Pastor De Jesus Soto

Expediente 500/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
500/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Pastor De Jesus Soto
  • Pastor De Jesus Soto y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintiuno. Parte quejosa solicita copias Visto el escrito de cuenta suscrito por el autorizado del quejoso, donde solicita la expedición de copias simples de las principales constancias que integran el presente expediente; atento a lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones: 1. Por el momento no se cuenta con un centro de fotocopiado en funcionamiento para el público general dentro del Edificio Sede donde se ubica este órgano jurisdiccional, para que puedan obtener las copias que solicita. 2. Empero, desde el auto de radicación del presente juicio se encuentra autorizado la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo cual, puede comparecer a hacer uso de medios digitales para obtener las constancias que requiera. 3. En ese supuesto, dígasele que deberá considerar que tiene tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera, en atención a los lineamientos, establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, considerando además la situación que se apuntó con antelación, en el sentido de que este órgano jurisdiccional se encuentra laborando tanto vía remota como presencial, pero en esta última modalidad con un número de personal y horarios reducidos. Además, deberá tomar en consideración que el trámite a realizar tendrá que ser efectuado dentro del tiempo estipulado en su cita agendada, por lo que pudiera ser el caso que dada la voluminosidad de las constancias y atendiendo a la carga de trabajo que se pueda presentar en el centro de fotocopiado (de encontrarse funcionando) y en este órgano jurisdiccional, de ser necesario deberá agendar una diversa cita para la recepción de las copias certificadas solicitadas. Como lo solicita, se tiene como sus autorizados para obtener la reproducción de constancias por medios electrónicos a cualquiera de los autorizados de la parte quejosa en el presente juicio. Parte tercero interesada señala nuevo domicilio y autirizadas Por otra parte, visto el diverso escrito de cuenta que suscribe la tercero interesada Priscila Sánchez Correa, y atento a su contenido, se tiene como nuevo domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle La Corregidora, número 813, centro de esta ciudad y como sus autorizadas para recibirlas a María Verónica Gutiérrez Villaseñor y Reyna Cortés Rocha, la primera de las mencionadas con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que acredita que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y la restante sin dicha plenitud, por no encontrarse su registro en el referido sistema computarizado. Proporciona diversos medios de contacto Asimismo, se le tiene proporcionando contacto por vía telefónica y correo electrónico en el número y correos que señala, sin que haya lugar hacer un mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dichos medios, no se encuentran contemplados en la Ley de Amparo, para la práctica de notificaciones; sin perjuicio de que, los mismos puedan ser utilizados únicamente para localizar al quejoso o sus autorizados para la práctica de alguna notificación conforme a lo establecido en la ley de materia. Deberá estarse a lo acordado Respecto a la manifestación que realiza en el sentido de que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos; dígasele que, deberá de estarse a lo acordado en proveído de doce de abril de este año, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Se comisiona a la actuaría judicial Finalmente, dado el nuevo señalamiento de domicilio de la tercero interesada Priscila Sánchez Correa y a fin de que quede debidamente impuesta del contenido del proveído de doce de abril del año en curso, se ordena que se le practique la notificación de ese proveído y las subsecuentes, en el nuevo domicilio que proporciona dicha parte; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa y el representante especial de los menores. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el nueve de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a PASTOR DE JESÚS SOTO, por su propio derecho, y en cuanto representante de sus menores hijas ÁNGELES, LUZ MARÍA y PRISCILA todas de apellidos DE JESÚS SÁNCHEZ, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la audiencia preliminar del tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte donde realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; b) En su lugar emita otro, que puede ser en el mismo sentido o diverso al reclamado, pero purgando la falta de fundamentación y motivación que se hace patente, para lo cual deberá: Ponderar cada uno de los medios de convicción que hasta el momento en que deba cumplir con esta sentencia obraren en autos, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA, y en base a ello determinar si procede o no conceder la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron la progenitora y abuelos maternos de las menores quejosas, observando siempre lo relativo al interés superior de estas últimas y fundando y motivando, en base a la valoración de dichos medios de convicción, si existe o no riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las menores." Trámites para cumplir con el fallo protector Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, acompañó inserto