Paolo César Antonio Cano Montero

Expediente 369/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
369/2015
Año
2015
Actuaciones
24
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Paolo César Antonio Cano Montero
  • Paolo César Antonio Cano Montero y Otros.
  • Secretario de Marina de México, Distrito Federal
  • Secretario de Marina, de México, Distrito Federal y Otros.
  • Secretario de Marina, de México, Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Mesa XX de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, con sede en Morelia, Michoacán, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, informa que la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M30/141/2015, actualmente se encuentra en etapa de integración; y, precisa las diligencias que han realizado hasta el veintiuno de junio del año en curso; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio sin número, derivado del auto de ocho de abril del año en curso, dirigido al "Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa 30 de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada Encargado de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/30/141/2015, con sede en la ciudad de México"; en la que se anotó la leyenda "LA AUTORIDAD NO CORRESPONDE AL DOMICILIO CITADO"; ahora, toda vez que es de la promoción registrada con el consecutivo 24380, se desprende que la autoridad citada tiene su domicilio ubicado en Avenida Insurgentes número 20, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, de ciudad de México; en tales condiciones reenvíese el oficio de que se trata y sus anexo a dicha autoridad, a fin que quede debidamente notificada de su contenido, y se encuentre en condiciones de emitir respuesta al requerimiento que se le formuló. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Juan Carlos Gutiérrez Contreras, quien se ostenta como "representante legal de la parte quejosa **** Arteaga"; sin embargo, de la certificación que antecede se advierte que en autos no obra escrito signado por la citada Arteaga a través del cual faculte al ocursante como su representante legal, apoderado jurídico o autorizado en términos amplios; no obstante, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y tomando con consideración que María Esther Montero Arteaga, es la progenitora del quejoso directo se acuerda lo siguiente: En principio, dígase al ocursante que en este sumario no obra el escrito que refiere que fue signado por ***** Arteaga, y remitido a este juzgado en noviembre de dos mil veintiuno, a través del servicio postal mexicano, en el que entre otras cosas otorgaba autorización a diversas personas para gestionar en este juicio de amparo; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para el efecto legal a que haya lugar. Atento a lo anterior, no es el caso realizar mayor pronunciamiento sobre las diversas manifestaciones que se contienen en el escrito de cuenta sobre el señalamiento de domicilio procesal, correo electrónico, acceso al expediente electrónico; ello, porque como ha quedado de manifiesto en los párrafos precedentes, en autos no se encuentra acreditado que la parte quejosa ha otorgado facultades a Juan Carlos Gutiérrez Contreras, para gestionar en su representación en este juicio de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se desprende que con fecha siete de marzo de dos mil veintidós, se realizó un requerimiento, que a la fecha no ha sido desahogado por la autoridad competente, en tales condiciones toda vez que se trata de una víctima de desaparición forzada del quejoso directo Paolo Cesar Antonio Cano, ahora bien, con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ...De la anterior transcripción de los artículos mencionados se desprende, en el primero de ellos, que cuando se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, se puede requerir a las autoridades aquella información que pueda resultar conducente para localización y liberación de una probable víctima, y en el segundo de los numerales se advierte que si bien es cierto que las averiguaciones previas son consideradas como información reservada, también lo es que cuando se trate de casos de investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, no puede invocarse el carácter de reservado. En consecuencia, requiérase a la Agente del Ministerio Público Titular de la mesa 30 de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, encargado de la averiguación previa: AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M30/141/2015, con sede en ciudad de México al correo electrónico arnoldo.aburto@pgr.gob.mx con independencia de enviarlo por la postal, a fin de que informe las actualizaciones de las investigaciones que haya implementado; dado que nos encontramos ante una violación grave a los derechos humanos, la autoridad debe garantizar el acceso a la averiguación previa que investiga estos hechos; sin que sea impedimento que no sea autoridad responsable..... Finalmente, glósese a sus autos la pieza postal devuelta por el Administrador postal de correos de esta ciudad, que contiene el oficio 4153 derivado del auto de siete de marzo de la presente anualidad, dirigido al Agente del Ministerio Público Titular de la mesa 30 de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, encargado de la averiguación previa: AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M30/141/2015, con sede en la ciudad de México, en la que se anotó la leyenda "domicilio mal dirigido", sin que haya lugar a reenviarlo, puesto como se advierte de párrafos precedentes con este fecha se realizó de nueva cuenta el requerimiento formulado en el mencionado auto de siete de marzo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que a la fecha no se cuenta con información respecto a la localización y liberación de la probable víctima de desaparición forzada; esto es del quejoso directo Paolo Cesar Antonio Cano, ahora bien, con fundamento en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra dicen: Artículo 15 de la Ley de Amparo Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.) Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículo 14. También se considerará como información reservada: I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial; II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; III. Las averiguaciones previas; IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. De la anterior transcripción de los artículos mencionados se desprende, en el primero de ellos, que cuando se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, se puede requerir a las autoridades aquella información que pueda resultar conducente para localización y liberación de una probable víctima, y en el segundo de los numerales se advierte que si bien es cierto que las averiguaciones previas son consideradas como información reservada, también lo es que cuando se trate de casos de investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, no puede invocarse el carácter de reservado. En consecuencia, requiérase a la Agente del Ministerio Público Titular de la mesa 30 de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, encargado de la averiguación previa: AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M30/141/2015 a fin de que informe las actualizaciones de las investigaciones que haya implementado; dado que nos encontramos ante una violación grave a los derechos humanos, la autoridad debe garantizar el acceso a la averiguación previa que investiga estos hechos; sin que sea impedimento que no sea autoridad responsable. Apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior en el término concedido para tal efecto, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: Tesis: VIII.2o.P.A.2 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001633 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 Pag. 1726 Tesis Aislada(Común) DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL IDENTIFICARLA COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASÍ COMO REQUERIRLES TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO. En observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al identificar en el amparo como acto reclamado la desaparición forzada de personas, el órgano de control constitucional y convencional, oficiosamente, debe ordenar a las autoridades correspondientes que practiquen las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del agraviado, así como requerirles toda la información para ello. NOTIFÍQUESE.

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