Pascual López Velasco

Expediente 562/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Pascual López Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo quince, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración, Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, devuélvase al Juez del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; los tres discos DVD que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    previo aviso...R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 562/2022, promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, atribuidos al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y del Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 562/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y del Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca; que más adelante se precisaran, los que estima violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y separación de autos. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda en el libro de gobierno, con el número 562/2022; asimismo, al advertirse que los actos reclamados por el quejoso los hizo consistir en: De la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. El auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa, dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la causa penal ******************** del índice de la Juez responsable. La falta de atención médica, ordenada en la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa de catorce de mayo del año en curso, en la que se determinó que se le realizarán estudios de gabinete y diagnóstico ante el hospital "Doctor Aurelio Valdivieso", en la Ciudad de Oaxaca. Del Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. El tenerlo privado de su libertad en el Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. La omisión de acatar la orden de la Juez responsable de gestionar cita ante el hospital "Doctor Aurelio Valdivieso", en la Ciudad de Oaxaca, para que se le realicen los exámenes de gabinete y diagnóstico de su estado de salud. Por lo que al estar en presencia de actos reclamados completamente desvinculados entre sí, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio y sin mayor trámite se decretó la separación de juicios, a efecto de que, el presente juicio de amparo se ocupara del estudio de los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica que reclama el quejoso. Ordenándose formar un nuevo juicio de amparo respecto de los actos reclamados que se hicieron consistir en el auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa, dictada en la causa penal ********************, y la privación de la libertad con motivo de dicho auto de vinculación, atribuido a las mismas autoridades responsables. Por lo que se ordenó deducir copia certificada de las actuaciones relativas a efecto de que por cuerda separada, se resolviera lo conducente respecto del mencionado acto reclamado y remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en esta localidad, para que lo enviara al órgano jurisdiccional correspondiente. Tocando conocer de dicho asunto al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, asignándolo el número 575/2022, quien no aceptó el conocimiento del mismo y devolvió las constancias relativas, ante ello, en auto de veintiséis de mayo del año en curso, se ordenó remitir copia certificada de los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en turno del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad, a fin de que resolviera lo procedente respecto al conflicto suscitado entre este Juzgado y el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población. Mediante resolución de siete de julio de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, al resolver el conflicto competencial ******************** de su índice, determinó que se debía mantener el estado de separación de los autos, así también, que este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver, por cuerda separada, del acto reclamado relativo al auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa, dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en contra del quejoso ********************, y su ejecución. En cumplimiento a dicha ejecutoria, en veintidós de julio del año en curso, se remitieron copias certificadas deducidas de este juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta población, con la finalidad de que le asignara un nuevo número de registro, y hecho, lo devolviera a este mismo Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, a fin de proveer su trámite conforme a derecho, asunto que quedó radicado con el número 886/2022. TERCERO. Admisión, trámite y suspensión de plano. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ante la separación de autos, en el presente juicio número 562/2022, se admitió la demanda únicamente contra el acto reclamado consistente en la falta de atención médica atribuible a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En dicho auto se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados por el quejoso. Asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca: La omisión de atención médica, ordenada en audiencia de catorce de mayo del año en curso, llevada cabo en la causa penal ******************** de su índice, para que se le realizarán al quejoso estudios de gabinete y diagnóstico en el hospital "Doctor Aurelio Valdivieso", en la Ciudad de Oaxaca. - Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca: La omisión de atención médica, ordenada por la Juez responsable en audiencia de catorce de mayo del año en curso, para que se le realizarán al quejoso estudios de gabinete y diagnóstico en el hospital "Doctor Aurelio Valdivieso", en la Ciudad de Oaxaca, respecto a la cirrosis hepática que le diagnóstico el doctor adscrito al Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman. Para corroborarlo, remitió diversas pruebas documentales, contenidas en los discos en formato DVD que remitió en apoyo a su informe, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte: 1.