Pascual Gallardo Abarca
Expediente 1805/2009 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 117 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2009
- Año
- 2009
- Actuaciones
- 117
- Última actuación
- 24/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pascual Gallardo Abarca
- Romualdo Lira Soto
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado . .
- LUCIO GARCIA MARTINEZ y Otros.
- PASCUAL GALLARDO ABARCA y Otros.
- ROMUALDO LIRA SOTO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 117.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1805/2009 (en cuatro tomos), asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de inconformidad laboral 16/2017; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: ".PRIMERO. Es INFUNDADO el incidente de inconformidad promovido por PASCUAL GALLARDO ABARCA y otros, por conducto de su autorizada en el juicio de amparo indirecto 1805/2009-V. SEGUNDO. Se CONFIRMA el acuerdo recurrido de veintidós de mayo de dos mil diecisiete." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; glósese a los presentes autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo Abrogada, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: Atento a lo anterior, al encontrarse en el supuesto del capítulo tercero, punto décimo primero, capitulo quinto, punto vigésimo y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre del mismo año, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; ES SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO. Por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
A sus autos el escrito de Marisol Añorve Velázquez, autorizada de la parte quejosa, a través del cual interpone RECURSO DE INCONFORMIDAD contra el auto de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplida la sentencia amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 105, párrafo tercero y 108 de la Ley de Amparo abrogada, se tiene a la parte quejosa interponiendo el referido medio de impugnación; fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original; y, envíese los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente con motivo de la interposición del citado recurso, para la substanciación del mismo. Córrase traslado a las demás partes con copia del escrito de expresión de agravios, para los efectos legales que estimen procedentes.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual entre otras cosas remite copia certificada del auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en el que requiere a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que en el término de diez días hábiles exhiba las cantidades que se adeuda a la parte actora, en autos del juicio laboral de origen 285/2006 y acumulado 517/2007; circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa hizo manifestación acerca del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado por la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia con relación al citado cumplimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 2ªXXXVII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 315, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de 1999, cuyo rubro señala: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se procede al estudio de las constancias que obran en autos, a efecto de determinar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo, para ello se tiene en cuenta lo siguiente. I. [1] Pascual Gallardo Abarca, [2] Romualdo Lira Soto, [3] Lucio García Martínez, [4] Juan Navarrete Andaluz, [5] Araceli Mendoza Miranda, [6] Virginia Romero Rivera, [7] Candelaria Torres Bolio, [8] Francisco Gómez Abarca, [9] Francisco Otero Orbe, [10] Nicolás Abu Rivera, [11] Gerardo Loza Bernal, [12] Silvestre de la O Sánchez, [13] María Luisa Rosa Serrano, [14] María Dolores de Jesús Ocampo, [15] Aureliano Aguilar Alarcón, [16] Ignacio Martínez Pérez, [17] Crispin Juárez López, [18] Herlinda Salome Soberanis, [19] Ruth Angelina Jacintos Romero, [20] Nicomedes Mellin Arroyo, [21] Javier Mellin Ruiz, [22] Evelin Lucero Peñaloza, [23] Francisca Serna Sosa, [24] Marisol Galeana Waller, [25] Evelia León Quiroz, [26] Antonio Luna Castrejón, [27] María de los Ángeles Pineda Torres, [28] Francisco Orbe de la O, [29] Heriberto de Jesús Reyes, [30] María Afrodita Sánchez Valdeolivar, [31] Narciso Resendiz Rosales, [32] Miguel Valdovinos Berdeja, [33] Santos Rivera Guzmán, [34] Hugo Reyes León, [35] José García Ortega, [36] Yesenia Elizabeth Texta Coria, [37] María Celina Noriega Hernández, [38] José Luis Lucas Villamar, [39] Ana María Rivera Gómez, [40] Inés Rivera Gómez, [41] Ramón Rendón Pérez, [42] Andrés Ríos Elías y [43] Guadalupe Salgado Navarrete, por medio de su apoderado Fausto Tavira Solís, el dos de diciembre de dos mil nueve, promovieron amparo indirecto contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó: ACTO RECLAMADO: "La negativa y abstención de la responsable en dictar las medidas necesarias para la eficaz e inmediata ejecución del laudo de fecha treinta de septiembre del 2008, en términos de los artículos 97 y 98 de la Ley número 51, Burocrática