Patricia Beatríz Acosta Ramírez
Expediente 870/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 870/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Patricia Beatríz Acosta Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales, el oficio signado por el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán; mediante el cual acusa recibo del oficio 20881, de veintitrés de mayo del año en curso, con el cual se le notificó el auto que causo ejecutoria la sentencia dictada que negó el presente juicio. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante acuerdo de trece de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio de cuenta vía telegráfica y se proveyó lo legalmente conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales conducentes, el oficio remitido, vía telegráfica, por el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán; mediante el cual, acusa recibo de la diversa misiva 20881, de veintitrés de mayo del año en curso, con la que se le notificó el auto de la propia fecha, en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio constitucional y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintinueve de abril de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo agregar a los cuadernos del incidente de suspensión, copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativo al oficio con el que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a ésta, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se negó el amparo de la justicia federal, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la responsable en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en una copia autorizada en audio y video (DVD) de las audiencias celebradas los días tres y siete de mayo de dos mil veintiuno, que derivan de la causa penal 28/2021, del índice de la autoridad responsable. En tal virtud, devuélvasele el citado anexo a dicha responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, debido a que se trata del expediente original. Notifíquese.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 870/2021-VI-B, promovido por CARLOS EDUARDO SEGURA COCOM, en su carácter de defensor particular de PATRICIA BEATRIZ ACOSTA RAMÍREZ, contra del acto atribuido al Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintiuno siguiente a este órgano de control constitucional, compareció CARLOS EDUARDO SEGURA COCOM, en su carácter de defensor particular de PATRICIA BEATRIZ ACOSTA RAMÍREZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán. SEGUNDO. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 35 y 37 de la Ley de la materia, 48, en relación con el numeral 56 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino, además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el siete de mayo de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal 28/2021, por la probable comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En la especie, la promovente reclama el auto de vinculación a proceso de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en autos de la carpeta administrativa 28/2021, como probable responsable del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, previsto y sancionado por el artículo 315, con relación al 313, párrafo segundo, y 316, párrafo primero, fracción I, todos del Código Penal del Estado, denunciados por Luis Alejandro Ix González, cometido en agravio de su hija menor de edad de identidad reservada Y.J.I.M., e imputado por la representación social. Mismo que se le atribuye en calidad de coautor material y directo de conformidad con la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado. En ese tenor, tenemos que la quejosa aduce que se vulneró en su perjuicio el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se justificaron los requisitos para el auto de vinculación a proceso, aunado a que no se acreditó su participación en los delitos imputados, pues no hay pruebas suficientes que así lo demuestren. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el tres de mayo de dos mil veintiuno, se formuló imputación en contra de la aquí quejosa; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por el Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Tekax, Yucatán, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que existe también, la probabilidad de que la imputada los cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de siete de mayo de dos mil veintiuno, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio de la quejosa. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que entre las veintitrés horas con veinte minutos del día siete de abril de dos mil veintiuno, hasta las seis horas con treinta minutos del ocho de abril del referido año, una menor que cuenta con once años de edad, de sexo femenino, fue sometida por un sujeto de sexo masculino mediante fuerza física al ser llevada contra su voluntad dentro de una casa, en cuyo terreno había entrado con el permiso del habitante para agarrar su pelota; que contra su voluntad, el señalado como activo la metió a la casa, llevándola agarrada del brazo aprovechando su fuerza mayor como varón y adulto, utilizando además violencia moral al amenazarla con matarla si gritaba; lo anterior, ocasionó un estado de temor fundado en la víctima ya que se encontraba sola ante una agresión real cuya consecuencia podría agravarse de acuerdo al anuncio que se le hizo de privarla de la vida, motivo por el cual fue conducida al interior de la casa, sin que pudiera evitarlo. Una vez ahí fue amarrada de los pies y manos en una hamaca, para luego despojarla de sus ropas y seguidamente el activo le descubrió el cuerpo a la víctima al bajarle el short y el calzón y subirle su blusa y brasier. En ese momento, llegó al lugar otra persona señalada como activa, quien ignorando la ayuda que pedía la víctima le dijo a ésta que no la ayudaría, sino que ayudaría al otro sujeto activo, por lo que de igual manera con la suma de sus actos colaboró con el otro sujeto activo y amarró a la víctima quien intentaba soltarse, y una vez estando completamente sometida la víctima, se retiró la activa llevándose a un menor que se encontraba ahí, dejando a la víctima ya sometida a merced del sujeto activo, el cual, aprovechando la violencia ejercida y la intervención de otra persona para someter a la menor agraviada, le impuso la cópula vía vaginal y anorectal, para posteriormente imponerle nuevamente la cópula vía vaginal en dos ocasiones más, todo lo cual realizó el activo con fines lascivos. Realizado lo anterior, el activo y su coautora, trataron de esconder a la víctima de sus parientes que trataban de localizarla, incluso la señalada como activa amenazó con un cuchillo a la víctima a fin de que no gritara y así no fuera localizada, lo cual resulta ser violencia moral pues se trata del anuncio de un mal grave, real, cierto y posible que ocasiona temor fundado en la víctima, con lo que logró su sometimiento. Posteriormente, la menor agraviada fue nuevamente amarrada, continuando la violencia física sobre la víctima, a fin de que no dijera nada, incluso la amenazaron con llevarla a vivir a un lugar distinto para no ser localizada; sin embargo, al ser llamada por su nombre por su hermano, respondió, por lo que pudo ser localizada y rescatada, mientras que los sujetos activos se dieron a la fuga. Hechos que materializan el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (4), previsto y sancionado, por el artículo 315, con relación al 313, segundo párrafo y 316, párrafo primero, fracción I todos del Código Penal del Estado, los cuales establecen. A fin de llegar a tal determinación, en primer término, el Juez responsable estableció los elementos del delito, a saber: Que el activo tenga cópula con la víctima cualquiera que sea su sexo. Que la víctima sea una persona menor de quince años de edad. Que el activo lo realice con fines lascivos. Por lo que hace a las agravantes, refirió: Que el activo realice lo anterior, mediante el uso de violencia física o moral. Que los activos que intervengan de manera directa o inmediata sean dos o más. Por lo que se refiere a la existencia del hecho que la ley señala como delito, manifestó el Juez responsable, que se establece con los datos que obran en la carpeta de investigación, consistentes en: 1.