Patricia Cajigas Balbuena
Expediente 619/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Ricardo Flores Goycochea
- Patricia Cajigas Balbuena
- Filiberto Varela Rascón
- José Ricardo Flores Goycochea y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de prueba identificados como Tomos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, los cuales fueron formados con las constancias remitida por la autoridad señalada como responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha, en el cuaderno principal se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente y se ordenó proveer sobre la valoración y destino del cuaderno incidental; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Se advierte que en el presente cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia se hace constar que este expediente es conservable, a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, la declaró abierta en el juicio de amparo 619/2023-PC-Civil; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente y da cuenta al juez con la lectura del escrito inicial de demanda y del diverso libelo aclaratorio; asimismo, hace constar que obran agregadas las constancias de notificación del auto inicial a las partes (quejosos, autoridad responsable, tercero interesado y agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción); y, el informe justificado rendido por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito en el Estado de Sonora, con residencia en esta Ciudad. De igual modo, se certifica que transcurrió el plazo de ocho días, para que las partes pudieran imponerse del informe justificado en este sumario. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por visto el contenido de la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las pruebas documentales que la autoridad responsable remitió con su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las constancias referidas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Con apoyo en lo establecido en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes para formular alegatos de los que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 619/2023-PC, promovido por José Ricardo Flores Goycochea y Patricia Cajigas Balbuena; y, R e s u l t a n d o : Primero. Presentación de la demanda, denominación de la autoridad responsable y acto reclamado. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, José Ricardo Flores Goycochea y Patricia Cajigas Balbuena, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia federal, contra actos del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta Ciudad, en contra del reclamo que habrá de precisarse en el considerando segundo de esta sentencia. Inicialmente por razón de turno, mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se radicó el asunto ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta Ciudad, con el número de juicio de amparo 312/2023; y, previamente cumplimentada una prevención ordenada por el titular de ese órgano, se inició el trámite del biinstancial mediante acuerdo de trece de marzo del año en curso; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, el veintiséis de abril del año en curso, el titular de aquél órgano, determinó que correspondía conocer del asunto a este juzgador, ya que con anterioridad se radicó un diverso juicio de amparo (1250/2021), en el que, al igual que el actual sumario, se reclamaron actos que derivan del mismo juicio de origen (juicio hipotecario 864/2018), por lo que, mediante oficio 8558/2023 ordenó el returno del biinstancial, recibiéndose en este Juzgado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés. De esa forma, por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se radicó y admitió a trámite el asunto en este Juzgado, con el número de registro de juicio de amparo 619/2023-PC-Civil; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos de hoy, al tenor del acta que antecede y culmina con la sentencia que se emite en términos de los siguientes C o n s i d e r a n d o s : Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción V, párrafo primero. Se afirma lo anterior, puesto que el reclamo constitucional se originó por actuaciones de una autoridad judicial residente dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital de localización 192097, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Del estudio integral de la demanda de amparo, su escrito de ampliación y los autos existentes, se precisa que los quejosos reclaman lo siguiente: La resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, en autos del toca civil 90/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto aprobatorio de remate emitido el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por el juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en el juicio civil hipotecario 864/2018, promovido por Filiberto Varela Rascón, en contra de los ahora quejosos José Ricardo Flores Goycochea y Patricia Cajigas Balbuena. Existencia del reclamo constitucional. El magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado solicitado, admitió la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, por lo que se tiene plenamente probado el reclamo constitucional. Se cita por su aplicación, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las copias certificadas remitidas por la propia autoridad responsable, a las cuales, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se les otorga pleno valor probatorio, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 264931, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". Causales de improcedencia. Las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio deben examinarse por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo en orden preferente a cualquier otra cuestión por ser de orden público, tal como lo prescribe el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, con registro digital 222780, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Solo para contextualizar, se relatan brevemente los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución que constituye