Estatal." II. En la sentencia de cuatro de marzo de dos mil diez, se concedió el amparo bajo las siguientes consideraciones: ".Por su parte, los artículos 97 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero y 735 de la Ley Federal del Trabajo, en su orden, disponen: "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes". "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles". Una interpretación sistemática de los numerales reproducidos, permite inferir que los presidentes de los tribunales laborales tienen el imperativo legal de dictar las medidas necesarias para lograr que la ejecución del laudo sea pronta y expedita, para ello deben emitir los acuerdos, proveídos o resoluciones dentro de los plazos y términos legales. Lo precisado en el párrafo que antecede, pone de manifiesto que en la fase ejecutiva de un laudo también impera el principio de celeridad procesal, esto es, que las resoluciones y diligencias que tengan lugar durante dicha etapa deben emitirse y desarrollarse dentro de los plazos y términos que prevé la ley que regula el juicio de origen, ello con el fin de evitar una dilación en detrimento de la parte que obtuvo y del propio órgano encargado de administrar justicia, pues no debe perderse de vista que conforme al principio de economía procesal el proceso debe desarrollarse con el mayor ahorro de tiempo, de energías y de costo. Por tanto, si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero se excede en los términos que al respecto establece la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, para que un laudo sea cumplido en sus términos, es inconcuso que esa conducta conculca la garantía de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 de la Constitución General de la República, habida cuenta que demora el normal desarrollo de la ejecución del laudo debido a que la omisión o retardo en la tramitación afecta todo el procedimiento, al estar conformado por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí. A fin de resaltar la violación al precepto constitucional citado resulta imprescindible relacionar los antecedentes del acto reclamado, así tenemos que: a). El treinta de septiembre de dos mil ocho, la autoridad responsable dirimió la controversia en el juicio laboral 285/2006 y acumulado 517/2007, emitiendo el laudo condenatorio correspondiente (foja 1700 a 1751 del tomo III). b). Inconforme con el laudo, la parte demandada Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana, Guerrero, a través de su apoderado legal Jehová Méndez Olea, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. El amparo directo, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, quien mediante acuerdo plenario correspondiente a la sesión ordinaria de diecinueve de noviembre de dos mil nueve, determinó sobreseer el citado juicio de garantías uniinstancial. El testimonio relativo fue notificado al tribunal laboral responsable el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve (foja 1760 a 1771 del tomo III). c). El veinticinco de noviembre del año pasado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, acusó recibo del testimonio de diecinueve de noviembre de dos mil nueve al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, ordenado continuar con el procedimiento (foja 1772 del tomo III). Lo anterior patentiza que una vez que la autoridad responsable recibió el testimonio de la ejecutoria que resolvió el amparo directo promovido por el ayuntamiento condenado, fue emitido dentro del término legal el acuerdo respectivo, en el que ordeno continuar el proceso natural, sin embargo, después de esa actuación, en autos no está acreditado que hubiese continuado con el tramite subsiguiente al dictado del laudo, lo que indiscutiblemente genera un retraso en la fase ejecutiva del procedimiento laboral de origen, al no dictar dentro de los plazos y términos legales las resoluciones y fijar las diligencias subsecuentes, ello en detrimento de la parte que obtuvo en el juicio laboral, quien acudió ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a demandar las prestaciones que reclama con la finalidad de que la autoridad laboral responsable, primero, administrara justicia en los plazos y términos de ley y, en segundo lugar, para que dentro de esos mismos lapsos, emitiera los acuerdos o proveídos tendientes a agilizar el procedimiento de ejecución del laudo. De modo que, se transgrede en perjuicio de los aquí quejosos la garantía individual de legalidad y seguridad jurídica, contenida en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la fase ejecutiva del procedimiento laboral burocrático debe ceñirse a los plazos que establece la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, o bien a los términos que fije la ley supletoria correspondiente, y por ende, a la celeridad establecida en los dispositivos legales reseñados en párrafos precedentes, pues se entiende que el legislador tomó en consideración la agilización de la ejecución de los laudos, apoyándose para ello en los principios de concentración e inmediatez procesal, con la intención de ser congruente el