- Acta de entrevista de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, realizada por el Fiscal investigador a la menor agraviada, quien se encontraba acompañada de su padre, el denunciante, debidamente asistida por la psicóloga designada para tal efecto, la cual refirió, previa entrevista, que la menor sí se encontraba en aptitud de ser entrevistada, a lo que relató: Que sabe que actualmente estamos en el mes de abril del año 2021, y un día de la semana pasada, sin recordar qué día era, como a las 5 de la tarde, empezó a jugar futbol con una pelota en la calle de la puerta de la casa de su abuelita Gloria María González Valdez, recordó que estaba jugando su prima ANDREA, un niño de nombre USIEL, más tarde llegó su prima MELISSA, después llegó su hermano MANUEL ALEJANDRO IX MAGAÑA, y también su tía TERESITA DEL CARMEN IX GONZÁLEZ, quienes también empezaron a jugar con ellos; señaló que estuvieron jugando mucho tiempo en la calle porque se hizo de noche, más tarde entraron a cenar, después su hermano MANUEL ALEJANDRO y su tía TERESITA se fueron a sus casas, y sólo su prima ANDREA, USIEL y ella volvieron a salir a jugar futbol con la pelota en la calle, ya era muy tarde aunque no sabe qué hora era, pero al estar jugando con la pelota ésta se fue en un terreno donde vive un señor al que conoce y sabe que le dicen MIGUEL, él es una persona un poco alta, entonces ella dijo "AHÍ VOY", refiriéndose a que iba por la pelota, y desde la calle vio que el señor MIGUEL estaba como arrancando unas hierbas dentro de su casa y cerca de la albarrada caída de su predio, le pidió permiso para pasar a buscar la pelota y él le dijo que pasara, entró al terreno y en ese momento él se le acercó, le agarró el antebrazo derecho, la jaló y le dijo que no vaya a gritar porque la iba a matar, le siguió jalando hasta que entraron a su casa por la puerta de adelante, ella tenía miedo, al entrar a la casa estaba algo oscuro pero como hay una ventana entraba un poco la luz del poste que está cerca y vio que en el cuarto había una hamaca tendida, en la hamaca estaba durmiendo "BEBO", él es un niño de 6 años que sabe que es hijo de MIGUEL y vive con él en la misma casa, entonces MIGUEL agarró el cobertor que estaba en la hamaca, como que envolvió a BEBO con el cobertor, lo abrazó y lo tiró en el piso, se despertó, ella estaba llorando pero por miedo no gritaba, entonces MIGUEL la agarró de la cintura y la acostó en la hamaca de donde quitó a BEBO, después MIGUEL le amarró los manos y los pies a la hamaca con unas ropas, pero no se los amarró juntos, estaban separados sus pies y manos, luego le empezó a quitar su ropa pero sólo bajó su short y su calzón, así como subió su blusa porque no le podía quitar la ropa pues seguía amarrada, ella seguía llorando, entonces BEBO le decía a su papá: "NO SE LO HAGAS", pero MIGUEL le dio un golpe al niño con sus manos y lo aventó, BEBO siguió llorando, después vio que entró por la puerta trasera una vecina a la que conoce como PATY, quien sabe que es hermana de MIGUEL y vive en la casa que está junto a la de MIGUEL, ella se movía para tratar de soltarse, PATY vio que él la estaba amarrando a la hamaca, le pidió a PATY que la ayudara y MIGUEL le dijo: "AYUDAME A AMARRARLA", entonces PATY le contestó: "NO TE VOY A AYUDAR, A QUIEN VOY A AYUDAR ES A MI HERMANO", PATY le amarró la mano derecha a la hamaca con una ropa, ella seguía llorando, recuerda que cuando PATY entró al cuarto MIGUEL ya estaba desnudo y su blusa estaba subida mientras que su short y su calzón estaban hacia abajo, después MIGUEL le pidió a PATY que se llevara a BEBO, entonces PATY le dijo: "NO VAYAS A ACUSAR, VAS A VER CÓMO VAS A ACABAR", después le dijo a MIGUEL: "VAMOS A VER CÓMO LLEVARLA A XUL PARA QUE NO DIGA NADA NI ACUSE, VOY A CERRAR LA PUERTA DE MI CASA PARA QUE NO PREGUNTE DOÑA GLORIA", entonces PATY se llevó a BEBO y salieron por la puerta de atrás, se quedó sola con MIGUEL, él le puso una tela en la boca y se lo amarró, por lo que no pudo gritar, ella seguía amarrada a la hamaca de sus pies y sus manos, entonces MIGUEL siguió subiendo y bajando su ropa, pero no se la podía quitar porque estaba amarrada, luego le empezó a pasar las manos sobre el cuerpo y en su vagina, le estaba besando el cuello mientras que ella seguía llorando, después vio que acercó su pene a su cara, se lo empezó a untar en el pecho y en la cara, luego se subió en la hamaca encima de ella, con sus manos abrió sus piernas y le empezó a meter su pene en mi pirix (señalando la menor el área vaginal), y también se lo empezó a meter en su remolino (haciendo referencia la menor al área anorrectal), le dolió mucho y tardó en que me la estaba lastimando, después se lo volvió a meter al área vaginal y sintió que la mojó con un líquido pero no pudo ver qué era, se acostó junto a ella y le empezó a decir que la va a llevar a XUL y que allá iban a vivir, cree que pasó como una hora y MIGUEL la desató, le quitó toda la ropa, se volvió a acostar encima de ella y le volvió a meter su pene en su pirix (haciendo referencia la menor al área vaginal) volvió a sentir un líquido y él la abrazó y se quedó dormido, ella trataba de levantarse para salir pero no podía porque él la tenía abrazada, recuerdo que un rato después le volvió a meter su pene en su pirix (la menor hace referencia al área vaginal), y le besaba el cuello, ella no quería e incluso lloraba pero mientras estaba llorando él le decía: "ESTOY DISFRUTANDO DE TI", ella veía que no podía salir porque la puerta de adelante y la de atrás tenían candados, además de que su ropa la tenía majada MIGUEL con su cuerpo mientras seguían en la hamaca, siendo que un rato después MIGUEL gritó para que viniera BEBO a la casa, vio que llegó BEBO, no sé qué hora era pero recuerda que ya había amanecido porque vio que había luz del día en el cuarto, agarró su short, se lo puso y cubrió sus pechos con un cobertor que estaba en la hamaca, pero seguía acostada en la hamaca porque tenía miedo y no sabía qué hacer, MIGUEL le dijo a BEBO: "ELLA ES TU MAMÁ", BEBO se sentó en la hamaca, luego la abrazó y se acostó en la hamaca con ellos. Siendo que en ese momento llegó PATY, quien vio que estaban acostados los tres en la hamaca y dijo que sólo fue a ver que BEBO estuviera allá y luego se fue, y también BEBO se fue; después de un rato, sin precisar cuánto tiempo pasó es que regresó PATY y entró al cuarto