Patricia Cano Martínez
Expediente 883/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Patricia Cano Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Patricia Cano Martínez, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la orden de aprehensión librada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós en el proceso penal 82/2022 de su índice, por lo que se refiere a la quejosa PATRICIA CANO MARTÍNEZ. 2). Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia privada y cite al Fiscal, para que con plenitud de jurisdicción dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, sin incurrir en los mismos vicios. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, ya que su constitucionalidad se hizo depender del acto dictado por la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios." En esas condiciones, mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Microregional de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, 2. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, en Tres Valles, Veracruz, 3. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial en Tierra Blanca, Veracruz, y 4. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, resulta en ese sentido tomando en consideración el oficio número 304/2023, signado por el Juez de control y enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial en el Estado con sede en Tierra Blanca, Veracruz, con el cual remitió copia en disco versátil de la audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en relación con el proceso penal 82/2022, donde se aprecia la presencia del Fiscal Fiscal Segundo de la Sub Unidad Integral de Justicia del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tres Valles, Veracruz, en cual uso de la voz solicitó la orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa por su probable participación en la comisión del delito de robo casa habitación. Ahora del análisis del disco versátil que contiene la audiencia privada de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, así como de la copia certificada de la determinación se aprecia que ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta la solicitud realizada por la Fiscal con sede en Tres Valles, Veracruz. En uso de la voz el Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Tres Valles, Veracruz, solicitó orden de aprehensión en contra de Patricia Cano Martínez, en agravio de Adelina Ledesma Reyes, por el delito de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz (minuto 1:53 a 7:23). En ese orden de ideas, el Fiscal de Tres Valles, Veracruz, citó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los datos de pruebas recabados de la carpeta de investigación a fin de acreditar los elementos que deben cumplirse para el dictado de la orden de aprehensión en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (minuto 8:53 a 9:15). En ese tenor el Juez de Control valoró en lo individual los datos de pruebas aportados por la Fiscalía, consistente en la denuncia de Adelina Ledesma Reyes, entrevista de testigo Araceli Alvares Grajales, dictamen pericial 1294/2022 hecho por el perito criminalista Enrique Antonio Gamallo Guevara, el cual avalúo lo robado en monto total de $121,589.17 (ciento veintiún mil quinientos ochenta y nueve 17/100 moneda nacional), declaración de Leticia Cano Martínez, entrevista de Karla Karina López Cano Martínez, entrevista de María Isabel García Trujillo, así como el informe DRZCCOS/PM3V/217/2022, de la Policía Ministerial (minuto 11:48 a 16:58). En ese sentido, una vez analizados dichos datos de pruebas, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaron aptos y suficientes para acreditar la conducta como delito de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz, así como para encuadrar la conducta que se atribuye a la quejosa en la hipótesis que apunta la Fiscalía, y por cuanto hace a la probabilidad de que Patricia Cano Martínez realizó los hechos; toda vez que analizada la mecánica de los hechos, la denunciante manifestó que al percatarse del faltante de joyas, procedió a buscar a la aquí quejosa, siendo que al encontrarla. ".manifestó aceptar haberle robado, pero dijo que le iba a pagar las mismas." Dicha manifestación se valoró en términos del artículo 265 del Código Adjetivo de la Materia (minuto 17:52 a 19:29). En esas condiciones, el Juez de Control consideró notoria la existencia de una conducta de apropiación sobre bienes que aparentemente le resultan ajenos a la quejosa, sin el consentimiento de la persona legalmente facultada para otorgarlo; por lo que consideró las siguientes circunstancias: ".el día diez de febrero del año dos mil veintidós, aproximadamente a las diez horas (circunstancias de tiempo) en el domicilio ubicado en calle marco Antonio muños sur s/n, colonia zona urbana ejidal Tres Valles, Veracruz, (circunstancias de lugar) de acuerdo a los datos de pruebas se establece circunstancialmente fue el lugar donde cometió el hecho y tenía libre acceso a toda la casa incluso las llaves de la caja de la alhajas (circunstancias de modo). (minuto 10:14 a 12:36 video III de CD). En las relatadas consideraciones, el Juez de Control encontró cubiertos los requisitos del artículo 16 constitucional para librar la orden de aprehensión, así como aquellos que cita el numeral 141 de Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la aquí quejosa, por lo que ordenó girar orden de aprehensión a Patricia Cano Martínez, como probable responsable del delito de de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz. (minuto 14:04 a 15:22 video III de CD ). Por otra parte se aprecia el cumplimiento efectuado por las autoridades ejecutoras, esto es, 3. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, Tierra Blanca, Veracruz, mediante telegrama en el cual se aprecia que ordenó a los elementos de dicha Jefatura de Detectives dejar sin efectos el mandamiento de captura librado en contra de la aquí quejosa. Asimismo, obra el telegrama remitido por el 4. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan, Veracruz, con el cual informó que acatamiento a la ejecutoria de amparo, ordeno al personal subalterno se abstengan de ejecutar el mandamiento judicial materia del presente asunto. Finalmente con oficio DRZCCOS/PM3V/534/2023, signado por el Policía de Investigación, 2. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial en Tres Valles, Veracruz, anexó copia del similar 2210/2023, dirigido al Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial en Tres Valles, Veracruz, haciendo del conocimiento que deberá dejar sin efectos la orden de aprehensión librada por el Juez de Control en Tierra Blanca Veracruz, en contra de la aquí promovente. Por lo anteriormente expuesto se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se formalizaron con las actuaciones de las responsable dentro del ámbito de su competencia, esto es, el Juez de Control de control ordenó dejar sin efectos la resolución combatida (orden de aprehensión de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós) esto mediante audiencia privada de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, y procedió a resolver de nueva cuenta la solicitud realizada por la Fiscal con sede en Tres Valles, Veracruz. Por su parte, las autoridades responsables en su carácter de ejecutoras comunicaron a sus respectivas dependencias a cargo que la orden de aprehensión librada en contra de la aquí quejosa había quedado sin efectos, absteniéndose de ejecutar cualquier acto encaminado a privar de la libertad a la promovente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que concedió la protección constitucional. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 883/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a********************para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la orden de aprehensión librada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós en el proceso penal ******************** de su índice, por lo que se refiere a la quejosa ********************. 2). Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia privada y cite al Fiscal, para que con plenitud de jurisdicción dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, sin incurrir en los mismos vicios. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, ya que su constitucionalidad se hizo depender del acto dictado por la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios." En esas condiciones, mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Microregional de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, 2. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, en Tres Valles, Veracruz, 3. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial en Tierra Blanca, Veracruz, y 4. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, resulta en ese sentido tomando en consideración el oficio número 304/2023, signado por el Juez de control y enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial en el Estado con sede en Tierra Blanca, Veracruz, con el cual remitió copia en disco versátil de la audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en relación con el proceso penal ********************, donde se aprecia la presencia del Fiscal Fiscal Segundo de la Sub Unidad Integral de Justicia del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tres Valles, Veracruz, en cual uso de la voz solicitó la orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa por su probable participación en la comisión del delito de robo casa habitación. Ahora del análisis del disco versátil que contiene la audiencia privada de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, así como de la copia certificada de la determinación se aprecia que ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta la solicitud realizada por la Fiscal con sede en Tres Valles, Veracruz. En uso de la voz el Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Tres Valles, Veracruz, solicitó orden de aprehensión en contra de********************en agravio de ********************por el delito de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz (minuto 1:53 a 7:23). En ese orden de ideas, el Fiscal de Tres Valles, Veracruz, citó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los datos de pruebas recabados de la carpeta de investigación a fin de acreditar los elementos que deben cumplirse para el dictado de la orden de aprehensión en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (minuto 8:53 a 9:15). En ese tenor el Juez de Control valoró en lo individual los datos de pruebas aportados por la Fiscalía, consistente en la denuncia de ********************entrevista de testigo********************dictamen pericial 1294/2022 hecho por el perito criminalista********************el cual avalúo lo robado en monto total de********************(ciento veintiún mil quinientos ochenta y nueve 17/100 moneda nacional), declaración de********************entrevista de********************entrevista de ********************así como el informe DRZCCOS/PM3V/217/2022, de la Policía Ministerial (minuto 11:48 a 16:58). En ese sentido, una vez analizados dichos datos de pruebas, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaron aptos y suficientes para acreditar la conducta como delito de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz, así como para encuadrar la conducta que se atribuye a la quejosa en la hipótesis que apunta la Fiscalía, y por cuanto hace a la probabilidad de que ******************** realizó los hechos; toda vez que analizada la mecánica de los hechos, la denunciante manifestó que al percatarse del faltante de joyas, procedió a buscar a la aquí quejosa, siendo que al encontrarla. ".manifestó aceptar haberle robado, pero dijo que le iba a pagar las mismas." Dicha manifestación se valoró en términos del artículo 265 del Código Adjetivo de la Materia (minuto 17:52 a 19:29). En esas condiciones, el Juez de Control consideró notoria la existencia de una conducta de apropiación sobre bienes que aparentemente le resultan ajenos a la quejosa, sin el consentimiento de la persona