- En la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el catorce de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal ******************** de su índice, a petición del quejoso ********************, ordenó se le realizaran estudios de gabinete y diagnóstico ante el hospital "Doctor Aurelio Valdivieso", en la Ciudad de Oaxaca, girando para ese efecto el oficio ********************, de quince de mayo del año en curso, al Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, lugar en que se encuentra interno el quejoso de referencia, a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado. 2.- Mediante oficio ********************, de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, nuevamente requirió al Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, a efecto de que de manera inmediata diera cumplimiento en realizar al quejoso los estudios de gabinete y diagnóstico ordenados, así como para que en coordinación con el médico que asiste a los internos en el Centro Penitenciario a su cargo, solicitara cita en el Hospital Dr. Aurelio Valdivieso de la Ciudad de Oaxaca, para que el aquí quejoso fuera atendido médicamente, o en su caso informara las gestiones realizadas para ello, dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la recepción de ese oficio, apercibiéndolo con multa. 3.- En cumplimiento a dichos requerimientos, el Subdirector de Servicios Técnicos Encargado del despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, por oficio ********************, le informó a la Juez responsable que el quejoso desde su ingreso a ese Centro Penitenciario, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ha recibido atención médica por parte de los doctores adscritos a ese Reclusorio; asimismo, que el veinte de mayo de dos mil veintidós, el quejoso contó con cita concertada con médico especialista en medicina interna en el Hospital General "Dr. Alberto Vargas Merino" con sede en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, en atención a la referencia médica que emitió el Doctor ********************, galeno adscrito a ese Reclusorio, para su valoración y se determinara el tratamiento a seguir. 4.- Copia del estudio del ultrasonido abdominal, realizado al quejoso ********************, el siete de julio de dos mil veintidós, signado por el doctor Juan Carlos Cabrera León, adscrito al Hospital General "Dr. Aurelio Valdivieso", en el que concluyó que el quejoso presenta: a).- Glándula hepática de tamaño y contornos conservados, con cambios de esteatosis grado II-III, con un aspecto nodular fino, hallazgos que sugieren una etapa de esteatohepatitis con tendencia a la fibrosis-cirrosis; b).- la vascularidad hepática muestra menor velocidad pico sistólica de la porta, hallazgo indirecto que sugiere cambios iniciales de hipertensión portal; c).- en el momento actual no hay esplenomegalia ni liquido de ascitis; d).- datos de colelitiasis; e).- el resto de las estructuras abdominales muestran aspecto ecográfico normal para su edad; y f).- correlación clínica, evolución del padecimiento, laboratoriales y de estudios para clínicos complementarios de seguimiento. De lo anterior se advierte, que contrario a lo manifestado por el quejoso, la Juez responsable no fue omiso en vigilar que se le diera la atención médica que ordenó en audiencia de catorce de mayo del año en curso, llevada cabo en la causa penal ******************** de su índice, toda vez que realizó los requerimientos respectivos a la autoridad encargada del Centro de Reclusión de San Juan Bautista Cuicatlán, a fin de que acatara dicha orden y le informará su cumplimiento. Bajo las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario de la parte quejosa, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional respecto a dicha autoridad responsable. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Subdirector de Servicios Técnicos Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de haber quedado legalmente notificado de su petición, por lo que se presume cierto el acto reclamado que se le atribuye. Lo que además se corrobora con las constancias que remitió en sus oficios por los que informó el cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor del quejoso. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Juzgado advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este órgano jurisdiccional estima que, respecto a los actos reclamados consistentes en la omisión de atención médica por la cirrosis hepática que padece, atribuible a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o median te la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Establecido lo anterior, la fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, al acto reclamado le resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así los artículos 9, 107 a 115, 131 y 132 de la citada legislación, disponen: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta Ley; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad". Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". Del análisis de los artículos transcritos se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; a la alimentación nutritiva; a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, se establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. A la par, la aludida legislación establece la forma en que las peticiones se deben sustanciar, resolver e impugnar, incluso, tratándose de casos urgentes (artículos 111 a 115, 131 y 132). En ese contexto, tomando en consideración que en el caso la parte quejosa reclama esencialmente: la omisión de no ser valorado por la cirrosis hepática que padece, es evidente que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. En tales condiciones, al no haberse cumplido con el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, lo que conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página: 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 562/2022, promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, atribuidos al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y del Director del Centro Penitenciario de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo del Subdirector de Servicios Técnicos encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiuno de julio pasado, informa lo relativo a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, a favor del quejoso Pascual López Velasco, remitiendo las documentales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

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