Pascasio Ramos Hilario
Expediente 1221/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 29/04/2016
Partes del expediente
- Enargada del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla
- Pascasio Ramos Hilario
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 115 a 135), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia federal al quejoso Pascasio Ramos Hilario, para lo cual, la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla debía realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil catorce, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 226/2013, de su índice, incoado al aquí quejoso; y en su lugar emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción sin más limitación que la de no incurrir en las infracciones señaladas en el cuerpo del presente fallo, esto es, que funde y motive: El valor que le merece la declaración de Lucrecia Pérez Valverde a pesar de que manifestó no ratificar su declaración de cargo inicial; EL valor que le merecen los testigos de descargo ofertados por el quejoso, en razón de que en materia penal no existe tacha de testigos; El valor que le merece el dicho de los testigos de cargo, previo análisis minucioso sobre los hechos que declaran." En ese entendido, por oficio recibido el catorce de abril de mil dieciséis la Directora de la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada el catorce de abril de dos mil dieciséis dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 226/2013, en la que subsanó los vicios que le fueron señalados en la sentencia dictada en este expediente, a saber: 1. Indicó que respecto a la declaración Lucrecia Pérez Valverde le dio valor probatorio a la primera declaración que hizo ante su autoridad, ya que la testigo no refirió desconocer el contenido de su declaración primigenia, pues el motivo de su no ratificación es que "la quejosa ya se había desistido de ella y ella ya no quería declarar", más no el desconocimiento de su primer declaración; de igual manera indica que atendiendo al principio de inmediatez procesal atiende a la primera declaración que realizó dicha persona pues fue realizada de manera libre y de manera espontánea; 2. Precisó que los testigos de descargo Edith Anaya Pérez, Elizabeth Briones Díaz y Rosalía Morales Santa María coinciden en sus declaraciones al referirse que se encontraban en el interior de las oficinas que ocupa la Agencia del Ministerio Público de Oriental, el catorce de mayo de dos mil trece, aproximadamente a las doce horas, por lo que existe homogeneidad en sus manifestaciones, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y ocasión, por lo que les concedió pleno valor probatorio en términos del artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado; y, 3. Con relación al valor probatorio de los testigos de cargo indicó que la declaración de Alejandro Rosas Regino y de María Eugenia Trejo Hernández reunieron los requisitos del precepto 201 del código referido ya que fueron coincidentes con lo manifestado por los testigos de descargo, en esencia que María Eugenia Trejo Hernández acudió a la Agencia del Ministerio Público de Oriental y que se dirigió a Pascasio Ramos Hilario (aquí quejoso) para pedirle que le iniciaran su denuncia y que salió molesta de dichas instalaciones. Lo anterior, concatenado con los demás medios de convicción precisados en la resolución de catorce de abril la llevaron a concluir que Pascasio Ramos Hilario es administrativamente responsable de no cumplir con los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que le fue encomendado, en su calidad de Auxiliar del Ministerio Público, descritos en la parte considerativa de dicha resolución y determinó imponerle una sanción consistente en la destitución del cargo como auxiliar del Ministerio Público. Consecuentemente, mediante proveído de dieciocho de abril del año que transcurre (foja 332), se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo fue notificado el veintidós de abril de dos mil dieciséis a la última de las partes, por lo que el plazo concedido transcurrió del veintiséis al veintiocho de abril de dos mil dieciséis, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto (foja 336). Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se requirió a la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 226/2013, subsanó los vicios que le fueron señalados en la sentencia dictada en este expediente, a saber: 1. Indicó que respecto a la declaración Lucrecia Pérez Valverde le dio valor probatorio a la primera declaración que hizo ante su autoridad, ya que la testigo no refirió desconocer el contenido de su declaración primigenia, pues el motivo de su no ratificación es que "la quejosa ya se había desistido de ella y ella ya no quería declarar", más no el desconocimiento de su primer declaración; de igual manera indica que atendiendo al principio de inmediatez procesal atiende a la primera declaración que realizó dicha persona pues fue realizada de manera libre y de manera espontánea; 2. Precisó que los testigos de