Patricia Campos Gutiérrez
Expediente 311/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Patricia Campos Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por Lucía Martínez Martínez, quien dice ser tercera interesada en el presente juicio, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado. Atento a ello, dígase a la ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud en virtud que en autos no le fue reconocido el carácter con que se ostenta. Notifíquese.
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas en cumplimiento a la separación de juicios decretada en auto de seis de los cursantes, e informa que se avocó al conocimiento del asunto; circunstancias de las que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por Patricia Campos Gutiérrez, a través del cual desahoga la prevención formulada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. ACTOS RECLAMADOS Del escrito de demanda, así como del que se recibe, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables a la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, a quien reclama la totalidad del procedimiento llevado a cabo en el toca de apelación 249/2017, promovido por Lucía Martínez Martínez, y al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, la falta de emplazamiento al expediente 341/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil acción otorgamiento y firma de escritura. Por otra parte, por lo que hace a la diversa prevención, en el sentido que señalara el acto concreto que reclama del Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dentro del Procedimiento Judicial no Contencioso 3/2018, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se desprende que señala como actos reclamados los actos llevados a cabo dentro de dicho procedimiento hasta la diligencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se le notifica la pretensión de la parte promovente. SEPARACIÓN DE JUICIOS Ahora bien, como se aprecia, los actos reclamados provienen de dos procedimientos distintos, con lo que resulta oportuno establecer la procedencia de la separación de autos, en tanto que se reclaman actos provenientes de diversas autoridades y procedimientos desligados entre sí. La figura jurídica de la separación de autos tiene como objetivo principal que se logre una tramitación más práctica y eficaz respecto de los diversos actos que se reclamen dentro de un juicio de amparo biinstancial, que se encuentren desvinculados entre sí, para evitar que al momento de resolver el mismo se llegara a pronunciar un fallo complicado o confuso en su comprensión, no sólo para los efectos del entendimiento de la sentencia, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse, o en su caso, en el cumplimiento de la ejecutoria, o en ambos, todo lo cual complicaría innecesariamente la resolución de cada uno de los actos que se reclaman a cada una de las autoridades señaladas en la especie como responsables, con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal. De lo anterior se colige que, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en el caso particular es procedente la separación de plano de juicios, en razón de que el acto reclamado al Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, está desvinculado con los actos reprochados a la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, así como al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, deben estudiarse por separado a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía a la resolución que, en su caso, se dicte. Es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis número 76/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 118, Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." *Se hace la aclaración que la tesis citada continúa en vigor y por ende es aplicable al caso, dado que no se opone a la ley vigente; ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. En razón de lo anterior, se decreta de plano la separación de juicios, dejando de tener como autoridades responsables en el que se actúa, a la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México y al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y se ordena su continuación únicamente respecto de los actos reclamados al Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Mientras que en el expediente que se forme con motivo de la separación de autos decretada, se conocerá de los actos atribuidos a la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México y al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que provienen del toca 249/2017 y expediente 341/2016, respectivamente. Consecuentemente, se ordena remitir copias certificadas del presente juicio, así como los originales de tres legajos de recibos de pago, así como la escritura pública doce mil ciento sesenta y cinco con sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que realice el turno aleatorio correspondiente como nuevo asunto. Por lo que deberán conservarse en el presente sumario los originales de las documentales relativas el procedimiento no contencioso 3/2018. Tiene puntual aplicación a este caso en particular, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar a foja 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." *Se hace la aclaración que la tesis de jurisprudencia citada continúa en vigor y por ende es aplicable al caso, dado que no se opone a la ley vigente; ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. ACTO RECLAMADO Como ha quedado asentado, en el presente juicio de amparo se conocerá del acto atribuido al Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dentro del Procedimiento Judicial no Contencioso 3/2018, consistente en los actos llevados a cabo dentro de dicho procedimiento, hasta la diligencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se le notifica la pretensión de la parte promovente DESECHAMIENTO Así, la demanda debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgador estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de Tribunales Judiciales, Administrativos, agrarios, o del Trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente , pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso o trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, las diligencias de jurisdicción voluntaria, deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en términos de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, toda vez que este tipo de diligencias comprenden todos los actos que por disposición de ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes determinadas, pues el acto judicial no es jurisdiccional, por lo que no hay partes en sentido estricto, además, no existe contienda alguna, y en caso de que esta apareciera, la jurisdicción voluntaria se transformaría en contenciosa sujetándose al juicio correspondiente. En ese aspecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando dichos actos -fuera de juicio- provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto procedería únicamente en contra de la resolución que pone fin al mismo, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en secuencia formal, respetando siempre en estos casos, el principio de definitividad, por lo que, por regla general, el quejoso debe agotar todos los medios ordinarios de defensa correspondientes, y solo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos, cuando existe un acto intermedio de imposible reparación. Ello a fin de mantener la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama los actos llevados a cabo en autos del expediente 3/2018, relativo al Procedimiento Judicial no Contencioso, del índice del Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hasta la diligencia de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se le notifica la pretensión de la parte promovente. De lo anterior, se colige que la parte quejosa no reclama la última resolución dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de que se trata, esto es, contra el acto del juez del conocimiento, que pone fin a la diligencia en éste solicitada, pues si bien es cierto se radicó el expediente 3/2018, a petición de Lucía Martínez Martínez, con el fin de notificar a la ahora quejosa la pretención de desocupar el inmueble defendido, también es cierto que ésta no constituye el último acto de dicho procedimiento. De igual forma, no se está en presencia de la hipótesis de excepción para la procedencia del juicio constitucional toda vez que no se advierte que se le haya requerido que desocupara el inmueble, ni se le apercibió en aspecto alguno, mucho menos se ejecutó acto tendente a tal fin, por lo que no existe violación a sus derechos sustantivos, entendiendo estos como aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. Finalmente, es evidente que la parte quejosa no es tercero extraña al procedimiento no contencioso citado, toda vez que como ella misma lo señala, se le notificó la resolución que le dio inicio, misma que adjunta en original a su escrito de demanda, por lo que se encuentra en aptitud de interponer los recursos que, en su momento, considere procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación a página 744, tomo 1, de abril de dos mil trece, la cual establece: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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