Pascual Martínez Villa
Expediente 1129/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Pascual Martínez Villa
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. ... Vista la demanda de amparo promovida ... SE ADMITE en sus términos la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo primero, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108 y 110 de la Ley de Amparo. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete, haciéndole entrega de una copia de la demanda de amparo. TRAMÍTESE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN al existir solicitud expresa de la parte quejosa, c... LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL se señala para las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, conforme lo establece el artículo 115 de la Ley de Amparo. SE PIDE INFORME JUSTIFICADO a las autoridades señaladas como responsables, en términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto que se les reclama, salvo prueba en contrario. ... SE FORMULAN PREVENCIONES en aras de tutelar el derecho fundamental de administración de justicia contenido en el artículo 17 constitucional, evitando trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual para optimizar los recursos humanos y materiales a efecto de orientarlos en función de la resolución expedita del juicio: ... II. A la parte quejosa: a) Proporcionar un correo electrónico y un número de teléfono móvil para mantener contacto con este juzgado en futuras ocasiones. b) Que para el caso que alguna de las autoridades señaladas como responsables sea inexistente, o bien, su denominación sea incorrecta y no sea posible notificarla, una vez que se le dé vista de esa circunstancia, precise corrija o aclare el nombre de ésta, con el apercibimiento que de no hacerlo, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Ello, porque del análisis sistemático y armónico de los artículos 5º, fracción II, 108, fracción II, y 115 de la Ley de Amparo, se desprende que son parte en el juicio la autoridad o autoridades responsables, y que es obligación de la parte quejosa al formular su demanda de amparo, expresar a quiénes le otorga ese carácter, para efecto de que se les pida el informe justificado. RESPECTO A LOS TERCEROS INTERESADOS a que se refiere la fracción III del artículo 5, de la Ley de Amparo, se reserva acordar lo conducente hasta que obren en autos los informes justificados requeridos a las autoridades responsables y las constancias que en su caso acompañen a los mismos, de las cuales, en el supuesto de ser ciertos los actos reclamados, se podrá deducir a quiénes les surge tal carácter. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene los estrados de este órgano jurisdiccional, tal como se indica en el escrito que se provee y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuenta con registro de cédula profesional. ... Notifíquese por lista de acuerdos, y por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional.
- Incidental
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. SE ABRE POR SEPARADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ... Con fundamento en los artículos 128, 130, 131, 138, 139, 141, 142 y 146 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que queden legalmente notificadas de este proveído, enviándoles para el efecto copia simple debidamente cotejada con su original, de la demanda y del escrito aclaratorio; apercibidas que de no hacerlo así, se tendrán por presuntivamente ciertos los actos reclamados a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. ... PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. ... Finalmente, respecto al último de los requisitos, se debe considerar que de las manifestaciones expresadas por la parte quejosa, le asisten derechos fundamentales que podrían ser afectados, de ahí que el requisito referente a que exista apariencia del buen derecho también se encuentra colmado. En ese sentido, respecto a los actos reclamados, en el caso a estudio, se encuentran satisfechos a cabalidad los requisitos atinentes para el otorgamiento de la suspensión provisional; por tanto, corresponde efectuar el siguiente pronunciamiento: - Orden de aprehensión. Debido a que en el caso media solicitud del quejoso, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social y de negarse la suspensión se ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado atribuido a las autoridades responsables, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra, SE CONCEDE la suspensión provisional solicitada a Pascual Martínez Villa, para los efectos que se precisarán a continuación: Si se trata de delitos que impliquen la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional o el Código de Procedimientos Penales aplicable (Nacional o Estatal), o de aquellos calificados como graves conforme a la legislación que regía al momento de su emisión en el sistema inquisitivo, la suspensión aquí decretada sólo producirá el efecto de que si ya fue ejecutada, o una vez que sea ejecutada la orden privativa de la libertad, el quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito en el lugar de su internamiento, o en el que la autoridad