artículo 17, Constitucional. En tal virtud, al prosperar el concepto de violación planteado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, contra el acto que reclaman al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de esta entidad federativa, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que la responsable provea lo conducente a efecto de que con prontitud y sin exceder los términos señalados en la ley que rige el acto reclamado, lleve a cabo la ejecución del laudo. En la inteligencia, de que los efectos de la concesión del amparo precisados, subsistirán hasta en tanto no existan causas legales o de otra índole imputables a las partes o a otras autoridades extrañas a este juicio de garantías. Aplica al caso la tesis I.3o.T.180 L, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1097, tomo XXVIII, agosto de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE LAUDOS. AL DEMOSTRARSE QUE LA RESPONSABLE SE HA EXCEDIDO EN LOS TÉRMINOS QUE AL RESPECTO DISPONE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE SEAN CUMPLIDOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA IMPUTABLE A LAS PARTES O A OTRAS AUTORIDADES (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 44/2007 Y 2a./J. 45/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 44/2007 y 2a./J. 45/2007, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, páginas 373 y 528, de rubros: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS." y "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", respectivamente, determinó que cuando la autoridad laboral no desarrolla el juicio dentro de los términos y plazos establecidos en las leyes, vulnera el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la omisión o retardo en la tramitación afecta todo el procedimiento, al estar conformado por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí. Ahora bien, la circunstancia de que dichas jurisprudencias aludan a la abstención u omisión en la tramitación oportuna del juicio, no impide que resulten aplicables a la etapa de ejecución de un laudo, debido a que aun en ese periodo los gobernados cuentan con el derecho subjetivo público, en forma de garantía individual, para que se les administre justicia de manera pronta, entendida ésta como la solución de los aspectos litigiosos dentro de los términos y plazos establecidos en las leyes. Aunado a lo anterior, del propio texto de la ejecutoria que originó dichas jurisprudencias se advierte la posibilidad de que la violación al mencionado artículo 17 se dé tanto en la marcha del juicio, como en la tramitación del "procedimiento respectivo". Luego, si en autos se demuestra que en la ejecución de un laudo no se ha cumplido dicha garantía, por no acatarse los artículos 940, 968, 970 y 971 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales, en términos generales, prevén que la ejecución de los laudos debe hacerse de forma pronta y expedita; las reglas que deben seguirse en los embargos; la manera en que se otorgará valor a los bienes embargados; el registro que debe existir del gravamen; y la forma de llevarse a cabo el remate; debe concederse el amparo a fin de que la responsable provea lo conducente a efecto de que con prontitud y sin exceder los términos señalados en estos últimos preceptos, lleve a cabo la ejecución del laudo, salvo que existan causas imputables a las partes o a otras autoridades". Finalmente, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de inmediato devuélvase el expediente laboral 285/2006 y acumulado 517/2007, compuesto de dos tomos, que obra en autos, a su lugar de origen para los efectos legales conducentes. [.] Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 Constitucionales, y a lo establecido en los numerales 77 a 80, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a (1) Pascual Gallardo Abarca, (2) Romualdo Lira Soto, (3) Lucio García Martínez, (4) Juan Navarrete Andaluz, (5) Araceli Mendoza Miranda, (6) Virginia Romero Rivera, (7) Candelaria Torres Bolio, (8) Francisco Gómez Abarca, (9) Francisco Otero Orbe, (10) Nicolás Abu Rivera, (11) Gerardo Loza Bernal, (12) Silvestre de la O Sánchez, (13) María Luisa Rosa Serrano, (14) María Dolores de Jesús Ocampo, (15) Aureliano Aguilar Alarcón, (16) Ignacio Martínez Pérez, (17) Crispin Juárez López, (18) Herlinda Salome Soberanis, (19) Ruth Angelina Jacintos Romero, (20) Nicomedes Mellin Arroyo, (21) Javier Mellin Ruiz, (22) Evelin Lucero Peñaloza, (23) Francisca Serna Sosa, (24) Marisol Galeana Waller, (25) Evelia León Quiroz, (26) Antonio Luna Castrejón, (27) María de los Ángeles Pineda Torres, (28) Francisco Orbe de la O, (29) Heriberto de Jesús Reyes, (30) María Afrodita Sánchez Valdeolivar, (31) Narciso Resendiz Rosales, (32) Miguel Valdovinos Berdeja, (33) Santos Rivera Guzmán, (34) Hugo Reyes León, (35) José García Ortega, (36) Yesenia Elizabeth Texta Coria, (37) María Celina Noriega Hernández, (38) José Luis Lucas Villamar, (39) Ana María Rivera Gómez, (40) Inés Rivera Gómez, (41) Ramón Rendón Pérez, (42) Andrés Ríos Elías y (43) Guadalupe Salgado Navarrete, por medio de su apoderado