Pascuala Macías Sánchez

Expediente 508/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
508/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Pascuala Macías Sánchez
  • Juez Noveno Civil de Partido En León, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede y como de ella se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo y no se recurrió el proveído de veintiocho de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo por la que se formó este expediente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ese acuerdo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, respecto al periodo de su vigencia, indíquesele a la aludida parte que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho en términos del artículo 43, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Rodríguez Montiel, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Se hace efectivo apercibimiento y se tiene por no presentado escrito. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la impetrante por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, para que compareciera ante este juzgado a ratificar la firma del escrito presentado el uno de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, y turnado al día siguiente, con el que pretendió dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en el proveído de veinticinco de junio del año en curso; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento formulado, y en consecuencia, se tiene por no presentado el libelo a que se alude. Se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, atendiendo a lo anterior, así como a las certificaciones de cuenta, se desprende que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención realizada en auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, transcurrió sin que se hubiese realizado. Consecuentemente, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y por consiguiente se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/921/2021, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa asistido del licenciado José de Jesús Rodríguez Montiel, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 06 DE JULIO DE 2021, QUE REZA: Quejosa pretende desahogar prevención. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta presutivamente signado - - , a través del cual pretende cumplir con el requerimiento de veinticinco de junio del año en curso; sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte que la firma que lo calza, es notoriamente distinta a la que obra en el escrito de demanda, tal como se evidencia de las imágenes relativas a las firmas de la promovente que obran en las citadas constancias: 1. Escrito de demanda. 2. Escrito de desahogo al requerimiento. En consecuencia, antes de proveer respecto a la procedibilidad del escrito de cuenta, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada con documento oficial y vigente en el cual conste su nombre completo para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si el escrito con el que se da cuenta fue signado de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma que lo calza, son notoriamente distintos a los plasmados en el ocurso de demanda. En el entendido que de reconocer como suyo el grafismo que obra en dicho escrito y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae el ocurso de cuenta, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir a la promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue la propia quejosa, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito de demanda. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, podría hacerse acreedora a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por la quejosa, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta y se dará vista al Agente Ministerio Público de la Federación adscrito para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." Se apercibe a la ocursante que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado el escrito de referencia, con las consecuencias legales que ello implique. Finalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese al quejoso que para la referida ratificación, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y atendiendo a los días que tiene para desahogar el requerimiento.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE JUNIO DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: León, Guanajuato, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 508/2021-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracción II, así como 108, fracciones I, III, IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, y sin presentar una nueva demanda de amparo, cumpla con lo siguiente: 1) Aclarare quién es la parte quejosa en esta instancia constitucional. Lo anterior, toda vez que de la revisión realizada al escrito de mérito, se advierte que en el apartado correspondiente al nombre y domicilio del quejoso, refiere que es Pascuala Macías Sánchez, asimismo, en el apartado correspondiente de "ANTECEDENTES", manifestó que es parte demandada en el juicio 711/2017-C, del índice del Juzgado Noveno Civil de Partido de esta ciudad; sin embargo, en el apartado de "CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", se advierte que refiere lo siguiente: ".Se notificó por lista a la parte que represento, el día 09 de junio de 2021." (Lo resaltado es propio). De lo antepuesto, se infiere que no hay certidumbre en el sentido de establecer si la promovente insta esta acción de amparo por propio derecho, o bien, si actúa en representación de diversa persona, puesto que por una parte en el ocurso constitucional se establece que Pascuala Macías Sánchez, es a quien le recae el carácter de quejosa, sin embargo, dicha manifestación se contrapone con lo aducido con posterioridad, en el sentido de que el acto reclamado le fue notificada a su representada, de ahí que con dicha manifestación existen posibilidades de que esté actuando por diversa persona. En ese contexto, deberá precisar de manera puntual el nombre de la persona que acude materialmente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, puesto que se insiste, en el apartado del nombre y domicilio del quejoso, se señala que acude Pascuala Macías Sánchez, sin especificar que lo haga en representación de alguien más, mientras que en el apartado de "CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", aduce que el acto reclamado le fue notificado a la parte que representa el nueve de junio de dos mil veintiuno. 