Pastor Tepole Quiahua
Expediente 1228/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pastor Tepole Quiahua
- Presidente de la Comisión Nacional Bancaria Y de Valores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta presentado por el apoderado legal de la tercero interesada Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos por medio del cual solicita copia certificada de la ejecutoria dictada en el presente asunto. Como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remítasele copia certificada de las documentales que indica. Asimismo, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de amparo se tienen por autorizados para recibir las copias solicitadas a las personas que indica. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio 380/2021, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que le fue remitido el expediente en versión electrónica del juicio de amparo 1228/2020 del índice de este Juzgado, e implícitamente acepta la competencia declinada en su favor, dado que previno a la parte quejosa bajo apercibimiento, la cual ya había sido fue registrada con el número de expediente 28/2021-VIII de su índice. Sin perjuicio de que, mediante acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó la remisión del expediente original del juicio de amparo en que se actúa. Ante ello, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal: ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se decretó la incompetencia; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio 358/2021, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa el acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 28/2021-VIII de su índice, por el que acusa recibo del oficio en el que se declinó a su favor la competencia del presente asunto. Asimismo, solicita que, para en estar en aptitud de proveer sobre si acepta o no la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y si asume el conocimiento del presente asunto, le sean remitidos los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Ante ello, remítase de manera inmediata el presente expediente al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias relevantes del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Escrito de cuenta. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Pastor Tepole Quiahua, por el que da cumplimiento a la prevención formulada mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno. Téngase por desahogado el requerimiento que se le formuló en el acuerdo de referencia, en el sentido de que manifiesta que: (.) ESTE QUEJOSO A CLARA (sic) EL ACTO QUE LE ATRIBUYE A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES- ESTE QUEJOSO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO ME HE PRESENTADO EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A CONSULTAR EL ESTATUS DE MI CUENTA BANCARIA Y SE ME HA INFORMADO QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CANCELADA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA, POR LO QUE HA DESAPARECIDO EL BLOQUEO QUE ESTA CUENTA PUDIERA TENER. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia, para conocer del presente juicio. Consideraciones que sustentan la incompetencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por materia, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. Para determinar la materia del presente asunto cabe señalar, por principio los hechos narrados por la parte quejosa: I.- Con fecha 1 de febrero del año 2019 se celebra un contrato bancario entre el quejoso y BBVA BANCOMER S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer en la sucursal 3048 Av. Prolongación Paseo de la Reforma No. 400 (Anexo el presente a este escrito de demanda de amparo como anexo número 1) II. El día 30 de noviembre de 2020 me presenté en la misma sucursal; con la intención de consultar mis saldos movimientos, al introducir mi tarjeta de débito en el cajero, me apareció una leyenda que me decía "hay un problema con su banco emisor", así que decidí retirarme pues ya no había servicio de atención a clientes. III. Posteriormente el día 1 de diciembre de 2020, me presenté en la misma sucursal con la intención de saber que está sucediendo con mi cuenta, para esto me entreviste con el ejecutivo de cuenta en la misma sucursal, al preguntar por la cuenta bancaria, me refiere que no sabe que está pasando exactamente con la cuenta, que no le aparecen datos suficientes en el computador pero que envió un correo electrónico para saber qué es lo que estaba pasando exactamente y que podría tardar dos días para recibir una respuesta al respecto. IV. El día 3 de diciembre de 202, me presenté en la misma institución con el objetivo de que me pudieran dar una razón respecto de la situación en que se encuentra mi cuenta bancaria, para ello al entrevistarme con el ejecutivo de cuenta me explicó que por el momento no tenía el acceso completo a la información de lo que paso con mi cuenta, pero que el banco tenía una investigación y que era necesario que regresara en 24 horas para que me pudiera dar una respuesta y no me hiciera esperar más tiempo en la sucursal. V. El día 4 de diciembre de 2020, me presenté en la misma sucursal para pedir la respuesta del ejecutivo que estábamos esperando, al platicar con él, me refiere que mi cuenta, se encuentra bloqueada por el banco ya que existe una investigación el área interna de la Institución Bancaria y que no se podrá disponer de fondos ni realizan algún movimiento en la cuenta bancaria o recibir depósitos y que los recursos económicos de la cuenta que se encontraban depositados ya no están disponibles, en razón de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria autorizaron a la Institución Financiera que dispusiera de los recursos, negándose a entregar un documento que contuviera la justificación que me estaba dando ni estado de cuenta que justificara el motivo de la sustracción de los recursos. VI. Derivado de lo anterior he decido interponer la presente demanda de amparo, y solicitar el amparo y protección de la justicia federal, ya que han bloqueado y tomado los recursos de la cuenta de mi cuenta bancaria, lo cual es un acto privativo del patrimonio que refleja una violación constitucional. Ahora bien, del estudio de la demanda que se provee, se advierte que el peticionario del amparo reclama en su demanda inicial y aclaración, el bloqueo de la cuenta bancaria 007436071554216865 que se abrió en la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Por acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por presentado el oficio del apoderado legal