Fausto Tavira Solís, contra el acto que reclaman la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por las razones contenidas en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de inmediato devuélvase el expediente laboral 285/2006 y acumulado 517/2007, compuesto de dos tomos, que obra en autos, a su lugar de origen para los efectos legales conducentes." (Fojas 33 a 47 tomo I) III. Ahora bien, el efecto de la sentencia de amparo debe entenderse conjuntamente con la parte considerativa de la sentencia, pues solo de esa forma podrá conocerse cuáles son los actos concretos que la autoridad responsable está obligada a realizar; de ahí que a la expresión ".provea lo conducente a efecto de que con prontitud y sin exceder los términos señalados en la ley que rige el acto reclamado, lleve a cabo la ejecución del laudo.", debe dársele contenido en ese contexto. Bajo esta tesitura, el acto reclamado consistió en la omisión de tomar las medidas necesarias para ejecutar el laudo de treinta de septiembre de dos mil ocho, en los términos establecidos por la ley. Con base en lo anterior, se advierte que el deber que se consideró fue omitido por la responsable, es el previsto en los artículos 97 y 735 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que prevé la emisión del mandamiento de ejecución del laudo. Entonces, los efectos de la sentencia se limitan a: 1) Tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo, esto es, emitiera el correspondiente auto de ejecución y designar al actuario que efectuara el requerimiento. Esto, porque la oración: "[.]lleve a cabo la ejecución del laudo", es una frase que si se toma aislada resulta vacía de contenido específico, al no puntualizar la actividad que en concreto debe realizar la autoridad responsable, por ello debe tomarse en el contexto de la ejecutoria ya indicada. Así, resulta que el alcance del efecto de la concesión del amparo debe constreñirse a proveer lo relativo para dar continuidad a la etapa de ejecución del laudo; sin que los efectos de la concesión se puedan extender hacia el cumplimiento total del laudo, porque eso no se concretizó en la sentencia de amparo. Ese tema fue tocado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resolver la inconformidad 193/2013, con base en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que en lo toral expuso: "De lo que se sigue que se encuentra satisfecho el núcleo esencial de la obligación exigida por la ejecutoria de amparo, lo que es suficiente para tenerla por cumplida, toda vez que las dilaciones a que alude la inconforme sobre la admisión y desahogo de pruebas así como en el dictado de laudo, son aspectos que atañen a un diverso medio de defensa. No pasa inadvertido que el ahora inconforme invoca, en apoyo de sus agravios, la jurisprudencia 2ª/J 45/2007 de esta Segunda Sala que a la letra se lee: 'SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. (Se trascribe)'. Sin embargo, del análisis del criterio jurisprudencial transcrito no se desprende, como lo pretende la inconforme, que para poder tener por satisfecho el núcleo esencial de la obligación exigida en la sentencia que concede el amparo por violación al principio de pronta impartición de justicia, es necesario esperar hasta el dictado del laudo y verificar que todas las actuaciones procesales se hayan realizado dentro de los plazos previstos en la ley, habida cuenta de que el retardo en la conclusión de juicio en ocasiones es atribuible a las partes e incluso a factores ajenos a la voluntad de la autoridad responsable, siendo ésta la razón por la cual se afirma que las nuevas dilaciones procesales a que alude la inconforme son impugnables a través de diverso medio de impugnación". Además, se invoca el precedente derivado del incidente de inejecución de sentencia 3/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, derivado del juicio de amparo 278/2010. Lo anterior se sustenta en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En tal contexto se analizará el cumplimiento de la ejecutoria. IV. Acciones realizadas por la responsable. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, efectuó lo siguiente: Mediante oficio 4621/2010 de uno de junio de dos mil diez, remitió copia certificada del auto de veintidós de mayo de dos mil diez, en el cual se tuvo reinstalados a los actores comparecientes a la diligencia de veintidós de mayo de dos mil diez y por cuanto hace a (6) Virginia Romero Rivera, (10) Nicolás Abu Rivera, (18) Herlinda Salome Soberanis, (22) Evelin Lucero Peñaloza, (23) Francisca Serna Sosa y (41) Ramón Rendón Pérez, que no comparecieron a la diligencia antes referida, se les hizo efectivo el apercibimiento de siete de abril de dos mil diez, dándose por terminada la relación laboral con la parte demandada (fojas 104 a 119 tomo I). Por oficio 2059/2011 de uno de marzo de dos mil once, remitió copia certificada del auto de esa misma fecha por el cual ordenó enviar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, apara que afectara los ingresos propios del ayuntamiento demandado hasta la cantidad de $10,970,205.17 (fojas 499 a 421 del tomo I). Asimismo, por oficio 10378/2011 de nueve de agosto de dos mil once, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación arrojando un adeuda para el ayuntamiento demandado por la cantidad de $87,408,645. 