Principio que encontramos establecido en el primer párrafo del artículo 191, de la ley de Trabajo de los Servidores Público del Estado y Municipios, en su Título Séptimo, Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y del Proceso y Procedimientos, Capitulo II, De los Principios Procesales que a la letra dice: "Artículo 191. El proceso será público, gratuito, inmediato, predominante oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal tendrá la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." El referido precepto estatuye que no se debe dejar a un lado la observancia y aplicación de la ley a voluntad de las partes o de las autoridades, ya que no se estaría garantizando la legalidad del procedimiento arbitral previamente establecido. Por lo que debe concluirse, que dicha omisión, no sólo constituye una violación procesal, sino que vulnera los derechos fundamentales del impetrante de amparo, puesto que es un aspecto inherente a los derechos sustantivos, toda vez que está de por medio la vigencia del derecho fundamental de la impartición de la justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se obtiene que la autoridad responsable al no emitir laudo en el plazo establecido por la ley, en el juicio laboral 1035/2014, transgrede en perjuicio de la quejosa el derecho humano reconocido en el artículo 17 Constitucional, pues menoscaba su derecho de acceso a la impartición de justicia, al no obtener solución sobre las pretensiones que expuso ante ella, pues ésta de manera negligente no emitió el laudo que en derecho corresponde de manera oportuna, en contravención del derecho de la promovente, en el sentido de que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para lograr la mejor economía, concentración y sencillez del proceso, soslayando que una de las características primordiales del procedimiento laboral es la de centralizar las cuestiones litigiosas con el fin de evitar dilaciones procesales y contribuir a la expeditez de las resoluciones. Lo anterior, no puede constituir un aspecto de índole estrictamente procesal pues es inherente a derechos sustantivos cuya afectación no puede encontrar remedio con el dictado de un laudo favorable a la quejosa, toda vez que está de por medio la vigencia de la garantía constitucional de la impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el multicitado artículo 17 de nuestra carta magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada IV.3o.T.J/57, publicada en la página 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 177266, del tenor literal siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Por lo tanto, debe estimarse que en la especie se ha quebrantado el derecho fundamental de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la omisión de no haber dictado el laudo dentro de los quince días siguientes al de cerrada la instrucción, trae consigo su paralización. Sustenta el razonamiento expuesto, la jurisprudencia 8/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis, del tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuyo tenor es: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Lo anterior, no puede constituir un aspecto de índole estrictamente procesal pues es inherente a derechos sustantivos cuya afectación no puede encontrar remedio con el dictado de un laudo favorable a la quejosa, toda vez que está de por medio la vigencia de la garantía individual de la impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el multicitado artículo 17 Constitucional. Tiene aplicación al respecto, en lo conducente, la tesis 196 L, consultable en la página mil cuatrocientos treinta, del tomo XXI, Abril de 2005, materia laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que es del tenor siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SON ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA LABORAL QUE DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje son órganos formalmente administrativos, pero materialmente jurisdiccionales, puesto que por imperativo del artículo 123 de la Constitución General de la República son las encargadas de resolver las diferencias y conflictos entre el capital y el trabajo, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el primer precepto citado, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes." SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, cumpla con la garantía individual consagrada en el artículo 17 Constitucional, es decir, dicte el laudo respectivo en el expediente laboral 1035/2014 y remita copia certificada del mismo a este juzgado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b), VII, de la Carta Magna; 1, fracción I, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Patricia Ceballos Valdés contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último punto considerativo de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de enero de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito signado por María del Carmen Vallejo Fabila, mediante el cual en atención al proveído de veinte de enero de dos mil diecisiete, informa desconocer el domicilio de la tercero interesada Asesoría Diseño, Técnico e Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable. Respecto a sus manifestaciones en relación a la publicación de edictos, hágase del conocimiento que se llevaron a cabo las actuaciones respectivas, en términos de la ejecutoria dictada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; asimismo, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de veinte de enero del año en curso, máxime que no acreditó que no acreditó el no tener la capacidad económica para sufragar el pago de publicación de los edictos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
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