donde estaban, empezó a platicar con MIGUEL y le dijo: "HAY QUE LLEVARLA A XUL PARA QUE NO LA BUSQUE DOÑA GLORIA", entonces escuchó la voz de su abuela que estaba hablando a la casa de MIGUEL, se levantaron de la hamaca y MIGUEL la llevó a otro cuarto que está dentro de la misma casa, PATY fue con ellos al cuarto, MIGUEL la arrinconó a un tronco grande, PATY le amarró las manos detrás del tronco y le dijo "NO VAYAS A GRITAR", mientras que MIGUEL le puso cinta en su boca, PATY se quedó vigilándola en tanto que MIGUEL se fue al cuarto donde estaban acostados y escuchó que le dijo a su abuela GLORIA que ella no estaba allá, después de que se fue su abuela, MIGUEL regresó al cuarto donde estaba con PATY y le dijo: "TE VOY A DESATAR PERO SI OIGO QUE GRITAS TE VOY A MATAR", le quitó la cinta de la boca y pasaron al cuarto donde estaban acostados, MIGUEL se acostó en la hamaca, ella estaba parada y MIGUEL le dijo "VEN", para que ella se acostara con él, por miedo se acostó, en ese momento escuchó que sonó el teléfono celular de MIGUEL, entendió que era una de sus hermanas, pero no sabe su nombre, él le pasó el teléfono y la persona que hablaba por el celular le preguntó si se va con ellos a XUL, a lo que contestó que no. PATY seguía allá en el cuarto, entonces escuchó que regresó su abuela, quien dijo que iba a entrar a ver si ella estaba allá, PATY le dijo a MIGUEL: "LLEVAS A JAQUI O LA LLEVO AL BAÑO DE ATRÁS", entonces MIGUEL contestó "LLEVALA TÚ", para ese momento PATY ya tenía en su mano un cuchillo que es de color blanco donde se agarra, pero no vio de dónde lo agarró, ella la agarró de su muñeca derecha y en su otra mano tenía el cuchillo, por lo que ella tenía miedo y caminó hasta el baño que no tiene piso, sólo tiene paredes de tela y está en la parte de atrás de la casa, allá la escondió PATY y le dijo que no gritara mientras tenía agarrado el cuchillo, escuchó y entendió que su abuela entró a la casa de MIGUEL para revisar la casa y para buscarla, pero luego MIGUEL se acercó y dijo: "YA SE FUE SU ABUELA, LA VOY A SACAR", y luego le dijo a Paty: "DEJA EL CUCHILLO, LA VAS A ASUSTAR"; regresaron al cuarto donde estuvieron acostados y PATY se fue a su casa, siendo que no pasó mucho tiempo y mientras estaba ella parada junto a una pared de la puerta de atrás, escuchó la voz de su abuela quien nuevamente la estaba buscando, ella tenía tapado su pecho con su blusa, pues sólo tenía puesto su short, entonces también escuchó la voz de su hermano MANUEL ALEJANDRO, quien le hablaba por su nombre, ella le contestó: "AQUÍ ESTOY HERMANO, AQUÍ ESTOY", vio que la puerta de atrás de la casa se abrió porque su hermano MANUEL ALEJANDRO la pateó, su hermano se le acercó y empezaron a caminar para salir de la casa, vio que llegó PATY, entró por la puerta de atrás, su hermano MANUEL y ella pasaron junto a MIGUEL, quien estaba parado en la puerta delantera de su casa y sólo se estaba riendo, al salir de la casa de MIGUEL le dijo a su abuela que su ropa se quedó adentro, refiriéndose a su calzón y su brasier, pues únicamente tenía puesto su short de color naranja y tenía agarrada su blusa de color verde para taparse la parte del pecho, entonces su abuela entró a buscar su ropa y su hermano la llevó a la casa de su abuela, pero mientras estaban caminando hacia la casa de su abuela, vio que llegó un mototaxi de color azul a la casa de MIGUEL, él se subió solo al mototaxi y se fue mientras ellos entraron a la casa de su abuela. 2.- Actas de entrevistas realizadas a Manuel Alejandro Ix Magaña y Gloria María González Valdés, por el Fiscal investigador el nueve y trece de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, de las que se desprende que la segunda de las nombradas es madre del denunciante Luis Alejandro Ix González, quien tiene tres hijos, entre ellos, el primero de los nombrados, de diecinueve años de edad, así como la menor agraviada, de once años de edad. Que tanto el denunciante como la menor agraviada tienen su domicilio en la ciudad de Ticul, Yucatán, por lo que, en virtud de que el denunciante trabaja como albañil en la ciudad de Umán, Yucatán, por lo que se va los lunes y regresa hasta el sábado, dicha menor se queda en casa de su abuela Gloria bajo su cuidado, así como también de la hija de ésta Teresita del Carmen, quien va a pasar todo el día en casa de la citada Gloria. Con relación a los hechos, Manuel Alejandro Ix Magaña agregó que el día miércoles siete de abril de dos mil veintiuno, tal como refiere su hermana menor de edad de iniciales Y.J.I.M., se puso a jugar con ella y otras personas en la calle, y ahí estuvieron jugando hasta que siendo aproximadamente las veintitrés horas con veinte minutos, se retiró de la casa de su abuela y se fue a su domicilio. Que siendo aproximadamente las seis horas con treinta minutos del día jueves ocho de abril de dos mil veintiuno, llegó hasta su domicilio su abuelo Manuel y le dijo que su hermanita no entró a dormir a la casa y que no sabía dónde estaba, al escuchar lo anterior de inmediato fue a la casa de sus abuelos en donde al llegar vio a su abuela Gloria en la calle, le preguntó si era verdad que no estaba su hermanita en la casa, diciendo su abuela que desde la noche del miércoles la estaba buscando, pero al ver que no regresaba pensaron que se quedó a dormir en casa de su prima Melisa, en un predio adjunto a la casa de su abuela, ya que su hermanita se lleva muy bien con Andrea, pero que sus abuelos como son personas de la tercera edad, no salieron a buscarla ya que estaban solos y su papá estaba de viaje por su trabajo. Manifestó que su prima Melisa despertó a su cuñada Andrea, porque ella se quedó jugando con su hermanita la noche anterior, a quien le preguntaron dónde estaba su hermanita, a lo que contestó que cuando estaban jugando con la pelota en la calle, al patearla, la pelota se fue hasta la casa de Miguel y que la menor con iniciales Y.J.I.M., fue por la pelota y pasó mucho tiempo sin que saliera del predio, que al ver que ella no regresaba y como estaban solas en la calle dijo que sintió miedo y entró a dormir, pero que por miedo a que la regañen no dijo nada. Al escuchar lo dicho por Andrea, le dijo a su abuela que fuera a preguntar a casa de Miguel, mientras que él se quedó sentado en la banca que está en la puerta de la casa de su abuela; que su abuela fue a la casa de Miguel, pero al regresar su abuela dijo que Miguel le había dicho que su hermanita no estaba en su casa; que no pasó mucho tiempo, cuando mucho cinco minutos y le dijo a su abuela que fueran los dos de nuevo a preguntarle a Miguel, y que ella iría por delante. Que estando ambos en la calle y a la altura de la casa de Miguel, escuchó que su abuela le preguntó si estaba su hermanita en su casa, porque sabían que la pelota entró a su casa y vio que Miguel estaba parado en la puerta principal de una construcción en la que vive, y tenía entreabierta dicha puerta, la construcción está como a cuatro metros de la calle y su predio sólo tiene unas piedras caídas al frente, pero carece de muro o de limitación frontal, vio que Miguel movió la cabeza negando que su hermanita estuviera en la casa, por lo que en ese momento empezó a gritar el nombre de su hermanita y logró escuchar su voz, quien le gritó "Aquí estoy hermano, aquí estoy", dicha voz provenía de adentro de la casa que habitaba Miguel, por