59 (ochenta y siete millones cuatrocientos ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 59/100 moneda nacional) (fojas 489 a 495 del tomo I). Por oficio 10055/2012 de veintiocho de agosto de dos mil doce, remitió copia certificada del auto de veintiocho de agosto de dos mil doce, por el cual se cubrieron parcialidades respecto a las actoras Guadalupe Salgado Navarrete por la cantidad de $100,000.00, (30) María Afrodita Sánchez Valdeoliva y (39) Ana María Rivera Gómez, por $66.666.67 e (40) Inés Rivera Gómez por $66,666.66 (foja 696 del tomo I). Por oficio de diez de febrero de dos mil diez, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, remitió copias certificadas de la solicitudes de pago a favor de los quejosos (fojas 1602 a 1761 del tomo II). Luego, mediante oficio 5015/2015, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia certificada de las comparecencias de nueve de abril de dos mil quince, por el cual se exhibieron diversos cheques de la siguiente manera; por el actor (32) Miguel Valdovinos Berdeja, $7,692.30 y $5,000.00, (3) Lucio García Martínez $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (11) Gerardo Loza Bernal $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.000, (42) Andrés Ríos Elías $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (6) Virginia Romero Rivera $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (19) Ruth Angelina Jacintos Romero $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (27) María de los Ángeles Pineda Torres $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (29) Heriberto de Jesús Reyes $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (28) Francisco Orbe de la O $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (31) Narcizo Reséndiz Rosales $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (33) Santos Rivera Guzmán $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (34) Hugo Reyes León $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (9) Francisco Otero Orbe $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (22) Evelin Lucero Peñaloza Saucedo $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (15) Aureliano Aguilar Alarcón $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (23) Francisca Serna Sosa $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (13) María Luisa Rosas Serrano $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, María (14) Dolores de Jesús Ocampo $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (21) Javier Mellín Ruíz $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (36) Yesenia Elizabeth Texta Coria $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, (25) Evelia León Quiroz $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00 y (38) José Lucas Villamar $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00 (fojas 1874 a 1876 tomo III). Por oficio 5093/2015 la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidente remitió copias certificadas de la comparecencias de (24) Marisol Galeana Waller, quien recibió tres cheques por las cantidades de $7,692.30, $7,692.30 y $5,000.00, así como de (40) Inés Rivera Gómez, quien recibió un cheque por la cantidad de $90,197.56 (fojas 1907 y 1908 tomo III). Por acuerdo de treinta de abril de dos mil quince (foja 1918 tomo III), el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió copia certificada del auto de treinta de abril de dos mil quince, por el cual preciso que a la actora (40) Inés Rivera Gómez se le adeudaba la cantidad de $1,675,163.06 a (30) María Afrodita Sánchez Valdeolivar $692,617.07, (39) Ana María Rivera Gómez $1,506,647.31 y (43) Guadalupe Salgado Navarrete $5,810,268.28. La autoridad responsable remitió copia certificada de las comparecencias de diecinueve, veintiuno y veinticuatro de agosto de dos mil quince de (1) Pascual Gallardo Abarca, (3) Lucio García Martínez, (4) Juan Navarrete Andaluz, (6) Virginia Romero Rivera, (7) Candelaria Torres Bolio, (8) Francisco Gómez Abarca, (9) Francisco Otero Orbe, (11) Gerardo Loza Bernal, (12) Silvestre de la O Sánchez, (13) María Luisa Rosa Serrano, (15) Aureliano Aguilar Alarcón, (16) Ignacio Martínez Pérez, (19) Ruth Angelina Jacintos Romero, (21) Javier Mellin Ruiz, (24) Marisol Galeana Waller, (25) Evelia León Quiroz, (26) Antonio Luna Castrejón, (27) María de los Ángeles Pineda Torres, (28) Francisco Orbe de la O, (29) Heriberto de Jesús Reyes, (31) Narciso Resendiz Rosales, (32) Miguel Valdovinos Berdeja, (33) Santos Rivera Guzmán, (34) Hugo Reyes León, (35) José García Ortega, (36) Yesenia Elizabeth Texta Coria, (37) María Celina Noriega Hernández, (38) José Luis Lucas Villamar y (42) Andrés Ríos Elías, quienes recibieron dos cheques cada uno por la cantidad de $5,000.00 (fojas 3041, 3042, 3047, 3048 y 3049 tomo III). Posteriormente remitió copia certificada de las comparecencias de veintisiete de agosto y tres de