Patrcia Wendolyn Lomelí Cedillo

Expediente 2374/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2374/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Patrcia Wendolyn Lomelí Cedillo
  • Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el escrito que suscribe quien se ostenta como apoderado legal del quejoso. Atento a su contenido, únicamente agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, en términos de lo establecido en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que el cuatro de enero pasado se proveyó al respecto del incidente de inejecución de sentencia correspondiente.

  2. Principal

    Por otra parte, no es obstáculo para la celebración de la audiencia constitucional, el hecho de que en nueve de diciembre de la presente anualidad, se hubiese tenido a la autoridad responsable, rindiendo su informe con justificación y, por ende, a la fecha no han transcurrido los ocho días que establece la ley para efecto de que las partes se impongan de su contenido, pues, la parte quejosa reclama transgresión al artículo 17 constitucional, atendiendo que la responsable no ha impartido justicia en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, por lo que en cumplimiento al numeral constitucional en cita, se celebra la audiencia y no se difiere la misma para evitar el retardo de la impartición de justicia. Enseguida, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época, página 185, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la lectura de las constancias, por leídas las mismas, y por rendido el informe justificado de las autoridades responsables. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta al Juez, con las documentales aportadas en el presente sumario; a lo que el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que obran en autos, en razón de su propia y especial naturaleza. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra esta etapa. A continuación, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se declara abierto el período de alegatos, en la que la Secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos que a su representación social le compete, a lo que a lo que el Juez acuerda: de conformidad en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, y no habiendo diversos alegatos se cierra dicha etapa. No habiendo otra prueba por desahogar, ni alegatos por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, conforme a esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Finalmente, la Secretario CERTIFICA que la hora de la evidencia criptográfica que se asiente por virtud de la audiencia de mérito, no coincidirá con la hora del cierre, por virtud de la elaboración de la sentencia que se emitirá a continuación. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2374/2022-III, promovido por ********************, contra actos del Actuario notificador adscrito a la Junta Especial numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, ********************, presentó demanda de amparo indirecto, contra actos de la autoridad precisada en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en que ordenó la admisión de la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 2374/2022-III; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que el acto reclamado, se atribuye a una autoridad especializada en materia de trabajo, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la omisión de la autoridad responsable de notificar y emplazar a las demandadas Movil Suit Beyond, Sociedad Anónima ******************** y Bonafont Sociedad Anónima ********************, en el juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Actuario Notificador de la Junta Especial numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, negó los actos que se le reclaman, sin embargo, del mismo se desprende su certeza. Ello encuentra apoyo por las razones que la informan, en la tesis 391, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. La improcedencia en el juicio de amparo, debe estudiarse de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". De oficio, se considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que cesó el acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad responsable de notificar y emplazar a la demandada Bonafont Sociedad Anónima ********************, en el juicio laboral ********************. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." De la literalidad del dispositivo legal transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la omisión reclamada. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 193758, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo IX, de junio de 1999, visible a página 38, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, de la totalidad de las constancias que integran el presente sumario, se advierte, en lo que interesa, que la parte quejosa señaló el retraso en la impartición de justicia consistente en la omisión de notificar y emplazar a la demanda Bonafont Sociedad Anónima ********************, en el juicio laboral ********************. Por su parte, la autoridad responsable, manifestó y acreditó que el seis de diciembre de dos mil veintidós, emplazó a la demanda Bonafont Sociedad Anónima ******************** en el juicio de origen, lo cual surte efectos de confesión expresa y hace prueba plena de conformidad con el artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, lo anterior se corrobora del material probatorio que allegó con el oficio a través del cual rindió su informe de ley, documental publica que valorada de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, hace prueba plena. Por tanto, es claro que en la especie cesaron los efectos de la omisión reclamada consistente en notificar y emplazar a la demanda Bonafont Sociedad Anónima ******************** en el en el juicio laboral ********************, ya que con fecha posterior a la presentación de la demandada, la autoridad responsable emplazó a la referida demanda en el juicio de origen, corriéndole traslado con copia cotejada de la demanda, auto de radicación y acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós. Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en la fracción V del diverso numeral 63 de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de control constitucional respecto de la omisión reclamada consistente en notificar y emplazar a la demanda Bonafont Sociedad Anónima ******************** en el en el juicio laboral ********************. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable, la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal del País, que se lee en la página 71, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." QUINTO. Conceptos de violación. Se procede examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, a la luz de los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SEXTO. Estudio del acto reclamado. Se procede al estudio del acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de notificar y emplazar a la demandada Movil Suit Beyond, Sociedad Anónima ********************, al juicio laboral 355//2020, cuyo concepto de violación formulado resulta ineficaz. Así es, la parte quejosa alega que la autoridad responsable, en el expediente laboral 355/2020, no ha realizado la referida notificación, lo que viola en su perjuicio la garantía de acceso a la administración de justicia pronta y expedita, consagrada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, el artículo 17 constitucional, tutela el derecho humano de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto citado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento respectivas, es decir, deben acatar los lineamientos que establezca el procedimiento respectivo; por tanto, cuando la pretensión de la acción de amparo consiste en impugnar la abstención de la responsable de resolver una petición formulada dentro de un procedimiento jurisdiccional, dentro del plazo establecido en la ley, como en el presente caso lo es el acto reclamado por la quejosa, no puede considerarse que dicha abstención sea inconstitucional por sí misma, pues al estar comprendida dentro de un procedimiento, entendido éste como aquella serie de etapas procesales que deben seguirse y agotarse subsecuentemente hasta llegar a su fin, debe verificarse que el estado procesal del juicio del que deriva el acto reclamado, permite a la autoridad responsable emitir el acto cuya omisión se reclama; asimismo que ya haya pasado el término legal que tenía para hacerlo así y, de haberse agotado éste, que no exista impedimento legal alguno que obstaculice a la autoridad para resolver la petición que se le presentó, de tal manera que sólo habiéndose verificado dichos aspectos y de no haberse acatados éstos por la responsable, podrá estimarse que su conducta es contraria al texto constitucional. Así, para que el Actuario responsable proceda a emplazar a la parte demandada, es presupuesto indispensable, que el actuario notificador cuente con el domicilio en el que debe realizar tal diligencia; luego, del informe justificado rendido por la responsable y de las constancias que anexo al mismo, se desprende que el juicio laboral de origen el diligenciario levantó constancia manifestando su impedimento para realizar el emplazamiento ordenado, en virtud de que asentó que al constituirse en el domicilio de la demandada, fue atendido por una persona que le manifestó que esa empresa no corresponde al domicilio de la demandada, exhibiéndole un comprobante de domicilio a nombre de diversa persona, según se advierte de la constancia levantada por la propia responsable, el seis de diciembre de dos mil veintidós; de ahí que se corrobore que la autoridad responsable no está en posibilidad de emplazar a la parte demanda Movil Suit Beyond, Sociedad Anónima ******************** en el juicio de origen. Entonces, la omisión de la responsable no es violatoria de derechos fundamentales en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que realmente en el juicio laboral se tiene un diverso domicilio donde se pueda realizar el emplazamiento correspondiente, situación, se reitera, que en la especie no aconteció, por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que el Actuario responsable incurrió en demora al omitir emplazar a la parte demandada Movil Suit Beyond, Sociedad Anónima ******************** en el expediente número ********************, y por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional. En ese contexto, del análisis de las constancias que integran el presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya aportado prueba alguna, para acreditar, que en el procedimiento laboral número ********************, haya desaparecido la causa de imposibilidad material mencionada en supralíneas, en el sentido de que, aunque era verdad que en el natural no se habían logrado notificar a la parte demandada Movil Suit Beyond, Sociedad Anónima ********************, lo cierto es que el domicilio en el cual se constituyó el Actuario Notificador responsable, no corresponde al domicilio de la demandada, según se advierte de la constancia levantada por la propia autoridad responsable, el seis de diciembre de dos mil veintidós; es decir, la parte quejosa no acreditó de manera alguna que dicho motivo de imposibilidad hubiese sido desvirtuado o que hubiere desaparecido. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de emplazar a la parte demandada Movil Suit Beyond, Sociedad Anónima ******************** en el expediente número ********************, está justificada al haber una constancia de imposibilidad de realizar la diligencia citada y en contraste no existe diverso domicilio donde se pueda ordenar. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis 2a./J. 50/97, visible en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo.". Consecuentemente, al resultar ineficaz el concepto de violación antes estudiado y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada, en contra del acto reclamado consistente en la omisión de notificar y emplazara a la parte demandada en el juicio laboral ********************. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reprochado al Actuario notificador adscrito a la Junta Especial numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, consistente en notificar y emplazar a la demanda Bonafont Sociedad Anónima ********************, en el juicio laboral ********************, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente sentencia SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado al Actuario notificador adscrito a la Junta Especial numero Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por las razones y fundamentos precisados en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, e impreso del Módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; firmado electrónicamente por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su carácter de representante; mediante el cual promueve incidente de nulidad de actuaciones en contra del proveído de fecha treinta de septiembre del año en curso; al respecto se provee, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 32 de la Ley de Amparo, SE ADMITE EL CITADO INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, y al efecto se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para la celebración de la audiencia prevista en el numeral líneas atrás invocado, en relación con los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas y desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales que adjuntó a su escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia respectiva. Con lo anterior se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Tesorera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se concede una prórroga de diez días, en el entendido de que ésta no podrá excederse de la misma, a fin de que esté en aptitud de cumplimentar la sentencia de garantías; bajo apercibimiento que de no atender en sus términos el presente requerimiento, se le impondrá un multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, se tiene al oficiante señalando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

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