Pascual Sanchez Cervantes
Expediente 1015/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Pascual Sanchez Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso; atento a lo anterior, expídase a su costa copia certificada de la ejecutoria que refiere, autorizando para recibirlas a las personas que menciona, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. Respecto a las facultades que le confiere en términos amplios a *** y ***, deberá estarse a lo acordado en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, mientras que a OOR se le tiene por autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante auto plenario de doce de julio del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación a la vista otorgada en términos del artículo 64, segundo párrafo de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; en tales condiciones, devuélvanse los autos del asunto en que se actúa a la ponencia del Magistrado Miguel Nahim Nicolás Jiménez, a efecto de continuar con el dictado de la sentencia correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Auto Plenario. Apizaco, Tlaxcala, a doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa PSC, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión de once de julio del año en curso, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el presente juicio de amparo directo, es factible que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 170, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución reclamada constituye una sentencia favorable al quejoso. Lo anterior es así, en razón que las disposiciones legales en cita son del contenido literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 170 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Esta última norma, en su fracción I, dispone que el juicio de amparo procede contra sentencias definitivas que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellas o se cometa durante el procedimiento, siempre y cuando afecte las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo. Por su parte, la fracción II de dicho numeral establece que, cuando la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio dictada por tribunales de lo contencioso administrativo sea favorable al quejoso, el amparo procederá para el único efecto de hacer valer conceptos de violación contra las normas generales aplicadas y se tramitará solo si la autoridad interpuso el recurso de revisión y, únicamente si éste resultó procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad. Luego, dado que la sentencia aquí reclamada declaró la nulidad de la resolución impugnada, a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo directo debe establecerse la naturaleza de la sentencia que se pretende reclamar, esto es, si se trata de una sentencia favorable o no, y, en caso de serlo, si se actualizan los supuestos a que se refiere la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sobre la expresión "resolución favorable", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia P./J. 24/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 276, que dice: "RESOLUCIÓN FAVORABLE DICTADA POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO. El concepto de "resolución favorable" conforme al precepto citado, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, supone el dictado de una sentencia por un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resuelva de manera absoluta la pretensión del actor y le otorgue el máximo beneficio, con independencia del tipo de nulidad declarada". Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que una resolución favorable, en términos de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, es aquella que resuelve de manera absoluta la pretensión de la parte actora y le otorga el máximo beneficio sin posibilidad de una afectación posterior, con independencia del tipo de nulidad declarada; es decir, aquella sentencia que implica que el acto impugnado sea irrepetible, pues prohíbe que la autoridad pueda emitir un nuevo acto con el mismo grado de afectación, en tanto que el vicio advertido no puede ser subsanado. Así, la sola declaración de nulidad de la resolución impugnada no puede estimarse como una sentencia favorable, pues para ello deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Que se haya resuelto de manera absoluta la pretensión de la parte actora. 2) Que la autoridad demandada quede impedida a emitir un nuevo acto con idéntico sentido de afectación, de tal forma que la demandante ya no podría obtener un mayor beneficio. En el caso, a efecto de evidenciar la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, es pertinente señalar que, en la sentencia reclamada, se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio 500-63-00-05-01-2018-1308 de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, a través de la cual la Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" de la Administración General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, determinó un crédito fiscal de $2´352,555.31, por concepto de impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas, porque la Sala Regional estimó que la enjuiciada carece de competencia para requerir en ejercicio de su facultad de comprobación, la información relacionada con el correo electrónico, teléfono fijo y/o móvil -celular-, por lo que la determinación impugnada se encuentra afectada de origen, declarando así su nulidad conforme a los artículos 51, fracción I y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Asimismo, la responsable consideró que era innecesario el análisis de los demás argumentos planteados en la demanda, dado que en nada variarían el sentido del fallo reclamado. En este orden de ideas, este Tribunal Colegiado considera que la sentencia reclamada sí tiene las características de una resolución favorable, porque el actor en el juicio contencioso administrativo solicitó la nulidad del referido crédito fiscal, tal como fue declarado por la responsable, de manera que resolvió de forma absoluta la pretensión del accionante. Así, se advierte que sí se satisface el requisito señalado en el inciso 1), pues se resolvió de manera absoluta la pretensión de la parte actora. De igual manera, se satisface el requisito señalado en el inciso 2), porque con la declaratoria de nulidad el actor consiguió que se invalidara de manera definitiva la resolución impugnada, pues el hecho de que se haya dejado sin efectos garantiza que la autoridad demandada no esté facultada para reiterar una resolución en la que, por esos mismos hechos, de nueva cuenta imponga un crédito, en razón que decretó la nulidad derivado de una afectación de origen. Luego, si en la sentencia reclamada se declaró la nulidad de la resolución impugnada, con base en las razones indicadas, se colige que se trata de una sentencia favorable al hoy quejoso, en los términos del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad no puede emitir una nueva resolución sustentándose en las mismas actuaciones que dieron origen al crédito impugnado, dado que le está vedada esa posibilidad, pues se acreditó la existencia de una afectación de origen. Ahora bien, el quejoso promovió el presente juicio de amparo, porque consideró que la responsable actuó contra derecho al omitir pronunciarse en relación con los conceptos de impugnación tercero, cuarto, quinto y sexto, así como que no estaba obligado a rendir su declaración y que se actualizó la caducidad, lo cual le otorgaría una nulidad lisa y llana. Sin embargo, tal como se precisó, la autoridad responsable no declaró la nulidad para efecto de que la demandada emitiera una nueva resolución en la que subsanara algún vicio, sino que fue una nulidad lisa y llana, que como se indicó, impide a la autoridad emitir un nuevo acto, con la salvedad de que el efecto de la nulidad absoluta sólo será sobre el período y el monto relativo al crédito fiscal que se intentó fincar. Máxime, cuando no pasa desapercibo que el quejoso afirma en su demanda de amparo (foja 4 del cuaderno de amparo): "IX.- CAPÍTULO DE ACLARACIÓN ÚNICO SE HACE NOTAR A ESTE H. CUERPO COLEGIADO QUE LA SENTENCIA DE MÉRTIO DICTADA POR LA A QUO FUE FAVORABLE A MIS INTERESES, YA QUE DECLARÓ LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, TAL COMO SE DESPRENDE DE LA MISMA; SIN EMBARGO, EN FORMA CAUTELAR SE FORMULA LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, PARA EL SUPUESTO O NO CONCEDIDO QUE LA HOY TERCERA INTERESADA RECURRIERA EN REVISIÓN LA SENTENCIA DE MÉRITO Y SE REVOCARA LA MISMA." De ahí que, es evidente que el propio peticionario de amparo reconoce expresamente que la sentencia reclamada le beneficia, al decretarse la nulidad lisa y llana de la determinación impugnada. Y si bien refiere que promueve su demanda de amparo en forma cautelar, en el supuesto que la enjuiciada interponga revisión; debe decirse al aquí quejoso que en ese caso tiene expedito su derecho para adherirse al recurso de revisión fiscal, si así lo considera procedente. En este orden de ideas, se reitera, se estima que la sentencia reclamada sí tiene las características de una resolución favorable, porque el accionante en el juicio contencioso administrativo solicitó la nulidad lisa y llana de la determinación del crédito fiscal, y en la sentencia reclamada se declaró la nulidad de ese acto; por tanto, es evidente que la parte quejosa obtuvo el máximo beneficio pretendido en el juicio administrativo. En consecuencia, atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso PSC, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que en caso de omisión, se turnará el presente asunto para el dictado de la sentencia correspondiente.
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