Patricia Carolina Carrillo Cupul
Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Patricia Carolina Carrillo Cupul
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el cinco de agosto del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el contenido de la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós que dice: Con la demanda de amparo de cuenta se tiene a *****, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 499/2022. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]" Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. En principio, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado se hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A la ordenadora: A).- La determinación del acta de requerimiento de pago y embargo dentro del expediente número DI-168/2018. B).- El mandamiento de ejecución relativo al acuerdo señalado en el punto que antecede, el cual se realizó el día 03 del mes de junio del año en curso. A la autoridad ejecutora: D).- La ejecución de dicho mandamiento y el acta circunstanciada de fecha tres del mes de junio del año dos mil veintidós." Por su parte, del capítulo de "ANTECEDENTES" se desprende lo siguiente: "VIII.-ANTECEDENTES: Que siendo aproximadamente las 14 horas del día tres del mes de junio del año en curso, al apersonarme al predio ubicado en la avenida Juárez número 47 entre la avenida Álvaro Obregón y Othón P. Blanco, de esta ciudad capital, observo que en una de-las paredes del predio se encontraban pegadas con cinta adhesiva transparentes unos documentos, lo cuales al cerciorarme de que se trataba, note que eran provenientes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,e1 cual al leerlos veo que el actuario tal como está manuscrito se cerciora que el predio donde estaba legalmente constituido es en la avenida Juárez número 74 entre la avenida Álvaro Obregón y Othón P. Blanco, de esta ciudad capital, siendo de entrada que el predio donde realizo las diligencias que señala es el 47, por lo tanto no corresponde a mi dirección, sin embargo al seguir leyendo el contenido del acta de requerimiento observo que mencionan que se entrevistan conmigo, lo cual no es verdad, ya que se entrevistaron con una encargada misma a la que estaban obligando a que firmara la diligencia a mi nombre, negándose por completo esta, sin embargo les comento que la dirección no correspondía y que por cualquier situación mencionó que la suscrita llegada en unos momentos ahí, sin embargo las personas que no se identificaron con el personal dijeron que iban a entrar a embargar y que luego la encargada que firmara a mi nombre de que ya se dio cumplimiento, razón por la cual de nueva cuenta se negó y fue entonces que uno de los señores menciono que iban a traer a la fuerza pública para que botara la puerta y entren a embargar cosas ya que argumentaron que yo ya tenía conocimiento del auto de fecha 24 marzo del presente año, cosa que tampoco es verdad ya que no he sido personalmente ni atreves de apoderado notificada de interlocutoria o auto alguno, respondiendo dicho servidor público que él tenía órdenes de realizar el embargo y que si teníamos que aclarar algo nos dirigiéramos con los abogados de la parte actora; sin embargo ante la negativa de la suscrita que por razones de salud no me encontraba en ese momento optó por levantar un acta circunstanciada en donde se hace mención la solicitud de la fuerza pública para llevar a cabo dicho mandato y dejándola pegada en una de las paredes, siendo totalmente falso que no se les atendió porque inclusive cuando fui comunicada hable a un amigo de mi hijo que sabe de derecho, quien llego al lugar y fue quien les indico que de entrada está mal el número del predio que no era el señalado en los papeles pegados y que ya estaba en camino sin ; embargo dijeron que ellos regresarían con la fuerza pública a derribar las puertas y hacer el embargo, dicha negligencia en el procedimiento vulnera mi garantía de patrimonio, seguridad jurídica y de debido proceso." También en el apartado de "FECHA EN QUE ME HICE SABEDOR", señaló: "FECHA EN QUE ME HICE SABEDOR: Tres del mes de junio del año dos mil diecinueve." Ahora, de las transcripciones que antecede se tiene que la quejosa se duele del acta de requerimiento de pago o embargo, formulada por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, emitida en autos del juicio laboral DI-166/2018, en el cual la aquí quejosa es parte formal, al ser la parte demandada en el mismo, sin embargo, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado no proporciona a este Juzgado Federal más información acerca del juicio laboral del que se duele. De igual forma, se tiene que la quejosa reclama el acta de requerimiento de pago o embargo de "tres del mes de junio del año en curso", empero, de una revisión integral de la demanda de amparo se advierte que señala que se le notificó dicha determinación el tres de junio de dos mil diecinueve, por lo que no se tiene certeza de cuándo tuvo conocimiento o cuándo se ostenta sabedor de la misma. Por lo anterior, es necesario que precise en el capítulo correspondiente y bajo protesta de decir verdad, cuándo fue notificado del acto reclamado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor de él; en el entendido de que este tópico constituye parte de los "antecedentes del acto reclamado" que deben expresarse bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo (artículo 116, fracción IV, de la anterior Ley), tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/20131. Por otra parte, en el capítulo de "suspensión del acto reclamado", indicó: "XI.- SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO: Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 131, 132, y demás relativos y correlativos de la Ley de Amparo Vigente, solicito la suspensión provisional y en su momento la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las responsables se DI- 11/2017." Al tenor de lo expuesto, se advierte que la quejosa en el apartado del acto reclamado de su demanda de amparo indica el laboral de origen como DI-166/2018 y no obstante, en el capítulo de suspensión del acto reclamado de su demanda menciona que el número del juicio laboral es DI-11/2017, siendo necesario que se precise de cuál de los juicios laborales antes señalados deriva el acto reclamado, pues dicho dato de identificación es indispensable para, en su caso, estar en condiciones de requerir a las autoridades responsables sus informes justificados. Por tanto, aun cuando este órgano jurisdiccional pudiera interpretar el acto reclamado en este juicio, la realidad es que surge duda en cuanto al señalamiento que realizó la parte quejosa; situación que justifica la necesidad de que sea ella misma quien indique con precisión el requisito que impone el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción IV y V, así como el diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, al momento de la notificación o dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído realice lo siguiente: PRIMERO. Manifieste si desea señalar como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio laboral de origen del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y como consecuencia de ello, el acta de requerimiento de pago o embargo. SEGUNDO. En vía de ampliación de los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, precise lo siguiente: Cuándo fue notificada del acto reclamado, tuvo conocimiento o se hizo sabedora del mismo. Precise cuál es el número correcto del juicio laboral de origen del cual emana el acto reclamado. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención impuesta, en el término concedido se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la precisión de los antecedentes es requisito de la demanda obligatorio para la parte quejosa, en términos de la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que, al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el dispositivo 110 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, abril de 2001, Tomo XIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confiere a éste último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Saúl Alonso Ávila Tehosol quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a Enrique Luna Poot, Sergio Raúl Urrutia Canizalez y Amaury Geovany Góngora, por no contar con registro en dicho sistema. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de los acuerdos que con motivo de este asunto se emitan. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible en términos de los artículos 22, fracción I, y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II4 del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, en términos de la fracción XIX del numeral 2 del citado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil, así como un correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo, en caso de que este órgano constitucional lo estime necesario. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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