Pascual Márquez Fernández

Expediente 959/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
959/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
28/09/2018

Partes del expediente

  • Pascual Márquez Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 571/2018; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito del quejoso PASCUAL MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 959/2018-II, promovido por PASCUAL MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, constante de setenta y dos fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y un anexo. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Guanajuato, Guanajuato, a veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 959/2018-II del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 404/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Pascual Márquez Fernández, por propio derecho, en contra de actos del jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho (fojas 2 a 12 del expediente de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Pascual Márquez Fernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de la autoridad, que a continuación se transcriben: "IV.- ACTO RECLAMADO: Constituye el acto que se reclama: el acuerdo de inicio de la administrativa de fecha 26 de marzo y el acuerdo de cierre de investigación de fecha 18 de Abril ambas del año 2018, y realizadas en contravención a lo ordenado por el párrafo primero del dígito 16 de nuestra ley fundamental, por el ciudadano licenciado Jorge Paredes Olivares, jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos, dictadas en el procedimiento de responsabilidad número 054/2018-03 instaurado en mi contra, cabe hacer mención y bajo protesta de decir verdad que del contenido de dichos acuerdos fui enterado el 30 de Mayo del año dos mil dieciocho. III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Licenciado Jorge Paredes Olivares, jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, con domicilio oficial en [..]". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 109, fracción III, primer párrafo; 113, primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló como tercero interesado a Omar Isaac Lugo Guerrero, coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el cual, mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 14 y 15 del expediente de amparo), la registró con el número 959/2018-II; la admitió a trámite; y previno al promovente para que en el término de cinco días, diera cumplimiento con lo siguiente: "1.- Haga del conocimiento a este Juzgado Federal si con motivo de esa investigación se dio inicio a algún procedimiento administrativo incoado en su contra y, de ser así, informe ante que autoridad se inició, esto es, cuál es la autoridad instructora. 2.- De igual forma manifieste bajo protesta de decir verdad, si a la fecha ya compareció a algún procedimiento administrativo y, de ser el caso haga del conocimiento la fecha en que lo hizo, asimismo, indique en qué etapa se encuentra. 3.- Tomando en consideración que manifestó bajo protesta de decir verdad, que fue notificado de los citados acuerdos el treinta de mayo del año en curso, se requiere la exhibición de los mismos". Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se tendría por no presentada la demanda de mérito. Una vez satisfecha la prevención formulada, en proveído de dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 34 a 37 del expediente de amparo), el juez auxiliado admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; determinó que no le asiste el carácter de tercero interesado a Omar Isaac Lugo Guerrero, coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al no ubicarse en ningún supuesto del artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las diez horas con dos minutos del dos de agosto de dos mil dieciocho, al tenor del acta que obra a foja 50. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 51 del expediente de amparo), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 959/2018-II, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 404/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de dos de agosto de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; puesto que se reclaman actos que tienen ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados lo constituyen: ? El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo dictado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en el expediente 054/2018-03; así como la violación procesal consistente en el diverso acuerdo de inicio de la investigación administrativa, dictado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en el referido expediente. Actos reclamados de la siguiente autoridad: 1. Jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al tema que involucran los actos reclamados, ha establecido que las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo; por lo tanto, por analogía, las violaciones cometidas en el auto de inicio de la investigación administrativa, también deben hacerse valer en el juicio constitucional que se promueve en contra del acuerdo de inicio del procedimiento referido; de ahí que resulte jurídicamente viable fijar la litis en los términos apuntados. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.31/2018 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo.". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos (fojas 42 y 43 del expediente de amparo), al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. En consecuencia, se deben tener por ciertos los aludidos actos, pues la manifestación de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados, se robustece con las constancias que le requirió el juez auxiliar a la autoridad responsable (foja 44 del expediente de amparo), consistentes en copia certificada del expediente de investigación 054/2018-3; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por una funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que remitió la autoridad responsable, son los siguientes: 1. El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 5 a 9 del tomo de pruebas), el jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos; tuvo por recibido el oficio SSC/CA/09/01-2018 signado por el coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y sus anexos, por los que se le envió el resultado de la evaluación de permanencia realizada al policía Pascual Márquez Fernández, el cual fue no aprobatorio. En consecuencia, el jefe de departamento ordenó iniciar el expediente de investigación administrativa 054/2018-03, a efecto de recabar elementos objetivos con los que, en su caso, se determinara si el servidor no cumple con uno de los requisitos de permanencia, al no acreditar las Evaluaciones de Control de Confianza; por lo que giró oficios a diversas dependencias, para que le remitieran información relacionada con su formación y con el desempeño de su función operativa. 2. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho (fojas 273 a 283 del tomo de pruebas), derivado de la investigación 054/2018-03, la autoridad señalada como responsable ordenó dar inicio al procedimiento administrativo establecido en el artículo 171 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en contra del policía Pascual Márquez Fernández; por lo que ordenó su emplazamiento y le otorgó el término de diez días a efecto de que formulara su contestación, promoviera causales de improcedencia, defensas y excepciones que considerara pertinentes. Acuerdos de veintiséis de marzo y dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que fueron notificados el treinta de mayo de dos mil dieciocho (fojas 285 a 290 del tomo de pruebas). 3. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 293 a 304 del tomo de pruebas), el quejoso formuló contestación con relación a los hechos referidos en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, oponiendo excepciones y defensas. El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo dictado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho; así como la violación procesal consistente en el diverso acuerdo de inicio de la investigación administrativa, dictado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho; constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta violación en contra de los derechos del quejoso. En esencia, en los conceptos de violación se refiere que el jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos, vulnera los derechos fundamentales del quejoso, reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; en virtud de no es la autoridad competente para emitir los acuerdos que aquí se reclaman. En efecto, señala el quejoso que le causan agravios los acuerdos de veintiséis de marzo -correspondiente al inicio de investigación administrativa-, y de dieciocho de abril -relativo al inicio del procedimiento administrativo-, ambos de dos mil dieciocho; porque fueron emitidos por autoridad incompetente para tal efecto; que para arribar a dicha conclusión es importante destacar lo establecido en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, en interpretación armónica con los numerales 163, 164 y 167 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; en virtud de que el dispositivo constitucional en comento ordena que los actos de autoridad, ineludiblemente deben cumplir con tres requisitos principales, a saber: 1) que han de expresarse por escrito, 2) que provengan de una autoridad competente, y 3) que dicho acto esté fundado y motivado. Refiere que los artículos de la Ley del Sistema establecen que en la Comisión Estatal de Seguridad Pública y en la de Áreas de Seguridad Pública Municipal, existirá una Unidad de Asuntos Internos; que dicha unidad estará bajo el mando del titular de la Institución de Seguridad Pública; que también se establecen las facultades de las Unidades de Asuntos Internos para el inicio de los Procedimientos administrativos, así como los requisitos para ser titular de las Unidades de Asuntos Internos; de lo que se colige que el requisito de competencia no se surte en los acuerdos y actuaciones del procedimiento incoado en su contra, porque fueron emitidos por una "autoridad de