Patricia Arreguín Rodríguez

Expediente 770/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
770/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2021

Partes del expediente

  • Patricia Arreguín Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, el proveído de mérito ha quedado firme. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."Vista la demanda de amparo ." el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado. Ello alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario o medio de defensa, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Así, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el caso, como se advierte del estudio integral de la demanda de amparo, la promovente señala como acto reclamado el acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Décima Primera de lo Familiar de la Ciudad de México, dentro de los autos del juicio de divorcio incausado 319/2019, en el que ordenó a Distribuidora Disur, Sociedad Anónima de Capital Variable, que el porcentaje de la pensión fijada a su favor se consignara en billete de depósito ante el juez de origen y se le entregara en forma personalísima. Ante todo, es importante destacar que conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se encuentra, como regla general, que contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa previstos en dicho código procesal, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Así, cabe señalar que el acto reclamado fue dictado con posterioridad a la resolución que declaró la disolución del vínculo matrimonial, lo que se sostiene toda vez que para este juzgado de Distrito constituye un hecho notorio la existencia en sus archivos del diverso juicio de amparo 845/2019, promovido por Patricia Arreguin Rodríguez, (como se aprecia de la certificación que antecede) del cual se evidencia que ello aconteció el doce de agosto de dos mil diecinueve. Partiendo de lo expuesto, es importante tener presente lo previsto en el artículo 685-bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establecen: "Artículo 685 bis. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero si podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio; de tal manera que, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." Dicho precepto establece que las resoluciones que recaigan en la vía incidental respecto de los convenios presentados durante el juicio son recurribles y, por lo tanto, los autos y resoluciones que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial son apelables. Ahora, en el presente asunto el acto reclamado deriva de un juicio de divorcio incausado del que conoce un juez de lo familiar y, por ende, conforme a lo dispuesto por el artículo 685-bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, contra el auto reclamado dictado en el referido juicio procede el recurso de apelación, a través del cual pudo ser modificado, revocado o confirmado. Sin que en la especie se actualice algún supuesto de excepción al principio de definitividad, como lo son: actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; o, se trate de personas extrañas al procedimiento. Efectivamente, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, toda vez que el recurso de apelación es idóneo, efectivo y oportuno, para reparar la violación procesal alegada por la quejosa, por lo que debió agotarse previo a promover el juicio de amparo. En ese sentido, es válido concluir que el acuerdo reclamado en esta vía constitucional, carece de definitividad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. ."En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese por lista en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y vía electrónica a la parte quejosa.

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