el contenido del acuerdo de catorce de ese mismo mes y año, dictado sobre las medidas cautelares de convivencia provisional, derivadas del juicio oral familiar número 166/2018 y acumulados; acuerdo del cual, se desprende que a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó insubsistente la audiencia preliminar de tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte en la cual se realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; señalando que se formalizaba la insubsistencia, virtud a que, al concederse a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, para que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban antes de la audiencia preliminar y para que se continuara con el régimen de convivencias que se tenía hasta antes de la referida audiencia. II. En la materia medular de la concesión, procedió a realizar una reseña de los antecedentes del asunto de origen; luego, enumeró los medios de convicción con los que contaba para determinar la convivencia provisional que le fue solicitada. Así, en torno a las documentales allegadas por las partes, señaló que la más reciente databa del doce y catorce de enero de dos mil dieciocho; y que en términos de los artículos 1042 y 1043 del Código de la materia, le generaban valor indiciario para establecer en su conjunto ciertamente el descontrol emocional que en el momento en que fueron elaboradas presentaba Priscila Sánchez Correa, que la misma ha sido atendida psiquiátricamente y que en dicha data de igual forma era inconsistente e irregular con sus tratamientos al abandonar y descuidar las indicaciones y seguimientos correspondientes, lo probablemente le haya originado periodos o trastornos mentales de decaimiento; realizando una manifestación de cada uno de los elementos de prueba. Luego, también advirtió que había elementos para valorar y decidir en la escucha de menores llevada a cabo en ese juzgado, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, es decir, con antelación a la revisión de medidas cautelares, ya que refiere que las infantas externaron su necesidad y deseo de tener convivencia con su progenitora. De igual manera, tomó en consideración las comparecencias de fechas nueve y treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, verificadas por las partes del juicio de origen, de la que advirtió que la parte actora llevar a cabo la convivencia de las menores con su progenitora, sabedor del desajuste emocional que atribuye su contraparte; así como, los diversos comunicados remitidos por el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También, señaló como datos novedosos y recabados con posterioridad a la audiencia de revisión de medidas cautelares, que en concepto de la responsable, evidencian que no existe riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las infantes, la inspección judicial verificada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el inmueble de los abuelos maternos y las opiniones periciales del psicólogo adscrito al Departamento de Servicios Periciales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la diversa emitida por la psicóloga adscrita al Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco, de las cuales advirtió que no existe ningún padecimiento psicológico por parte de la progenitora que ponga en riesgo a las menores; y una constancia médica expedida donde se hace constar que la progenitora de las menores se encuentra en tratamiento psicoterapéutico desde el treinta y uno de mayo de dos mi dieciocho. Constancias a las cuales les confirió valor de pruebas, en términos de los numerales 1023, 1024, 1025, 1026, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, señalando que advertía una situación mental estable de la progenitora y sus menores hijas, sin que advierta riesgo alguno en la integridad física y psicológica de las infantes por el contacto y convivencia son su progenitora. III. Con lo anterior, la juez responsable concluyó que la medida cautelar debía resolverse favorable, ya que de la relatoría y análisis de probanzas no advirtió que exista riesgo inminente para la integridad física, psicológica o emocional de las menores de edad, y que la progenitora, actualmente presente padecimiento psicológico traducido en alteraciones de la conciencia o del pensamiento, o de un trastorno de la personalidad que ponga en los peligros anotados a las menores; por lo cual, considerando el interés superior de las menores para convivir con ambos progenitores, determinó fijar un régimen provisional de convivencias, realizando una modificación a las ya decretadas, entre las menores de edad y su progenitora y sus abuelos maternos, tomando en consideración la edad de las menores, los horarios de sus actividades escolares y extraescolares, condiciones y necesidades particulares, señalando días, horas y lugar para llevar a cabo esa convivencia provisional. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, lo que así realizó la parte quejosa y el represente especial de los menores. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Bajo ese contexto, es posible concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se ha cumplido con los lineamientos y obligaciones que fueron marcados en el fallo protector, por cuanto que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en acuerdo de acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte, dejó insubsistente la audiencia preliminar del tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte donde realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; y en su lugar, emitió otro en el cual, además de reseñar los medios de convicción ofrecidos por las partes, con los que contaba antes y después de la audiencia (pues en ese aspecto en el lineamiento marcado en el fallo protector, se le dio facultad para valorar aquellos elementos con los que contara hasta el momento en que debiera cumplir con esta sentencia, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA), realizó una valoración con la fundamentación y motivación que estimó procedentes y con base a ello determinó procedente la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron la progenitora y abuelos maternos de las menores quejosas, ponderando el interés superior de estas últimas y señalando además los motivos por los cuales estimó que no existe riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las menores al decretar esa convivencia. De donde se colige, que la juez responsable siguiendo los lineamientos marcados en la sentencia de amparo, se pronunció con la libertad de expresión que le fue reservada, sobre los particularidades que le fueron indicados (valoración de todas las pruebas para fundamentar y motivar sobre la integridad total de las menores y resolver con ello la convivencia provisional solicitada) y con ello, se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Manifestación de conformidad de la representante especial de los menores Del escrito presentado por la representante especial de los menores, se advierte que en su opinión, a través del acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil veinte año, dictado por la Juez responsable, quedó cumplida la sentencia de amparo dictada en este juicio, por considerar que se encuentra debidamente fundado y motivado, el nuevo régimen de convivencias decretado entre las menores y su progenitora y abuelos maternos; motivos por los cuales, no se hace un mayor pronunciamiento al respecto, por ser acorde con el sentido de la calificativa realizada por este órgano jurisdiccional en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo. Manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por el quejoso por sí y en cuanto representante de las menores, se advierte que estima que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, señalando que la responsable nuevamente no fundo y motivó la valoración de pruebas y su determinación; sin embargo, del contenido de su ocurso, se desprende que realiza una serie de manifestaciones en torno a la valoración de la pruebas que realizó la juez responsable, y la fundamentación y motivación que la misma realizó al decretar la convivencia provisional que se le solicitó como medida cautelar, considerando que con ello, se vulnera la esfera jurídica de sus menores hijas. Al respecto, dígasele que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar el cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar el acto emitido vía cumplimiento a la luz de lo resuelto en el fallo protector, donde la materia medular de la concesión del amparo, consistía en que la juez responsable -con plenitud de jurisdicción-, llevara a cabo una valoración de todas las pruebas que tuviera en autos, hasta antes de cumplir con la sentencia constitucional, para fundamentar y motivar sobre la integridad total de las menores y resolver en la convivencia provisional solicitada; lo que en la especie ya realizó la juez a través del acuerdo que ha sido analizado anteriormente. Por ende, al haberse dado lineamientos específicos sobre los cuales debía y pronunciarse la responsable y reservado su libertad de jurisdicción, no es posible analizar vía cumplimiento de la ejecutoria, la motivación o fundamentación que invocó para arribar a cada una de las determinaciones que tomó, luego de la valoración o calificación de pruebas que realizó, ya que de hacerlo se estaría inobservando el contenido del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias de amparo, sean cumplidas en totalidad, sin excesos o defectos y proceder de esa forma, conlleva a que se analice la legalidad o no de esas determinaciones, lo cual no fue materia de escrutinio constitucional en el presente asunto, pues ésta no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador la manifestación que realiza el quejoso en el sentido de que el juez no debió valorar pruebas que califica de supervinientes; al respecto, es oportuno señalar a la parte quejosa, que ese aspecto fue una obligación impuesta a la responsable en los lineamientos de la sentencia de amparo, ya que se le ordenó lo siguiente: "Ponderar cada uno de los medios de convicción que hasta el momento en que deba cumplir con esta sentencia obraren en autos, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA, y en base a ello determinar si procede o no conceder la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron."; de lo cual, se colige que no existía impedimento para que la juez responsable, pudiera valorar o considerar elementos nuevos que tuviera en autos, en el momento en que debió cumplir con el fallo protector y por tanto, con esa actuación no estamos en presencia de un exceso al cumplir con la ejecutoria, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 200787 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 20/95 Página: 177 "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." Oficio de cuenta En torno al oficio de cuenta que suscribe la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, por el cual, solicita que se le informe si con su actuación se tuvo o no cumplida la sentencia de amparo; dígasele que deberá de estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, donde se llevó a cabo el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa y el representante especial de los menores. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el nueve de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a PASTOR DE JESÚS SOTO, por su propio derecho, y en cuanto representante de sus menores hijas ÁNGELES, LUZ MARÍA y PRISCILA todas de apellidos DE JESÚS SÁNCHEZ, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la audiencia preliminar del tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte donde realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; b) En su lugar emita otro, que puede ser en el mismo sentido o diverso al reclamado, pero purgando la falta de fundamentación y motivación que se hace patente, para lo cual deberá: Ponderar cada uno de los medios de convicción que hasta el momento en que deba cumplir con esta sentencia obraren en autos, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA, y en base a ello determinar si procede o no conceder la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron la progenitora y abuelos maternos de las menores quejosas, observando siempre lo relativo al interés superior de estas últimas y fundando y motivando, en base a la valoración de dichos medios de convicción, si existe o no riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las menores." Trámites para cumplir con el fallo protector Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, acompañó inserto el contenido del acuerdo de catorce de ese mismo mes y año, dictado sobre las medidas cautelares de convivencia provisional, derivadas del juicio oral familiar número 166/2018 y acumulados; acuerdo del cual, se desprende que a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó insubsistente la audiencia preliminar de tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte en la cual se realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; señalando que se formalizaba la insubsistencia, virtud a que, al concederse a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, para que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban antes de la audiencia preliminar y para que se continuara con el régimen de convivencias que se tenía hasta antes de la referida audiencia. II. En la materia medular de la concesión, procedió a realizar una reseña de los antecedentes del asunto de origen; luego, enumeró los medios de convicción con los que contaba para determinar la convivencia provisional que le fue solicitada. Así, en torno a las documentales allegadas por las partes, señaló que la más reciente databa del doce y catorce de enero de dos mil dieciocho; y que en términos de los artículos 1042 y 1043 del Código de la materia, le generaban valor indiciario para establecer en su conjunto ciertamente el descontrol emocional que en el momento en que fueron elaboradas presentaba Priscila Sánchez Correa, que la misma ha sido atendida psiquiátricamente y que en dicha data de igual forma era inconsistente e irregular con sus tratamientos al abandonar y descuidar las indicaciones y seguimientos correspondientes, lo probablemente le haya originado periodos o trastornos mentales de decaimiento; realizando una manifestación de cada uno de los elementos de prueba. Luego, también advirtió que había elementos para valorar y decidir en la escucha de menores llevada a cabo en ese juzgado, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, es decir, con antelación a la revisión de medidas cautelares, ya que refiere que las infantas externaron su necesidad y deseo de tener convivencia con su progenitora. De igual manera, tomó en consideración las comparecencias de fechas nueve y treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, verificadas por las partes del juicio de origen, de la que advirtió que la parte actora llevar a cabo la convivencia de las menores con su progenitora, sabedor del desajuste emocional que atribuye su contraparte; así como, los diversos comunicados remitidos por el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También, señaló como datos novedosos y recabados con posterioridad a la audiencia de revisión de medidas cautelares, que en concepto de la responsable, evidencian que no existe riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las infantes, la inspección judicial verificada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el inmueble de los abuelos maternos y las opiniones periciales del psicólogo adscrito al Departamento de Servicios Periciales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la diversa emitida por la psicóloga adscrita al Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco, de las cuales advirtió que no existe ningún padecimiento psicológico por parte de la progenitora que ponga en riesgo a las menores; y una constancia médica expedida donde se hace constar que la progenitora de las menores se encuentra en tratamiento psicoterapéutico desde el treinta y uno de mayo de dos mi dieciocho. Constancias a las cuales les confirió valor de pruebas, en términos de los numerales 1023, 1024, 1025, 1026, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, señalando que advertía una situación mental