patito" (sic), denominada Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos; que al respecto es importante mencionar que esa clase de Dirección o Departamento "patito" (sic), por lo regular, son inventados o implementados para acoger o albergar a los familiares de los funcionarios en turno, y que en la mayoría de las veces, por gente que nada tiene que ver en el ámbito de la Seguridad Pública. Que los acuerdos emitidos por el licenciado Jorge Paredes Olivares, en su carácter de jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos -que le fueron notificados mediante cédula de notificación personal el treinta de mayo de dos mil dieciocho-; se impugnan en razón de que conculcan gravemente sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución -los transcribe-. Señala que el artículo 14 constitucional reconoce la existencia del derecho fundamental de audiencia (debido proceso), mismo que exige que durante el juicio se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Que dichas formalidades en sí, consisten en: a) notificación al interesado de inicio del procedimiento y sus consecuencias, b) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que considere oportunas, c) la formulación de alegatos, y d) la obtención de una resolución fundada y motivada que resuelva sobre la cuestión en conflicto. Que del numeral 16 constitucional, se desprende que los actos emitidos por las autoridades responsables deben contener los siguientes requisitos, reitera, 1) que han de expresarse por escrito, 2) que provengan de una autoridad competente, y 3) que dicho acto esté fundado y motivado. Que de dichos numerales aludidos se puede arribar a la conclusión de que todo lo actuado por Jorge Paredes Olivares, en su carácter de jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos, conculca gravemente sus derechos fundamentales de legalidad a que alude el primer párrafo del artículo 16 constitucional, concatenado con los ordinales 163, 164, 168, 173 y 175 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; porque de acuerdo al referido imperativo constitucional, todo acto de autoridad debe colmar los requisitos de mandamiento por escrito, fundado y motivado y emitido por autoridad competente, y que en el asunto de mérito, la jefatura de departamento de atención a la denuncia ciudadana es una autoridad incompetente, dado que no existe dicha autoridad en la ley secundaria, careciendo, entonces, de facultades para iniciar, integrar y elaborar los correspondientes proyectos de sanción en contra de los servidores públicos sujetos a procedimiento. Refiere que le causa agravio la actuación signada por el jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, porque la autoridad emisora carece de competencia para realizar actos de investigación, así como también carece de las facultades establecidas en los ordinales 162, 163, 164, 167 y 168 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo anterior, por virtud de que dichos dispositivos legales hacen referencia a que tanto en la Comisión de Seguridad Pública del Estado, así como en los municipios, existirá un Área determinada como Unidad de Asuntos internos la cual será dirigida por un titular de dicha Unidad, esté bajo el mando directo o inmediato del titular de Seguridad Pública Municipal o Estatal; por lo que, el requisito sine qua none, de competencia, no fue colmado por la responsable; razón por la cual pide se le conceda el amparo. Los conceptos de violación son infundados. A efecto de justificar tal postura y contar con un marco normativo que sirva para la solución del asunto, es preciso analizar los artículos 14 y 16 constitucionales, que refiere el quejoso le fueron vulnerados. El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Por su parte, el artículo 14, segundo párrafo, del ordenamiento legal invocado, dispone: "Artículo 14.- [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". De una interpretación conjunta y armónica de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que reconocen los preceptos transcritos, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación para ser legales requieren, imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, entre otros requisitos. Esto es, todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien posea competencia para ello, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de esta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si este es o no conforme a la ley o a la constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga. En conclusión, los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, a que se ha hecho referencia, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 262 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." A continuación, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 2, 8 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca, los cuales prevén: "Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, contará con las Unidades Administrativas y los Servidores Públicos que enseguida se refieren: I.