septiembre de dos mil quince, en las cual se les entregaron dos cheques a cada uno de los actores (23) Francisca Serna Sosa y (10) Nicolás Abu Rivera, por la cantidad de $5,000.00 (fojas 3062 y 3063). Luego, el tribunal responsable remitió la comparecencia de tres de agosto de dos mil quince (foja 3064 tomo II), en la cual se hizo constar la entrega de un cheque por la cantidad de $100,000.00 a nombre de (43) Guadalupe Salgado Navarrete, a (30) María Afrodita Sánchez Valdeolivar de $66,666.67 y (39) Ana María Rivera Gómez por $66,666.66. Asimismo, se destacan las siguientes comparecencias: 1. Comparecencia de algunos de los actores ante la autoridad responsable el nueve de abril de dos mil quince, para recibir pagos parciales correspondientes a la condena decretada en el laudo del juicio laboral de origen. 2. Comparecencia de algunas de las actoras ante la autoridad responsable el veintitrés de abril de dos mil quince, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de éstas ante la directamente autoridad responsable como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 3. Comparecencia de una de las actoras ante la autoridad responsable el trece de agosto de dos mil quince, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de ésta como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 4. Comparecencia de algunos actores ante la autoridad responsable el diecinueve de agosto de dos mil quince, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de éstos como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 5. Comparecencia de los actores ante la autoridad responsable el veintiuno de agosto de dos mil quince, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de éstos como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 6. Comparecencia de los actores ante la autoridad responsable el veinticuatro de agosto de dos mil quince, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de éstos como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 7. Comparecencia de los actores ante la autoridad responsable el nueve de octubre de dos mil quince, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de éstos como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 8. Comparecencia de los actores ante la autoridad responsable el veintitrés de octubre de dos mil quince, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de éstos como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 9. Comparecencia de los actores ante la autoridad responsable el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, para recibir diversos cheques que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de éstos como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 10. Comparecencia de una de las actoras ante la autoridad responsable el quince de marzo de dos mil dieciséis, para recibir un cheque que la autoridad vinculada al cumplimiento puso a disposición de ésta como pago parcial de la condena decretada en el juicio laboral de origen. 11. Comparecencia de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, de (43) Guadalupe Salgado Navarrete, en la que se hizo la entrega de diversos cheques a nombre de la actora de mérito, por los cuales cubrió la totalidad de lo adeudado a la misma, por lo que en ese mismo acto se declaró el archivo del asunto como totalmente concluido respecto de ella. 12. Comparecencia de seis de junio de dos mil dieciséis, de (39) Ana María Rivera Gómez e (40) Inés Rivera Gómez, en la que se hizo la entrega de diversos cheques a nombre de dichas actoras, por los cuales cubrió la totalidad de lo adeudado a las mismas, por lo que en ese mismo acto se declaró el archivo del asunto como totalmente concluido respecto de ellas. 13. Comparecencia de uno de julio de dos mil dieciséis, de (30) María Afrodita Sánchez Valdeolivar, en la que se hizo constar la entrega de diversos cheques por los cuales cubrió la totalidad de lo adeudado respecto a dicha actora, por lo que en ese mismo acto declaró el archivo del asunto como totalmente concluido respecto de la misma. 14. Comparecencia de diez de noviembre de dos mil dieciséis, de (34) Hugo Reyes León, en la que se hizo constar la entrega de diversos cheques por los cuales cubrió la totalidad de lo adeudado respecto del actor de mérito, por lo que en ese mismo acto declaró el archivo del asunto como totalmente concluido respecto al mismo (foja 1555). 15. Comparecencia de quince de noviembre de dos mil dieciséis, de (10) Nicolás Abu Rivera, en la que se hizo constar la entrega de diversos cheques por los cuales cubrió la totalidad de lo adeudado respecto del actor de mérito, por lo que en ese mismo acto declaró el archivo del asunto como totalmente concluido respecto al mismo (foja 1561). 