responsable señale, en lo que se refiere a su persona, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación, el cual es insuspendible por ser de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa o que conforme al sistema inquisitivo permitieran el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido materialmente o presentado ante la autoridad que la reclame. Lo anterior, sin que la suspensión concedida implique que el imputado no deba acudir ante la autoridad judicial y/o administrativa, pues la medida suspensiva únicamente constriñe a que no sea conducido por medio de la fuerza pública. Ahora, debe precisarse que en el caso de que el acto reclamado derive de un proceso penal acusatorio, al momento de resolver sobre la procedencia y los efectos de la suspensión se deben considerar los principios que rigen dicho procedimiento, y sobre todo se deben analizar los supuestos contenidos en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se obtiene que cuando el acto reclamado lo constituye una orden de aprehensión, reaprehensión o una medida cautelar, entre los que se puede incluir la citación para formulación de imputación, por disposición jurisprudencial, los efectos de la suspensión si bien serán que el imputado quede a disposición de la autoridad de amparo, lo cierto es que la facultad constitucional del Juez de Control para la imposición de las medidas cautelares queda intocada. Esto es así, pues si bien el artículo 163 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión producirá el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en lo que se refiere a la libertad, y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento; lo cierto es que tal numeral no puede leerse de manera aislada sin considerar las disposiciones contenidas en el diverso arábigo 166, en el que de manera concreta y específica señala que cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente (Juez de Control) y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite la prisión preventiva y el juez del proceso penal acuerde la misma, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción l de este artículo. Es decir, el legislador ordinario le permitió al Juez de Control pronunciarse sobre la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva (la más grave), cuando una persona se encuentra materialmente detenida, y señala que el efecto es que quedará a disposición del Juez Constitucional, pero en lugar de su internamiento, o en el que éste señale. Ahora, si bien la fracción ll, del artículo 166, al señalar que si el acto de reclamo se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, lo cierto es que también permite que el juez de amparo señale las medidas de aseguramiento pertinentes a fin de que no evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Lo anterior no implica que si el delito por el cual se giró una orden de aprehensión o comparecencia no es de aquellos que implican prisión preventiva oficiosa, el imputado no deba acudir, pues la propia fracción señala que una de las obligaciones que debe fijar el Juez de Amparo es que el imputado se presente ante el Juez responsable. En ese sentido el Juez de Control no pierde su facultad constitucional ni legal, para pronunciarse sobre la imposición de alguna medida cautelar, pues incluso en el supuesto de que se imponga la más grave (prisión preventiva), el juez de amparo por virtud de la disposición contenida en la fracción l, y cuarto párrafo del artículo 166, tendría su disposición al imputado en cuanto a su libertad personal (para el supuesto que en una eventual concesión de amparo puede ordenar su cumplimiento a la autoridad ejecutora). Consideraciones que son acordes con lo dispuesto en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen las formas de conducción del imputado a proceso, y que bajo un nuevo proceso penal acusatorio, la orden de comparecencia y aprehensión giradas en su contra, sólo tienen el efecto de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control en la sala de audiencias para que se le formule imputación, y sólo en el supuesto de que se acreditara un riesgo de los que establece el citado código procesal se le impondría alguna medida cautelar, y aun considerando lo más grave como lo es la prisión preventiva, el imputado quedaría a disposición del Juez de Amparo en el lugar donde fuese internado. No obstante lo anterior, es de precisarse que, si bajo los efectos de la suspensión provisional otorgada con antelación, el quejoso comparece ante la autoridad judicial responsable para la continuación del proceso penal seguido en su contra, siempre que se trate de delitos que no ameriten la prisión preventiva oficiosa, asimismo, que se trate de los mismos hechos, carpeta judicial y autoridad responsable, respecto de la cual se emitió la orden de aprehensión por la que se concedió la presente medida suspensional, el quejoso no podrá ser privado de la libertad, aun cuando durante el proceso seguido ante el juez responsable se le imponga una medida cautelar que implique la restricción a dicho derecho fundamental, como es la prisión preventiva justificada, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. ... Conforme