- Secretaría de Seguridad Ciudadana. Unidades Administrativas: II. Dirección General de Policía Preventiva. III. Dirección General de Policía Vial. IV. Dirección General de Protección Civil. V. Coordinación de Asuntos Jurídicos. VI. Coordinación Administrativa. VII. Unidad de Asuntos Internos. VIII. Dirección de Planeación y Estadística. IX. Dirección de Operaciones y Planeación. X. Dirección de Radiocomunicación y Sistemas Informáticos. XI. Dirección de Mantenimiento y Control de Armamento. XII. Dirección de Operaciones de Tránsito. XIII. Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas. XIV. Dirección de Inspección. XV. Dirección de Prevención y Difusión de la Cultura de Protección Civil. XVI. Dirección de Trámites y Procesos Jurídicos. XVII. Dirección de Personal. XVIII. Dirección de Recursos Materiales y Control Vehicular. XIX. Dirección de Control de Recursos Financieros. XX. Departamento de Procesamiento de Información. XXI. Departamento de Policía Turística. XXII. Departamento de Informática. XXIII. Departamento de Análisis de Información XXIV. Departamento de Inventario y Control de Licencias. XXV. Departamento de Armamento. XXVI. Departamento de Control de Semáforos y Señalización Vial. XXVII. Departamento de Administración y Organización. XXVIII. Departamento de Depósito Vehicular. XXIX. Departamento de Control de Infracciones. XXX. Departamento de Rescate y Urgencias Médicas. XXXI. Departamento de Inspección y Aplicación de Sanciones. XXXII. Departamento de Participación Ciudadana. XXXIII. Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos. XXXIV. Departamento de Investigación. XXXV. Departamento de Seguimiento y Control de Procesos. Departamento de Seguimiento y Evaluación de Personal. XXXVI. Departamento de Revisión Mecánica, Mantenimiento y Recursos Materiales. XXXVII. Departamento de Contabilidad". "Artículo 8.- En términos de lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se integra de las Direcciones Generales y Coordinaciones, a las que se adscribirán las Direcciones de Área y Jefaturas de Departamento siguientes: A.- Dirección General de Policía Preventiva. 1.- Dirección de Planeación y Estadística. a).- Departamento de Procesamiento de Información. 2.- Dirección de Operaciones y Planeación. a).- Departamento de Policía Turística. 3).- Dirección de Radiocomunicación y Sistemas Informáticos. a).- Departamento de Informática. b).- Departamento de Análisis de Información. 4).- Dirección de Mantenimiento y Control de Armamento. a).- Departamento de Inventario y Control de Licencias. b).- Departamento de Armamento. B).- Dirección General de Policía Vial. 1.- Dirección de Operaciones de Tránsito. a).- Departamento de Control de Semáforos y Señalización Vial. b).- Departamento de Administración y Organización. c).- Departamento de Depósito Vehicular. d).- Departamento de Control de Infracciones. C).- Dirección General de Protección Civil. 1.- Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas. a).- Departamento de Rescate y Urgencias Médicas. 2.- Dirección de Inspección. a).- Departamento de Inspección y Aplicación de Sanciones. 3.- Dirección de Prevención y Difusión de la Cultura de Protección Civil. a).- Departamento de Participación Ciudadana. D).- Unidad de Asuntos Internos. a).- Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos. b).- Departamento de Investigación. E).- Coordinación de Asuntos Jurídicos. 1).- Dirección de Trámites y Procesos Jurídicos. a).- Departamento de Seguimiento y Control de Procesos. F).- Coordinación Administrativa. 1.- Dirección de Personal. a).- Departamento de Seguimiento y Evaluación de Personal. 2).- Dirección de Recursos Materiales y Control Vehicular. a).- Departamento de Revisión Mecánica, Mantenimiento y Recursos Materiales. 3).- Dirección de Control de Recursos Financieros. a).- Departamento de Contabilidad". "N).- DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Artículo 35.- El Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, ejercerá las siguientes facultades y atribuciones: I.- Guardar la debida secrecía y discreción de los procesos administrativos que al efecto se lleven en esta Área; II.- Brindar atención a los ciudadanos que interpongan alguna queja o denuncia en contra de los elementos policiales activos de la Secretaría; III.- Recibir y dar trámite a quejas que, por escrito, presenten los ciudadanos en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; IV.- Elaborar un informe mensual sobre el estado que guarda cada uno de los Procedimientos Administrativos en trámite; V.- Practicar todas las actuaciones y diligencias necesarias dentro del ámbito de su competencia, para integrar adecuadamente los Procedimientos Administrativos; VI.- Llevar a cabo las notificaciones necesarias para el cumplimiento en el desahogo del Proceso Administrativo, siempre y cuando el domicilio se encuentre dentro del Municipio de Cuernavaca; en caso contrario hacerlo mediante las Listas de Estrados del Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos; VII.- Apoyar a los auxiliares jurídicos en la elaboración y emisión del proyecto de resolución y sanción para exponer ante el Consejo de Honor y Justicia, de los Procedimientos Administrativos por causas graves en contra de los elementos policiales de la corporación; VIII.