Patricia Ascencio Santillán
Expediente 1196/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Patricia Ascencio Santillán
Actuaciones
- Principal
(6) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de tres de agosto de dos mil veintidós (fojas 22 a 30), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible su destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(6) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ..., por derecho propio, contra un acto del Presidente de la Junta Especial Cincuenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ... III. Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: i] El auto de treinta de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral ...por la Junta Especial Cincuenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el cual se declara parcialmente cumplido el laudo de veintidós de agosto de dos mil doce, pues estima que se cumplió con la resolución del incidente de liquidación de laudo de cuatro de febrero de dos mil veinte, y por ende con el resolutivo quinto de dicha resolución definitiva, haciendo la aclaración que en ese momento no se estaba declarando cumplido todo el laudo sino únicamente el resolutivo quinto. Cabe hacer la precisión que en dicho resolutivo se condenó al demandado ..., al pago de la quejosa de cuarenta veces el sueldo mensual por concepto de indemnización En efecto, el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." Los preceptos mencionados, exigen para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se reclame la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En ese sentido, la regla específica de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, rige porque las resoluciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no son la última, tienen como apoyo la existencia de una resolución que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Por otra parte, la expresión "última resolución", a que se refiere el referido artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es aquélla en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del expediente. Como se ha precisado, la quejosa reclama un auto en que únicamente la responsable proveyó respecto al cumplimiento parcial del laudo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, no así de su totalidad. Pues la quejosa manifestó en el capítulo respectivo que con motivo que la demandada consignó determinada cantidad en favor de la quejosa el nueve de junio de dos mil veintidós, la junta responsable declaró parcialmente cumplido el laudo de veintidós de agosto de dos mil doce, pues únicamente se pronuncia respecto al resolutivo quinto de dicha resolución definitiva, no así sobre la totalidad de dicho laudo, pues estimó que cumplió con dicho resolutivo al haber la parte demandada en dicho juicio laboral dado cumplimiento a la resolución de liquidación de laudo de veintidós de febrero de dos mil veinte (resolución que fue señalada por la demandada en el juicio de origen como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto ... de la estadística, y que al concederse la suspensión definitiva solicitada, se ordenó a la junta responsable garantizar la subsistencia de la parte quejosa durante la tramitación de dicho juicio constitucional, se hace la precisión que la sentencia constitucional emitida en ese juicio de amparo se encuentra en revisión en el expediente ... del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito). Lo que, acorde a las manifestaciones hechas por la quejosa bajo protesta de decir verdad, prueban plenamente en su contra conforme al artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de lo que se advierte que efectivamente la junta exclusivamente se pronunció respecto al cumplimiento parcial del laudo y no la totalidad del mismo. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 192843 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 127/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 32 Tipo: Jurisprudencia PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." De lo que se insiste que en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se pretende evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se puedan impugnar, en forma indiscriminada, cualquier acuerdo o resolución que se emita en la fase ejecutora, soslayando que existe una condena firme, en la cual la quejosa fue parte e intervino en el procedimiento relativo. Así, dicho precepto otorga la posibilidad a las partes de que las violaciones que se llegaran a concretar en el procedimiento de ejecución, puedan analizarse cuando se promueva el amparo contra la última resolución, siendo en ese momento procesal cuando se reclamen en la misma demanda todas las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa. Ahora bien, a los actos de ejecución el legislador les otorgó la calidad de última resolución emitida en este proceso, a diversas determinaciones que tienen el efecto de poner de relieve el cumplimiento total de la sentencia y/o laudo o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito derivado de la orden de archivar en forma definitiva el expediente; a saber: La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o La que ordena el archivo definitivo del expediente. Lo que a su vez, es concomitante con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la anterior Ley de Amparo (que substancialmente se reitera en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la vigente Ley de Amparo) "Registro digital: 190035 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 31 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por otra parte, se prevé una regla especial, aplicable únicamente a los procedimientos de ejecución de sentencia en que se han rematado cosas