Pascual Ivan Rodríguez Cruz
Expediente 977/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pascual Ivan Rodríguez Cruz
Actuaciones
- Principal
....Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte, que mediante proveído de doce de agosto del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por Pascual Iván Rodríguez Cruz, el cual se notificó a la parte quejosa el doce de agosto del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido... NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY....
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Pascual Iván Rodríguez Cruz, contra actos del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, sede en San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 977/2022. Análisis e improcedencia En el caso, el quejoso Pascual Iván Rodríguez Cruz, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, reclama de las autoridades responsables esencialmente la falta de atención medica en virtud de padecer "asma mixta no controlada, seudo crisis convulsivas, asma no exacerbada, lo que me produce convulsiones y deterioro de mi estado neurológico, así como mis pulmones están muy delicados". En razón de lo anterior, respecto de los actos reclamados, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)". En relación con el principio de definitividad existe el criterio siguiente, que no contraviene a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". [Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época]. El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama esencialmente: la falta de atención medica en virtud de padecer asma mixta no controlada, seudo crisis convulsivas, asma no exacerbada, lo que me produce convulsiones y deterioro de su estado neurológico, además de que sus pulmones están muy delicados. Ahora, bien, conforme a los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal deviene improcedente el juicio de amparo respecto de la falta de atención medica en virtud de padecer asma mixta no controlada, seudo crisis convulsivas, asma no exacerbada, lo que me produce convulsiones y deterioro de su estado neurológico, así como que sus pulmones están muy delicados. Por ende, atento a lo dispuesto por los citados numerales, el quejoso se encuentra en aptitud de iniciar un procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, es decir, presentar su petición sin formalidad alguna ante el Director del Centro Penitenciario, quien a su vez dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o prevendrá según sea el caso, quien le notificará personalmente. Asimismo, el Director de dicho Centro, estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Incluso, si el quejoso, no obtiene una respuesta favorable a su petición, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que le recaiga a su petición, tal como lo dispone el artículo 114 de la citada ley. De igual forma cuando la petición recaiga sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, por lo que la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Cabe precisar que, con la anterior conclusión no se soslayan las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda respecto a la existencia de una petición elevada ante el personal del Centro Penitenciario, puesto que al formular la solicitud administrativa decidió someterse a la secuencia de los recursos ordinarios, por ende, no se cumple con el principio de definitividad. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo la parte quejosa tiene la obligación procesal de iniciar el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, contra la omisión reclamada, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Ello es así, tomando en consideración que el indicado ordenamiento secundario contempla un mecanismo de control de actos u omisiones relacionadas con aspectos de internamiento, el cual si bien da inicio con una petición administrativa, su decisión desfavorable o falta de contestación es susceptible de impugnación judicial, es decir, la última decisión se encuentra a cargo de una autoridad judicial. De modo que, aun cuando el reclamo destacado repercute sobre el derecho fundamental de salud, de la persona privada de su libertad, es importante destacar que su protección se encuentra contemplada tanto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, como Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, por lo que su afectación se traduciría en una violación a la norma secundaria de manera directa y a la Constitución de manera indirecta. Además, porque la circunstancia de que el acto reclamado llegara a afectar algún derecho sustantivo del quejoso y este pudiera considerarse como de imposible reparación, no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya lo anterior, los criterios de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." (Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a), antes referida, que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, con registro digital 2018548). "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". [Jurisprudencia PC.III.P. J/18 P, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Penal, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1701, con registro digital 2017822]. Lo anterior evidencia que el quejoso Pascual Iván Rodríguez Cruz, se encuentra obligado a agotar la controversia ante el Juez de Ejecución previo a instar el juicio de garantías, tal y como lo establecen los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías. Similares consideraciones sostuvieron el Primero y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al resolver los recursos de queja 150/2020, 66/2020; 105/2020, 77/2021, así como, amparo en revisión 166/2020, de sus estadísticas, en sesiones de uno de diciembre de dos mil veinte, dos de febrero, once de marzo y cuatro de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente. Por otra parte, tomando en consideración que la presente demanda resulta improcedente, en el caso no ha lugar a decretar la suspensión de plano del acto reclamado. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio el que indica; y por autorizado con las amplias facultades del artículo 12 de la ley de amparo a Hermelinda Méndez Castellanos, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas por no tener registrada su cedula profesional en dicho sistema. Formas de contacto. Conforme lo establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado mediante el similar 5/2021 del propio órgano colegiado, con relación al periodo de vigencia, se tiene como forma de contacto de la parte quejosa, el correo electrónico hernandez_ale08@hotmail.com, así como los números telefónicos 9513078767, a través del cual, en su caso, se podrá entablar comunicaciones no procesales. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las demás partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria Nelly Zárate Flores, quien autoriza y da fe.
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