Pascual Trujillo López
Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pascual Trujillo López
- Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Cuarto de Distrito En el Estado de Morelos.
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otra parte, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 18, fracción I, inciso a) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; en concordancia con el capítulo 7, apartado 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Feral, por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias, debiendo certificarse una vez que se cuente con los medios electrónicos. Por otro lado, se hace la precisión que al haberse decretado la suspensión de plano en el presente asunto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitida en la sentencia; en ese tenor, el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Depurable y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial de cuenta, en la que la fedataria judicial adscrita hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa, la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, por las razones que expone. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, instrúyase a la actuaria de la adscripción para que proceda a practicar la notificación a la parte quejosa, de la resolución señalada con anterioridad, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********, por propio derecho, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable que quedó precisada, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 401/2020, y R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiséis de marzo del dos mil veinte, por conducto del Secretario de guardia adscrito a este Juzgado, se recibió la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho; en ella, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por estimar transgredidos los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4º, 18 y 22 constitucionales, por los actos de las siguientes autoridades: "[.] I.2.- AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECTOR DEL CERESO MORELOS.". De quien reclamó: "II.- ACTO RECLAMADO: La incomunicación, segregación, malos tratos, aislamiento y tortura que estoy sufriendo dentro del CERESO MORELOS, por presentar síntomas de COVID 19 y que me ponen en inminente riesgo de muerte. y; La falta de atención médica especializada por un área médica para poder ser tratado de los síntomas de COVID 19 que estoy presentando dentro del lugar de mi reclusión, por ponerme en inminente riesgo de muerte". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se ordenó solicitar a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en dicho proveído se proveyó lo relativo a la suspensión de plano respecto de los actos que el quejoso hizo consistir en incomunicación, segregación, malos tratos, aislamiento y tortura, asimismo, para que se le brindara la atención médica especializada necesaria, incluyendo la hospitalaria. Por otro lado, cabe precisar que dada la naturaleza de los actos reclamados no se advirtió la existencia de persona alguna que le asistiera el carácter de tercero interesado. TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de grado, materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracción I y IV, de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, pues se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, con efectos de ejecución en el ámbito territorial de competencia asignado a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos reclamados, lo que implica analizar no solo el apartado identificado con ese nombre dentro de la demanda, sino la totalidad de ésta, así como sus anexos; lo anterior, con sustento en la Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", así como la diversa tesis P.VI/2004, del propio órgano colegiado, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por lo expuesto, de un análisis integral de la demanda de amparo, y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se precisan como actos reclamados los siguientes: La incomunicación, segregación, malos tratos, aislamiento y tortura sufridos en el Centro Estatal de reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya, Morelos. La falta de atención médica especializada por presentar síntomas de COVID-19. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, y por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En ese sentido, se tiene que al rendir informe justificado la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social "Morelos", negó categóricamente la existencia de los actos que la parte quejosa hizo consistir en incomunicación, segregación, malos tratos, aislamiento y tortura sufridos en el Centro Estatal de reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya, Morelos. En tal virtud, al haberse negado los eventos controvertidos, corresponde a la parte quejosa desvirtuar esa manifestación, por lo que debe, por un lado, acreditar su existencia, y por otro, su inconstitucionalidad. Así, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, no se advierte prueba alguna que acredite que el quejoso estaba siendo objeto de dichos actos; en consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Incluso en la diligencia de veintisiete de mayo de dos mil veinte, ante la fedataria de este juzgado federal, se tuvo al quejoso manifestando que la demanda únicamente había promovido para que le proporcionaran atención médica, con lo que se corrobora lo considerado en párrafos anteriores por cuanto a la inexistencia de los actos. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social "Morelos", si bien negó la existencia del diverso acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada por presentar síntomas de COVID-19, lo cierto es que realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia. En ese sentido, debe tenerse por cierto el acto reclamado. Cobra aplicación en el caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, la certeza del acto se robustece con las constancias que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe de ley, relativas a la atención médica que fue proporcionada al quejoso; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, al no existir prueba en contrario, resulta cierto el acto reclamado. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del asunto, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de registro electrónico 394770, consultable en la página 553, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Atento a lo anterior, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la autoridad no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Bajo ese contexto, como se adelantó en líneas que anteceden, a juicio de quien esto resuelve se estima que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada por presentar síntomas de COVID-19. Lo que quedó debidamente demostrado con las siguientes constancias: Certificado médico de veintisiete de mayo de dos mil veinte, en el que se diagnosticó síndrome de intestino irritable más sintomático respiratorio. Asimismo, se determinó trasferir al aquí quejoso al Hospital José G. Parres, para que se le realizara estudios paraclínicos y manejo hospitalario. Nota médica de cuatro de junio de dos mil veinte, en el que se diagnosticó síndrome de intestino irritable más sintomático respiratorio (mejoría clínica). Asimismo, se indicó que el quejoso debía continuar con nebulizaciones c/24 por cinco días más y paracetamol tabs. 500mg. Certificado médico de seis de junio de dos mil veinte, en el que se diagnosticó dolor osteomuscular. Asimismo, se le recetó diclofenaco tabletas de 100mg, tomar una cada 12horas por 10 días y ketorolaco tabletas de 10 mg, tomar una cada 8 horas por 7 días. Ahora, es de destacarse que obra en autos el oficio signado por la Encargada de Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", mediante el cual hizo del conocimiento que con fecha veintisiete de mayo del año en curso, se trasladó al aquí quejoso al hospital Dr, José G. Parres de Cuernavaca, pese a que éste no quería que fuera trasladado. Asimismo, que al llegar al lugar siendo aproximadamente las trece horas con veinte minutos, el impetrante se negó a bajar de la ambulancia, sin embargo, acudió la médico *********quien valoró signos vitales e hizo entrega de la nota médica, que el interno se negó a firmar. Oficio al que se anexó: Parte informativo signado por el Supervisor de Sentenciados del Primer Grupo Operativo del CERESO "Morelos". Nota médica expedida por el hospital Dr, José G. Parres de Cuernavaca, en el que se diagnosticó infección respiratoria aguda más sospecha de COVID-19. Constancias que al ser analizadas en su conjunto permiten conocer que al aquí quejoso se le brindó la atención médica necesaria y adecuada para atender sus padecimientos respiratorios y sospecha de COVID-19. Lo que genera convicción de que la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, han hecho lo posible para mantener la salud de aquí quejoso, brindándole el tratamiento médico ante la sospecha de COVID-19, derivado de los padecimientos respiratorios, lo que hace evidente que la omisión reclama de proporcionar la atención médica especializada, han cesado sus efectos. Además, es importante destacar que, mediante oficio ************de seis de junio de dos mil veinte, el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones en el Estado de Morelos, adscrito al Primer Distrito Judicial (Daniel Adán Rodríguez Apac), requirió al Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", para que trasladaran al quejoso a diverso centro penitenciario, lo que originó que éste haya sido transferido a la Cárcel Distrital de Jojutla, Morelos, lugar en donde también fue valorado y del certificado médico que fue expedido con fecha diecisiete de junio de dos mil veinte, es de advertirse que no presentó ningún síntoma de sospecha de COVID-19 y se reportó clínicamente sano. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esta autoridad se encuentra imposibilitada jurídicamente para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación planteados; por tanto, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la citada legislación, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2014, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, en los artículos 61, 62, 63 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***********, por propio derecho, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable que quedó precisada, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente.
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