el acto reclamado, lo cual se efectúa con base en las documentales que en copia certificada fueron aportadas por el magistrado presidente del Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mismas que obran en legajos por separado con los que se formaron los tomos I al IX, a los que se otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°., de lo cual se relata lo siguiente: 19.1. Ante el Juzgado Tercero del Ramo Civil con residencia en esta Ciudad, se radicó el juicio 864/2018, promovido por Filiberto Varela Rascón, quien demandó en la vía hipotecaria en ejercicio de la acción real, a los hoy quejosos Patricia Cajigas Balbuena y José Ricardo Flores Goicochea, de quienes exigió como prestaciones el pago de pesos, intereses ordinarios, intereses moratorios y el pago de gastos y costas (fojas 3 a 8 del tomo II de pruebas). Dicho asunto se admitió a trámite por acuerdo de once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 12 del tomo II de pruebas). 19.2. Emplazados que fueron los pasivos al juicio, dieron contestación a la demanda mediante escrito agregado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en el que señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, opusieron excepciones y defensas y ofertaron pruebas (fojas 39 a 55 y 58 del tomo II de pruebas). 19.3. Seguido que fue en sus etapas el procedimiento, el cinco de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia condenatoria en el asunto (fojas 96 a 107 del tomo II de pruebas). 19.4. Inconformes con esa resolución, mediante escrito agregado en autos del juicio natural el catorce de febrero de dos mil veinte, los ahora quejosos interpusieron recurso de apelación, el cual se tuvo por admitido en el efecto devolutivo, por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con el número de toca 68/2020, en el que por auto de trece de octubre de dos mil veinte, se declaró desierto el recurso y, por ende, firme la sentencia impugnada (foja 113 y 121 del tomo II de pruebas). 19.5. Así, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dio inicio ante el juez natural, el procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia definitiva y se ordenó requerir a los demandados José Ricardo Flores Goicochea y Patricia Cajigas Balbuena, para que dentro de un término de tres días, designaran perito valuador de su parte, en relación con el inmueble objeto de hipoteca en dicho juicio (fojas 141 del tomo II de pruebas). 19.6. En acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte sentenciada por acusada la rebeldía para designar perito de su parte y el veinte de agosto de ese año, se ordenó convocar a postores para participar en el remate del bien inmueble, el cual se llevó a cabo en diligencia de primera almoneda el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró fincado el remate (foja 144, 167 y 182 del tomo II de pruebas). 19.7. Posteriormente, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el juez natural, emitió auto en el que aprobó el remate (fojas 184 del tomo II de pruebas). 19.8. Luego, contra ese auto aprobatorio de remate, los aquí quejosos interpusieron recurso de apelación mediante escrito presentado ante el juzgador civil, el cual se admitió en auto de nueve de ese mes y año, en el efecto suspensivo, mismo que se ordenó remitir al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito, para su substanciación y resolución (fojas 185, 186 y 187 del tomo II de pruebas). 19.9. Fue así, que el tribunal de alzada, ahora responsable, radicó el medio de impugnación y previa substanciación y trámite, el treinta de enero de dos mil veintitrés, emitió la resolución correspondiente, en la que confirmó el auto objeto de apelación (fojas 5 a 6 y 39 a 43 del tomo I de pruebas). Esa última resolución de alzada, motivó la presentación de la demanda de amparo. No obstante, conforme a las actuaciones narradas, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional y que claramente se precisa en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último, interpretado a contrario sensu, toda vez que al tratarse de un acto emitido en relación con el procedimiento de remate en la etapa de ejecución del juicio de origen, no se está ante la última resolución del procedimiento. Se explica: Efectivamente, el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". En tanto que la fracción XXIII del artículo 61, y el diverso 107, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". Del análisis de los numerales en cita se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo únicamente será procedente respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la correspondiente demanda de garantías que al efecto se presente, todas las violaciones que hubiesen ocurrido en dicho procedimiento. Luego, la esencia de la causal de improcedencia en cita, deviene de la expresión "última resolución" del procedimiento de ejecución, término que actualmente recoge la Ley de Amparo en la fracción IV, de su numeral 107, y que se definió por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, desde la emisión de la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, Novena Época, con registro de localización digital 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Del criterio anterior se aprecia que el Máximo Tribunal del País estableció que por "última resolución" dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, debe entenderse como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Luego, como se advierte del párrafo segundo de la fracción IV del transcrito artículo 107, de la Ley de Amparo, se exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", que se dicte en esa fase, en la cual se podrán reclamar todos y cada uno de los posibles vicios que en ésta se adviertan. Sobre ese tema, se precisa que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, contenida en la fracción IV, párrafos segundo y tercero, del artículo 107 de la Ley de Amparo, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la última, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta. Es así, pues esos actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, incluso en tratándose constitucionalidad de normas, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Se cita al respecto (en su aplicación por las razones que la informan), la jurisprudencia 2a./J. 29/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, Página 226, Novena Época, con registro 200585, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe". Se acota que la tesis anterior se invoca para destacar solo lo relativo a que, en tratándose de ejecución de sentencias, el juicio de amparo solo es procedente contra la última resolución, pues no debe soslayarse que el contenido de la parte última de dicha jurisprudencia, en cuanto a mencionar que si se trata del remate solo sería procedente el amparo en "contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe", tal exposición era acorde al precepto 114, fracción III, último párrafo de la anterior Ley de Amparo, pero que actualmente no es posible sostener la definición en ese tópico, dado que la actual ley de la materia precisa diáfanamente en el precepto 107, fracción IV, último párrafo, la definición de última resolución en los procedimientos de remate, pues al efecto dicha porción normativa establece que en "los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.". Precisado lo anterior, y tomando en consideración que el acto reclamado lo constituye la resolución de alzada, de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito en el Estado de Sonora, que confirmó el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en el juicio 864/2018, en el que se aprobó y fincó el remate del inmueble objeto de gravamen, a favor de la parte actora, sin que de autos se advierta que exista una actuación que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; por tanto, dicha determinación no puede considerarse como la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate en la etapa de ejecución de la sentencia de origen. En efecto, retomando el estudio del asunto en análisis, se desprende que los elementos de la definición de última resolución, no se actualizan en el acto que aquí se reclama, pues el acto reclamado no constituye la última pronunciada en la etapa de ejecución del procedimiento de origen, dado que se trata de una actuación intermedia dictada en la fase de ejecución, por lo que, la determinación que constituye el acto reclamado, no es con la que culmina el procedimiento de remate (ejecución), porque no es aquélla que en forma definitiva ordenara el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega del bien rematado, que es en contra de la cual procede el juicio de amparo en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo propósito es que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, por lo que la improcedencia del juicio de amparo abarca las actuaciones tendentes a impedir la ejecución de la cosa juzgada. De ahí, que al no ser la última resolución del procedimiento de ejecución (procedimiento de remate), el peticionario debió esperar a que eso ocurriera, para promover la acción de amparo en contra de la última resolución dictada en ese periodo, y vía conceptos de violación, hacer valer dicha determinación, por considerarse una violación procesal cometida en ese procedimiento. Encuentra apoyo a lo antes expuesto el criterio jurisprudencial 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 1066, Décima Época. Con registro digital: 2011474, de contenido siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Se cita también al respecto, el reciente criterio contenido en la tesis III.4o.C.6 C (11a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que reitera lo anterior, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Abril de 2023, Tomo III, página 2644, Undécima época, con registro de localización 2026302, de rubro y texto siguientes: "REMATE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN O ENTREGA DE LOS BIENES, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO. Hechos: Se promovió juicio de amparo contra el auto que ordena la escrituración del bien producto del remate; se desechó la demanda al no agotarse el principio de definitividad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es innecesario agotar medio de defensa ordinario alguno contra el auto que ordena la escrituración o entrega material del bien rematado, previamente a la presentación de la demanda de amparo indirecto, al constituir la última determinación en el procedimiento de remate. Justificación: Lo anterior, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN, ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", definió lo que debe entenderse por la última determinación en el procedimiento de ejecución, estableciendo que pueden ser indistintamente el auto que ordena la escrituración y/o la entrega de la posesión de los bienes materia del remate, dado que éstos son una consecuencia legal y jurídica del auto que confirma la adjudicación de los bienes, que no fue cuestionado a través de las vías legales previamente establecidas y, como consecuencia, quedó firme; así, en atención a las directrices establecidas por el Alto Tribunal, válidamente puede concluirse que es innecesario agotar cualquier medio de defensa ordinario establecido en la legislación que rige el acto reclamado contra de los acuerdos en los que se ordena, ya sea la escrituración o la entrega de los bienes rematados, pues al ser consecuencia legal de una determinación previa y firme, el sentido de éstos no podría, en su caso, ser modificado o alterado, lo que hace posible el trámite de la acción constitucional de amparo con la finalidad de resolver los vicios de inconstitucionalidad atribuidos en el procedimiento de ejecución del que derivan los actos reclamados. Lo considerado fue destacado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 279/2020." Asimismo, se cita la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2764, Tomo IV, Libro 9, correspondiente al mes de Enero de 2022, Materia Común, Undécima Época, con número de registro digital 2024100, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la