Patricia Aurora Vera Rueda
Expediente 1026/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Patricia Aurora Vera Rueda
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de oficio Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, le correspondió conocer de la incompetencia legal planteada por la suscrita, respecto de la demanda que dio origen al presente cuaderno, regostándola con el amparo directo administrativo 525/2023, y que previo a proveer sobre la admisión del mismo, ordenó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación; de lo que se toma para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Recepción de demanda Visto el escrito de demanda que promueve Patricia Aurora Vera Rueda, contra actos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a la que acompaña seis copias; fórmese el cuaderno relativo y regístrese bajo el expediente 1026/2023-VIII. Se declara incompetencia Del análisis de la demanda de amparo se advierte que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo por razón de vía, de conformidad con los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo. En efecto, la parte promovente acude a esta vía constitucional, destacando como acto reclamado, según se desprende de la demanda de amparo, la determinación dictada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el veintiocho de junio del año en curso, en los autos del expediente 661/2023, de su estadística, a través de la cual se desechó la demanda promovida por la aquí parte quejosa. Al respecto, debe señalarse que los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. (.) Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De los preceptos transcritos se desprenden las hipótesis para definir la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, para el conocimiento del juicio de amparo directo, las cuales son precisamente cuando se promueva: a) Contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, entendiéndose por tal, la que decida el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud de las cuales puedan ser modificadas o revocadas; y b) Contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por tales, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y respecto de los cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Pues bien, visto el caso que nos ocupa a la luz de los preceptos invocados, resulta que este juzgado carece de competencia legal para conocer de la presente demanda. Lo anterior es así, pues el acto reclamado por la parte promovente lo constituye la determinación dictada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el veintiocho de junio del año en curso, dentro de los autos del expediente 661/2023, de su estadística, a través de la cual se desechó la demanda instaurada por la aquí parte quejosa. Conforme a lo establecido, el ordinal 170 de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales. Asimismo, señala que se entenderá por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que el acto que se pretende reclamar en la presente vía indirecta, encuadra en el supuesto previamente referido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 158 y 170 de la Ley de Amparo y 38 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Patricia Aurora Vera Rueda, contra un acto que atribuye al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por lo que mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase el expediente original de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, en virtud de estimarse que éste es el competente para conocer de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos antes invocados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno del Octavo Circuito, consultable en la página 1614, Tomo II, Libro 63, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2019, Décima Época, registro digital: 2019370, que señala: "LITISCONSORCIO ACTIVO VOLUNTARIO EN EL JUICIO DE NULIDAD. LA CONFIRMACIÓN DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RELATIVA POR LO QUE HACE A UNO DE LOS ACTORES, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN A JUICIO Y, POR ENDE, ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, regulan los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde resolverlo. En tal virtud, cuando varios sujetos activos presentan sendas demandas de nulidad, en las que reclaman un mismo acto administrativo, sin que entre ellos exista un vínculo sustancial previo al juicio que los obligue a litigar en unidad, la confirmación del desechamiento de la demanda de uno de ellos constituye una resolución que pone fin a juicio y, por ende, es impugnable en el amparo directo.". Por tanto, con las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro correspondiente. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese este acuerdo a la parte promovente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. EN CUMPLIMIENTO A ESTE ACUERDO, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE ANTECEDE.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 1026/2023-VIII, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por la suscrita y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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