Paolo Sergio Flores Aguilar
Expediente 977/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2016
Partes del expediente
- Paolo Sergio Flores Aguilar
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...V
- Principal
Visto el escrito aclaratorio signado por , mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de nueve de mayo de dos mil dieciséis, y en relación a su contenido se acuerda. DESECHAMIENTO Ahora bien, a fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es importante destacar que el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, motivo por el cual se efectuará el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Así como la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, página 730, Novena Época de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En esencia, las tesis anotadas señalan que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un "motivo" de improcedencia del juicio constitucional; aunado, que este motivo sea "manifiesto", es decir, cuando se advierte en forma clara y absoluta de la lectura de la demanda de garantías; además, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata encuadra en el caso concreto. Así, del análisis de la demanda de garantías, se desprende que la parte quejosa reclama específicamente la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 2760/2015/1/1. En el presente caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la nueva Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no irroga un agravio personal y directo al quejoso. En efecto, dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 6° de la nueva Ley de Amparo. Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5° fracción I y 6, de la nueva Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los acápites que anteceden, permite arribar a la indefectible convicción que para la procedencia del juicio de garantías, es necesario que exista a favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que éste se vea afectado por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos del quejoso. A fin de robustecer los argumentos esgrimidos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6° de la nueva Ley de la Materia, que estatuyen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es menester que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta una afectación. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien afecto la ley o acto que de cada autoridad se reclama. En el caso concreto, debe atenderse a que el impetrante reclama la presunta omisión en que incurrió la autoridad responsable. Ahora bien, a efecto de evidenciar que la petición de amparo intentada no encuadra en el supuesto que prevé la Ley para considerar la existencia de una afectación personal y directa, es necesario señalar que conforme a lo estatuido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, el hoy quejoso tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos, de ahí que la primera condición exigida sí se cumpla. Para establecer la legalidad de la abstención reclamada, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.--- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito, se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En concordancia con lo anterior, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos "ARTÍCULO 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. "ARTÍCULO 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de la Junta responsable, al no dictar laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que la conducta de carácter omisiva tildada de inconstitucional, debe considerarse como un acto que en sí mismo no es violatorio de la Constitución Federal, lo cual implica que, por su propia naturaleza, necesita demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este juzgador estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en si mismo, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución, y que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. Bajo estas premisas, analizando de manera integral la demanda de amparo, se advierte que, en el presente caso, no puede tenerse por satisfecho el tercer requisito mencionado, consistente en que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señala para fallar; ello, dado que como ya se indicó en párrafos precedentes, a partir de que se declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral 2760/2015/1/1, el auxiliar de la Junta debe formular el proyecto por escrito y en forma de laudo dentro de los diez días siguientes, del cual entregará en copia a cada uno de los miembros de la mencionada Junta Especial, y éstos en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente, y la Junta, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas, dentro de un término de ocho días; o bien de no ser así, el presidente del órgano colegiado los cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que fenezca el término referido. Ello es así, teniendo en cuenta que la instrucción debe declararse cerrada inmediatamente después que haya concluido el término de tres días que se le debe conceder a las partes para que expresen su conformidad con la certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar o bien una vez desahogadas las pruebas pendientes y formulados los alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes, la suma de los diez días con que cuenta el auxiliar para formular el proyecto de resolución, los cinco días concedidos a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de diligencias, los ocho días para el desahogo de esas pruebas en caso de solicitarse, y los diez días posteriores para celebrar la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución, plazo máximo para que los integrantes pronuncien sus laudos. Por tanto, como la instrucción en el juicio laboral de mérito se cerró el treinta de marzo de dos mil dieciséis, según las manifestaciones bajo protesta que realiza la parte quejosa en su escrito aclaratorio; entonces, el término que tiene la autoridad responsable para emitir el laudo respectivo, se encuentra transcurriendo. Por lo tanto, es incuestionable que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (seis de mayo de dos mil dieciséis), la Junta del conocimiento aún se encuentra dentro de los términos previstos en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo aplicado supletoriamente, para dictar laudo. Lo que antecede se estima de esa manera porque aún cuando es cierto que no se ha dictado el laudo en el expediente, sin embargo, ello no se debe a la conducta omisiva de la autoridad responsable, sino a que no ha transcurrido el término que establece la Ley Federal del Trabajo para tal efecto. Por lo que en esa circunstancia no puede considerarse que se hayan violado los términos que para ese efecto establece la citada ley. En consecuencia, resulta inconcuso que la abstención reclamada se encuentra ajustada a derecho y, por ende, no es violatoria de garantías, porque como ya se indicó, a la fecha en que se presentó el libelo constitucional, aún se encuentra transcurriendo el término de la responsable para dictar el laudo respectivo. Por tal motivo, es dable colegir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que existe un agravio personal y directo, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor del impetrante, no menos cierto resulta que en términos de lo narrado en su escrito inicial, aquél no ha sido afectado por un acto u omisión de la autoridad responsable. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia antes invocadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por PAOLO SERGIO FLORES AGUILAR, en términos del artículo 113 ibídem...V
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta, suscrito por , autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis y al efecto, exhibe seis copias del escrito de agravios que le fueron requeridas, para correr traslado con las mismas a la totalidad de las partes dentro del presente juicio; en consecuencia, atento a su contenido y como lo solicita la promovente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de abril de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno; comuníquese a las partes éste proveído para los efectos legales consiguientes, acompañándoles copia del escrito de agravios y en su oportunidad, remítanse los presentes autos a la autoridad competente para la substanciación del recurso interpuesto, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias necesarias...II
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Paola Monserrat Martínez Pérez704/2022
- Paola Nefertari González Bárcenas184/2019
- Paola Nefertari González Bárcenas274/2019
- Paola Odett Vázquez Correa40/2018
- Paola Ortiz Tirado Pérez92/2018
- Paola Urban Díaz Velarde570/2018
- Pascual Adán Carlos Nava García719/2019
- Pascual Adán Carlos Nava García799/2018
- Pascual Alcocer Alcocer516/2023
- Pascual Alcocer Alcocer552/2022
- Pascual Pioquinto GonzàLez186/2022
- Pascual Rodríguez Mora2353/2015