descargo Edith Anaya Pérez, Elizabeth Briones Díaz y Rosalía Morales Santa María coinciden en sus declaraciones al referirse que se encontraban en el interior de las oficinas que ocupa la Agencia del Ministerio Público de Oriental, el catorce de mayo de dos mil trece, aproximadamente a las doce horas, por lo que existe homogeneidad en sus manifestaciones, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y ocasión, por lo que les concedió pleno valor probatorio en términos del artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado; y, 3. Con relación al valor probatorio de los testigos de cargo indicó que la declaración de Alejandro Rosas Regino y de María Eugenia Trejo Hernández reunieron los requisitos del precepto 201 del código referido ya que fueron coincidentes con lo manifestado por los testigos de descargo, en esencia que María Eugenia Trejo Hernández acudió a la Agencia del Ministerio Público de Oriental y que se dirigió a Pascasio Ramos Hilario (aquí quejoso) para pedirle que le iniciaran su denuncia y que salió molesta de dichas instalaciones. Lo anterior, concatenado con los demás medios de convicción precisados en la resolución de catorce de abril la llevaron a concluir que Pascasio Ramos Hilario es administrativamente responsable de no cumplir con los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que le fue encomendado, en su calidad de Auxiliar del Ministerio Público, descritos en la parte considerativa de dicha resolución y determinó imponerle una sanción consistente en la destitución del cargo como auxiliar del Ministerio Público. Sin que pasen desapercibidas las consideraciones de la parte quejosa que realizó por ocurso presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en el que indica que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que la Directora de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla no valoró de manera correcta las pruebas con las que tuvo por acreditada su responsabilidad dentro del expediente de responsabilidad administrativa 226/2013; sin embargo, no ha lugar a acordar favorablemente a su petición, pues, los efectos de concesión del amparo no fueron los que pretende hacer valer, ya que la autoridad responsable debía únicamente dejar insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil catorce, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 226/2013, de su índice, incoado al aquí quejoso; y en su lugar emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción sin más limitación que la de no incurrir en las infracciones señaladas en el cuerpo de dicha sentencia, esto es, que fundara y motivara (1) el valor que le merece la declaración de Lucrecia Pérez Valverde a pesar de que manifestó no ratificar su declaración de cargo inicial; (2) el valor que le merecen los testigos de descargo ofertados por el quejoso, y (3) el valor que le merece el dicho de los testigos de cargo, previo análisis minucioso sobre los hechos que declaran; lo que ya aconteció, como ya se indicó en los párrafos que anteceden. Cierto, la autoridad responsable señaló que si bien Lucrecia Pérez Valverde no ratificó su declaración, lo cierto es que le dio valor probatorio a la primera declaración que hizo ante su autoridad, ya que la testigo no refirió desconocer el contenido de su declaración primigenia, pues el motivo de su no ratificación es que "la quejosa ya se había desistido de ella y ella ya no quería declarar", más no el desconocimiento de su primer declaración; de igual manera indica que atendiendo al principio de inmediatez procesal atiende a la primera declaración que realizó dicha persona pues fue realizada de manera libre y de manera espontánea. Asimismo, indicó el valor probatorio que le dio a los testigos de cargo y descargo, refiriendo que coinciden en lo sustancial y en aseverar que María Eugenia Trejo Hernández acudió a la Agencia del Ministerio Público de Oriental y que se dirigió a Pascasio Ramos Hilario (aquí quejoso) para pedirle que le iniciaran su denuncia y que salió molesta de dichas instalaciones, lo cual, concatenado con los demás medios de convicción precisados en la resolución de catorce de abril la llevaron a concluir que Pascasio Ramos Hilario es administrativamente responsable de no cumplir con los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que le fue encomendado, en su calidad de Auxiliar del Ministerio Público, descritos en la parte considerativa de dicha resolución y determinó imponerle una sanción consistente en la destitución del cargo como auxiliar del Ministerio Público En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la licenciada Karla Villalba Rojas, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. L´K V R /*Ana Funez En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por resolución de veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 115 a 135), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia federal al quejoso Pascasio Ramos Hilario, para lo cual, la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla debía realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil catorce, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 226/2013, de su índice, incoado al aquí quejoso; y en su lugar emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción sin más limitación que la de no incurrir en las infracciones señaladas en el cuerpo del presente fallo, esto es, que funde y motive: El valor que le merece la declaración de Lucrecia Pérez Valverde a pesar de que manifestó no ratificar su declaración de cargo inicial; EL valor que le merecen los testigos de descargo ofertados por el quejoso, en razón de que en materia penal no existe tacha de testigos; El valor que le merece el dicho de los testigos de cargo, previo análisis minucioso sobre los hechos que declaran." En ese entendido, por oficio recibido el catorce de abril de mil dieciséis la Directora de la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla remitió copia certificada de la resolución dictada el catorce de abril de dos mil dieciséis dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 226/2013, en la que subsanó los vicios que le fueron señalados en la sentencia dictada en este expediente, a saber: 1. Indicó que respecto a la declaración Lucrecia Pérez Valverde le dio valor probatorio a la primera declaración que hizo ante su autoridad, ya que la testigo no refirió desconocer el contenido de su declaración primigenia, pues el motivo de su no ratificación es que "la quejosa ya se había desistido de ella y ella ya no quería declarar", más no el desconocimiento de su primer declaración; de igual manera indica que atendiendo al principio de inmediatez procesal atiende a la primera declaración que realizó dicha persona pues fue realizada de manera libre y de manera espontánea; 2. Precisó que los testigos de descargo Edith Anaya Pérez, Elizabeth Briones Díaz y Rosalía Morales Santa María coinciden en sus declaraciones al referirse que se encontraban en el interior de las oficinas que ocupa la Agencia del Ministerio Público de Oriental, el catorce de mayo de dos mil trece, aproximadamente a las doce horas, por lo que existe homogeneidad en sus manifestaciones, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y ocasión, por lo que les concedió pleno valor probatorio en términos del artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado; y, 3. Con relación al valor probatorio de los testigos de cargo indicó que la declaración de Alejandro Rosas Regino y de María Eugenia Trejo Hernández reunieron los requisitos del precepto 201 del código referido ya que fueron coincidentes con lo manifestado por los testigos de descargo, en esencia que María Eugenia Trejo Hernández acudió a la Agencia del Ministerio Público de Oriental y que se dirigió a Pascasio Ramos Hilario (aquí quejoso) para pedirle que le iniciaran su denuncia y que salió molesta de dichas instalaciones. Lo anterior, concatenado con los demás medios de convicción precisados en la resolución de catorce de abril la llevaron a concluir que Pascasio Ramos Hilario es administrativamente responsable de no cumplir con los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que le fue encomendado, en su calidad de Auxiliar del Ministerio Público, descritos en la parte considerativa de dicha resolución y determinó imponerle una sanción consistente en la destitución del cargo como auxiliar del Ministerio Público. Consecuentemente, mediante proveído de dieciocho de abril del año que transcurre (foja 332), se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo fue notificado el veintidós de abril de dos mil dieciséis a la última de las partes, por lo que el plazo concedido transcurrió del veintiséis al veintiocho de abril de dos mil dieciséis, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto (foja 336). Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se requirió a la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, dentro del expediente de determinación de responsabilidad administrativa 226/2013, subsanó los vicios que le fueron señalados en la sentencia dictada en este expediente, a saber: 1. Indicó que respecto a la declaración Lucrecia Pérez Valverde le dio valor probatorio a la primera declaración que hizo ante su autoridad, ya que la testigo no refirió desconocer el contenido de su declaración primigenia, pues el motivo de su no ratificación es que "la quejosa ya se había desistido de ella y ella ya no quería declarar", más no el desconocimiento de su primer declaración; de igual manera indica que atendiendo al principio de inmediatez procesal atiende a la primera declaración que realizó dicha persona pues fue realizada de manera libre y de manera espontánea; 2. Precisó que los testigos de descargo Edith Anaya Pérez, Elizabeth Briones Díaz y Rosalía Morales Santa María coinciden en sus declaraciones al referirse que se encontraban en el interior de las oficinas que ocupa la Agencia del Ministerio Público de Oriental, el catorce de mayo de dos mil trece, aproximadamente a las doce horas, por lo que existe homogeneidad en sus manifestaciones, respecto