lo que en su desesperación por buscar a su hermanita, y como Miguel aún estaba parado en la puerta principal de su casa, es que no dudó y de inmediato caminó por un pasillo ubicado a la izquierda de la casa, pasó por la parte de atrás de la construcción, pateó una puerta de madera y entró por una puerta trasera; al entrar a la casa vio a su hermanita parada y pegada a una pared, la vio que tenía puesto su short de color naranja con cinta de color negro, pero no tenía puesta su blusa, pues la tenía agarrada con sus brazos cruzados al frente y cubriéndose, la cual es de color verde militar con las letras CK y con la leyenda "Calvin Klein". Continuó diciendo que su hermanita estaba llorando y temblorosa, la vio con mucho miedo y al ver cómo estaba se desesperó y la abrazó, empezó a caminar con ella para sacarla de dicha casa sin que él volteara a ver, que al estar caminando a la puerta de enfrente donde seguía parado Miguel, él se hizo a un lado y su hermanita y él salieron por la puerta principal, que Miguel sólo se estaba riendo, por lo que llevó a su hermanita a la casa de su abuela; que pudo ver que el cuello de su hermanita tenía unas marcas rojas que al parecer eran como unos chupetones, entonces regresó de nuevo a la casa de Miguel para reclamarle lo que había hecho con su hermanita, pero éste ya no se encontraba en su casa, que las puertas de su casa estaban abiertas como si la hubiera abandonado, por lo que llamó vía telefónica a su papá y le dijo que viniera a Ticul, porque había un problema con su hermanita, a quien al contarle lo que había pasado, denunció los hechos ante el Ministerio Público. Por su parte, Gloria María González Valdés, con relación a los hechos dijo que el día miércoles siete de abril de dos mil veintiuno, en el transcurso de la noche, sin poder precisar la hora, estaba en la puerta de su casa con su hija Teresita del Carmen, su nieta con iniciales Y.J.I.M., su nieto Manuel Alejandro Ix Magaña, su otra nieta quien sólo recuerda que se llama Melisa, también estaba Andrea, quien es culada de Melisa, la hija de Melisa Ortiz Magaña, así como un niño que es hijo de su vecina; que todos estaban jugando con una pelota en la calle, a la altura de la puerta de su tienda, que como se sentía cansada decidió irse a dormir y no se fijó en la hora, sólo sabe que ya estaba oscuro, mientras que su hija atendía la tiendita y sus nietos y vecinito estaban jugando la pelota en la calle. Que al despertar en la madrugada, no vio la hora pero se dio cuenta que su tienda estaba cerrada y al ver la hamaca de su nieta con iniciales Y.J.I.M., se fijó que ella no estaba acostada; despertó a su esposo Manuel de Jesús Ix Balam, le dijo que su nieta no estaba durmiendo en su hamaca y pensó que su hijo Luis Alejandro se la había llevado y no le dijo nada, siendo que hasta que amaneció, aproximadamente a las seis horas del día jueves ocho de abril de dos mil veintiuno, su esposo le fue a decir a su nieto Manuel Alejandro que no encontraban a su hermanita, mientras que ella salió a la calle con la intención de buscar a su nieta y estuvo preguntando a la gente que veía en la calle, e incluso recuerda que preguntó en la casa de una persona a la que conoce como Miguel, quien vive como a dos casas después de la suya, esto porque el citado Miguel es la única persona extraña que vive en la calle donde está su casa, pues los demás vecinos son gente conocida. Miguel entreabrió la puerta de su casa y al preguntarle por su nieta, él dijo que ella no estaba allá y que no la había visto, por lo que regresó a su casa, y al pasar por la casa de su nieta Melisa, quien vive en la casa de al lado, vio que estaba llorando y le dijo que su nieta no estaba ahí, en ese momento llegó su nieto Manuel a quien le dijo que su hermanita no durmió en la casa, y al ver que no regresó pensó que se fue con su papá. En ese momento, Melisa les dijo que Andrea y la agraviada se quedaron jugando en la calle, por lo que despertaron a Andrea y al preguntarle por la menor agraviada ella dijo que cuando estaban jugando la pelota en la calle, al patearla se fue a la casa del vecino Miguel, y la menor agraviada fue por la pelota, pero al pasar mucho tiempo sin que saliera de la casa de Miguel, al ver que no regresaba y como estaban solas en la calle, dijo que sintió miedo y entró a dormir, pero que por miedo que la regañen no dijo nada (12:29) Al escuchar lo anterior, por segunda ocasión fue a preguntar a casa de Miguel para ver si sabía dónde estaba su nieta, mientras que su nieto Manuel la esperaba en la puerta, pero Miguel desde la puerta de su casa le dijo que no la había visto, entonces regresó a su casa para decirle a su nieto Manuel que le había dicho Miguel que no estaba en su casa. Continuó narrando los hechos, mismos que coinciden con los relatados por el testigo Manuel Alejandro Ix Magaña, en cuanto a la forma, lugar y condiciones en las que localizaron a la víctima. Asimismo, refirió que recuperó las prendas de vestir de la víctima en casa del citado Miguel, y ahí pudo ver que su vecina a quien conoce como Paty estaba dentro de esa casa, que agarró el brasier y la pantaleta, los cuales reconoció como de su nieta porque vive con ella y además le lava la ropa, mismas prendas de vestir que estaban tiradas en el suelo, para luego irse a su casa. 3.- Entrevistas realizadas a Teresita del Carmen Ix González y Melisa Citlali Ortiz Magaña por el Fiscal Investigador con fechas nueve y quince de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, en las cuales corroboraron la razón por la cual la agraviada vive con su abuela Gloria. Con relación a los hechos, la primera de las nombradas señaló que el siete de abril de dos mil veintiuno, estuvo todo el día en la casa de su mamá, en donde tiene una pequeña tienda; refirió que aproximadamente a las veintitrés horas, el ciudadano Miguel Arcángel Acosta Aban, del que tiene conocimiento que aproximadamente hace dos meses habita en la colonia, en una casa cercana a la de su mamá, fue a comprar a la tienda y se dio cuenta de que se encontraba en visible estado de ebriedad, pues incluso sintió que olía a alcohol. Señaló que al retirarse de la casa de su mamá, observó que los niños que jugaban afuera de la misma patearon la pelota y ésta entró a la casa del referido Acosta Aban, y vio que su sobrina de iniciales Y.J.I.M., fue por la pelota, pero no le dio importancia y se retiró. Que el día siguiente, esto es, ocho de abril de dos mil veintiuno, al enterarse de lo ocurrido, fue a ver a su sobrina de iniciales Y.J.I.M., quien le dijo que Miguel -refiriéndose al ciudadano Miguel Arcángel Acosta Aban- había abusado de ella, advirtiendo de igual forma las marcas rojas que presentaba en el cuello. Por su parte, Melisa Citlali Ortiz Magaña (12:37), refirió que es sobrina del denunciante y nieta de Gloria María González Valdés, y en relación a los hechos fue coincidente con los ya narrados, en relación a las personas que se encontraban en la calle con una pelota, así como a las diversas circunstancias relacionadas con su búsqueda y localización. 4.