Patricia Calvo Lopez
Expediente 918/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/10/2017
Partes del expediente
- Patricia Calvo Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el sobre devuelto por el servicio postal "Correos de México", que contiene el oficio 24000/2017 dirigido al Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación número dos de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, con sede en Villaflores Chiapas, en el que asentó como razón que la denominación es incorrecta. Atento a lo anterior, y advirtiéndose de autos que la denominación correcta de la citada autoridad es Fiscal del Ministerio Público, Conciliador dos, de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, con sede en Villaflores Chiapas (foja 39), se ordena reenviar a éste último dicho comunicado, por así advertiste del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Notifíquese
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la autoridad responsable 2. Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación Número Dos de la Unidad de Integración de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en Villaflores, Chiapas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintidós de agosto del año en curso (fojas 42 y 43), y remite copia autentificada de la constancia de elevación de registro de atención a carpeta de investigación, recayéndole el número 0071-108-2901-2017. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite la autoridad responsable. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de elevar a carpeta de investigación el Registro de Atención 0845-108-0407-2016, y formular la imputación correspondiente. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable 2. Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Conciliación Número Dos de la Unidad de Integración de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en Villaflores, Chiapas, de elevar a carpeta de investigación el Registro de Atención 0845-108-0407-2016. Ahora, se observa que la citada autoridad adjuntó a su informe justificado copia autentificada del oficio 00036/1326/2017, dirigido al Fiscal del Ministerio Público en Turno de Villaflores, Chiapas, mediante el cual le remitió el Registro de Atención 0845-108-0407-2016, a efecto de que lo eleve a carpeta de investigación y turne al Fiscal del Ministerio Público investigador que corresponda (foja 40); posteriormente con el oficio de cuenta, remite la constancia respectiva, de la que se advierte que el citado representante social elevó a carpeta de investigación el referido registro de atención, recayéndole el número 0071-108-2901-2017 (foja 48), subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo fue elevado a carpeta de investigación el registro de atención mencionado, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a la garantía de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de las citadas autoridades, consistente en que no elevaban a carpeta de investigación el registro de atención aludido, ello dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la constancia respectiva de uno de agosto del año en curso (foja 48). De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por las autoridades responsables extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con dieciséis minutos del doce de septiembre del año en curso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual solicita copia certificada de los informes justificados, de sus anexos, y de la resolución dictada en el presente juicio, autorizando para recibirlas a *** Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele a su costa la copia que refiere en su escrito de cuenta, teniéndose por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona, previa razón de recibo que se deje en autos, para su debida constancia, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este Juzgado dentro del horario de diez a trece horas en día hábil. Notifíquese.
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