estable de la progenitora y sus menores hijas, sin que advierta riesgo alguno en la integridad física y psicológica de las infantes por el contacto y convivencia son su progenitora. III. Con lo anterior, la juez responsable concluyó que la medida cautelar debía resolverse favorable, ya que de la relatoría y análisis de probanzas no advirtió que exista riesgo inminente para la integridad física, psicológica o emocional de las menores de edad, y que la progenitora, actualmente presente padecimiento psicológico traducido en alteraciones de la conciencia o del pensamiento, o de un trastorno de la personalidad que ponga en los peligros anotados a las menores; por lo cual, considerando el interés superior de las menores para convivir con ambos progenitores, determinó fijar un régimen provisional de convivencias, realizando una modificación a las ya decretadas, entre las menores de edad y su progenitora y sus abuelos maternos, tomando en consideración la edad de las menores, los horarios de sus actividades escolares y extraescolares, condiciones y necesidades particulares, señalando días, horas y lugar para llevar a cabo esa convivencia provisional. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, lo que así realizó la parte quejosa y el represente especial de los menores. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Bajo ese contexto, es posible concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se ha cumplido con los lineamientos y obligaciones que fueron marcados en el fallo protector, por cuanto que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en acuerdo de acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte, dejó insubsistente la audiencia preliminar del tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte donde realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; y en su lugar, emitió otro en el cual, además de reseñar los medios de convicción ofrecidos por las partes, con los que contaba antes y después de la audiencia (pues en ese aspecto en el lineamiento marcado en el fallo protector, se le dio facultad para valorar aquellos elementos con los que contara hasta el momento en que debiera cumplir con esta sentencia, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA), realizó una valoración con la fundamentación y motivación que estimó procedentes y con base a ello determinó procedente la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron la progenitora y abuelos maternos de las menores quejosas, ponderando el interés superior de estas últimas y señalando además los motivos por los cuales estimó que no existe riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las menores al decretar esa convivencia. De donde se colige, que la juez responsable siguiendo los lineamientos marcados en la sentencia de amparo, se pronunció con la libertad de expresión que le fue reservada, sobre los particularidades que le fueron indicados (valoración de todas las pruebas para fundamentar y motivar sobre la integridad total de las menores y resolver con ello la convivencia provisional solicitada) y con ello, se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Manifestación de conformidad de la representante especial de los menores Del escrito presentado por la representante especial de los menores, se advierte que en su opinión, a través del acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil veinte año, dictado por la Juez responsable, quedó cumplida la sentencia de amparo dictada en este juicio, por considerar que se encuentra debidamente fundado y motivado, el nuevo régimen de convivencias decretado entre las menores y su progenitora y abuelos maternos; motivos por los cuales, no se hace un mayor pronunciamiento al respecto, por ser acorde con el sentido de la calificativa realizada por este órgano jurisdiccional en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo. Manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por el quejoso por sí y en cuanto representante de las menores, se advierte que estima que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, señalando que la responsable nuevamente no fundo y motivó la valoración de pruebas y su determinación; sin embargo, del contenido de su ocurso, se desprende que realiza una serie de manifestaciones en torno a la valoración de la pruebas que realizó la juez responsable, y la fundamentación y motivación que la misma realizó al decretar la convivencia provisional que se le solicitó como medida cautelar, considerando que con ello, se vulnera la esfera jurídica de sus menores hijas. Al respecto, dígasele que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar el cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar el acto emitido vía cumplimiento a la luz de lo resuelto en el fallo protector, donde la materia medular de la concesión del amparo, consistía en que la juez responsable -con plenitud de jurisdicción-, llevara a cabo una valoración de todas las pruebas que tuviera en autos, hasta antes de cumplir con la sentencia constitucional, para fundamentar y motivar sobre la integridad total de las menores y resolver en la convivencia provisional solicitada; lo que en la especie ya realizó la juez a través del acuerdo que ha sido analizado anteriormente. Por ende, al haberse dado lineamientos específicos sobre los cuales debía y pronunciarse la responsable y reservado su libertad de jurisdicción, no es posible analizar vía cumplimiento de la ejecutoria, la