de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por el que en atención al acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, informa que la cuenta 007436071554216865, a nombre del quejoso Pastor Tepole Quiahua, no presenta orden de embargo vigente, es decir, se encuentra libre de restricción alguna. Mediante acuerdo catorce de enero del presente año se solicitó a la quejosa aclarará, dado el informe rendido por la autoridad responsable, si persistía el bloqueo a su cuenta bancaria. Ahora bien, del escrito de cuenta, por el que la parte quejosa dio contestación a la prevención, se advierte lo siguiente: (.) ESTE QUEJOSO A CLARA (sic) EL ACTO QUE LE ATRIBUYE A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES- ESTE QUEJOSO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO ME HE PRESENTADO EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A CONSULTAR EL ESTATUS DE MI CUENTA BANCARIA Y SE ME HA INFORMADO QUE LA MISMA SE ENCUENTRA CANCELADA POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA, POR LO QUE HA DESAPARECIDO EL BLOQUEO QUE ESTA CUENTA PUDIERA TENER. En ese sentido, se estima que el asunto que nos ocupa, no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa sino que es un acto de naturaleza mercantil. Debe precisarse, inicialmente que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales -por razón de la materia- debe dilucidarse tomando en cuenta, exclusivamente, la naturaleza de la acción ejercitada; lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas y la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda; pero, en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al quejoso con la autoridad responsable, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencias, en tanto que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia P./J. 83/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28, de rubro y texto: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. Ahora bien, a efecto de analizar la competencia de este juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. Apoya lo anterior las tesis de rubro y texto siguientes: Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 205-216 Primera Parte. Página: 10. Tesis Aislada. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO CUANDO SE RECLAMAN REGLAMENTOS. DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA MATERIAL DE ESTOS. Es evidente que tratándose de reglamentos, a fin de determinar la competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusivamente a la naturaleza material del reglamento y no a la calidad de la autoridad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo reglamento expedido por el presidente de la República constituye un acto formalmente administrativo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamento sería de naturaleza laboral. En esas condiciones, si en el caso a estudio se reclama una disposición reglamentaria de contenido materialmente laboral, aun cuando se dé injerencia a una autoridad administrativa, cabe concluir que el conocimiento de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito en Materia de Trabajo, pues desde luego que las normas que otorgan facultades a las autoridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también caen dentro del ámbito de la materia del trabajo, no obstante que esas autoridades formalmente sean administrativas. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo 163-168. Primera Parte. Página: 29. Tesis Aislada. COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA NO CONOCER DE UN AMPARO EN REVISION. DEBE RESOLVERSE EN RAZON A LA NATURALEZA DEL ACTO Y NO DE LAS AUTORIDADES. Los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las distintas fracciones que se refieren a la competencia de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, contiene dos prevenciones diferentes: La primera, en las fracciones I y II que se refieren al amparo en revisión, y la segunda, en las fracciones tercera, que corresponden al amparo directo. Ahora bien, aquélla distribuye la competencia tomando en cuenta la naturaleza material del acto reclamado, por esa circunstancia, en los incisos b) de cada fracción I que alude al conocimiento de las Salas de este Alto Tribunal, dice que cuando se reclamen del presidente de la República reglamentos federales, por estimarlos inconstitucionales, el conocimiento corresponde a las Salas de esta Suprema Corte, según la materia de que se trate. De esta manera, si el reglamento es de naturaleza penal, corresponde a la Primera Sala, administrativa a la Segunda, civil a la Tercera, y laboral a la Cuarta; eso no obstante que todos los reglamentos serían formalmente administrativos por derivar del ejecutivo de la unión. No sucede lo mismo con las fracciones terceras de cada uno de los preceptos mencionados, que se refieren al amparo directo, en donde se finca la competencia tomando en cuenta fundamentalmente la naturaleza de las autoridades de que deriva el acto y no la materialidad de éste. De los criterios transcritos se aprecia que, para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer de un acto reclamado, debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de ese acto desde el punto de vista material, sin considerarse la naturaleza de la autoridad. Así, debe destacarse que, del análisis integral de la demanda, en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se aprecia que la parte quejosa, en esencia, señala como acto reclamado el bloqueo de la cuenta bancaria 007436071554216865 que se abrió en la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. Sin embargo, del escrito de cuenta podemos advertir que el acto reclamado es la cancelación de la cuenta del quejoso por parte de la institución bancaria. En este orden de ideas, este juzgador toma en consideración que la naturaleza intrínseca de los actos reclamados proviene de la relación generada al realizar una apertura de cuenta entre la Institución Bancaria y el quejoso, la cual se encuentra regulada por la Ley de Instituciones Mercantiles, de lo que puede estimarse que el asunto que nos ocupa, no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa sino civil. Por lo que es claro que se surte la competencia en favor de un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en razón de que la naturaleza del acto reclamado es del orden civil. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla a través del sistema de interconexión al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse de recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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