Patricia Barriga Peñaloza
Expediente 343/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Patricia Barriga Peñaloza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó a través de su escrito presentado el veintitrés de agosto de este año. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a la quejosa PATRICIA BARRIGA PEÑALOZA, contra los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable interpuso recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria correspondiente a la sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno y engrosada el diecisiete de ese mismo mes y año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia recurrida. En fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Previa ampliación de término otorgada a la autoridad responsable y precisiones que le fueron dadas en autos de veintiuno de abril y siete de junio, ambos de dos mil veintidós, por oficios presentados el veintinueve de junio y dieciséis de agosto, del año en curso, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, allegó las constancias tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: I. Emita un nuevo acuerdo que complemente el diverso 74/2020 y al oficio 110/F/B/3200/2020, únicamente por cuanto hace a la aquí quejosa Patricia Barriga Peñaloza, en el cual especifique el lapso durante el cual habrá de surtir sus efectos la inclusión de la aquí quejosa a la lista de personas bloqueadas; y, II. Gire el oficio correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que ésta retransmita el comunicado respectivo a las instituciones bancarias respectivas, respecto de la determinación tomada. En el entendido de que los efectos del amparo no implican permitir a la persona bloqueada en el sistema financiero, el manejo de la cuenta, ni la realización de cualquier operación; así como tampoco impide al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el emitir, de estimarlo pertinente, los acuerdos o resoluciones procedentes en relación con la cuenta o investigación respecto del quejoso, lo cual podrá hacer de manera fundada y motivada, de satisfacer los requisitos legales del caso". El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, con fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, emitió el acuerdo 155/2022, donde realizó lo siguiente: - Realizó una consideración previa en torno a la naturaleza jurídica y facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. - Narró los hechos relativos al Acuerdo 74/2020, mediante el cual se incorporó a la quejosa a la Lista de Personas Bloqueadas; - Luego de narrar los antecedentes y a fin de da dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con la fracción IV de la Disposición General 70ª y 71ª de las Disposiciones de Carácter General, con la facultad que le confiere la fracción XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó: "PRIMERO. En alcance al acuerdo 74/2020 y al oficio 110/F/B/3200/2020, únicamente por cuanto hace a PATRICIA BARRIGA PEÑALOZA, se especifica que el lapso durante el cual habrá de surtir sus efectos la inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas será de veinticuatro meses a partir de la emisión del presente acuerdo, quedando intocadas todas las demás consideraciones que obran en el acuerdo 74/2020 y sus anexos. SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera ejercer sus facultades previstas en el artículo 15-E del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el entendido de que los efectos del amparo no impiden el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el emitir de estimarlo pertinente, los acuerdos o resoluciones procedentes en relación con la cuenta o investigación respecto de PATRICIA BARRIGA PEÑALOZA, la cual podrá hacer de manera fundada y motivada, de satisfacer los requisitos legales del caso. TERCERO. Por lo que de no ordenarse lo contrario por autoridad competente para ello, en fecha 28 de junio de 2024 se deberá dejar sin efectos el acuerdo 74/2020 y el oficio 110/F/B3200/2020, ello únicamente por lo que se refiere a la esfera jurídica de PATRICIA BARRIGA PEÑALOZA, en términos de lo establecido por el artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que, los efectos del presente acuerdo no representa la eliminación de la Lista de Personas Bloqueadas de otras personas físicas o morales designadas mediante el acuerdo 74/2020 del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. CUARTO, En consecuencia, en fecha 28 de junio de 2024 se deberá eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a la siguiente persona física: No. PERSONA RFC 1 PATRICIA BARRIGA PEÑALOZA BAPP6803176G6 QUINTO. Se instruye a la Dirección General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo acordado en el presente acuerdo." - En fecha de veintinueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable, emitió el oficio 110/F/B/5533/2022 con Folio SIARA UIFA/2022/000487, donde comunicó a las entidades financieras el Acuerdo 155/2022. Declaración de ejecutoria de amparo cumplida Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y las actuaciones desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, visto el escrito presentado por la parte quejosa, el veintitrés de agosto de este año, a través del cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos, donde medularmente señala que la autoridad responsable repite el acto reclamado, ya que no emite una nueva orden y/o acuerdo, pues sólo menciona el tiempo por el que debe seguir bloqueada, pero no realizó ningún argumento del por qué del bloqueo de sus cuentas. En ese sentido, se estima necesario señalar a la parte quejosa que contrario a lo que aduce, la autoridad responsable previo a establecer el lapso de tiempo por el cual debe ser incluida la quejosa en la lista de personas bloqueadas, asentó la motivación y fundamentación que estimó necesaria, motivo por el cual, se concluye que no repitió el acto reclamado, sino que como quedó