Patricia Cárdenas Díaz Barriga

Expediente 445/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
445/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
29/05/2018

Partes del expediente

  • Patricia Cárdenas Díaz Barriga
  • Juez de lo Civil en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito presentado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, para lo cual precisa lo siguiente: Con respecto al acto reclamado manifiesto que solicito la protección de la Justicia Federal mediante este amparo ya que considero que no se me respetó el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional al no haber sido llamada a juicio como legítima pariente consanguínea en línea directa descendente de mis finados tíos puesto que ni enterada estuve de dicho juicio. yo tengo la posesión real y material de los bienes que pertenecían a mis tíos pero tengo conocimiento que el juzgado donde se encuentra el mencionado juicio y en base al procedimiento, se solicitó la posesión real y material de las propiedades hecho que de darse me continuaría causando violaciones en mis derechos constitucionales de imposible reparación. .Tenerme por promoviendo ampliación de demanda en relación al contrato de donación mencionado Sin que obste el hecho de que el escrito está dirigido al amparo 385/2018; sin embargo, de los demás datos que obran en el ocurso así como del anexo, se advierte está relacionado con la demanda promovida por Patricia Cárdenas Díaz Barriga, la que dio origen al presente expediente, de ahí que, en obvio de mayores dilaciones procesales, se acuerda en este asunto. ACUMULACION DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Ahora bien, en este acto se hace notar que en el presente juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 385/2018, promovido por Rodolfo Cárdenas Díaz Barriga, contra actos del Juez de lo Civil en la Ciudad de Tacámbaro, Michoacán y otra autoridad. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, no contempla la figura de la acumulación, en materia procesal, se reconoce generalmente que la acumulación obedece a razones de economía y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos pudieran dictarse sentencias contradictorias, lo que acarrearía grave daño al prestigio de la administración de justicia, además de los perjuicios que necesariamente podrían irrogarse a las partes. De manera que la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página: 19, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Así, la existencia de la acumulación obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias, respetando la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, haciendo pronunciamiento respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, analizando las pretensiones coincidentes, diferentes y particulares, armonizándolas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los asuntos acumulados. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXIV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Página: 1852, Décima Época, que señala: "ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Los artículos 57 a 63 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, regulan la acumulación en el juicio de amparo; figura procesal respecto de la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que su existencia obedece a razones de economía procesal y a la necesidad y conveniencia de evitar que, de seguirse separadamente los diversos procesos, pudieran dictarse sentencias contradictorias; sin embargo, la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se traduce en que el Juez pueda dejar de respetar la independencia o individualidad de los expedientes acumulados, o de pronunciarse respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, ya que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda sentencia, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los planteamientos de los autos acumulados." Respecto a la acumulación de autos, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Asimismo, refiere que para la procedencia de la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia y que dicha acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En la especie, en el presente asunto 445/2018, y en el diverso 385/2018, los quejosos Patricia Cárdenas Díaz Barriga y Rodolfo Cárdenas Díaz Barriga, respectivamente, reclaman del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, y del secretario y actuario adscritos a dicho juzgado, lo siguiente: La falta de llamamiento al juicio sucesorio testamentario 379/2016. La orden de desposesión de las propiedades ubicadas en: casa-habitación ubicada en la calle Zaragoza número 112, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa-habitación en calle Allende número 14, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa-habitación en calle Rubén Romero número 233, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa-habitación ubicada en calle Rubén Romero número 245, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa-habitación en calle Vasco de Quiroga número 64, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa habitación en calle Vasco de Quiroga número 154, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. Esto es, se trata de juicios promovidos contra idéntico acto reclamado atribuido a las mismas autoridades responsables, no obstante que los quejosos sean diversos; de ahí que dichos juicios guardan conexidad y estrecha dependencia. Bajo esa óptica, de conformidad con el numeral 66, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, procede la acumulación del juicio de amparo número 445/2018 al más antiguo siendo éste el 385/2018, a fin de que, tengan un trámite común y en una sola sentencia se analice el acto reclamado a la autoridad responsable. DESECHAMIENTO DEMANDA POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS. Este Juzgado advierte de oficio que, por lo que respecta al secretario del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, el invocado artículo 61, fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que son parte en el juicio de amparo, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, de los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el primero de ellos, interpretado en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de una autoridad. En el caso, el secretario del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, no se ubica dentro de la hipótesis prevista por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que sus funciones se circunscriben a autorizar, en su calidad de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, toda clase de acuerdos y resoluciones dictadas por los titulares y responsables de dicho órganos. Consecuentemente, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, el secretario, considerado en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, es improcedente el juicio en lo referente a los actos que se atribuyen al secretario del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, señalado como autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, este último, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sobre este aspecto, se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos de juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere a la autoridad responsable secretario del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Patricia Cárdenas Díaz Barriga, contra actos del Juez de lo Civil en la Ciudad de Tacámbaro, Michoacán y otra autoridad. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORMES JUSTIFICADOS. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan sus informes con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho: I) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Hágase saber a las partes que en el juicio de amparo 385/2018 se señalaron las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO. En términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesada a: Arquidiócesis de la Ciudad de Tacámbaro, Michoacán, con domicilio en la calle Enrique Aguilar número 48 o en la calle Melchor Ocampo número 151, ambos pertenecientes a la colonia Centro, de Tacámbaro, Michoacán. En consecuencia, tomando en consideración que tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición de su precepto 2º., gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Tacámbaro, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, tenga a bien comisionar a quien corresponda a fin de que se constituya en el referido domicilio del tercero interesado, y una vez cerciorado de que efectivamente corresponde al del mismo, con copia simple de la demanda de garantías, lo emplace al presente juicio. Además, le notifique el contenido íntegro de este proveído y, lo requiera para que en término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, apercibiéndolo que de ser omiso al respecto, sin previo acuerdo las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por medio de lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado Federal, como lo establece el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se le hace del conocimiento al juez, que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 21, último párrafo, de la Ley de la Materia, y el 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la citada Ley, se habilitan días y horas inhábiles para que realice el emplazamiento. En el entendido, de que no fuera posible el emplazamiento en el domicilio indicado, y al momento de la diligencia le fuere proporcionado diverso domicilio del referido tercero interesado, y se encontrare dentro de su jurisdicción proceda a realizar la diligencia, sin previo acuerdo; lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. De igual manera, dígasele que deberá diligenciar la comunicación correspondiente, no obstante de que la audiencia constitucional haya llegado a su fecha, ya que este juzgado proveerá lo conducente. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto, y considerando que exhibió copias para que sean agregadas a los cuadernos incidentales, de oficio se ordena su compulsa. NOTIFÍQUESE; EMPLÁCESE A LA PARTE TERCERO INTERESADA A TRAVÉS DE COMUNICACIÓN OFICIAL QUE AL EFECTO SE LIBRA. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden y del escrito de cumplimiento, con fundamento en los artículos 125, 127, 128, 138, 163 y 166 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo, promovido por Patricia Cárdenas Díaz Barriga, contra actos del Juez de lo Civil en la Ciudad de Tacámbaro, Michoacán y otra autoridad. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiérase su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalarán: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho: I) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de amparo; o II) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. Hágase saber a las partes que en el incidente de suspensión relativo al amparo 385/2018, expediente al que se acumuló el 445/2018 del que deriva el presente incidente, se señalaron las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental. ACTOS RECLAMADOS. No llamamiento al juicio sucesorio testamentario 379/2016. La orden de desposesión de las propiedades ubicadas en: casa-habitación ubicada en la calle Zaragoza número 112, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa-habitación en calle Allende número 14, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa-habitación en calle Rubén Romero número 233, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa-habitación ubicada en calle Rubén Romero número 245, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. calle Vasco de Quiroga número 64, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. casa habitación en calle Vasco de Quiroga número 154, en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán. El contrato de donación de dichos bienes. SE NIEGA SUSPENSIÓN. Es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza sea susceptible de suspenderse; 2. Que exista la solicitud del agraviado; 3. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese orden, RESPECTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL NO LLAMAMIENTO AL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO 379/2016, se niega a la quejosa Patricia Cárdenas Díaz Barriga, la suspensión provisional que solicita, respecto del acto reclamado referido, toda vez que el mismo tiene el carácter de omisivo, de tal manera que las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de las autoridades responsables; por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Resulta aplicable al caso la tesis número XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 214, del Tomo V, Abril de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que a la letra dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Por otra parte, respecto de la desposesión de las casa-habitación ubicadas en la calle Zaragoza número 112, calle Allende número 14, calle Rubén Romero número 233, calle Rubén Romero número 245, calle Vasco de Quiroga número 64, calle Vasco de Quiroga número 154, todas de la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, con motivo de un contrato de donación, en el particular se estima que la parte quejosa no acreditó, con el grado de certidumbre que se requiere el interés presunto que justifique la causa que defiende. Al no haber exhibido ninguna documental con la cual acreditara su dicho y con el cual justificara que tiene en posesión los citados inmuebles, de los cuales reclama se le pretende desposeer, requisito que se estima pertinente para que proceda otorgar la medida cautelar. Cierto, se considera que, es necesario que, cuando menos, exista indicio de que así lo fue, en términos del numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo. Si bien por tratarse de la medida cautelar, no se requiere demostrar fehacientemente la existencia de un interés jurídico o legítimo, pues tal extremo está estrechamente vinculado con la procedencia del juicio que solo puede ser materia en el juicio principal en donde se podrá realizar un análisis más profundo del caso y del derecho que se pretende proteger; lo cierto es que, la parte quejosa debe acreditar indiciariamente en el incidente que el acto reclamado le causa un agravio, y si no lo hace, debe negarse la medida cautelar de mérito. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." Para efectos de análisis de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña al juicio y reclama el desalojo de los bienes inmuebles referidos, el examen del requisito contenido en el numeral 128, fracción I, de la Ley de Amparo, implica la demostración indiciaria del agravio que debe tener como parámetro, acreditar el hecho, circunstancia o preexistencia de un documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado. Lo anterior, ya que la parte quejosa fue omisa en presentar documento idóneo con el cual resultara suficiente para otorgar la suspensión provisional. Máxime que, en términos de la tesis 2a. LIII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 333 del Tomo V de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE.", ha sido interpretado que el amparo solo puede ser promovido por el titular del derecho afectado y no por terceras personas, ya que de aceptarse lo contrario, se llegaría al extremo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas que se sientan afectadas hubiera. De ahí que con la finalidad de acreditar presuntivamente el interés suspensional de la parte quejosa, resulte indispensable documento con el que se pretende demostrar la afectación a la posesión que se afirma tener, y este sea apto, es decir, que por sus características objetivas reúna determinados requisitos, como es el hecho de tener un documento que acredite su dicho, pues esta exigencia se encuentra intrínsecamente relacionada con su demostración. Sobre esa base, en el particular, la quejosa no allegó mayor elemento de juicio revelador, ni indiciariamente, siquiera, ser el poseedor del bien inmueble en comento. Lo que revela la no satisfacción del interés suspensional en los términos explicados y por ende, que la ejecución del acto reclamado no ocasionaría a la quejosa perjuicio de difícil reparación como lo exige el artículo 139 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." No pasa desapercibido que la parte quejosa, con la finalidad de acreditar el interés jurídico que aduce tener, acompañó a su escrito de demanda de amparo y de cumplimiento los siguientes medios de prueba: Actas de defunción de Marta Elena y Ricardo de apellidos Cárdenas Peña. Acta de Nacimiento de la quejosa. Constancias de disposición testamentaria de Marta Elena y Ricardo de apellidos Cárdenas Peña. Dichos medios de convicción, aún valorados al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son ineficaces para acreditar de forma indiciaria la afectación a su interés jurídico que aducen tener, esto es, la posesión de los citados inmuebles. En consecuencia, se niega la suspensión provisional a la quejosa Patricia Cárdenas Díaz Barrigas, respecto al acto reclamado consistente en la desposesión de las casa-habitación ubicadas en la calle Zaragoza número 112, calle Allende número 14, calle Rubén Romero número 233, calle Rubén Romero número 245, calle Vasco de Quiroga número 64, calle Vasco de Quiroga número 154, todas de la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, con motivo de un contrato de donación, dentro del juicio de origen, toda vez que no acredita su interés jurídico, pues no adjunta a su escrito inicial de demanda, constancia o documental que permita inferir que tiene la posesión de los bienes inmuebles que defiende; por lo que es inconcuso que no se encuentra acreditado de manera indiciaria su interés. PRUEBAS. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito de demanda, las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 445/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por Patricia Cárdenas Díaz Barriga, contra actos del Juez de lo Civil de Tacámbaro, Michoacán y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 108, fracción V, 114, fracciones I y II, y demás relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda se estima necesario requerir a la promovente a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, y consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad: Señale acto reclamado. Especifique claramente cuál es el acto que constituye la materia de reclamo, pues por una parte, en los antecedentes señala que no se ha respetado el derecho de audiencia, pero por otra, en el capítulo correspondiente al acto impugnado, refiere que se pretende ejecutar y desposeer de la propiedad. De ser así, el segundo supuesto, indique cuáles son esos bienes de su propiedad. Lo anterior, porque al hacer el señalamiento de los antecedentes del acto reclamado refiere que ella y sus hermanos con los únicos a los que les corresponde el caudal hereditario de sus finados tíos; que ella y sus hermanos indagaron sobre la existencia del acto reclamado; finalmente, refiere que se están violentando en su perjuicio y de sus hermanos en derecho de audiencia y de propiedad consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. De ahí que se pudiera considerar que se trata de dos actos distintos, lo cual resulta necesario para fijar la litis; además para satisfacer la exigencia a que se refiere el artículo 108, fracción IV; y en su caso, las responsables puedan estar en aptitud de pronunciarse sobre la existencia del acto que se les atribuye. b) Exhiba una copia de su escrito inicial de demanda para correr traslado a cada una de las partes. Máxime que en el presente caso, no opera la excepción que establece el precepto 110 de la Ley de la Materia, en razón de que no se trata de una demanda presentada por comparecencia, telegráfica o medios electrónicos, o que sea un asunto del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, o que se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con lo acordado en el inciso a) se tendrá no presentada la demanda. Mientras que, si no cumple con el inciso b) se posterga la apertura del incidente de suspensión, hasta en tanto la promovente exhiba la copia necesaria de la demanda para su formación. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en que incurren LA PARTE QUEJOSA cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si el quejoso incurre en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito del quejoso es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por el quejoso, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados a las personas que manifiesta para oír y recibir toda clase de notificaciones, de las cuales solo Juan Carlos Rodríguez Mendoza y Edgar Flores Silva, gozarán de las facultades otorgadas por el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que acreditaron tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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