Pascual Hernández Castelazo

Expediente 1651/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1651/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Pascual Hernández Castelazo

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintiuno de octubre del dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por * por propio derecho, contra actos que reclama de la Junta Especial número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Pachuca, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1651/2022-3, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaran factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, y en términos del artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La omisión de la Junta responsable para acordar la promoción presentada en el juicio laboral 198/2010, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual solicita el aquí quejoso la ejecución del laudo respectivo; y, su notificación. Precisado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;(.)" En el caso, el acto que se reclama en este asunto, no se conceptualiza como de imposible reparación. En esa virtud, quien resuelve estima que el juicio de amparo resulta improcedente, en la medida que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Junta responsable para acordar la promoción presentada en el juicio laboral 198/2010, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual solicita el aquí quejoso la ejecución del laudo respectivo; y en el caso, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legamente debió pronunciar el acuerdo relativo a dicha promoción. Plazo este que será de cuarenta y ocho horas de conformidad con el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que la Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en las que reciba promociones por escrito. Para arribar porque resulta improcedente el presente asunto, es necesario conocer el contenido del artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que se suscitó la controversia laboral que dio origen el presente asunto, el cual dispone: "Artículo 838.- La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." De la normativa transcrita, se advierte que el plazo con que cuenta la responsable para atender las promociones que recibe es de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que las recibe. Así, sí en la demanda de amparo en estudio se señaló como acto reclamado la omisión de la Junta responsable para acordar la promoción presentada en el juicio laboral 198/2010, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós; es inconcuso que el término de cuarenta y ocho horas que tenía la Junta responsable para acordar dicha promoción, transcurrió del diecinueve al veintiuno de septiembre de este año. Por lo que los cuarenta y cinco días naturales, a los que se ha hecho referencia transcurren del veintidós de septiembre (día siguiente al que concluyó el plazo -48 horas- en que legamente debió pronunciar el acuerdo relativo a la promoción respectiva) al cinco de noviembre del año en curso. En la especie, sólo han transcurrido treinta días naturales de los de los cuarenta y cinco días naturales a que hace referencia la jurisprudencia citada con antelación, y que tiene la responsable para dictar el acuerdo correspondiente, esto es así, porque el veintiuno de septiembre del año en curso, precluyeron las cuarenta y ocho horas referidas en el citado artículo 838, y la demanda de amparo se presentó diecinueve de noviembre del presente año. En esa virtud, resulta inconcuso que la omisión que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues aún y cuando se está en presencia de retraso en emitir el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, no se advierte una abierta dilación o la paralización del procedimiento laboral, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, se desecha de plano la presente demanda de derechos, promovida por *, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Fernando Villalobos Ordaz (2088348), toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así respecto de las diversas personas autorizadas por carecer de dicho registro, los restantes profesionistas mencionados en términos restringidos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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