Pascual Hernández Castelazo

Expediente 545/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
545/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2016

Partes del expediente

  • Pascual Hernández Castelazo

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS. Visto el oficio JE51-AD/610/2016, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, registrado en oficialía de partes con el número 3249/2016, mediante el cual remite original y copia de la demanda de amparo, promovida por Pascual Hernández Castelazo, por conducto de su apoderado legal Fernando Villalobos Ordaz, escrito de presentación, constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada y los autos del expediente laboral 228/2000; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que Pascual Hernández Castelazo, por conducto de su apoderado legal Fernando Villalobos Ordaz, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) AUTORIDAD RESPONSABLE: INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. - - - ACTO RECLAMADO: La resolución de No acatamiento al laudo de fecha 29 de abril de 2016, con el cual se da por concluido el procedimiento laboral en el que se actúa, según el criterio de la autoridad responsable, razón por la que se recurre en esta vía y forma emitido por la Autoridad Responsable dentro de los autos del juicio laboral 228/2000, de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje.". Luego, del expediente laboral 228/2000, remitido por la Junta responsable mediante oficio JE51-AD/610/2016, recibido en esta misma data, y de las constancias deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se evidencia que Pascual Hernández Castelazo, demandó al Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación, diversas prestaciones ante la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, registrándose como juicio laboral 228/2000; y después de diversos juicios de amparo promovidos, el cuatro de marzo de dos mil diez, la autoridad responsable, en cumplimiento a los juicios de amparo directo 792/2009 y 793/20119 del índice de este órgano federal, en los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal, emitió el laudo respectivo, condenando a los demandados a pagar las prestaciones reclamadas por Pascual Hernández Castelazo; y, tras diversas etapas procesales, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la citada autoridad responsable emitió la resolución correspondiente dentro del incidente de no acatamiento al laudo. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral 228/2000 que declaró procedente el incidente de no acatamiento de laudo, resolución emitida en la etapa de cumplimiento del laudo; por lo tanto, dicha determinación no es un laudo ni una resolución que ponga fin al juicio; de ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por su sentido, ilustra lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este órgano comparte, visible en la página 267, del Tomo VIII, Diciembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunales Colegiados, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DEL LAUDO. La resolución reclamada que decide un incidente de liquidación promovido en ejecución de un laudo, no se ubica en las hipótesis de procedencia del amparo directo, ya que no es laudo ni una resolución que ponga fin al juicio, en los términos precisados por el artículo 46 de la Ley de Amparo; esto es, no constituye una resolución que decida el juicio en lo principal ni de las que sin decidir tal cuestión, lo dan por concluido, por tanto, tal acto de ejecución debe considerarse realizado después de concluido el juicio, respecto del cual procede el amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo y fracción VII del artículo 107 constitucional.". Por tal motivo, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos en los ya apuntados preceptos legales 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y 37, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es claro que por falta de competencia legal, el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; asimismo y en su momento procesal oportuno remítanse al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, la demanda de garantías con sus anexos, así como copia certificada de la presente resolución, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda; solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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