Pascuala Martínez Luna
Expediente 382/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Pascuala Martínez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El siete de agosto de dos mil quince, el licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el quince de julio del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente dentro del juicio de garantías en que se actúa, sin que se haya notificado la misma a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y se acuerda lo siguiente: Ahora bien, y toda vez que es necesario notificar la resolución de quince de julio de dos mil quince, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, promovido por ********************; así pues, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase copia debidamente certificada de la resolución en comento a dicha autoridad para su conocimiento y fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 382/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas PASCUALA MARTÍNEZ LUNA solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables: Delegado del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y; Subdelegado de Prestaciones (Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene) con sede en esta ciudad. Acto Reclamado: La negativa por omisión o error administrativo a la incorporación al concepto 74 correspondiente al seguro de vida institucional y la aplicación de leyes y reglamentos internos en forma retroactiva en su perjuicio. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil quince ordenó la admisión de la demanda. En acuerdo de diecinueve de mayo del año en cita, se tuvo por ampliando la demanda a la quejosa respecto de diversa autoridad; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la nueva Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos emitidos por autoridades responsables en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La negativa por error u omisión a la incorporación al Concepto 74, correspondiente al Seguro de Vida Institucional. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Inexistencia. El Delegado en el Estado de Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir su informe con justificación, negó expresamente la existencia del acto reclamado consistente en la negativa por error u omisión a la incorporación al Concepto 74, correspondiente al Seguro de Vida Institucional y agregó que la autoridad señalada como responsable remitió el escrito de petición el once de octubre de dos mil catorce al área competente de esa Delegación. Lo anterior, sin que la promovente del amparo hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar la citada negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado de que se trata, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del mismo, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza: Por su parte, la Subdelegada de Prestaciones y Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reconoció la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./0732/2015 y anexos, suscrito por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dirigido a la encargada de la Unidad Jurídica de dicha institución, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor. El artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la nueva Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, la parte quejosa señaló como acto reclamado, la negativa por error u omisión a la incorporación al Concepto 74 correspondiente al Seguro de Vida Institucional, promovido por la aquí quejosa; aduciendo que solamente se le hizo el primer descuento por ese concepto, luego el ISSSTE se negó a aplicarle el citado concepto, transgrediendo así las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Ahora bien, al escrito de cuenta que suscribe la apoderada legal y encargada de la Unidad Jurídica, en representación de la Subdelegada de Prestaciones y Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Zacatecas del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, adjuntó a su informe justificado oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./0732/2015, suscrito por la Subdelegada de Prestaciones del citado organismo público por el cual le comunica que mediante oficio DEZ/SP/DPSH/0728/2015, solicitó al Departamento de Control y Actualización de Movimientos de la Subdirección de Pensiones con sede en la ciudad de México, la reincorporación al seguro de vida institucional de la pensionada PASCUALA MARTÍNEZ LUNA, para efecto del cese de los actos reclamados. En diverso escrito presentado el ocho de julio del año en curso, la apoderada legal y encargada del área jurídica de la Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, hizo del conocimiento a este Juzgado el cese de los efectos de los actos reclamados, en razón a que a partir del mes de julio de dos mil quince se aplicó a la quejosa el descuento por el Concepto 112 correspondiente al Seguro de Vida Institucional. Agregó para ese efecto, el oficio D.E.Z./D.P.S.H./0867/2015, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del citado organismo público, dirigido a la citada responsable, por el cual le informa que le remite el diverso oficio SP/02/02912/2015, recibido el tres de julio del año en curso, en el cual consta la activación del seguro de vida institucional (Concepto 112) de PASCUALA MARTINEZ LUNA, en la nómina de julio del propio año; lo que se corrobora del contenido del mencionado oficio, del que se desprende: "En atención a su oficio No. D.E.Z../S.P.S.H./0728/2015, mediante el cual solicita el alta del Concepto de Seguro de Vida Institucional de la pensionada Pascuala Martínez Luna"...me permito informarle que la aplicación del descuento del Concepto 112 correspondiente al Seguro de Vida Institucional se programó para la nómina del mes de julio del presente año. Así mismo, le comento que dicha aplicación generó un descuento retroactivo de las primas no retenidas al momento de su petición". Así las cosas, las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que la negativa de incorporación a la quejosa -que constituye la razón de la interposición del juicio de garantías que ahora nos ocupa- por parte de la responsable al Concepto 112, relativo al Seguro de Vida Institucional ha sido subsanada. Incluso, mediante la nómina histórica que el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del citado organismo anexó al oficio D.E.Z./S.P./D.P.S.H./0732/2015, se advierte que en la columna relativa al mes de julio del presente año, aparece la deducción relativa al Concepto 112; por tanto, al haberse ejecutado la omisión reclamada por la quejosa, es inconcuso que ello se traduce en que la impetrante de garantías fue restituida en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Motivo por el cual con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Sirven de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. " "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal ." Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el contenido de la tesis del rubro "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN"; la cual contendió en la contradicción 219/2006-SS resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las tesis 2ª./J.44/2007 y 2ª./J.45/2007, en virtud de que en el presente caso el acto reclamado únicamente se hizo consistir en el acuerdo de seis de mayo de dos mil catorce, en el cual se señalaron los días diecisiete y dieciocho de agosto del presente año, para el perfeccionamiento de diversas pruebas, dictado dentro del juicio laboral 623/2013, promovido por la aquí quejosa; aduciendo que el término para señalar la fecha para la celebración de la audiencia de referencia, era excesivo, por lo que no se cumplía con los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, transgrediendo así las garantías contenidas en el artículo 17 Constitucional; de las cuales el oferente se desistió dieciocho de junio del presente año; por lo que se estima al caso concreto aplicar la tesis del rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En virtud, de que la citada tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2ª./J.45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 124, de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, promovido por PASCUALA MARTÍNEZ LUNA, contra los actos reclamados a la Subdelegada de Prestaciones (Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene) de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Delegado del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario de Juzgado quien autoriza y da fe, hoy quince de julio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.
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Zacatecas, Zacatecas, nueve de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la representante de la Subdelegación de Prestaciones y Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de autoridad responsable y con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando alegatos, y por ofrecida como prueba la documental que acompaña, consistente en el oficio SP/02/02912/2015; con todo lo cual se ordena dar nueva cuenta en la etapa correspondiente, dentro de la audiencia constitucional que al efecto se celebre en el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Jenni (
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Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil quince Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa Pascuala Martínez Luna, por medio del cual se le tiene formulado alegatos de su parte, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia que en el presente juicio se celebre, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de junio dos mil quince, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Apoderada Legal y Encargada de la Unidad Jurídica actuando en representación de la autoridad señalada como responsable, Subdelegada de Prestaciones y Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación de Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado . En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
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