Pascuala Rosas Aquino

Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
895/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Pascuala Rosas Aquino

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. ARCHÍVESE ESTE JUICIO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Pascuala Rosas Aquino, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. REGISTRO. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 895/2022-II-B. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. DESECHAMIENTO. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Acorde a lo expuesto, a criterio de este juzgador, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso c), VII, de la Constitución; y 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de laguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. De la interpretación sistemática de los aludidos preceptos, se desprende que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracciones III, inciso c) y VII, de la constitución; y, el diverso ordinal 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se desprende que el amparo indirecto es improcedente cuando el promovente del juicio no tiene la calidad de persona extraña a juicio, es decir, cuando se reclamen actos u omisiones en o dentro de juicio ante los tribunales judiciales, el amparo sólo procederá cuando afecten a personas extrañas al mismo; esto quiere decir, en un sentido contrario, que si no se tiene el carácter de persona extraña al juicio natural, el amparo indirecto es improcedente. En ese orden, para resolver sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario determinar qué es una persona extraña a juicio para efectos del amparo; sin que sea óbice a lo expuesto, el hecho de que la parte quejosa se ostente como tal; toda vez que, es el juzgador constitucional quien debe atender si es persona extraña a juicio y, luego, determinar el supuesto en que se ubique, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. Al respecto, para efectos del juicio de amparo, la persona extraña en estricto sentido se identifica como la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 331, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Por otra parte, la persona extraña por equiparación, se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, misma que establece: TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. De lo antes expuesto, se advierte que carece del carácter de persona extraña a juicio para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante de que tiene la oportunidad de ser oída en su defensa e imponerse de las actuaciones relativas para defenderse al no haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural; esto, porque ese estado procesal aún le permite al interesado preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, lo que evidencia que en esas circunstancias no prevalece el carácter de persona extraña a juicio. Lo anterior es así, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio que lo afecta en sus derechos, posesiones o propiedades, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que si no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio natural, no puede ostentar el carácter de persona extraña a juicio. Lo expuesto encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno del Más Alto Tribunal del País que dice: EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal. Énfasis añadido. De igual manera, carece del carácter de persona extraña a juicio cuando por cualquier circunstancia compareció al juicio natural o tuvo conocimiento del mismo; esto porque la comparecencia o conocimiento del juicio antes del dictado de la sentencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio, en otras palabras, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 39/2001, que establece: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Énfasis añadido. ESTUDIO DE LA DEMANDA Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo se llega al conocimiento de que la parte quejosa destacó como acto reclamado la resolución de trece de octubre de dos mil veintidós, emitida en los autos del expediente laboral 212/VII/2011-XI, del índice de la Junta responsable, mediante la cual se le requiere a efecto de entregar toda la documentación relacionada con los inmuebles de su propiedad derivado del remate efectuado en dicho expediente, aduciendo desconocer el expediente del cual deriva tal determinación, ya que manifiesta no fue oída ni vencida en ese asunto. Ahora bien, de la certificación de esta propia fecha, se advierte que con el número 1004/2019 del índice de este Juzgado de Distrito, se tramitó la demanda de amparo promovida por Pascuala Rosas Aquino, contra actos de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por virtud de las actuaciones derivada de la fase de remate dentro del expediente laboral 212/2011 del índice a cargo de la responsable, alegando la infracción a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Expediente en el que mediante sentencia de trece de octubre de dos mil veinte, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual fue confirmada por el Tribunal Colegiado que le correspondió conocer de dicho asunto. Lo expuesto es suficiente para desvirtuar la calidad de persona extraña al juicio [en estricto sentido] con que comparece a este órgano constitucional la promovente, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento antes del dictado de la sentencia correspondiente. Ello es así, ya que la quejosa tuvo conocimiento del procedimiento laboral del que se duele, por lo menos desde el veintiuno de enero de dos mil veinte, fecha en que se le notificó la vista concedida con el informe justificado rendido por la autoridad laboral responsable, dentro del expediente 1004/2019 del propio índice, ya que desde ese momento, estuvo en condiciones adquirir pleno conocimiento de las actuaciones del expediente laboral del que deriva el acto que ahora combate, tanto así que, en once de febrero de ese anualidad, solicitó la ampliación de la demanda de amparo, por diversas actuaciones, con lo cual es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento. Entonces, si como se precisó, la impetrante tuvo conocimiento de la existencia del expediente laboral de origen, estuvo en aptitud de integrarse a la relación jurídico procesal; por lo que es evidente que a partir de ese momento quedó en aptitud de acudir al juicio de amparo, en reclamo de la determinación de la junta responsable en requerirle a efecto de que hiciera entrega de toda la documentación relacionada con los inmuebles de su propiedad derivado del remate efectuado en dicho expediente, por lo que, al no hacerlo así consintió tácitamente el acto reclamado y sus efectos. Por tanto, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de que se trata. DOMICILIO PROCESAL. En virtud de que el promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, realícensele aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley en cita, sin perjuicio que con posterioridad señale uno nuevo para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro siguiente: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. SE AUTORIZA USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS Y COPIAS. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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