legalmente facultada para otorgarlo; por lo que consideró las siguientes circunstancias: ".el día diez de febrero del año dos mil veintidós, aproximadamente a las diez horas (circunstancias de tiempo) en el domicilio ubicado en ********************, (circunstancias de lugar) de acuerdo a los datos de pruebas se establece circunstancialmente fue el lugar donde cometió el hecho y tenía libre acceso a toda la casa incluso las llaves de la caja de la alhajas (circunstancias de modo). (minuto 10:14 a 12:36 video III de CD). En las relatadas consideraciones, el Juez de Control encontró cubiertos los requisitos del artículo 16 constitucional para librar la orden de aprehensión, así como aquellos que cita el numeral 141 de Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la aquí quejosa, por lo que ordenó girar orden de aprehensión a********************como probable responsable del delito de de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz. (minuto 14:04 a 15:22 video III de CD ). Por otra parte se aprecia el cumplimiento efectuado por las autoridades ejecutoras, esto es, 3. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, Tierra Blanca, Veracruz, mediante telegrama en el cual se aprecia que ordenó a los elementos de dicha Jefatura de Detectives dejar sin efectos el mandamiento de captura librado en contra de la aquí quejosa. Asimismo, obra el telegrama remitido por el 4. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan, Veracruz, con el cual informó que acatamiento a la ejecutoria de amparo, ordeno al personal subalterno se abstengan de ejecutar el mandamiento judicial materia del presente asunto. Finalmente con oficio DRZCCOS/PM3V/534/2023, signado por el Policía de Investigación, 2. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial en Tres Valles, Veracruz, anexó copia del similar 2210/2023, dirigido al Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial en Tres Valles, Veracruz, haciendo del conocimiento que deberá dejar sin efectos la orden de aprehensión librada por el Juez de Control en Tierra Blanca Veracruz, en contra de la aquí promovente. Por lo anteriormente expuesto se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se formalizaron con las actuaciones de las responsable dentro del ámbito de su competencia, esto es, el Juez de Control de control ordenó dejar sin efectos la resolución combatida (orden de aprehensión de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós) esto mediante audiencia privada de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, y procedió a resolver de nueva cuenta la solicitud realizada por la Fiscal con sede en Tres Valles, Veracruz. Por su parte, las autoridades responsables en su carácter de ejecutoras comunicaron a sus respectivas dependencias a cargo que la orden de aprehensión librada en contra de la aquí quejosa había quedado sin efectos, absteniéndose de ejecutar cualquier acto encaminado a privar de la libertad a la promovente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que concedió la protección constitucional. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
se notifica a la parte quejosa el siguiente acuerdo que a la letra dice : Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y terceros interesados, mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Patricia Cano Martínez, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la orden de aprehensión librada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós en el proceso penal 82/2022 de su índice, por lo que se refiere a la quejosa PATRICIA CANO MARTÍNEZ. 2). Señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia privada y cite al Fiscal, para que con plenitud de jurisdicción dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, sin incurrir en los mismos vicios. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, ya que su constitucionalidad se hizo depender del acto dictado por la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios." En esas condiciones, mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Microregional de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral XVIII Distrito Judicial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, 2. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, en Tres Valles, Veracruz, 3. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial en Tierra Blanca, Veracruz, y 4. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, con sede en Cosamaloapan, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias remitidas por la autoridad responsable con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, resulta en ese sentido tomando en consideración el oficio número 304/2023, signado por el Juez de control y enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial en el Estado con sede en Tierra Blanca, Veracruz, con el cual remitió copia en disco versátil de la audiencia de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en relación con el proceso penal 82/2022, donde se aprecia la presencia del Fiscal Fiscal Segundo de la Sub Unidad Integral de Justicia del XVIII Distrito Judicial, con sede en Tres Valles, Veracruz, en cual uso de la voz solicitó la orden de aprehensión en contra de la aquí quejosa por su probable participación en la comisión del delito de robo casa habitación. Ahora del análisis del disco versátil que contiene la audiencia privada de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, así como de la copia certificada de la determinación se aprecia que ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa en fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, y procedió a resolver de nueva cuenta la solicitud realizada por la Fiscal con sede en Tres Valles, Veracruz. En uso de la voz el Fiscal Segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Tres Valles, Veracruz, solicitó orden de aprehensión en contra de Patricia Cano Martínez, en agravio de Adelina Ledesma Reyes, por el delito de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz (minuto 1:53 a 7:23). En ese