- Denuncia interpuesta por Luis Alejandro Ix González, el ocho de abril de dos mil veintiuno, así como sus comparecencias de nueve y veinte del referido mes y año, realizadas ante el Fiscal Investigador de las que se establece que es padre de la agraviada de iniciales Y.J.I.M., de once años de edad. Que el día siete de abril de dos mil veintiuno, se encontraba trabajando en la ciudad de Umán, Yucatán, cuando recibió llamadas de sus familiares, quienes le dijeron que si podía ir a su casa porque había pasado algo con su citada hija. Señaló que al llegar a su casa fue informado de lo ocurrido con su menor hija, por lo que acudió a interponer la denuncia correspondiente, otorgando en ese acto anuencia para que se le realizaran a la menor en cita los estudios médicos y químicos correspondientes, así como para que se recabaran las muestras biológicas para estudio seminologico, de saliva y muestras de sangre. En la segunda comparecencia puso disposición del Ministerio Público las prendas que su menor hija llevaba puestas en el momento en que sucedieron los hechos denunciados, realizando la representación social los actos relativos a la cadena de custodia de las mismas. Por lo que hace a la tercera comparecencia, y toda vez que atendiendo a lo manifestado por la menor agraviada en comparecencia de quince de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de que su vecina, que conoce como Paty, tuvo conocimiento y participación en los hechos; aclaró que el nombre completo y correcto de la misma lo es Patricia Beatriz Acosta Ramírez, así como su domicilio. En ese sentido, manifestó el Juez responsable (12:45:38) que de los datos antes expuestos se desprende indicios que de manera razonable establecen hechos consistentes en que de las veintitrés horas con veinte minutos del día siete de abril de dos mil veintiuno, hasta las seis horas con treinta minutos del ocho de abril del referido año, una menor que cuenta con once años de edad, de sexo femenino, fue sometida mediante fuerza física al ser llevada contra su voluntad dentro de una casa, en cuyo terreno había entrado con el permiso del habitante para agarrar su pelota; que contra su voluntad, el señalado como activo la metió a la casa, llevándola agarrada del brazo aprovechando su fuerza mayor como varón y adulto, utilizando además violencia moral al amenazarla con matarla si gritaba; lo anterior, ocasionó un estado de temor fundado en la víctima ya que se encontraba sola ante una agresión real cuya consecuencia podría agravarse de acuerdo al anuncio que se le hizo de privarla de la vida, motivo por el cual fue conducida al interior de la casa, sin que pudiera evitar esto la víctima. Una vez ahí fue amarrada de los pies y manos en una hamaca, para luego despojarla de sus ropas y seguidamente el activo le descubrió el cuerpo a la víctima al bajarle el short y el calzón y subirle su blusa y brasier. En ese momento, llegó al lugar otra persona señalada como activa, quien ignorando la ayuda que pedía la víctima le dijo a ésta que no la ayudaría, sino que ayudaría al otro sujeto activo, por lo que de igual manera con la suma de sus actos colaboró con el otro sujeto activo y amarró a la víctima quien intentaba soltarse, y una vez estando completamente sometida la víctima se retiró la activa, llevándose a un menor que se encontraba ahí, dejando a la víctima ya sometida a merced del sujeto activo, el cual, aprovechando la violencia ejercida y la intervención de otra persona para someter a la menor le impuso la cópula vía vaginal y anorectal, en otro momento le impuso nuevamente la cópula vía vaginal, para posteriormente realizar la misma acción, todo lo cual realizó el activo con fines lascivos. Realizado lo anterior, el activo y su coautora, trataron de esconder a la víctima de sus parientes que trataban de localizarla, incluso la señalada como activa amenazó con un cuchillo a la víctima a fin de que no gritara y así no fuera localizada, lo cual resulta ser violencia moral pues se trata del anuncio de un mal grave, real, cierto y posible que ocasiona temor fundado en la víctima, con lo que logró su sometimiento. Posteriormente, fue nuevamente amarrada, continuando la violencia física sobre la víctima, a fin de que no dijera nada, incluso la amenazaron con llevarla a vivir a un lugar distinto para no ser localizada; sin embargo, al ser llamada por su nombre por su hermano, respondió, por lo que pudo ser localizada y rescatada, mientras que los sujetos activos se dieron a la fuga. De ahí que, refirió el Juez responsable, los hechos reseñados sin duda alguna encuadran en las conductas delictivas como se imputan. Refirió que la versión de los hechos narrada por la menor víctima se encuentra apoyada con el examen médico legal de integridad física, somatométrico, ginecológico y proctológico que le fuera practicado el ocho de abril de dos mil veintiuno, por la médico forense, quien describe en cuanto a su examen de integridad física que la menor presentó las siguientes lesiones: esquimosis violeta por sugilación, en las regiones lateral izquierda del cuello, anterior izquierda del cuello, anterior derecha del cuello y lateral externa del tercio medio del antebrazo derecho; señaló que de lo anterior se puede establecer la realización de actos lascivos en el cuello de la víctima, así como también huellas de las lesiones producidas en el brazo para su sometimiento. Por lo que se refiere al examen de somatometría, se refiere que la víctima tiene un peso de 47.5 kilos y talla de 1.45 centímetros. En el examen ginecológico se encuentra que se observa labios menores con coloración erimatosa y se observa himen de forma anular, de coloración equimótica violeta en todo el borde libre del mismo, con edema; se observa un desgarro completo de bordes equimóticos a las tres horas según caratula del reloj (término médico), un desgarro completo con bordes equimóticos a las siete horas según caratula del reloj, y un desgarro incompleto de bordes equimóticos a las diez horas según carátula del reloj; observando en la horquilla vulvar una laceración de bordes equimóticos, retractiles con tejido hemático. En cuanto a su examen proctológico, encontró: se observan tres laceraciones de bordes equimóticos y retractiles a las doce, cinco y siete horas según carátula del reloj. Llegando a las siguientes conclusiones: 1.- La menor Y.J.I.M., presenta huellas de lesiones externas que por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días; presenta datos de penetración vaginal reciente y no presenta datos de penetración vaginal no reciente; así como datos de penetración anorrectal reciente y no presenta datos de penetración anorrectal no reciente. Los indicios encontrados en los referidos exámenes, señaló el Juez responsable, coinciden con la agresión sexual referida por la menor en cuanto a que el señalado como activo, con ayuda de otra persona, le introdujo su miembro viril en la vagina y en la zona rectal, lo cual realizó con violencia física que le dejó como huella material lesiones en uno de los brazos. De igual manera, el Juez responsable tomó en consideración la declaración del imputado Miguel Arcángel Acosta Aban (13:01) quien corrobora que la menor agraviada en efecto fue a su casa, y que al amanecer fueron a buscarla a su casa; señaló además que en el momento en el que la menor fue a su casa, únicamente se encontraba él con su hijo menor de edad, sin que refiriera detalles de qué ocurrió durante todo el tiempo que la víctima se encontraba en su casa. Lo anterior, señaló la responsable, concatenado con los demás datos de prueba expuestos, pueden establecer