Patricia Campos Mendoza y Otros.
Expediente 1177/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Campos Mendoza
- Patricia Campos Mendoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte agraviada no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado estado el auto por el cual se desechó la demanda. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
V... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la quejosa Patricia Campos Mendoza (representante común), por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto 1177/2023-V, el cual es del tenor: Proveído 26/Septiembre/2023.- "... Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas el dieciocho de septiembre pasado. DESECHA DEMANDA. En principio es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu1. En ese sentido, el primero de los artículos citados, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que resulte alguna disposición de la ley. Por otra parte, el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Es decir, el juicio de amparo procede únicamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales.2 En el particular, la parte quejosa reclama: - La sentencia de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación 626/2023, del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, mediante la cual se revoca el proveído de dieciséis de mayo, y ordena admitir las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte actora en el juicio natural. Por ende, dicha actuación no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de si las razones están ajustadas o no a derecho, refleja una violación de tipo procesal que no genera una afectación a un derecho fundamental y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, con relación al diverso numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, pues la actuación combatida tiene efectos de carácter procesal. Además, cabe la posibilidad de que la sentencia definitiva que posteriormente emita el juez dentro del proceso del que deriva el reclamo, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso lo que ahora estima le causa perjuicio quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica y, de modo contrario, estará en condiciones alegarlo como violación procesal a través del medio de impugnación que promueva contra el fallo definitivo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 3a. 20/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, registro 207226, que a la letra dice: PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo ..." Lo anterior en atención al citatorio de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.
- Principal
V.... Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas el dieciocho de septiembre pasado. En principio es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu....
- Principal
V... Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el lapso de tres días, establecido en el numeral 67 de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para el efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes con relación al incidente de falsedad de firma iniciado por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, para que se dictamine sobre la autenticidad de las firmas de Juan Alberto..., plasmadas en los escritos de demanda y desahogo, las que difieren ostensiblemente entre sí con la que obra en la comparecencia de dicho quejoso efectuada el uno de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, gírese oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, para que en el plazo de tres días, nombre un perito en dicha materia, a quien deberá comunicar tal nombramiento y su presentación en este juzgado en el lapso indicado, a fin de aceptar y protestar el cargo conferido, asimismo, para que manifieste si no se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 51 de la ley en consulta, apercibidos ambos funcionarios que de no dar cumplimiento a lo anterior se impondrá al omiso, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, se fijan las once horas del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para su verificativo.
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