- Realizar la preparación de la exposición del proyecto de resolución a presentar ante el Consejo de Honor y Justicia y asistir a las sesiones del mismo, previa orden del Superior Jerárquico, y IX.- Las demás que le concedan, u ordenen las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter general, o le asignen sus Superiores Jerárquicos". Asimismo, es menester transcribir el artículo 56 del Reglamento Específico de Funciones de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que establece las funciones del titular de la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: "Artículo 56. A la persona titular de la Dirección General de la Unidad de Asuntos Internos le corresponden las siguientes atribuciones específicas: [.] II. Iniciar, a petición de parte o de oficio, las investigaciones correspondientes cuando se señale mediante cualquier medio de comunicación que algún servidor público de la Secretaría cometió faltas a los principios de actuación; III. Iniciar, a petición de parte o de oficio, las investigaciones correspondientes cuando instituciones no gubernamentales realicen señalamientos contra los servidores públicos de la Comisión Estatal por el incumplimiento o exceso en el desempeño de sus funciones; IV. Recibir, investigar y resolver conforme a la normativa y procedimientos determinados, las quejas y denuncias, formuladas por la ciudadanía, el superior jerárquico o de manera anónima, en contra de los elementos policiales de la Comisión Estatal por la inobservancia de sus obligaciones y deberes, o por cometer excesos en el desempeño sus funciones, ya sea en servicio, con motivo del mismo o fuera de este; V. Realizar todas y cada una de las actuaciones necesarias para la tramitación de los asuntos de su competencia, de manera continua y cronológica, sin dejar espacio alguno entre estas y asentando fecha y hora con dos testigos de asistencia; [...] VII. Decretar las medidas precautorias necesarias desde el inicio de la queja, para garantizar la correcta integración de la investigación, y asimismo salvaguardar la imagen y reputación de la Comisión Estatal; VIII. Allegarse de los elementos de prueba, necesarios para acreditar la existencia de la falta denunciada a los principios de actuación y la probable responsabilidad de algún elemento policial de la Comisión Estatal; IX. Solicitar informes a las Unidades Administrativas con el propósito de realizar la debida integración de las investigaciones derivadas de las quejas recibidas, así como solicitar la expedición de copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; X. Realizar cualquier diligencia necesaria para la debida integración de la investigación o procedimiento administrativo, que no sea contraria a la ley; [.] XII. Solicitar, previo visto bueno del Comisionado Estatal, en vía de colaboración a las autoridades municipales, estatales y federales, informes, dictámenes, documentación, objetos, apoyo técnico y la exhibición de elementos con los que cuenten para la debida integración de quejas que se investigan; XIII. Requerir a los superiores jerárquicos, según corresponda, la formulación de queja en contra de los elementos policiales que se vean implicados en conductas que sean investigadas y que puedan resultar contrarias a la normativa de la materia, asimismo podrá requerir la presentación de los elementos policiales que hayan presenciado los hechos que impulsaron la queja con el objeto de recabar su testimonio; XIV. Solicitar la declaración de personas que tengan conocimiento de los hechos motivo de la formulación de queja y que puedan aportar datos importantes a las investigaciones realizadas; misma que se realizará en las oficinas de la Unidad Administrativa o en caso de encontrarse imposibilitado el ciudadano para presentarse a rendir su declaración en las oficinas, el personal adscrito a la Unidad Administrativa podrá constituirse en el lugar donde el declarante se encuentre; [.] XVII. Iniciar el procedimiento establecido en el artículo 171 de la Ley Estatal; XVIII. Notificar al elemento policial sujeto a procedimiento el acuerdo de inicio tanto en el área de servicio donde se encuentre asignado, así como en el domicilio particular que haya proporcionado a la Coordinación de Desarrollo y Vinculación de la Comisión Estatal; [.] XXIII. Recabar los elementos de prueba necesarios para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos o dudosos, sin más limitación que las establecidas por los ordenamientos jurídicos aplicables; XXIV. Tomar las medidas necesarias a efecto de que se desahoguen las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento administrativo; XXV. Decretar en todo tiempo, las diligencias probatorias necesarias para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados, pudiendo proceder como mejor estime para obtener el resultado más favorable para el curso de la investigación, con estricta observancia y apego a los derechos humanos; XXVI. Levantara petición del superior jerárquico, las medidas precautorias que haya ordenado