que los hechos ocurrieron durante toda la madrugada del día ocho de abril de dos mil veintiuno, y que la menor sí se encontraba en el lugar que ella señala, mismo donde fue agredida sexualmente, de acuerdo a los datos que derivan del examen médico que le fue practicado. Así, concluyó, de los elementos de convicción analizados, existen indicios que de manera razonable permiten suponer la existencia de la imposición de la cópula en cuatro ocasiones a la víctima, una por vía anal y tres por vía vaginal, por una persona del sexo masculino, ayudado por otra de sexo femenino, y que la víctima tiene menos de quince años de edad, ya que tiene once años cumplidos, lo que realizó el activo con fines lascivos ya que efectuó además en la víctima manoseos y tocamientos obscenos, así como sugilación en el cuello que representan actos explícitamente sexuales. Así como también para su realización se utilizó fuerza física por parte de ambos sujetos activos para someter a la víctima, sujetándola del brazo, se le amarró a una hamaca y luego a un tronco; de igual manera violencia moral al amenazarla de muerte si gritaba, incluso la señalada como activa la amenazó y amagó con un cuchillo si gritaba, lo que hizo que la menor fuera sometida en todo momento. Con todo lo anterior, señaló, se puede establecer que de acuerdo al artículo 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obran antecedentes en la investigación que valorados de acuerdo a los artículos 259 y 265 de dicho cuerpo normativo, se desprenden datos de prueba de los cuales existen indicios que de manera razonable permiten suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, en este caso, los de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (4), previstos y sancionados por los artículos 315, en relación al 313, párrafo segundo, y 316, párrafo primero, fracción I, todos del Código Penal del Estado en vigor. De igual manera, señaló que queda debidamente establecida la probabilidad de la coautoría de los imputados Miguel Arcángel Acosta Aban y Patricia Beatriz Acosta Ramírez en la realización de los hechos señalados por la ley como delitos que se les atribuyen, en términos del artículo 15, fracción I del Código Penal del Estado, toda vez que por ahora se puede establecer que el día siete de abril de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veintitrés horas con veinte minutos, la menor de identidad reservada, de once años de edad, con consentimiento del referido Acosta Aban, ingresó al terreno en el que habita y tiene su casa, para buscar una pelota con la cual se encontraba jugando en la calle momento previos, lo cual aprovechó el imputado para tomarla del brazo por la fuerza y utilizando la violencia moral logró meterla al interior de la casa, en donde con la suma de sus actos, junto con los de la citada Acosta Ramírez, retuvieron a la menor sin consentimiento de aquella o de persona facultada para otorgarlo; retención que duró hasta las seis horas con treinta minutos del día ocho de abril de dos mil veintiuno, hora aproximada en la que los familiares de la menor dieron con su paradero y lograron sacarla del domicilio del imputado en cita, siendo que en todo ese tiempo la menor fue agredida sexualmente en tres momentos distintos, ya que éste con la suma de sus actos junto con los de la diversa imputada, ejerciendo violencia física y moral, lograron amarrar a la agraviada de pies y manos a una hamaca, y después le taparon la boca con una tela para que no gritar; asimismo, ésta se llevó al menor que se encontraba en la casa para que no dijera nada dejando a la agraviada sola con Acosta Ramírez, quien le impuso la cópula en las circunstancias ya descritas. Asimismo, señaló que la probabilidad de que los imputados Miguel Arcángel Acosta Aban y Patricia Beatriz Acosta Ramírez, cometieron los ilícitos en estudio, encuentra sustento con la entrevista realizada por la Fiscalía investigadora a la menor agraviada, quien estando debidamente asistida, señaló directamente a su vecino Miguel Arcángel Acosta Aban, como la persona quien después de darle permiso para que entrara a su predio la sujetó y la llevó dentro de su casa amenazándola con matarla si gritaba, luego la sometió amarrándola a una hamaca, y quitándole parte de su ropa, siendo ayudado el agresor por otra persona quien la menor señaló como Paty, que también es su vecina, y luego de estar sometida le impusieron la cópula vía vaginal tres veces y una vez vía anal; que de igual manera ambos sujetos activos la ocultaron de sus parientes que la trataban de localizar, incluso la referida como Paty la amenazó con hacerle daño con un cuchillo si gritaba cuando la estaban buscando; agresión sexual y física que en efecto se corroboró de manera científica con el examen médico practicado a la menor agraviada. Dicho de la menor que por tratarse de un delito de comisión oculta, es decir, en ausencia de testigos, adquiere gran relevancia jurídica, más aún cuando se encuentra apoyado por otros datos de prueba que generan convicción ya relacionados. Lo que se ve robustecido con la declaración de la imputada Patricia Beatriz Acosta Ramírez, quien refirió que en la mañana del ocho de abril de dos mil veintiuno, vio que la abuela se estaba llevando a la menor agraviada, y al preguntar qué pasaba, la abuela le dijo que Miguel, le había hecho algo a la víctima. Pues con tal declaración, la imputada se ubica en el lugar de los hechos al decir que vio cómo se llevaban a la menor que antes habían rescatado. En ese sentido, con los datos de prueba relacionados, se acreditan los hechos que la ley señala como ilícitos, esto es, VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, pues en el caso particular se genera la convicción de que entre las veintitrés horas con veinte minutos del día siete y las seis horas con treinta minutos del ocho, ambos de abril de dos mil veintiuno (tiempo), la imputada arribó al predio sin número, ubicado en la calle Trece, letra B (13-B), por Catorce (14) y Dieciséis (16), de la colonia Obrera, de Ticul, Yucatán, propiedad de su hermano (lugar), donde lo encontró sometiendo a la menor agraviada, tratando de amarrarla a una hamaca, por lo que en ese momento acudió al auxilio de su hermano, ayudándolo a amarrar a dicha menor, para posteriormente, una vez sometida, retirarse en compañía del hijo menor del coimputado que también se encontraba en el predio; al día siguiente, regresó al inmueble en cuestión, y al percatarse de que la familia de la menor trataba de localizarla, se encerró con ella en un baño, amenazándola con un cuchillo a fin de que no gritara y sus familiares no pudieran localizarla (circunstancias de ejecución). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor de la imputada, aquí quejosa. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que la imputada, cometió los hechos que se le imputan, pues como se apuntó, existe el señalamiento de la víctima directa, respecto a que ésta no sólo presenció el momento en el que el coimputado trataba de someterla, sino que lo ayudó a amarrarla a la hamaca, y una vez sometida dicha menor, se retiró del lugar llevándose al hijo menor de aquél; asimismo, al día siguiente, ocultó y amenazó a la menor con la finalidad de que su familia no pudiera localizarla. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican los hechos ilícitos y la probabilidad de que la imputada los cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por el Juez de referencia. Ahora bien, manifiesta la parte quejosa en sus conceptos de violación, esencialmente, que en el caso, el delito que se le imputa a la aquí quejosa, lo es el de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA; sin embargo, refiere, no existe en la carpeta de investigación dato de prueba alguno con el que se acredite que la ahora impetrante del amparo le hubiera impuesto la cópula a la menor agraviada, por lo que el Juez responsable trasgredió en su contra los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley. Resultan infundados los motivos de inconformidad acabados de reseñar, pues como correctamente lo determinó el Juez responsable, atendiendo a la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen indicios razonables que permitan suponer la existencia del hecho delictuoso de que se trata, así como que la imputada participó en su comisión. Lo anterior, adujo el responsable, pues se debe tomar en consideración lo manifestado por la víctima en el sentido de que, una vez que el coimputado la metió por la fuerza a su casa, mientras trataba de amarrarla a la hamaca, llegó al lugar la aquí quejosa, a quien éste le pidió ayuda para amarrarla, lo que ella realizó inmediatamente, logrando con ello someter por completo a la menor agraviada. Posteriormente, la citada quejosa abandonó el lugar, retirando del mismo al menor hijo del coimputado, dejando así solos a la menor agraviada y al agresor durante toda la noche. Al día siguiente, acudió al predio nuevamente, y al percatarse de que la familia de la menor la buscaba, sometió a la menor utilizando violencia física y moral, con la finalidad de que ésta no gritara y no se lograra su localización. De ahí que, acertadamente determinó el Juez responsable, existen elementos suficientes para determinar la participación de la aquí quejosa en los hechos delictuosos en estudio. Lo que este Juzgado Federal considera apegado a derecho, pues si bien no existen elementos de los que se desprenda que la aquí quejosa impuso la cópula a la menor agraviada. Lo cierto es que ello en forma alguna constituye la conducta que se le atribuyó a la misma, pues tal como lo señaló el Juez responsable, la participación de la quejosa consistió en el auxilio que le brindó a su coimputado para llevar a cabo el abuso sexual en contra de la citada menor. Apoya la anterior consideración, por el criterio que contiene, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página dos mil quinientos trece, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 162448, de rubro y texto: "VIOLACIÓN. PARA QUE SE ACREDITE LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 274, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA DIRECTA O INMEDIATA DE LOS INCULPADOS EN LA COMISIÓN DE DICHO DELITO, CON INDEPENDENCIA DE QUE TODOS O SÓLO UNO DE ELLOS HAYAN IMPUESTO LA CÓPULA A LA PASIVO. El artículo 274, fracción I, del Código Penal del Estado de México establece una agravante para el delito de violación al señalar: "Cuando en la comisión del delito de violación participen dos o más personas se impondrán, de treinta y cinco a sesenta años de prisión y de cien a quinientos días multa;". Ahora bien, el problema que se presenta en dicha descripción radica en determinar a qué clase de "participación" se refiere el legislador para que ésta se actualice, ya que como es palpable, la pena privativa de libertad se incrementa considerablemente, pues el delito básico en la invocada legislación está sancionado con una pena de cinco a quince años de prisión, mientras que el de "violación tumultuaria" con treinta y cinco a sesenta años. De tal suerte que, de una interpretación gramatical, sistemática y funcional del mencionado artículo en relación con el diverso 11 del mismo ordenamiento, se concluye que la participación de dos o más sujetos requerida en esta agravante debe ser directa o inmediata, al margen de quién imponga la cópula a la pasivo. Lo anterior es así, tomando en consideración que en la legislación penal para el Estado de México existen diversas formas y grados de participación, verbigracia, los autores (material, intelectual, coautor) y los partícipes (inductor, cooperador necesario, cómplice), es decir, desde los que ejecutan materialmente la conducta delictiva, hasta los que instigan a otras a cometer el delito, los que dan la orden para que lo realicen, pero que materialmente no intervienen en el hecho, y que aun así se considera que participaron en la comisión del delito; de ahí que es jurídicamente inadmisible que cualquier tipo de participación actualice la agravante en estudio, puesto que en algunos casos los sujetos ni siquiera intervinieron en su ejecución. Aunado a lo anterior, el legislador sostuvo que la pena debía ser concebida como un castigo proporcionado a la gravedad del acto y dolo del sujeto que lo cometió, en congruencia con las razones de justicia criminal que establecen la correspondencia y aplicación de penalidades retributivas con propósitos preventivos y un principio de aplicación racional de la pena para proteger el orden social. De manera que si se interpretara textualmente el citado artículo 274, fracción I, en lo relativo a que el único requisito para su acreditación es la participación (con independencia de su tipo) de dos o más personas, no se cumpliría con esa aplicación racional de la pena ni proporcional con el acto realizado. Por tanto, la intención del legislador en lo relativo a esta modificativa, no fue la de castigar agravadamente cualquier tipo de participación, sino que resulta necesario, para justificar la proporcionalidad de la pena, que esa participación sea directa o inmediata para la materialización del delito, con entera independencia de que todos o sólo uno copulara". Así como, por ilustrativa, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cincuenta y uno, Volumen 61, Segunda Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, número de registro 236013, que establece: "VIOLACIÓN, COPARTICIPACIÓN EN LA. Como es sabido, la responsabilidad se irroga a todos los partícipes, y del texto de la ley se desprende el principio general conforme al cual es partícipe quien pone culpablemente una condición para la ejecución del delito. Con dicha fórmula resulta responsable de la comisión delictiva lo mismo quien ejecuta el núcleo del tipo, que cualquiera de sus elementos, e incluso quien sin ejecutar actos comprendidos en la descripción, pone una condición para la secuela. De esta manera, si el acusado de violación no copuló (núcleo del tipo), pero ejecutó actos comprendidos dentro de la descripción, al ejecutar violencia sobre la mujer, de manera que fuera posible la imposición del ayuntamiento sexual por su coacusado, desde el punto de vista técnico-legal su participación resulta obvia y en nada le favorece el que su coacusado o la mujer ofendida se hayan referido a que su intervención se redujo al ejercicio de la violencia, puesto que al ejercitarla, además de integrar uno de los elementos del tipo (la violencia como medio para la cópula), estaba poniendo culpablemente una condición del resultado. Se trata de una cuestión elemental dentro de la problemática de la participación. A mayor abundamiento, es menester destacar