Pascual Hernández de Luna

Expediente 290/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 45 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
290/2017
Año
2017
Actuaciones
45
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Pascual Hernández de Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    El dos de abril de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del nueve al veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de uno del mes y año en cita (fojas 156 a 162), dictado por este juzgado, dentro del juicio de amparo número 290/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión y que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; asimismo, que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de uno de marzo del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes; y en atención a que el proveído de que se trata no requiere ejecución material, con fundamento en el ordinal 214, de la Ley de la Materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración que por una parte se negó y por otra se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que en el incidente de suspensión relativo no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse; así como que no existe recurso pendiente por resolver. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    El uno de marzo de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de veinte días concedido al quejoso en auto de once de enero del año en curso, para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, transcurrió del diecinueve de enero al dieciséis de febrero del año actual, sin que hubiera cumplido con esa determinación, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la propia fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de marzo de dos mil dieciocho Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de once de enero del año en curso, para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."; por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: En auto de diez de abril de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real; y para tal efecto se remitió despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para llevar a cabo dicha diligencia (fojas 133-134). En auto de once de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho con número de orden 286/2017 y de origen 107/2017, enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, se emplazara al presente juicio de amparo, entre otros, a los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real (fojas 204-205); auto en el que además se ordenó al actuario judicial adscrito realizar llamadas telefónicas con la finalidad de localizar a éstos terceros y emplazarlos. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 209), se acordó la razón asentada por el actuario de la adscripción en el sentido de que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en auto de once del mes y año en cita; por lo que, se ordenó iniciar el trámite de investigación que señala el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, girándose oficios a diversas autoridades con la finalidad de obtener el domicilio de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real. Ahora bien, de la información requerida a las autoridades administrativas a quienes se les solicitó respecto a los domicilios de los referidos terceros interesados (auto de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 299-300), se obtuvo que la tercero interesada Victoria Recendez Pérez podría ser localizada en calle Reforma número 20, colonia Centro, General Enrique Estrada, Zacatecas; y el diverso tercero Víctor Manuel del Real en calle Morelos número 739, colonia Centro en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y Privada Insurgentes número 6, colonia Monte Escobedo, Monte Escobedo, calle González Ortega número 9, Monte Escobedo, Zacatecas; por lo que se procedió a remitir despacho a los jueces de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales y Jerez de García Salinas, Zacatecas, en turno, respectivamente, a fin de que se emplazara a los referidos terceros interesados, haciendo mención que respecto a Karla Susana Jiménez Díaz no se obtuvo dado; y de Ana Lucía Flores Zamora se contó con un domicilio al que ya se había ordenado emplazar, sin embargo, no existe. Auto en el que por lo que se refiere a la diversa tercera interesada Ana Lucía Flores Zamora se asentó que ya se había ordenado su emplazamiento en el domicilio proporcionado, pero que no existía y Karla Susana Jiménez Díaz sin dato; motivo por el cual se requirió a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta III, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para que remitiera a este órgano jurisdiccional la constancia relativa a la individualización del imputado Pascual Hernández de Luna, en caso de haberlo recabado. Posteriormente, en auto de uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 331) se recibió el despacho con número de orden 571/2017 y de origen 260/2017 sin diligenciar por motivo de que no fue posible emplazar al tercero interesado Víctor Manuel del Real. De igual forma, en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (foja 379) se recibió el oficio registrado con el folio 11885 mediante el cual el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, devolvió sin diligenciar el despacho con número de orden 570/2017 y de origen 259/2017, al no haberse logrado emplazar a los terceros interesados Victoria Recendez Pérez y Víctor Manuel del Real; asimismo, se ordenó requerir a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para que remitiera a este órgano jurisdiccional la constancia relativa a la individualización del imputado Pascual Hernández de Luna, con el objeto de conocer su situación económica para ordenar o no el emplazamiento de los referidos terceros interesados por medio de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 396), se recibió el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta III, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por el que en cumplimiento a lo solicitado remitió el acta de individualización del quejoso Pascual Hernández de Luna, en la que no se advirtieron referencias socioeconómicas que permitieran establecer su capacidad económica; en ese mismo auto se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días proporcionara el domicilio actual y correcto de los referidos terceros interesados. Enseguida, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 413), se levantó certificación relativa a que transcurrió el término otorgado al quejoso sin haber realizado manifestación alguna respecto a lo requerido; por lo que, por auto de esa misma fecha, y tomando en consideración que pese a los trámites de investigación realizados para lograr dar con el domicilio de los multicitados terceros se ordenó el emplazamiento a costa de la parte quejosa por edictos; haciéndole saber que los mismos quedaban a su disposición en la secretaría de este juzgado y con fundamento en lo establecido en el último párrafo del inciso b), fracción III del artículo 