motivación o fundamentación que invocó para arribar a cada una de las determinaciones que tomó, luego de la valoración o calificación de pruebas que realizó, ya que de hacerlo se estaría inobservando el contenido del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias de amparo, sean cumplidas en totalidad, sin excesos o defectos y proceder de esa forma, conlleva a que se analice la legalidad o no de esas determinaciones, lo cual no fue materia de escrutinio constitucional en el presente asunto, pues ésta no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador la manifestación que realiza el quejoso en el sentido de que el juez no debió valorar pruebas que califica de supervinientes; al respecto, es oportuno señalar a la parte quejosa, que ese aspecto fue una obligación impuesta a la responsable en los lineamientos de la sentencia de amparo, ya que se le ordenó lo siguiente: "Ponderar cada uno de los medios de convicción que hasta el momento en que deba cumplir con esta sentencia obraren en autos, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA, y en base a ello determinar si procede o no conceder la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron."; de lo cual, se colige que no existía impedimento para que la juez responsable, pudiera valorar o considerar elementos nuevos que tuviera en autos, en el momento en que debió cumplir con el fallo protector y por tanto, con esa actuación no estamos en presencia de un exceso al cumplir con la ejecutoria, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 200787 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 20/95 Página: 177 "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." Oficio de cuenta En torno al oficio de cuenta que suscribe la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, por el cual, solicita que se le informe si con su actuación se tuvo o no cumplida la sentencia de amparo; dígasele que deberá de estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, donde se llevó a cabo el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA REYNALDA CORREA MARTÍNEZ Y PRISCILA SÁNCHEZ CORREA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó la parte quejosa y el representante especial de los menores. En mérito de lo anterior, se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el nueve de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a PASTOR DE JESÚS SOTO, por su propio derecho, y en cuanto representante de sus menores hijas ÁNGELES, LUZ MARÍA y PRISCILA todas de apellidos DE JESÚS SÁNCHEZ, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de Morelia, Michoacán, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la audiencia preliminar del tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte donde realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; b) En su lugar emita otro, que puede ser en el mismo sentido o diverso al reclamado, pero purgando la falta de fundamentación y motivación que se hace patente, para lo cual deberá: Ponderar cada uno de los medios de convicción que hasta el momento en que deba cumplir con esta sentencia obraren en autos, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA, y en base a ello determinar si procede o no conceder la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron la progenitora y abuelos maternos de las menores quejosas, observando siempre lo relativo al interés superior de estas últimas y fundando y motivando, en base a la valoración de dichos medios de convicción, si existe o no riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las menores." Trámites para cumplir con el fallo protector Mediante proveído de diez de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector. Por oficio presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, acompañó inserto el contenido del acuerdo de catorce de ese mismo mes y año, dictado sobre las medidas cautelares de convivencia provisional, derivadas del juicio oral familiar número 166/2018 y acumulados; acuerdo del cual, se desprende que a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, se realizó lo siguiente: I. Se dejó insubsistente la audiencia preliminar de tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte en la cual se realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; señalando que se formalizaba la insubsistencia, virtud a que, al concederse a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, para que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban antes de la audiencia preliminar y para que se continuara con el régimen de convivencias que se tenía hasta antes de la referida audiencia. II. En la materia medular de la concesión, procedió a realizar una reseña de los antecedentes del asunto de origen; luego, enumeró los medios de convicción con los que contaba para determinar la convivencia provisional que le fue solicitada. Así, en torno a las documentales allegadas por las partes, señaló que la más reciente databa del doce y catorce de enero de dos mil dieciocho; y que en términos de los artículos 1042 y 1043 del Código de la materia, le generaban valor indiciario para establecer en su conjunto ciertamente el descontrol emocional que en el momento en que fueron elaboradas presentaba Priscila Sánchez Correa, que la misma ha sido atendida psiquiátricamente y que en dicha data de igual forma era inconsistente e irregular con sus tratamientos al abandonar y descuidar las indicaciones y seguimientos