2) En caso de actuar en favor de diversa persona, deberá exhibir documento con el que acredite de manera fehaciente tener la personalidad con la que se ostenta en la demanda de amparo. Toda vez que fue omisa en acompañar documento alguno para acreditar el carácter con el cual comparece. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primero y Tercer Circuitos, respectivamente, y Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". 3) Relate de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, esto es, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto impugnado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente, ya que constituyen un requisito legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo no puede ser omitido, pues además de tener como objetivo responsabilizar al particular, en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo, su omisión puede tener como consecuencia que el juzgador tenga por no interpuesta la demanda. Lo anterior es así, toda vez que del análisis que este órgano jurisdiccional hizo del libelo constitucional, si bien es cierto, refiere algunos antecedentes, también lo es que los mismos fueron narrados sin la protesta de decir verdad, máxime que los pocos que narró se estiman insuficientes, ya que de los mismos se inadvierte la ubicación del bien inmueble que pretende defender en el presente juicio de amparo, así como lo acontecido en la audiencia de remate que señala como acto reclamado y los actos posteriores a ello; de ahí que, se estima necesario que narre la totalidad antecedentes del acto reclamado bajo la expresión correspondiente. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el libelo constitucional existe la expresión final "PROTESTO LO NECESARIO", toda vez que la frase "bajo protesta de decir verdad", constituye un requisito legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo no puede ser omitida, ya que además de tener como objetivo responsabilizar al particular, en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la narración de los hechos que apoyan la demanda de amparo, su omisión puede tener como consecuencia que el juzgador tenga por no interpuesta la demanda, en caso de que el quejoso no satisfaga ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". 4) Manifieste si es su deseo señalar como autoridades responsables al Actuario adscrito al Juzgado Noveno Civil de Partido de esta ciudad y a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que la promovente señaló en el escrito de demanda a la Dirección de Actuarios de esta ciudad; empero, dicha Dirección tiene a cargo facultades meramente administrativas, sin que a ésta le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano jurisdiccional, de ahí que la calidad de autoridad responsable ejecutora no le corresponde a dicha autoridad, pues no materializa el acto judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J.88/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 06 de diciembre de 2019, con número de registro 2021189, de rubro y texto siguiente: "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial." Asimismo, toda vez que de la demanda de amparo también se advierte que en el único concepto de violación que esgrime la parte quejosa hace referencia a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital; sin embargo la misma no fue señalada como autoridad responsable, de ahí que deberá precisar si la señala o no como tal. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.30/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 250, junio de 1996, tomo III, con número de registro digital 200588. "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." 5) En caso de manifestar que señala a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, como autoridad responsable, deberá indicar el acto que le reclama. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por la promovente, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Se hace saber a la parte promovente de los delitos en los cuales incurre en caso de afirmar hechos falsos u omitir aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si la parte quejosa incurre en falsedad, lo hace acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la impetrante es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. De igual manera, deberá exhibir el suficiente número de copias del escrito aclaratorio, en términos del numeral 110 de la Ley de Amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Bajo apercibimiento que de ser omisa en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, en términos del segundo párrafo de la fracción V del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Juan Antonio Hernández Lozano y Sergio Palacios Hernández, por contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Juan Antonio Hernández Zárate, Marco Antonio Hernández Lozano, Christian Antonio Hernández Lozano y José de Jesús Calvillo Yáñez, por no contar con dicho registro. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del pleno del consejo de la judicatura federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las notificaciones personales que se realicen en el presente juicio de amparo deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VI. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer, deberán gestionar su cita. VIII. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias de manera electrónica que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Por otra parte, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2021, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José de Jesús Rodríguez Montiel, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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