27 y la fracción II del artículo 63 amos de la Ley de Amparo, en caso de que el solicitante del amparo no acreditara haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días posteriores a la notificación de dicho auto, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio. En auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 429), se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días exhibiera constancia que le fuera expedida por alguna dependencia gubernamental con la que acreditara que no tenía capacidad económica para sufragar el pago correspondiente a los edictos. De igual forma, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 433), por haber transcurrido el término otorgado en auto de seis del mismo mes y año para que exhibiera la constancia solicitada, de nueva cuenta se le requirió para que dentro del mismo término de tres días exhibiera esa constancia y se le apercibió que de no dar cumplimiento se ordenaría el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, a su costa. Por lo que, al no haber hecho manifestación alguna en proveído de once de enero de este año, se hizo efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, y se ordenó el emplazamiento de los citados terceros interesados a costa de la parte quejosa mediante edictos los que se publicarían por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, así como en cualquier periódico de circulación nacional a elección del promovente del amparo, haciéndole saber que los mismos quedaban a su disposición en la secretaría de este juzgado. Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, a fin de emplazarlos al presente juicio de amparo, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el quejoso Pascual Hernández de Luna no acreditó haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los antes nombrados, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que le fueran entregados, lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". Por su parte, el ordinal 5°, fracción III, inciso c) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; .". Conforme a lo anterior, en el presente juicio de amparo se tuvo como diversos terceros interesados a Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, y no obstante que se requirió al peticionario de garantías en diversas ocasiones, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de éstos, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de once de enero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarlos por medio de edictos a costa del quejoso; sin que éste hubiera comparecido a recogerlos para su publicación, dentro del plazo de veinte días que se le otorgó; lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión del quejoso genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es el propio impetrante. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se patentiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso c), todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen* primero de marzo de dos mil diecisiete

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA LUZ BELÉN DÍAZ MURUATO, EL AUTO DICTADO EN FECHA UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: El uno de marzo de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de veinte días concedido al quejoso en auto de once de enero del año en curso, para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, transcurrió del diecinueve de enero al dieciséis de febrero del año actual, sin que hubiera cumplido con esa determinación, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la propia fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de marzo de dos mil dieciocho Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de once de enero del año en curso, para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."; por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: En auto de diez de abril de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real; y para tal efecto se remitió despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para llevar a cabo dicha diligencia (fojas 133-134). En auto de once de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho con número de orden 286/2017 y de origen 107/2017, enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, se emplazara al presente juicio de amparo, entre otros, a los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real (fojas 204-205); auto en el que además se ordenó al actuario judicial adscrito realizar llamadas telefónicas con la finalidad de localizar a éstos terceros y emplazarlos. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 209), se acordó la razón asentada por el actuario de la adscripción en el sentido de que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en auto de once del mes y año en cita; por lo que, se ordenó iniciar el trámite de investigación que señala el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, girándose oficios a diversas autoridades con la finalidad de obtener el domicilio de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real. Ahora bien, de la información requerida a las autoridades administrativas a quienes se les solicitó respecto a los domicilios de los referidos terceros interesados (auto de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 299-300), se obtuvo que la tercero interesada Victoria Recendez Pérez podría ser localizada en calle Reforma número 20, colonia Centro, General Enrique Estrada, Zacatecas; y el diverso tercero Víctor Manuel del Real en calle Morelos número 739, colonia Centro en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y Privada Insurgentes número 6, colonia Monte Escobedo, Monte Escobedo, calle González Ortega número 9, Monte Escobedo, Zacatecas; por lo que se procedió a remitir despacho a los jueces de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales y Jerez de García Salinas, Zacatecas, en turno, respectivamente, a fin de que se emplazara a los referidos terceros interesados, haciendo mención que respecto a Karla Susana Jiménez Díaz no se obtuvo dado; y de Ana Lucía Flores Zamora se contó con un domicilio al que ya se había ordenado emplazar, sin embargo, no existe. Auto en el que por lo que se refiere a la diversa tercera interesada Ana Lucía Flores Zamora se asentó que ya se había ordenado su emplazamiento en el domicilio proporcionado, pero que no existía y Karla Susana Jiménez Díaz sin dato; motivo por el cual se requirió a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta III, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para que remitiera a este órgano jurisdiccional la constancia relativa a la individualización del imputado Pascual Hernández de Luna, en caso de haberlo recabado. Posteriormente, en auto de uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 331) se recibió el despacho con número de orden 571/2017 y de origen 260/2017 sin diligenciar por motivo de que no fue posible emplazar al tercero interesado Víctor Manuel del Real. De igual forma, en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (foja 379) se recibió el oficio