orden de ideas, el Fiscal de Tres Valles, Veracruz, citó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los datos de pruebas recabados de la carpeta de investigación a fin de acreditar los elementos que deben cumplirse para el dictado de la orden de aprehensión en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (minuto 8:53 a 9:15). En ese tenor el Juez de Control valoró en lo individual los datos de pruebas aportados por la Fiscalía, consistente en la denuncia de Adelina Ledesma Reyes, entrevista de testigo Araceli Alvares Grajales, dictamen pericial 1294/2022 hecho por el perito criminalista Enrique Antonio Gamallo Guevara, el cual avalúo lo robado en monto total de $121,589.17 (ciento veintiún mil quinientos ochenta y nueve 17/100 moneda nacional), declaración de Leticia Cano Martínez, entrevista de Karla Karina López Cano Martínez, entrevista de María Isabel García Trujillo, así como el informe DRZCCOS/PM3V/217/2022, de la Policía Ministerial (minuto 11:48 a 16:58). En ese sentido, una vez analizados dichos datos de pruebas, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaron aptos y suficientes para acreditar la conducta como delito de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz, así como para encuadrar la conducta que se atribuye a la quejosa en la hipótesis que apunta la Fiscalía, y por cuanto hace a la probabilidad de que Patricia Cano Martínez realizó los hechos; toda vez que analizada la mecánica de los hechos, la denunciante manifestó que al percatarse del faltante de joyas, procedió a buscar a la aquí quejosa, siendo que al encontrarla. ".manifestó aceptar haberle robado, pero dijo que le iba a pagar las mismas." Dicha manifestación se valoró en términos del artículo 265 del Código Adjetivo de la Materia (minuto 17:52 a 19:29). En esas condiciones, el Juez de Control consideró notoria la existencia de una conducta de apropiación sobre bienes que aparentemente le resultan ajenos a la quejosa, sin el consentimiento de la persona legalmente facultada para otorgarlo; por lo que consideró las siguientes circunstancias: ".el día diez de febrero del año dos mil veintidós, aproximadamente a las diez horas (circunstancias de tiempo) en el domicilio ubicado en calle marco Antonio muños sur s/n, colonia zona urbana ejidal Tres Valles, Veracruz, (circunstancias de lugar) de acuerdo a los datos de pruebas se establece circunstancialmente fue el lugar donde cometió el hecho y tenía libre acceso a toda la casa incluso las llaves de la caja de la alhajas (circunstancias de modo). (minuto 10:14 a 12:36 video III de CD). En las relatadas consideraciones, el Juez de Control encontró cubiertos los requisitos del artículo 16 constitucional para librar la orden de aprehensión, así como aquellos que cita el numeral 141 de Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la aquí quejosa, por lo que ordenó girar orden de aprehensión a Patricia Cano Martínez, como probable responsable del delito de de robo a casa habitación previsto y sancionado en el artículo 202 fracción I tercer párrafo en relación con el 205 fracción I inciso a) del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz. (minuto 14:04 a 15:22 video III de CD ). Por otra parte se aprecia el cumplimiento efectuado por las autoridades ejecutoras, esto es, 3. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, Tierra Blanca, Veracruz, mediante telegrama en el cual se aprecia que ordenó a los elementos de dicha Jefatura de Detectives dejar sin efectos el mandamiento de captura librado en contra de la aquí quejosa. Asimismo, obra el telegrama remitido por el 4. Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan, Veracruz, con el cual informó que acatamiento a la ejecutoria de amparo, ordeno al personal subalterno se abstengan de ejecutar el mandamiento judicial materia del presente asunto. Finalmente con oficio DRZCCOS/PM3V/534/2023, signado por el Policía de Investigación, 2. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial en Tres Valles, Veracruz, anexó copia del similar 2210/2023, dirigido al Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial en Tres Valles, Veracruz, haciendo del conocimiento que deberá dejar sin efectos la orden de aprehensión librada por el Juez de Control en Tierra Blanca Veracruz, en contra de la aquí promovente. Por lo anteriormente expuesto se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se formalizaron con las actuaciones de las responsable dentro del ámbito de su competencia, esto es, el Juez de Control de control ordenó dejar sin efectos la resolución combatida (orden de aprehensión de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós) esto mediante audiencia privada de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, y procedió a resolver de nueva cuenta la solicitud realizada por la Fiscal con sede en Tres Valles, Veracruz. Por su parte, las autoridades responsables en su carácter de ejecutoras comunicaron a sus respectivas dependencias a cargo que la orden de aprehensión librada en contra de la aquí quejosa había quedado sin efectos, absteniéndose de ejecutar cualquier acto encaminado a privar de la libertad a la promovente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que concedió la protección constitucional. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo en copia certificada signado por el Jefe de Administración Postal del Módulo del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, téngase remitiendo copia certificada de la pieza postal con registro 9429111131149, derivada del oficio número 23615 con el cual se ordenó notificar al Fiscal en su carácter de Tercero interesado el auto de diez de agosto del año en curso, en el cual se ordenó remitir las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a fin de realizar manifestaciones que interés convenga. Por lo tanto, se tiene por satisfecho el requerimiento efectuado en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho proveído. Notifíquese en términos de ley.
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