16. Finalmente, la comparecencia de diez de marzo de dos mil diecisiete de (13) María Luisa Rosas Serrano, en la que se hizo constar la entrega de diversos cheques por los cuales cubrió la totalidad de lo adeudado respecto a dicha actora, por lo que en ese mismo acto declaró el archivo del asunto como totalmente concluido respecto de la misma (foja 1679). De lo anterior se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ha cumplido la ejecutoria de amparo dictada en autos, en cuanto a (43) Guadalupe Salgado Navarrete, (40) Inés Rivera Gómez, (39) Ana María Rivera Gómez, (30) María Afrodita Sánchez Valdeolivar, (34) Hugo Reyes León, (10) Nicólas Abu Rivera y (13) María Luisa Rosas Serrano; también a su vez ha requerido en diversas ocasiones al Ayuntamiento demandado a través del Presidente y Síndico Procurador, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en autos del juicio laboral de origen 285/2006 y acumulado 517/2007, el cumplimiento del laudo. Asimismo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó que por autos de ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 1576 tomo III), veinte de enero de dos mil diecisiete (foja 1599 tomo III) y oficio 1793/2017 (foja 1665 tomo III), hizo efectivos los apercibimientos decretados y giró oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero a efecto de que realizara las multas impuestas al Presidente y Síndico Procurador del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero Asimismo, acorde a lo expuesto, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ha realizado el pago de diversas parcialidades respecto a los quejosos (1) Pascual Gallardo Abarca, (2) Romualdo Lira Soto, (3) Lucio García Martínez, (4) Juan Navarrete Andaluz, (5) Araceli Mendoza Miranda, (6) Virginia Romero Rivera, (7) Candelaria Torres Bolio, (8) Francisco Gómez Abarca, (9) Francisco Otero Orbe, (11) Gerardo Loza Bernal, (12) Silvestre de la O Sánchez, (14) María Dolores de Jesús Ocampo, (15) Aureliano Aguilar Alarcón, (16) Ignacio Martínez Pérez, (17) Crispin Juárez López, (18) Herlinda Salome Soberanis, (19) Ruth Angelina Jacintos Romero, (21) Javier Mellin Ruiz, (22) Evelin Lucero Peñaloza, (23) Francisca Serna Sosa, (24) Marisol Galeana Waller, (25) Evelia León Quiroz, (26) Antonio Luna Castrejón, (27) María de los Ángeles Pineda Torres, (28) Francisco Orbe de la O, (29) Heriberto de Jesús Reyes, (31) Narciso Resendiz Rosales, (32) Miguel Valdovinos Berdeja, (33) Santos Rivera Guzmán, (35) José García Ortega, (36) Yesenia Elizabeth Texta Coria, (37) María Celina Noriega Hernández, (38) José Luis Lucas Villamar, (41) Ramón Rendón Pérez y (42) Andrés Ríos Elías, lo cual según de constancia de autos se precisa en la siguiente tabla: NÚMERO PROGRESIVO ACTOR CANTIDAD EXHIBIDA CANTIDAD QUE CORRESPONDE TOTAL QUE SE ADEUDA 1 GALLARDO ABARCA PASCUAL $25,000.00 $1,477,601.48 $1,452,601.48 2 LIRA SOTO RUMUALDO $25,000.00 $2,415,694.29 $2,390,694.29 3 GARCÍA MARTÍNEZ LUCIO $25,000.00 $2,175,298.05 $2,150,298.05 4 NAVARRETE ANDALUZ JUAN $20,000.00 $2,382,208.05 $2,362,208.05 5 MENDOZA MIRANDA ARACELY $25,000.00 $2,353,178.29 $2,328,178.29 6 ROMERO RIVERA VIRGINÍA $20,000.00 $1,486,410.08 $1,466,410.08 7 TORRES BOLIO CANDELARÍA $20,000.00 $2,556,898.75 $2,536,898.75 8 GÓMEZ ABARCA FRANCISCO $25,000.00 $2,135,095.58 $2,110,095.58 9 OTERO ORBE FRANCISCO $25,000.00 $1,987,883.48 $1,962,883.48 11 LOZA BERNAL GERARDO $25,000.00 $2,423,768.11 $2,398,768.29 12 DE LA O SÁNCHEZ SILVESTRE $20,000.00 $4,355,788.07 $4,335,788.07 14 DE JESÚS OCAMPO MARÍA DOLORES $25,000.00 $2,493,601.78 $2,468,601.08 15 AGUILAR ALARCÓN AURELIANO $20,000.00 $1,927,159.51 $1,907,159.51 16 MARTÍN PÉREZ IGNACIO $20,000.00 $3,404,039.56 $3,384,039.56 17 JUÁREZ LÓPEZ CRISPÍN $25,000.00 $4,704,268.07 $4,679,268.07 18 SALOMÉ SOBERANIS HERLINDA $15,000.00 $1,567,363.74 $1,552,363.74 19 RUTH ANGELINA JACINTOS ROMERO $25,000.00 $1,599,969.31 $1,574,969.31 20 NICOMEDES MELLIN ARROYO $311,256.00 21 MELLIN RUÍZ JAVIER $25,000.00 $2,361,824.91 $2,336,824.91 22 PEÑALOZA SAUCEDO EVELIN LUCERO $10,000.00 $2,514,545.47 $2,504,545.47 23 SERNA SOSA FRANCISCA $25,000.00 $1,904,789.12 $1,879,789.12 24 GALEANA WALLER MARISOL $25,000.00 $1,875,348.87 $1,850,148.87 25 LEÓN QUÍROZ EVELINA $25,000.00 $2,117,474.45 $2,092,474.45 26 LUNA CASTREJÓN ANTONIO $20,000.00 $2,546,403.57 $2,526,403.57 27 PINEDA TORRES MARÍA DE LOS ÁNGELES $25,000.00 $1,454,031.31 $1,429,031.31 28 ORBE DE LA O FRANCISCO $25,000.00 $1,486,410.08 $1,461,41.08 29 DE JESÚS REYES HERIBERTO $20,000.00 $1,486,409.98 $1,466,409.98 31 RESENDIZ ROSALES NARCISO $25,000.00 $1,534,966.08 $1,509,966.08 32 VALDOVINOS BERDEJA MIGUEL $25,000.00 $1,485,959.96 $1,460,959.90 33 RIVERA GUZMÁN SANTOS $25,000.00 $1,485,459.88 $1,460,459.88 35 GARCÍA ORTEGA JOSÉ $25,000.00 $1,904,789.12 $1,879,789.12 36 TEXTA CORIA YESENIA ELIZABETH $25,000.00 $1,581,105.86 $1,556,105.86 37 NORIEGA HERNÁNDEZ MARÍA CELINA $20,000.00 $3,386,806.46 $3,366,806.46 38 LUCAS VILLAMAR JOSÉ LUIS $25,000.00 $1,486,460.08 $1,461,460.08 41 RENDÓN PÉREZ RAMÓN $20,000.00 $2,403,324.01 $2,383,324.01 42 RÍOS ELÍAS ANDRÉS $25,000.00 $1,876,404.10 $1,851,404.01 Asimismo, de constancia de autos, se advierte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ha cumplido la ejecutoria de amparo en cuanto a (43) Guadalupe Salgado Navarrete, (40) Inés Rivera Gómez, (39) Ana María Rivera Gómez, (30) María Afrodita Sánchez Valdeolivar, (34) Hugo Reyes León, (10) Nicólas Abu Rivera y (13) María Luisa Rosas Serrano, a su vez ha requerido en diversas ocasiones al Ayuntamiento demandado a través del Presidente y Síndico Procurador, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en autos del juicio laboral de origen 285/2006 y acumulado 517/2007. Aunado a lo anterior, en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remitió copia autorizada con firmas autógrafas del auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, por el cual requirió a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Presidente y Síndico Procurador del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero, para que en un término de ocho días hábiles exhibieran la cantidad adeudada al actor Nicomedes Mellín Arroyo, dentro del juicio laboral 285/2006 y acumulado 517/2007. 3. Verificación del cumplimiento. En virtud de lo anterior y analizadas las constancias se advierte, como se dijo en el párrafo anterior sobre los efectos de la sentencia de amparo esta juzgadora debe darle el contenido que en el contexto le corresponde, y en el caso como se advierte de la sentencia que otorgó la protección constitucional es, que el tribunal laboral proveyera lo conducente a efecto de que con prontitud y sin exceder los términos señalados en la ley que rige el acto reclamado, llevara a cabo la ejecución del laudo, sin perder de vista el hecho de que al dictar las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo laboral, impediría llegar a la ejecución total del mismo. Ante ello, por auto de veintidós de mayo de dos mil diez, se tuvo reinstalados a los actores comparecientes a la diligencia de veintidós de mayo de dos mil diez y por cuanto hace a (6) Virginia Romero Rivera, (10) Nicolás Abu Rivera, (18) Herlinda Salome Soberanis, (22) Evelin Lucero Peñaloza, (23) Francisca Serna Sosa y (41) Ramón Rendón Pérez, que no comparecieron a la diligencia antes referida, se les hizo efectivo el apercibimiento de siete de abril de dos mil diez, dándose por terminada la relación laboral con la parte demandada (fojas 104 a 119 tomo I). En cuanto a las medidas que tomó para ejecutar el laudo, se tiene que realizó diversos requerimiento de pago al demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero, así como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de que pagaran la cantidad adeudada a los diversos actores, logrando el pago total por lo que respecta a (43) Guadalupe Salgado Navarrete, (40) Inés Rivera Gómez, (39) Ana María Rivera Gómez, (30) María Afrodita Sánchez Valdeolivar, (34) Hugo Reyes León, (10) Nicólas Abu Rivera y (13) María Luisa Rosas Serrano. De igual forma, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, I) dictó auto de ejecución, II) llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo, III) reinstaló actores y respecto de otros dio por concluida la relación; además y IV) tomó las medidas necesarias para ejecutar el laudo, pues impuso multas (foja 1576 tomo III, foja 1599 tomo III y foja 1665 tomo III), dentro del juicio laboral 285/2006 y acumulado 517/2007. Luego, confrontado con los efectos y alcances del amparo concedido a la parte quejosa, muestra que la sentencia de amparo está cumplida, cesando el estado de inactividad en que se encontraba cuando se promovió el juicio de amparo. Por tanto, es factible concluir que la sentencia está cumplida. No constituyen un obstáculo las manifestaciones hechas por la autorizada de la parte quejosa en auto de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 22 tomo IV), al decir que la autoridad responsable omite aplicar diversas medidas de apremio para lograr el cumplimiento del laudo, toda vez que como se precisó con antelación la autoridad responsable I) dictó auto de ejecución, II) llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo, III) reinstaló al actor y IV) tomó las medidas necesarias para ejecutar el laudo (multa); con lo cual cumplió la ejecutoria de amparo, sin que la autoridad responsable pueda constreñirse hasta que se logre el pago total del adeudo, al no tener ese alcance la ejecutoria de amparo, puesto que la continuidad de la ejecución también depende del interés del ejecutante, ya que es factible que prescriba la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta lo estipulado en los artículos 74, 97, 98 de la Ley Numero 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. 4.- Conclusión. La sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el numeral 105, de la Ley de Amparo abrogada, dese vista a la parte quejosa por el término de CINCO DÍAS, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento dado; de no existir inconformidad se ordenará el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el escrito firmado por Marisol Añorve Velázquez, en su carácter de autorizada legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista ordenada en proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, asimismo, formuladas sus manifestaciones que al efecto vierte en su escrito que se provee; por tanto, tómese en consideración en el momento procesal oportuno. .
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