para satisfacer las prestaciones de quien ha obtenido fallo favorable. En este supuesto, las violaciones generadas dentro del procedimiento de remate, que comprenden desde el secuestro mismo hasta la adjudicación de la cosa, podrán reclamarse vía amparo indirecto hasta que el juzgador ordene a quien perdió, en forma voluntaria, el otorgamiento de la escritura pública de adjudicación y/o entrega de los bienes rematados. Se cita en apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Delimitado lo anterior, es posible afirmar que la determinación que reclama la parte quejosa no constituye uno de los actos dictados en el procedimiento de ejecución a los que se les otorgó la calidad de última resolución, esto es, no se trata de aquélla que tenga por efecto poner de relieve el cumplimiento total de la resolución final o la imposibilidad de llevarlo a cabo, ya sea mediante el reconocimiento expreso de cualquiera de esas dos circunstancias o por el reconocimiento tácito; no se trata de la orden de archivar en forma definitiva el expediente. En tal virtud, se tiene que, en la resolución a debate, la junta responsable determinó que la parte demandada dio cumplimiento al laudo en lo relativo a la condena de la citada institución bancaria en el resolutivo quinto del laudo de marras, al haber cumplido ésta última con la condena emitida en la sentencia interlocutoria de cuatro de febrero de dos mil veinte, en el incidente de liquidación de laudo planteado. Por tanto, dicha determinación no es la última resolución dictada en el período de ejecución del laudo definitivo y menos aún en el de remate, tampoco aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se trata de la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por el contrario, constituye una determinación intermedia dictada dentro del procedimiento de ejecución, que no es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Por lo anterior, en este momento procesal no es factible atender el reclamo de la parte quejosa, ya que deberá esperar hasta que se dicte la última resolución en ese procedimiento de ejecución, que se ajuste a las características mencionadas, cuando proceda el amparo y en el cual la podrá combatir lo ahora reclamado. Incluso, contrario a lo pretendido por la quejosa, analizar en este momento si está cumplido el laudo definitivo parcialmente, implicaría sustituirse en la autoridad que conoce de dicha ejecución, quien es aquélla que deberá proveer lo relativo a la fase ejecutiva, sea que lo haga respecto de su acatamiento parcial o total, como se indicó con antelación; de ahí que sus manifestaciones deberá plantearlas ante la aludida autoridad, dentro de aquella ejecución, o en la demanda de amparo que en su caso promoviera contra la determinación que le ponga fin. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2020323 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.I.L. J/50 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 3542 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda." Por tanto, contra tal determinación no procede el juicio de amparo indirecto, en tanto que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, como lo establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Finalmente se cita la tesis jurisprudencial cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 194725 Jurisprudencia Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o. J/11 Página: 648 DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Finalmente, la suscrita no pasa por alto que la promoción del presente amparo, se encuentra relacionada con el trámite del diverso 516/2020-4 de la propia estadística, lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgado y es tomado en consideración en la presente determinación, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, con apoyó además en la Jurisprudencia 2a./J.103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Pues en primer término, cabe destacar que el acto que originó ese juicio de amparo, es precisamente la sentencia interlocutoria emitida en el expediente laboral ... del índice de la Junta Especial número Cincuenta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, relativa al incidente de ejecución de laudo de cuatro de febrero de dos mil veinte, juicio de amparo en que se negó el amparo a la mencionada institución financiera, empero interpuso recurso de revisión en contra de la aludida sentencia constitucional que a la fecha no se ha resuelto. Asimismo, en el incidente de suspensión relativo a dicho juicio de amparo, se han promovidos diversos incidentes de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, esto es, se garantice la subsistencia de la aquí quejosa, tan es así, que el veintidós de julio de dos mil veintidós se resolvió el último de los incidentes planteados por la aquí impetrante, en el que precisamente se estudiaron diversas actuaciones emitidas por parte de la autoridad responsable, incluida ahí la diversa que en esta vía pretende impugnar (treinta de junio de dos mil veintidós), declarándose fundada dicha incidencia en favor de los extremos pretendidos por la aquí quejosa -allá tercera interesada- por proceder así conforme a derecho. Motivo por el cual, en caso de que dicha resolución causara algún perjuicio en contra de la aquí quejosa, quedó expedito su derecho a impugnarla, mismo que se encuentra contenido en el artículo 97, fracción I, inciso de g) de la Ley de Amparo, de ahí que dicha cuestión en relación a lo resuelto y referido con antelación deberá ventilarse en los autos del diverso juicio de amparo en comento. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ... a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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