evidenciado, únicamente se constriño a observar los lineamientos que le fueron impuestos en la sentencia de amparo, ya que emitió un acuerdo donde completó el diverso 74/2020 y el oficio 110/F/B/3200/2020, únicamente por cuanto hace a la aquí quejosa Patricia Barriga Peñaloza, en el cual especificó el lapso durante el cual habrá de surtir sus efectos la inclusión de la aquí quejosa a la lista de personas bloqueadas, es decir, única y exclusivamente estableció la temporalidad de aplicación -vigencia- del mismo, esto es, no afectó ninguna de las otras consideraciones legales que contiene, ya que en la sentencia se estableció que la subsistencia indefinida de esa medida era ilegal y no podía quedar al arbitrio de la autoridad administrativa; por lo cual, al emitir un nuevo acuerdo (apéndice y/o anexo), es decir, que completó al acuerdo y oficio citados con antelación, en el cual se especificó el lapso concreto y prudente durante el cual habrá de surtir sus efectos la inclusión de la aquí quejosa a la lista de personas bloqueadas, se acató la materia medular de la concesión del amparo que le fue impuesta. De igual manera, es pertinente resaltar que en la sentencia de amparo no se le marcó una temporalidad específica a la responsable en torno al lapso por el cual deben subsistir los efectos de la inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas, pues se le reservó su plenitud de jurisdicción al respecto, pero con el imperativo que tendría que definir la duración del periodo o lapso en que la quejosa debe estar en la lista de personas bloqueadas; lo que desde luego no implicaba una limitación o prohibición en el ejercicio de las atribuciones de la autoridad responsable, sino exclusivamente que el ejercicio de su atribución debería sujetarse a un principio de seguridad jurídica. Por lo tanto, al haberse dado lineamientos específicos sobre los cuales debía pronunciarse la responsable y reservado su libertad de jurisdicción, no es posible analizar vía cumplimiento de la ejecutoria, la motivación o fundamentación que invocó para determinar la temporalidad de la medida de aseguramiento que le fue requerida ya que de hacerlo se estaría inobservando el contenido del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias de amparo, sean cumplidas en totalidad, sin excesos o defectos y proceder de esa forma, conlleva a que se analice la legalidad o no de esas determinaciones, lo cual no fue materia de escrutinio constitucional en el presente asunto, pues ésta no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 200787 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 20/95 Página: 177 "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que concedió la medida cautelar provisional y luego se negó la definitiva, de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. QUEJOSA HACE MANIFESTACIONES. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la quejosa Patricia Barriga Peñaloza; a través del cual desahoga la vista que se le dio en auto de diecisiete de los actuales; atento a su contenido, se tiene a la ocursante por haciendo las manifestaciones que vierte en el escrito que se provee, las cuales se tomaran en cuenta al momento de dictar el pronunciamiento correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. Visto el oficio que vía electrónica remite el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional el veintiuno de julio del año en curso, remite copia del acuerdo 155/2022, de la que manifiesta bajo protesta de decir verdad que es copia fiel, completa, e inalterada de su original, por el que se especifica el lapso por el cual debe subsistir los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas de esa Secretaría, únicamente por lo que respecta a la quejosa Patricia Barriga Peñaloza, incluida en el diverso Acuerdo 74/2020. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Parte quejosa desahoga vista Visto el escrito de cuenta que suscribe la quejosa Patricia Barriga Peñaloza, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos y al efecto, sustancialmente, manifiesta que la autoridad responsable si bien exhibe el oficio en el cual gira instrucciones en el que precisa la temporalidad por la cual debe seguir incluida en la lista de personas bloqueadas, señalando el acuerdo o resolución que lo ordena, pero que no se exhibe el mismo y que con ello se le priva de conocer su contenido. Cuenta con autos y se requiere a la autoridad responsable De los presentes autos se desprende que la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, a través de su oficio número 110/F/B/5611/2022, de veintinueve de junio de este año, informó que se emitió el Acuerdo 155/2022, por el que se especifica el lapso por el cual debe subsistir los efectos de la inclusión a la lista de personas bloqueadas de esa Secretaría, únicamente por lo que respecta a la quejosa Patricia Barriga Peñaloza, incluida en el diverso Acuerdo 74/2020; señalando que comunicó a las entidades financieras a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) con el que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el oficio 110/F/B/5533/2022 con Folio SIARA UIFA/2022/000487, pero sin que se hubiese acompañado la constancia del referido Acuerdo 155/2022, del cual se pueda advertir su contenido integral. Consecuentemente, se estima necesario requerir al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de cinco días siguientes, al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copia certificada o autógrafa del referido Acuerdo 155/2022, con el cual se pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo y que se cita en las constancias que anteriormente exhibió. Subsiste apercibimiento En el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2006541 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 60/2014 (10a.) Página: 741 "INCONFORMIDAD. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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