voz: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En tales condiciones, si el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra en la etapa de ejecución, y el acto reclamado por la parte quejosa no corresponde a la última resolución de ese procedimiento de remate, dado que no se ha ordenado la escrituración o entrega del inmueble rematado; es inconcuso que el amparo biinstancial es improcedente. D e c i s i ó n : De acuerdo a lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, así como en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último, interpretado a contrario sensu, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V de la propia ley de la materia. En consecuencia, no se realiza pronunciamiento alguno respecto de los conceptos de violación, ni sobre el material probatorio en lo que no guarda relación con la causa de improcedencia estudiada; lo anterior, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto y pronunciarse sobre tales aspectos. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 1º, fracción I, 74 a 75, y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e : Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Ricardo Flores Goycochea y Patricia Cajigas Balbuena, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando II, de esta resolución, por las razones, fundamentos y motivos, tratados en el diverso apartado IV, de esta sentencia. Notifíquese y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. 1. Recepción. Fórmese expediente con el oficio y anexos que remite el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por el que dicho órgano declina el conocimiento del juicio de amparo 312/2023 de ese índice, por razón de turno. Regístrese bajo el número de juicio en este juzgado que le corresponda. Acúsese recibo de estilo de los autos originales del juicio en mención y su cuaderno incidental, así como de nueve legajos de prueba formados con las documentales exhibidas por el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, de esta ciudad. Asimismo, solicítese atentamente al órgano declinante, que de no tener inconveniente alguno, comisione al personal respectivo para que realice la vinculación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Aceptación de la declinatoria de turno. Con fundamento en los artículos los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, este juzgado acepta el turno planteado y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Ricardo Flores Goycochea y Patricia Cajigas Balbuena, contra el acto atribuido al Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. 3. Compensación de carga de labores. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 quater, fracción II, del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince; reformado y adicionado por diverso Acuerdo General publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil veintidós, comuníquese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, la presente determinación, a fin de equilibrar las cargas de trabajo. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 5. Informe. Resulta innecesario requerir a la autoridad responsable, a efecto de que rinda su informe con justificación, toda vez que ya fue rendido en el expediente que se recibe por la incompetencia declinada. Sin embargo, hágase del conocimiento de la responsable que este órgano jurisdiccional continuará con el trámite de la presente demanda. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 6. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 7. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete. 8. Emplazamiento. Sin que sea el caso proveer respecto a la parte tercero interesada, ya que de autos se advierte su existencia y emplazamiento; no obstante, notifíquesele que este órgano jurisdiccional continuará con el trámite de la demanda promovida por la parte quejosa referida en párrafos que anteceden. 9. Acceso al expediente electrónico tercero interesado. De las constancias que remite el juez declinante, se advierte que el tercero interesado señaló usuario y correo electrónico; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "ernestolunar", el acceso al expediente electrónico para su consulta. 10. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación en este punto, que la parte ******************** señaló correo electrónico para establecer comunicación sobre cuestiones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. 11. Incidente de suspensión. Ahora bien, toda vez que el homólogo federal ya ordenó la apertura del incidente de suspensión y resolvió al respecto mediante resolución incidental de veintidós de marzo pasado, en esa virtud, se ordena el cambio de la carátula respectiva, consérvese en esta secretaría y una vez analizados dichos autos, provéase lo conducente. 12. Domicilio. Téngase a la parte quejosa y ******************** señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indicado en autos. 13. Autorizados. En cuanto a las personas que señalaron en autos la parte quejosa y ********************, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 14. Pruebas. La parte quejosa no ofreció medios de convicción. 15. Legajos de pruebas. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por la autoridad señalada como responsable ante el juzgado declinante, se ordena formar por separado nueve legajos de pruebas que se identificarán como Tomo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, para dar mayor facilidad a su manejo; en esa virtud, se ordena el cambio de las carátulas respectivas. 16. Imposibilidad para crear versión digital. Asimismo, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización de los referidos legajos, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secretaría del órgano. 17. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; ********************, ******************** y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a la autoridad responsable, al homólogo declinante y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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