a las circunstancias de modo, tiempo y ocasión, por lo que les concedió pleno valor probatorio en términos del artículo 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado; y, 3. Con relación al valor probatorio de los testigos de cargo indicó que la declaración de Alejandro Rosas Regino y de María Eugenia Trejo Hernández reunieron los requisitos del precepto 201 del código referido ya que fueron coincidentes con lo manifestado por los testigos de descargo, en esencia que María Eugenia Trejo Hernández acudió a la Agencia del Ministerio Público de Oriental y que se dirigió a Pascasio Ramos Hilario (aquí quejoso) para pedirle que le iniciaran su denuncia y que salió molesta de dichas instalaciones. Lo anterior, concatenado con los demás medios de convicción precisados en la resolución de catorce de abril la llevaron a concluir que Pascasio Ramos Hilario es administrativamente responsable de no cumplir con los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que le fue encomendado, en su calidad de Auxiliar del Ministerio Público, descritos en la parte considerativa de dicha resolución y determinó imponerle una sanción consistente en la destitución del cargo como auxiliar del Ministerio Público. Sin que pasen desapercibidas las consideraciones de la parte quejosa que realizó por ocurso presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en el que indica que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que la Directora de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla no valoró de manera correcta las pruebas con las que tuvo por acreditada su responsabilidad dentro del expediente de responsabilidad administrativa 226/2013; sin embargo, no ha lugar a acordar favorablemente a su petición, pues, los efectos de concesión del amparo no fueron los que pretende hacer valer, ya que la autoridad responsable debía únicamente dejar insubsistente la resolución de veintinueve de abril de dos mil catorce, emitida en el expediente de responsabilidad administrativa 226/2013, de su índice, incoado al aquí quejoso; y en su lugar emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción sin más limitación que la de no incurrir en las infracciones señaladas en el cuerpo de dicha sentencia, esto es, que fundara y motivara (1) el valor que le merece la declaración de Lucrecia Pérez Valverde a pesar de que manifestó no ratificar su declaración de cargo inicial; (2) el valor que le merecen los testigos de descargo ofertados por el quejoso, y (3) el valor que le merece el dicho de los testigos de cargo, previo análisis minucioso sobre los hechos que declaran; lo que ya aconteció, como ya se indicó en los párrafos que anteceden. Cierto, la autoridad responsable señaló que si bien Lucrecia Pérez Valverde no ratificó su declaración, lo cierto es que le dio valor probatorio a la primera declaración que hizo ante su autoridad, ya que la testigo no refirió desconocer el contenido de su declaración primigenia, pues el motivo de su no ratificación es que "la quejosa ya se había desistido de ella y ella ya no quería declarar", más no el desconocimiento de su primer declaración; de igual manera indica que atendiendo al principio de inmediatez procesal atiende a la primera declaración que realizó dicha persona pues fue realizada de manera libre y de manera espontánea. Asimismo, indicó el valor probatorio que le dio a los testigos de cargo y descargo, refiriendo que coinciden en lo sustancial y en aseverar que María Eugenia Trejo Hernández acudió a la Agencia del Ministerio Público de Oriental y que se dirigió a Pascasio Ramos Hilario (aquí quejoso) para pedirle que le iniciaran su denuncia y que salió molesta de dichas instalaciones, lo cual, concatenado con los demás medios de convicción precisados en la resolución de catorce de abril la llevaron a concluir que Pascasio Ramos Hilario es administrativamente responsable de no cumplir con los fines de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que le fue encomendado, en su calidad de Auxiliar del Ministerio Público, descritos en la parte considerativa de dicha resolución y determinó imponerle una sanción consistente en la destitución del cargo como auxiliar del Ministerio Público En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la licenciada Karla Villalba Rojas, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. L´K V R /*Ana Funez En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso, y visto su contenido, se les tiene desahogando la vista que se le dio en proveído de dieciocho de abril del año actual, con relación al cumplimiento de la ejecutoria dado por la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, en atención al requerimiento de ocho de abril de la presente anualidad, en el que manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada de la resolución dictada el catorce de abril del año actual, dentro del expediente de responsabilidad administrativa 226/2013. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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