registrado con el folio 11885 mediante el cual el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, devolvió sin diligenciar el despacho con número de orden 570/2017 y de origen 259/2017, al no haberse logrado emplazar a los terceros interesados Victoria Recendez Pérez y Víctor Manuel del Real; asimismo, se ordenó requerir a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para que remitiera a este órgano jurisdiccional la constancia relativa a la individualización del imputado Pascual Hernández de Luna, con el objeto de conocer su situación económica para ordenar o no el emplazamiento de los referidos terceros interesados por medio de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 396), se recibió el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta III, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por el que en cumplimiento a lo solicitado remitió el acta de individualización del quejoso Pascual Hernández de Luna, en la que no se advirtieron referencias socioeconómicas que permitieran establecer su capacidad económica; en ese mismo auto se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días proporcionara el domicilio actual y correcto de los referidos terceros interesados. Enseguida, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 413), se levantó certificación relativa a que transcurrió el término otorgado al quejoso sin haber realizado manifestación alguna respecto a lo requerido; por lo que, por auto de esa misma fecha, y tomando en consideración que pese a los trámites de investigación realizados para lograr dar con el domicilio de los multicitados terceros se ordenó el emplazamiento a costa de la parte quejosa por edictos; haciéndole saber que los mismos quedaban a su disposición en la secretaría de este juzgado y con fundamento en lo establecido en el último párrafo del inciso b), fracción III del artículo 27 y la fracción II del artículo 63 amos de la Ley de Amparo, en caso de que el solicitante del amparo no acreditara haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días posteriores a la notificación de dicho auto, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio. En auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 429), se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días exhibiera constancia que le fuera expedida por alguna dependencia gubernamental con la que acreditara que no tenía capacidad económica para sufragar el pago correspondiente a los edictos. De igual forma, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 433), por haber transcurrido el término otorgado en auto de seis del mismo mes y año para que exhibiera la constancia solicitada, de nueva cuenta se le requirió para que dentro del mismo término de tres días exhibiera esa constancia y se le apercibió que de no dar cumplimiento se ordenaría el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, a su costa. Por lo que, al no haber hecho manifestación alguna en proveído de once de enero de este año, se hizo efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, y se ordenó el emplazamiento de los citados terceros interesados a costa de la parte quejosa mediante edictos los que se publicarían por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, así como en cualquier periódico de circulación nacional a elección del promovente del amparo, haciéndole saber que los mismos quedaban a su disposición en la secretaría de este juzgado. Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, a fin de emplazarlos al presente juicio de amparo, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el quejoso Pascual Hernández de Luna no acreditó haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los antes nombrados, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que le fueran entregados, lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". Por su parte, el ordinal 5°, fracción III, inciso c) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; .". Conforme a lo anterior, en el presente juicio de amparo se tuvo como diversos terceros interesados a Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, y no obstante que se requirió al peticionario de garantías en diversas ocasiones, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de éstos, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de once de enero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarlos por medio de edictos a costa del quejoso; sin que éste hubiera comparecido a recogerlos para su publicación, dentro del plazo de veinte días que se le otorgó; lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión del quejoso genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es el propio impetrante. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se patentiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso c), todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El uno de marzo de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de veinte días concedido al quejoso en auto de once de enero del año en curso, para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, transcurrió del diecinueve de enero al dieciséis de febrero del año actual, sin que hubiera cumplido con esa determinación, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la propia fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a uno de marzo de dos mil dieciocho Vista la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa en auto de once de enero del año en curso, para que acreditara haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, sin que hubiera cumplido con esa determinación; por tanto, se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."; por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: En auto de diez de abril de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real; y para tal efecto se remitió despacho al juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para llevar a cabo dicha diligencia (fojas 133-134). En auto de once de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho con número de orden 286/2017 y de origen 107/2017, enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, se emplazara al presente juicio de amparo, entre otros, a los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real (fojas 204-205); auto en el que además se ordenó al actuario judicial adscrito realizar llamadas telefónicas con la finalidad de localizar a éstos terceros y emplazarlos. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 209), se acordó la razón asentada por el actuario de la adscripción en el sentido de que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en auto de once del mes y año en cita; por lo que, se ordenó iniciar el trámite de investigación que señala el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, girándose oficios a diversas autoridades con la finalidad de obtener el domicilio de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real. Ahora bien, de la información requerida a las autoridades administrativas a quienes se les solicitó respecto a los domicilios de los referidos terceros interesados (auto de once de julio de dos mil diecisiete (fojas 299-300), se obtuvo que la tercero interesada Victoria Recendez Pérez podría ser localizada en calle Reforma número 20, colonia Centro, General Enrique Estrada, Zacatecas; y el diverso tercero Víctor Manuel del Real en calle Morelos número 739, colonia Centro en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y Privada Insurgentes número 6, colonia Monte Escobedo, Monte Escobedo, calle González Ortega número 9, Monte Escobedo, Zacatecas; por lo que se procedió a remitir despacho a los jueces de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales y Jerez de García Salinas, Zacatecas, en turno, respectivamente, a fin de que se emplazara a los referidos terceros interesados, haciendo mención que respecto a Karla Susana Jiménez Díaz no se obtuvo dado; y de Ana Lucía Flores Zamora se contó con un domicilio al que ya se había ordenado emplazar, sin embargo, no existe. Auto en el que por lo que se refiere a la diversa tercera interesada Ana Lucía Flores Zamora se asentó que ya se había ordenado su emplazamiento en el domicilio proporcionado, pero que no existía y Karla Susana Jiménez Díaz sin dato; motivo por el cual se requirió a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta III, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para que remitiera a este órgano jurisdiccional la constancia relativa a la individualización del imputado Pascual Hernández de Luna, en caso de haberlo recabado. Posteriormente, en auto de uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 331) se recibió el despacho con número de orden 571/2017 y de origen 260/2017 sin diligenciar por motivo de que no fue posible emplazar al tercero interesado Víctor Manuel del Real. De igual forma, en proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (foja 379) se recibió el oficio registrado con el folio 11885 mediante el cual el juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, devolvió sin diligenciar el despacho con número de orden 570/2017 y de origen 259/2017, al no haberse logrado emplazar a los terceros interesados Victoria Recendez Pérez y Víctor Manuel del Real; asimismo, se ordenó requerir a la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, para que remitiera a este órgano jurisdiccional la constancia relativa a la individualización del imputado Pascual Hernández de Luna, con el objeto de conocer su situación económica para ordenar o no el emplazamiento de los referidos terceros interesados por medio de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 396), se recibió el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta III, del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por el que en cumplimiento a lo solicitado remitió el acta de individualización del quejoso Pascual Hernández de Luna, en la que no se advirtieron referencias socioeconómicas que permitieran establecer su capacidad económica; en ese mismo auto se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días proporcionara el domicilio actual y correcto de los referidos terceros interesados. Enseguida, el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete (foja 413), se levantó certificación relativa a que transcurrió el término otorgado al quejoso sin haber realizado manifestación alguna respecto a lo requerido; por lo que, por auto de esa misma fecha, y tomando en consideración que pese a los trámites de investigación realizados para lograr dar con el domicilio de los multicitados terceros se ordenó el emplazamiento a costa de la parte quejosa por edictos; haciéndole saber que los mismos quedaban a su disposición en la secretaría de este juzgado y con fundamento en lo establecido en el último párrafo del inciso b), fracción III del artículo 27 y la fracción II del artículo 63 amos de la Ley de Amparo, en caso de que el solicitante del amparo no acreditara haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días posteriores a la notificación de dicho auto, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio. En auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 429), se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días exhibiera constancia que le fuera expedida por alguna dependencia gubernamental con la que acreditara que no tenía capacidad económica para sufragar el pago correspondiente a los edictos. De igual forma, en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 433), por haber transcurrido el término otorgado en auto de seis del mismo mes y año para que exhibiera la constancia solicitada, de nueva cuenta se le requirió para que dentro del mismo término de tres días exhibiera esa constancia y se le apercibió que de no dar cumplimiento se ordenaría el emplazamiento de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, a su costa. Por lo que, al no haber hecho manifestación alguna en proveído de once de enero de este año, se hizo efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, y se ordenó el emplazamiento de los citados terceros interesados a costa de la parte quejosa mediante edictos los que se publicarían por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, así como en cualquier periódico de circulación nacional a elección del promovente del amparo, haciéndole saber que los mismos quedaban a su disposición en la secretaría de este juzgado. Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso c), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de los terceros interesados Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, a fin de emplazarlos al presente juicio de amparo, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el quejoso Pascual Hernández de Luna no acreditó haber entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de los antes nombrados, dentro del plazo de veinte días siguientes al en que le fueran entregados, lo que genera la paralización del juicio de amparo en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". Por su parte, el ordinal 5°, fracción III, inciso c) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción II, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; .". Conforme a lo anterior, en el presente juicio de amparo se tuvo como diversos terceros interesados a Victoria Recendez Pérez, Karla Susana Jiménez Díaz, Ana Lucía Flores Zamora y Víctor Manuel del Real, y no obstante que se requirió al peticionario de garantías en diversas ocasiones, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de éstos, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de once de enero de dos mil dieciocho, se ordenó emplazarlos por medio de edictos a costa del quejoso; sin que éste hubiera comparecido a recogerlos para su publicación, dentro del plazo de veinte días que se le otorgó; lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión del quejoso genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es el propio impetrante. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se patentiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso c), todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

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