Parish Stephen Budgus
Expediente 306/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2021
Partes del expediente
- Parish Stephen Budgus
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIO EL PLAZO CONCEDIDO A LAS PARTES PARA INTERPONER RECURSO DE REVISION EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE CONCLUYO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, ATENTO A ELLO SE DECLARA QUE LA CITADA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, ENVIESE EL PRESENTE EXPEDIENTE AL ARCHIVO.
- Principal
Cuenta. El uno de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el escrito registrado con el número 7890. Conste.Tijuana, Baja California, uno de julio de dos mil veintiuno. Consulta de expediente y notificaciones electrónicas. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por la promovente Lucía Tirado Marín; atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. De igual manera, dado que se autoriza la vía electrónica para oír y recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 55 del mencionado Acuerdo General, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones generadas en el presente asunto se hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por la vía electrónica a través del usuario "Leo1967" respecto de aquellos acuerdos que ameriten notificación personal. Para lo cual, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico, para el usuario "Leo1967". Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con la demanda de amparo registrada con el número 4645. Conste.Tijuana, Baja California, treinta de abril de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 306/2021-V. Personalidad del promovente. Previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo recibida vía electrónica, debe analizarse la personalidad de la promovente Lucia Tirado Marín, quien manifestó bajo protesta de decir verdad ser Defensora Pública Federal que patrocina a Parish Stephen Budgus, en la causa penal 358/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por tanto, se le reconoce tal carácter, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Parish Stephen Budgus, por conducto de su Defensora Pública Federal es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del estudio de la demanda en su capítulo de antecedentes de los actos reclamados, se obtienen datos relevantes para la determinación adoptada por esta juzgadora, derivadas propiamente de las manifestaciones de la quejosa expresadas bajo protesta de decir verdad. De ello destaca que el ahora quejoso se le sigue en su contra la causa penal 358/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; asimismo, en el hecho marcado con el inciso d) refiere la defensora del quejoso que el siete de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia inicial, en la cual, el Juez de Control declaró ilegal la detención del quejoso Parish Stephen Budgus, asimismo, en dicha audiencia señaló las nueve horas con quince minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, para que el Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la agencia II-6 formule imputación. Manifestaciones que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que lo precisó bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. De ello se deduce que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar lo resuelto en la audiencia inicial de siete de abril de dos mil veintiuno, en la parte en que se señaló fecha para que se formule imputación, dentro de la causa penal 358/2021, en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, sin embargo, dicho acto es futuro y de naturaleza incierta. Ahora, de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, solo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Como se estableció, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la determinación del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de señalar fecha para que se formule imputación por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la agencia II-6, en la causa penal 358/2021 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Esa información, permite concluir que se está en presencia de determinaciones que por el momento no tienen sobre las personas o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, dado que dicho acto es futuro y de naturaleza incierta, que no produce una situación de indefensión puesto que no ataca sus derechos sustantivos. Entonces, no puede ser considerado como acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con base en lo expuesto puede afirmarse que los actos que reclama la parte quejosa no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, dicha determinación no constituye por sí sola una afectación a derechos sustantivos, ya que son actos derivados del procedimiento judicial respectivo, el cual en un momento dado se dictará un auto de vinculación a proceso o no, el segundo supuesto podría resultar favorable para el quejoso; caso contrario, podrá reclamar mediante recurso ordinario dicha determinación -auto de vinculación a proceso-, en caso que le sea dictado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Parish Stephen Budgus, por conducto de su Defensora Pública Federal. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales, materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Datos de contacto. Ahora, en relación al correo electrónico que señala, se hace saber al promovente que con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del mismo, a través del cual única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, sin que sea dable tenerlo como medio de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no lo establece como tal, de ahí que serían nulas las notificaciones que sean realizadas por ese medio. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la promovente.
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