al inicio de la investigación o procedimiento administrativo, cuando las necesidades del servicio lo requieran; [.] XXVIII. Remitir al Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal, los procedimientos administrativos, formulando el proyecto que contenga la propuesta de sanción que corresponda, mismo que deberá estar debidamente fundado y motivado; [.] XXXV. Ordenar que se inicie el procedimiento administrativo que corresponda en contra de la persona titular o encargado de la Unidad Administrativa operativa y del elemento policial que incumplió con el desempeño de sus funciones, cuando la Unidad sujeta a supervisión, omitiere subsanar o atender las recomendaciones que se le realizaron al momento de ser supervisada; [.] XXXVII. Vigilar que la actuación de los elementos policiales se rija bajo el régimen disciplinario previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás normativa aplicable; [...]" De los artículos transcritos se desprende: 1. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuenta con la Coordinación Administrativa, la Unidad de Asuntos Internos y/o Dirección General de Asuntos Internos y con el Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, entre otras, para el despacho de los asuntos de su competencia. 2. La referida Secretaría se integra de las Direcciones Generales y Coordinaciones, a las que se adscriben las Direcciones de Área y Jefaturas de Departamento; de la forma siguiente : 3. A la Unidad de Asuntos Internos le corresponde, en otras cosas, realizar todas y cada una de las actuaciones necesarias para la debida integración de las investigaciones administrativas y de los procedimientos administrativos, instaurados en contra de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 4. El Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, tiene las facultades y atribuciones que le asignen sus superiores jerárquicos, entre otras. En términos de lo anterior, se concluye que la Dirección o Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, sí forma parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; de tal modo que, el coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus subalternos, son los superiores jerárquicos del titular del referido departamento, es decir, del jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos. Por lo tanto, el jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos, tiene entre sus facultades y atribuciones, aquellas que le asignen sus superiores jerárquicos, en términos del artículo 35, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que los acuerdos reclamados (acuerdo de inicio del procedimiento administrativo dictado el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en el expediente 054/2018-03; así como la violación procesal consistente en el diverso acuerdo de inicio de la investigación administrativa, dictado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en el referido expediente -fojas 273 a 283 y 5 a 9, respectivamente del tomo de pruebas-), fueron emitidos por el jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos; quien en ese momento, se encontraba a cargo de las actividades de la Unidad de su adscripción, por razón del oficio SSC/CA/DP/044/2017-02, signado por el coordinador administrativo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En ese contexto, la autoridad responsable al emitir dichos acuerdos reclamados, actuó en ejercicio de las facultades y atribuciones que le asignó su superior jerárquico, el coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; lo que resulta jurídicamente acertado, se reitera, en términos del artículo 35, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cuernavaca. En conclusión, los actos aquí reclamados, sí fueron emitidos por una autoridad competente para ello, pues la autoridad que los emitió -jefe de Departamento de Atención a la Denuncia Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuernavaca, Morelos-, tenía legitimación para hacerlo; pues actuó en razón de las facultades y atribuciones que le asignó su superior jerárquico -coordinador administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana-, por medio del oficio SC/CA/DP/044/2017-02; de ahí que resultan infundados los argumentos expuestos por el quejoso a manera de conceptos de violación. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita; máxime, que no se advierte ninguna violación evidente de ley, en su contra. SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. La justicia federal no ampara ni protege a Pascual Márquez Fernández, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de la secretaria Ana Laura Belén Jante Vallejo, que firma y da fe, hoy veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado el veinticinco de julio del año en curso. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remite, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el once de junio del dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2716/2018, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez que autoriza da fe.AEC

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