Paola Zubirán Sánchez Aldana

Expediente 397/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
397/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Paola Zubirán Sánchez Aldana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    V.- Agréguese el oficio remitido por el Actuario judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, registrándolo con el número 203/2023 de su estadística.

  2. Principal

    V... Agréguese la papeleta de cuenta, de la que se advierte que por razón de turno tocó conocer del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. En ese sentido, procédase a vincular el expediente electrónico del presente asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la finalidad de que dicho tribunal tenga acceso a las constancias que lo integran de manera remota, instruyéndose al oficial judicial "A" adscrito para que proceda a efectuarlo. Solicítese al Tribunal Colegiado de referencia, informe si para resolver el medio de impugnación, requiere se le remitan las constancias del expediente de forma física, toda vez que ya se ordenó vincular el expediente electrónico.

  3. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Paola Zubirán ..., por propio derecho a través del cual desahoga la prevención formulada en auto de cuatro del presente mes. DESECHAMIENTO En ese tenor, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y los escritos aclaratorios promovidos por la referida persona, contra actos del Secretario de Gobernación y otras autoridades. Previo a pronunciarse sobre la admisión del ocurso que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el hipótesis prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al artículo 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, bajo las siguientes consideraciones: De los preceptos referidos, deriva que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción constitucional exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte al quejoso, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Al respecto, cabe decir que sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Por lo que se estima que se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo; y 107, fracción I, constitucional, que al efecto establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..... El primero significa que el juicio de amparo se iniciará sólo a petición del particular o gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una afectación de un derecho fundamental o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa y actual. Sin embargo, en contra de dicho acto el juicio de amparo resulta notoria e indudablemente improcedente, en razón a que no le genera un agravio personal, directo y actual. Ello es así, toda vez que el acto reclamado en estudio no es de aquellos que ocasionen perjuicios a la quejosa de imposible reparación, pues de lo manifestado en su demanda, no se advierte el agravio actual real y directo que la ley, tratado, reglamento o acto de autoridad les esté ocasionando para los efectos del juicio de amparo, ya que en tratándose de la orden, emisión, materialización y/o cualquier otro acto de implementación y/o imposición del criterio fiscal a través del cual se impide a Seguros Monterrey...., acreditar el Impuesto al Valor Agregado, así como la omisión de las autoridades en el ejercicio de sus facultades en relación a dicho orden del crédito fiscal; no le irroga perjuicio alguno. De lo anterior, se aprecia que lo reclamado no es un acto que produzca una afectación actual, real y directa a la aquí promovente ya que dicha imposición del crédito fiscal está condicionada a que sea aplicable a la aseguradora con la que se encuentra contratado su seguro, y en su caso, le sea aumentado su costo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XVIII, en relación con los diversos 5 y 6, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

  4. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, a través del cual pretende desahogar los requerimientos formulados en autos. Ahora, del escrito de referencia se advierte que la promovente no da cumplimiento total a lo solicitado el cuatro de abril pasado, pues si bien cumple con el segundo punto de prevención, esto es, exhibe las copias del escrito de cuenta, lo cierto es que no indica de forma clara y precisa el acto que en forma destacada reclama en la presente instancias constitucional. Lo anterior, ya aun cuando refiere que los actos y omisiones que reclama consisten en la pasividad de las autoridades señaladas como responsables ante la adopción de un criterio en que se sustenta un crédito fiscal existente, ello no puede ser considerado como un agravio personal y directo a la aquí quejosa, situación indispensable a fin de requerir a las citadas responsables sus informes justificados y la debida fijación de la litis constitucional. En ese sentido, toda vez que el referido proveído se notificó de manera electrónica el trece de abril pasado, cuenta aún con el plazo de tres días, para desahogar en forma las prevenciones formuladas.

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