Patricia Armenta Villalba

Expediente 813/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
813/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Patricia Armenta Villalba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existen diligencias por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que este juicio de amparo se sobreseyó. Por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento a los artículos 23 y 24 del mencionado acuerdo general.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado la quejosa, a notificarse personalmente del auto de diecinueve de octubre del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: Agréguese a los autos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y anexo de cuenta, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de cuatro de octubre del año en curso, remite copia certificada de las actuaciones correspondientes al juicio laboral 5-898/2019, de las cuales se observa, en lo que interesa, que señaló fecha para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial. Ahora, del estado de autos se advierte que la solicitante del amparo reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión reprogramar la fecha para el desahogo de las pruebas admitidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en el juicio laboral 5-898/2019, en específico, las pruebas confesional y testimonial. En consecuencia, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, previo a realizar el estudio de la causa de improcedencia anunciada, es necesario precisar que la autoridad responsable en su informe justificado que obra agregada en autos, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las propias manifestaciones que realiza en su respectivo informe justificado, razón por la cual se tiene por ciertos el acto reclamado. En efecto, del informe rendido por la junta responsable se observa que el veintisiete de septiembre del año en curso, señaló nuevas fechas para el desahogo de pruebas confesional y testimonial ofrecidas por las partes en el en el juicio laboral 5-898/2019. Lo expuesto evidencia, como se adelantó, la existencia del acto reclamado, en tanto que, la demanda de amparo se presentó el veintidós de junio de año en curso, esto es, previo a que la responsable realizara la actuación a que se ha hecho mención. Al respecto, se cita, en la idea conducente, la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Ahora, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se adelantó, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo con lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la quejosa reclama que la junta ha sido omisa en reprogramar la fecha para el desahogo de las pruebas admitidas por la Junta responsable en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada en el juicio laboral 5-898/2019, en específico, las pruebas confesional y testimonial. Por su parte, de las constancias relativas al citado juicio laboral se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (veintidós de junio de dos mil veintiuno), la autoridad responsable realizó las actuaciones que de ella es requerida. En efecto, de las constancias previamente valoradas, se observa, en lo que interesa, que la junta responsable el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda radicada con el número de expediente 5-898/2019 presentada por Patricia Armenta Villalba, contra Nora Gabriela Bastidas Manjarrez y Enrique López Félix, actuación en la cual, entre otras cosas, fijó las diez horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El diez de julio de dos mil diecinueve, entre otras cosas, llevó a cabo la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, y señaló las once horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual las partes ofrecieron diversos medios probatorios; por lo que la junta responsable, por una parte desechó las pruebas consistentes en ratificación de contenido y firma; pericial en grafoscopía; e, inspección ocular, ofrecidas por las partes y, por otra, admitió y tuvo por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las pruebas consistentes en documental; instrumental de actuaciones; presuncional legal y humana y, documental vía informe. Además, señaló hora y fecha para el desahogo de las pruebas confesional y testimonial ofrecidas por las partes, mismas que enseguida se detallan. Diez horas del doce de mayo de dos mil veinte, para el desahogo de las pruebas confesionales ofrecida por las partes a cargo de sus contrarias en el juicio laboral; Nueve horas del dos de junio de dos mil veinte, para el desahogo da la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Carmen Yadira González García, Alma Judith Rodríguez Figueroa, Candelaria Arce Báez y Raúl Camacho Moreno. Diez horas del tres de junio de dos mil veinte, para el desahogo da la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada a cargo de Alfonso Álvarez y Luis Rene Arce Guereña. Así, el veintisiete de septiembre del año que transcurre la junta responsable advirtió que las pruebas en estudio no se habían llevado a cabo, por lo que señaló las nueve horas del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba confesional ofrecida por las partes a cargo de sus contrarias en el juicio laboral; mientras que para el desahogo de la prueba testimonial señaló las diez horas del veintidós y nueve horas del veinticinco, ambos de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna; ello, en virtud de que, se reitera, de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda -veintidós de junio del presente año- la junta responsable el veintisiete de septiembre del año que transcurre señaló nueva fecha para el desahogo de las probanzas ofrecidas en el juicio laboral de origen. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por otra parte, no es óbice para emitir la presente determinación el hecho de que no se encuentre emplazado a juicio los terceros interesados Nora Gabriela Bastidas Manjarrez y Enrique López Félix, atento que, dado el sentido de este fallo, no resulta de trascendencia en su perjuicio. Justifica lo expuesto la jurisprudencia 59/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, página 841, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro: 2010477 de rubro y texto: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley". Así como la tesis aislada P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VII, febrero de 1998, página 45, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que, a la fecha, se está en proceso de notificar a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, el oficio 22206/2021 y, transcripción del proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se requirió a dicha autoridad para que dentro del término de tres días, contado a partir del momento en que se encuentre notificada del presente proveído, informe el domicilio correcto y actual donde pueden ser emplazados los terceros interesados, a fin de que comparezcan a este Juzgado de Distrito si lo estiman conveniente a sus intereses; asimismo, para que en igual término, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada completa y legible, de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado en el expediente laboral 5-898/2019; incluyendo de los escritos relativos a la pruebas ofrecidas por las partes en dicho expediente laboral; que resultan en apoyo de su informe justificado En virtud de lo anterior, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional que, según certificación que antecede se encuentra programada para hoy, y se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración, a fin de que el citado tercero interesado quede debidamente emplazado al presente juicio y allegue las constancias solicitadas. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.

  4. Principal

    Por lo expuesto en el acuerdo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre notificada del presente proveído, informe el domicilio correcto y actual donde pueden ser emplazados los terceros interesados, a fin de que comparezcan a este Juzgado de Distrito si lo estiman conveniente a sus intereses. De igual manera, atento que resulta necesario contar las citadas actuaciones, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, para que en igual término, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada completa y legible, de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado en el expediente laboral 5-898/2019; incluyendo de los escritos relativos a la pruebas ofrecidas por las partes en dicho expediente laboral; que resultan en apoyo de su informe justificado, o bien, en caso que cuente con imposibilidad de remitir dichas constancias, informe tales datos a este Juzgado de Distrito; APERCIBIDA que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

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