que, como ya ha quedado establecido, para el dictado del auto de vinculación a proceso, únicamente se requiere un cúmulo probatorio que presenta la fiscalía y no pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo se hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. Por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, en tal virtud, la cuestión del grado de participación o intervención que tuvo el recurrente en la probable comisión del delito no es materia de estudio en el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario que los datos de prueba arrojen la posibilidad de que la persona lo cometió. Lo anterior, de conformidad con la ejecutoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, en la cual definió que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema de justicia penal oral, no es necesario acreditar los elementos del cuerpo del delito sino, en su caso, sólo realizar un estudio conceptual de aquellos, en la medida que resulte necesario para establecer que el hecho acaecido encuadra en un delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión -lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo-, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de la investigación del procedimiento. Con motivo de la ejecutoria anterior se emitió la tesis de jurisprudencia con datos de localización, rubro y textos siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De la lectura del criterio acabado de transcribir, no se desprende que el alto tribunal haya indicado que, para vincular a proceso, sea necesario elemento alguno distinto al previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo ajeno a ello la precisión del grado de autoría y participación, que presupone la prueba del codominio funcional del hecho. En ese sentido, en la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento de origen, no es necesario que la fiscalía precise con cabalidad cuál fue la participación particular de cada uno de los imputados, pues solo basta que se indique que hubo coparticipación respecto a los hechos que la ley señala como delitos por los que se inició la carpeta de investigación respectiva, dado que únicamente se debe de contar con datos de prueba que hagan suponer la existencia de los hechos y la probabilidad que los imputados participaron en él o lo cometieron. En efecto, como se ha señalado en párrafos que preceden, ni la normativa aplicable ni la jurisprudencia vigente, exigen la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable participación del o los sujetos activos en su comisión para el dictado de un auto a vinculación a proceso, como antes sí se requería para la emisión de un auto de formal prisión bajo el sistema mixto o tradicional, sino que ahora basta que se justifique la existencia de un hecho que la ley señale como delito, y la probabilidad en la comisión o participación del activo para su dictado. De ahí que el auto de vinculación a proceso sujeta al imputado a una investigación formalizada, con motivo de su probable responsabilidad en la comisión de un ilícito y no la de sujetarlo a un juicio, lo que sería propio de la etapa intermedia, en la que se formalizará la acusación donde se precisará con toda exactitud, la autoría y participación de los involucrados. Resulta aplicable el precedente siguiente: "Registro digital: 160330 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/25 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, página 1942 Tipo: Jurisprudencia AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." Así las cosas se estima que es hasta el momento de la acusación por parte del fiscal investigador en que debe especificar de forma detallada la forma de participación de los imputados, la cual acontece cuando se cierra la investigación respectiva, en virtud que el agente del ministerio público ya perfeccionó su imputación y la puede sustentar en la etapa intermedia, que es en donde se ofrecen y admiten medios de prueba, asimismo se depuran los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Se precisa lo anterior, en virtud que el artículo 335, fracciones I y V del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé, entre otros aspectos, que en la acusación el fiscal investigador deberá señalar en forma clara y precisa la individualización del o los acusados así como su autoría o participación concreta que se atribuye a los acusados. Ello, porque el fiscal debe, en ese momento procesal, detallar los hechos atribuidos, la calificación legal de los mismos y la fundamentación de la acusación con inclusión de las pruebas existentes en su contra. De ahí que se concluya que es en la acusación en donde el fiscal se encuentra constreñido legalmente para exponer el grado de participación de los imputados y, en su caso, precisar el codominio funcional del hecho. Ilustra lo anterior, la tesis de título y texto siguiente: "Registro digital: 2020665 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. LXXXI/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 116 Tipo: Aislada EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Esta atribución tiene lugar una vez concluida la fase de investigación complementaria cuando de los antecedentes de la investigación se obtienen medios de prueba idóneos y suficientes que justifiquen la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona imputada, por lo que la fiscalía estará en aptitud de ejercer la acción penal materializada a través de la acusación, que sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso. De esta manera, la acusación es el acto procesal por virtud del cual el Fiscal decide ejercer la pretensión punitiva del Estado contra una persona que probablemente intervino en la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, con la finalidad de que se apliquen las sanciones penales que procedan en caso de que se declare su culpabilidad por la autoridad judicial. Asimismo, la acusación es un acto necesario para la continuación del proceso penal, en virtud de que una vez que se formula dará inicio a la etapa intermedia. Derivado de lo anterior, resulta útil señalar que los efectos que produce la acusación son: a) la imposibilidad de reabrir la etapa de investigación; b) el inicio de la etapa intermedia o de preparación a juicio; c) la fijación de la litis que será objeto de discusión en la audiencia de debate ante el tribunal de enjuiciamiento; y d) la fijación de los medios de prueba con los que se pretende acreditar el delito y la responsabilidad penal del procesado, así como las sanciones que correspondan. En ese tenor, el Fiscal no puede delegar dicha facultad en otro ente o persona -con excepción de la acción penal por particulares- y en caso de no formularla, ello conducirá a que se extinga la acción penal." Por todo lo anterior, la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que son infundados los conceptos de violación que respecto al acto reclamado formuló la parte quejosa. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a PATRICIA BEATRIZ ACOSTA RAMÍREZ el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a PATRICIA BEATRIZ ACOSTA RAMÍREZ, en contra del acto atribuido al Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Tekax, Yucatán, por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
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