a ese precepto, para conceder la suspensión provisional cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, siempre que no se esté en el supuesto previsto por el artículo 163 de la ley de la materia, la persona juzgadora de amparo debe exigir al quejoso que exhiba una garantía. Sin que tal circunstancia, transgreda la presunción de inocencia, pues la garantía impuesta es resultado de mediar entre la prosecución del procedimiento penal mediante el aseguramiento presencial del peticionario, los fines propios del medio de control constitucional, y la vigencia de la presunción de inocencia. ... Por lo que ante tal circunstancia, esta juzgadora impondrá la garantía correspondiente, conforme a los lineamientos precisados en el pluricitado numeral 168 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia por contradicción de ... Así, con base en los lineamientos establecidos en dicho criterio jurisprudencial, se procede al estudio relativo: A. La naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa al quejoso. Para efectos de la etapa procesal en la que se encuentra el incidente de suspensión que nos ocupa, se desconoce la naturaleza, modalidades y características del posible delito por el que pudiera emitirse alguno de los actos privativos de libertad reclamados por el peticionario de derechos humanos, lo que impide evaluar, entre otros factores, la magnitud del daño causado, lo que trascendería y sólo hasta cierto punto para cuantificar el importe de su reparación, dado que como lo indica la Primera Sala, no necesariamente debe señalarse una suma idéntica al mismo para fijar la garantía de que se trata, de manera que debe asignarse un monto accesible para la parte quejosa, sin llegar al grado de propiciar su evasión de la justicia. B. Las características personales y situación económica del quejoso. De la demanda de amparo relativa no existe mayor información de la que se pueda advertir con seguridad cuál es el ingreso económico que tiene el gobernado accionante. Sin embargo para este órgano jurisdiccional debe considerársele como una persona económicamente activa, que por lo menos percibe el salario mínimo a la presente fecha. C. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. En el caso particular no se advierte algún dato objetivo de que el quejoso se encontrara en dicha hipótesis, pues con la información proporcionada en la demanda de amparo, no se observa algún supuesto para considerar que aquel esté en posibilidad de sustraerse de la acción de la justicia, ya que no está acreditado que no hubiere comparecido a alguna citación judicial, o bien, que se fugara de algún establecimiento o lugar donde estuviera detenida. En consecuencia, esta juzgadora considera fijar la garantía que habrá de exhibir el quejoso para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, en $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos cero centavos, moneda nacional), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito (ahora Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo), en el que deberá aparecer como depositante el propio quejoso y precisar en el concepto que garantiza la suspensión provisional y el número del incidente de suspensión, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a satisfacción de este juzgado, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, suma que encuentra equilibrio entre el ingreso que pudiera percibir el justiciable, y la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar los actos reclamados. ... En el entendido que la concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de las señaladas como responsables. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, se informa a las autoridades responsables que en el caso de que se trate de cualquier medida de protección que restrinja la libertad personal del promovente, que haya sido emitida con la finalidad de salvaguardar la seguridad o integridad de alguna persona, o para lograr la ejecución de alguna técnica de investigación o constituya una medida cautelar concedida por autoridad judicial, la suspensión concedida no surtirá efecto legal alguno. Asimismo, la suspensión concedida será revocada si la parte quejosa incumple con las medidas de aseguramiento o las obligaciones impuestas por el juez de proceso, quien tendrá la obligación de comunicar a este órgano de control constitucional en cuanto advierta que el quejoso deje de cumplir con sus obligaciones procesales; lo anterior, en términos del artículo 166, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. ASPECTOS PROCESALES En lo relativo al domicilio y autorizados de la parte quejosa, acceso a la información pública, expedientes electrónicos, publicidad, supresión de datos, solicitudes subsecuentes de expedición de copias, glosar promociones sin acuerdo; y, habilitación de horas y días inhábiles; se acuerda en iguales términos que en el cuaderno principal, respecto del cual resulta ocioso pronunciarse de nueva cuenta, debido a que el expediente en que se actúa deriva de aquél. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
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