correspondientes, lo probablemente le haya originado periodos o trastornos mentales de decaimiento; realizando una manifestación de cada uno de los elementos de prueba. Luego, también advirtió que había elementos para valorar y decidir en la escucha de menores llevada a cabo en ese juzgado, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, es decir, con antelación a la revisión de medidas cautelares, ya que refiere que las infantas externaron su necesidad y deseo de tener convivencia con su progenitora. De igual manera, tomó en consideración las comparecencias de fechas nueve y treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, verificadas por las partes del juicio de origen, de la que advirtió que la parte actora llevar a cabo la convivencia de las menores con su progenitora, sabedor del desajuste emocional que atribuye su contraparte; así como, los diversos comunicados remitidos por el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También, señaló como datos novedosos y recabados con posterioridad a la audiencia de revisión de medidas cautelares, que en concepto de la responsable, evidencian que no existe riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las infantes, la inspección judicial verificada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el inmueble de los abuelos maternos y las opiniones periciales del psicólogo adscrito al Departamento de Servicios Periciales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la diversa emitida por la psicóloga adscrita al Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco, de las cuales advirtió que no existe ningún padecimiento psicológico por parte de la progenitora que ponga en riesgo a las menores; y una constancia médica expedida donde se hace constar que la progenitora de las menores se encuentra en tratamiento psicoterapéutico desde el treinta y uno de mayo de dos mi dieciocho. Constancias a las cuales les confirió valor de pruebas, en términos de los numerales 1023, 1024, 1025, 1026, 1042 y 1043 del Código Familiar del Estado, señalando que advertía una situación mental estable de la progenitora y sus menores hijas, sin que advierta riesgo alguno en la integridad física y psicológica de las infantes por el contacto y convivencia son su progenitora. III. Con lo anterior, la juez responsable concluyó que la medida cautelar debía resolverse favorable, ya que de la relatoría y análisis de probanzas no advirtió que exista riesgo inminente para la integridad física, psicológica o emocional de las menores de edad, y que la progenitora, actualmente presente padecimiento psicológico traducido en alteraciones de la conciencia o del pensamiento, o de un trastorno de la personalidad que ponga en los peligros anotados a las menores; por lo cual, considerando el interés superior de las menores para convivir con ambos progenitores, determinó fijar un régimen provisional de convivencias, realizando una modificación a las ya decretadas, entre las menores de edad y su progenitora y sus abuelos maternos, tomando en consideración la edad de las menores, los horarios de sus actividades escolares y extraescolares, condiciones y necesidades particulares, señalando días, horas y lugar para llevar a cabo esa convivencia provisional. Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, lo que así realizó la parte quejosa y el represente especial de los menores. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Bajo ese contexto, es posible concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que se ha cumplido con los lineamientos y obligaciones que fueron marcados en el fallo protector, por cuanto que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en acuerdo de acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte, dejó insubsistente la audiencia preliminar del tres de abril de dos mil diecinueve, sólo en la parte donde realizó la revisión de las medidas cautelares, específicamente en cuanto a la convivencia provisional; y en su lugar, emitió otro en el cual, además de reseñar los medios de convicción ofrecidos por las partes, con los que contaba antes y después de la audiencia (pues en ese aspecto en el lineamiento marcado en el fallo protector, se le dio facultad para valorar aquellos elementos con los que contara hasta el momento en que debiera cumplir con esta sentencia, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA), realizó una valoración con la fundamentación y motivación que estimó procedentes y con base a ello determinó procedente la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron la progenitora y abuelos maternos de las menores quejosas, ponderando el interés superior de estas últimas y señalando además los motivos por los cuales estimó que no existe riesgo alguno en la integridad tanto física como psicológica de las menores al decretar esa convivencia. De donde se colige, que la juez responsable siguiendo los lineamientos marcados en la sentencia de amparo, se pronunció con la libertad de expresión que le fue reservada, sobre los particularidades que le fueron indicados (valoración de todas las pruebas para fundamentar y motivar sobre la integridad total de las menores y resolver con ello la convivencia provisional solicitada) y con ello, se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Manifestación de conformidad de la representante especial de los menores Del escrito presentado por la representante especial de los menores, se advierte que en su opinión, a través del acuerdo de fecha catorce de febrero de dos mil veinte año, dictado por la Juez responsable, quedó cumplida la sentencia de amparo dictada en este juicio, por considerar que se encuentra debidamente fundado y motivado, el nuevo régimen de convivencias decretado entre las menores y su progenitora y abuelos maternos; motivos por los cuales, no se hace un mayor pronunciamiento al respecto, por ser acorde con el sentido de la calificativa realizada por este órgano jurisdiccional en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo. Manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, en torno al escrito presentado por el quejoso por sí y en cuanto representante de las menores, se advierte que estima que no se encuentra cumplida la sentencia de amparo, señalando que la responsable nuevamente no fundo y motivó la valoración de pruebas y su determinación; sin embargo, del contenido de su ocurso, se desprende que realiza una serie de manifestaciones en torno a la valoración de la pruebas que realizó la juez responsable, y la fundamentación y motivación que la misma realizó al decretar la convivencia provisional que se le solicitó como medida cautelar, considerando que con ello, se vulnera la esfera jurídica de sus menores hijas. Al respecto, dígasele que este órgano jurisdiccional cuenta con el imperativo constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales, en especial, tratándose de asuntos donde se relacionen a menores, por lo que al momento de dictar la sentencia en el presente asunto, se consideró ese aspecto, y por tanto, al declarar el cumplimiento de la sentencia de amparo en los términos que fueron precisados con antelación, el suscrito juzgador se constriñó a analizar el acto emitido vía cumplimiento a la luz de lo resuelto en el fallo protector, donde la materia medular de la concesión del amparo, consistía en que la juez responsable -con plenitud de jurisdicción-, llevara a cabo una valoración de todas las pruebas que tuviera en autos, hasta antes de cumplir con la sentencia constitucional, para fundamentar y motivar sobre la integridad total de las menores y resolver en la convivencia provisional solicitada; lo que en la especie ya realizó la juez a través del acuerdo que ha sido analizado anteriormente. Por ende, al haberse dado lineamientos específicos sobre los cuales debía y pronunciarse la responsable y reservado su libertad de jurisdicción, no es posible analizar vía cumplimiento de la ejecutoria, la motivación o fundamentación que invocó para arribar a cada una de las determinaciones que tomó, luego de la valoración o calificación de pruebas que realizó, ya que de hacerlo se estaría inobservando el contenido del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias de amparo, sean cumplidas en totalidad, sin excesos o defectos y proceder de esa forma, conlleva a que se analice la legalidad o no de esas determinaciones, lo cual no fue materia de escrutinio constitucional en el presente asunto, pues ésta no forma parte del núcleo esencial de la violación por la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador la manifestación que realiza el quejoso en el sentido de que el juez no debió valorar pruebas que califica de supervinientes; al respecto, es oportuno señalar a la parte quejosa, que ese aspecto fue una obligación impuesta a la responsable en los lineamientos de la sentencia de amparo, ya que se le ordenó lo siguiente: "Ponderar cada uno de los medios de convicción que hasta el momento en que deba cumplir con esta sentencia obraren en autos, siempre y cuando sean conducentes para valorar aun de manera indiciaria, la condición o salud psicológica o mental de PRISCILA SÁNCHEZ CORREA, y en base a ello determinar si procede o no conceder la convivencia provisional en la forma en la cual lo solicitaron."; de lo cual, se colige que no existía impedimento para que la juez responsable, pudiera valorar o considerar elementos nuevos que tuviera en autos, en el momento en que debió cumplir con el fallo protector y por tanto, con esa actuación no estamos en presencia de un exceso al cumplir con la ejecutoria, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 200787 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 20/95 Página: 177 "REPETICION DE ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO EL AMPARO SE OTORGO POR INDEBIDA FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, Y LA RESPONSABLE, CON LIBERTAD DE JURISDICCION, DICTA LA NUEVA RESOLUCION EN EL MISMO SENTIDO, PERO CON DIFERENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Si en la ejecutoria de garantías, que deja plena jurisdicción a la responsable, se concedió el amparo por indebida fundamentación y motivación, resulta infundada la inconformidad que se promueva dentro del incidente de repetición del acto reclamado, cuando la responsable dictó la nueva resolución en el mismo sentido, pero con diferentes fundamentos y motivaciones, puesto que éstos no fueron objeto de examen en la ejecutoria." Oficio de cuenta En torno al oficio de cuenta que suscribe la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, por el cual, solicita que se le informe si con su actuación se tuvo o no cumplida la sentencia de amparo; dígasele que deberá de estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, donde se llevó a cabo el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe

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