Paola Yukiee Cervantes Tanamachi

Expediente 1216/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1216/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Paola Yukiee Cervantes Tanamachi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa, por el que solicita que este juzgado se sostenga la competencia en materia administrativa por las razones que expone; atento a su contenido, dígase que no ha lugar de acordar de conformidad, toda vez que, este órgano jurisdiccional no puede revocar sus propias determinaciones. Máxime que mediante auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo con motivo de que el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia de Penal en la Ciudad de México, se avocó al conocimiento del juicio en el que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese los presentes autos el ******************** del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia de Penal en la Ciudad de México, por el que informa que se avoca al conocimiento del presente asunto. En virtud de lo antes expuesto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que no obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa Agréguese a los presentes autos el oficio del Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, por el que rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de su parte a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que con motivo de la orden ministerial emitida en el oficio de cinco de junio del mismo año, dentro de la carpeta de investigación CI-FCY/COY-4/UI-2 S/D/0775/05-2018, proveniente de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, coordinación territorial COY-4, Unidad de Investigación dos, sin detenido signado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se ordenó la custodia del folio real 1422242 auxiliar 115 que corresponde al Departamento número 1410 ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 3996, Torre única Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón. Incompetencia. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo y las constancias que integran el presente expediente, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." De la reproducción anterior, así como del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado "omisión de levantar la custodia del folio real 1422242 auxiliar 115 que corresponde al Departamento número 1410 ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 3996, Torre única Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón". Acto que nace con motivo de la orden ministerial emitida en el oficio de cinco de junio del mismo año, en la carpeta de investigación CI-FCY/COY-4/UI-2 S/D/0775/05-2018, proveniente de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, coordinación territorial COY-4, Unidad de Investigación dos sin detenido signado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que, si bien no reclama cuestiones inherentes a dicha denuncia, lo cierto es que la negativa de que se duele la quejosa es de carácter penal. Aunado a que, aun y cuando la autoridad responsable, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, sea una autoridad administrativa, el reclamado por la parte quejosa consiste en la negativa en levantar la custodia del folio real 1422242 auxiliar 115, que deriva de la orden ministerial emitida dentro de la carpeta de investigación CI-FCY/COY-4/UI-2 S/D/0775/05-2018, formado con motivo de hechos de tipo penal. Razones de la incompetencia por materia. Con base en el acto reclamado por el promovente, el cual deriva de actos emanados de algún delito, es posible advertir que en atención a su naturaleza, no se encuentran inmersos dentro de la materia administrativa, ya que su naturaleza debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la comisión del algún ilícito. En esa tesitura, si los actos que por esta vía se combaten son de naturaleza penal, se ubican dentro de lo establecido por el artículo 51, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que determina lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(.)". Así, del artículo trascrito se desprende que es competente el Juez de Distrito de Amparo en Materia de Penal en la Ciudad de México, para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en esa materia, como lo constituye el acto que se reclama, pues deriva de la carpeta de investigación CI-FCY/COY-4/UI-2 S/D/0775/05-2018. De igual manera, se observa que es competente el Juez de Distrito en Materia Penal para conocer de los juicios de amparo cuando el acto reclamado constituya alguna resolución del orden penal, contra actos que afecten la libertad personal, en aquellos asuntos que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, así como cuando la acción se funde en la comisión de un delito, en los términos de la Ley de Amparo, entre otros actos. Para robustecer lo anterior, es importante tomar en cuenta lo establecido en los artículos 14 fracción VI y VII y 162, párrafo primero del reglamento de la Ley Registral para la Ciudad de México: "(.) Artículo 14. Son atribuciones de la Dirección Jurídica: (.) VI. Analizar y resolver la procedencia o improcedencia de la Custodia de Antecedentes Registrales, y en su caso su liberación, así como su consulta; VII. Inscribir y cancelar las anotaciones relativas a extinción de dominio por orden judicial; aseguramiento emitido por autoridad judicial o administrativa, y anotaciones preventivas ordenadas por la autoridad ministerial; e Artículo 162. Igualmente se pondrá en Custodia un Antecedente Registral por sentencia, resolución judicial o administrativa que la ordene o cuando así lo determinen:(.)" Como puede apreciarse, de la ley en comento las atribuciones con las que cuenta la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, para el aseguramiento y custodia del folio real son entre otras, con motivo de una orden de autoridad ministerial. En ese sentido, es inconcuso que el conocimiento de la demanda de amparo debe corresponder a un Juez especializado en materia penal, pues evidentemente los actos reclamados se encuentran vinculados a un acto que tiene naturaleza penal, pues su origen nace de la carpeta de investigación CI-FCY/COY-4/UI-2 S/D/0775/05-2018, es decir, ésta es el acto primigenio y respecto del cual se hace depender los actos que se reclaman en este juicio. En este contexto, es dable sostener que la negativa que alude la agraviada, esto es, la negativa en levantar la custodia del folio real 1422242 auxiliar 115 que corresponde al Departamento número 1410 ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 3996, Torre única Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, tienen su origen en el oficio de cinco de junio del mismo año, emitido en la carpeta de investigación CI-FCY/COY-4/UI-2 S/D/0775/05-2018, por la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán, coordinación territorial COY-4, Unidad de Investigación dos, por ende, es irrelevante si la autoridad responsable desarrolla actividades administrativas, pues la competencia no deriva o surge del carácter de la autoridad, sino de la naturaleza del acto reclamado; lo cual hace indefectible que tal supuesto encuadra perfectamente en la hipótesis prevista en el numeral 51, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por consiguiente, no encuentra cabida en las hipótesis previstas por el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Es aplicable al caso en la parte que interesa, la tesis P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda". Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Solicitándole, de no existir inconveniente alguno, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. Asimismo, sin que haya lugar a notificar personalmente la presente determinación al promovente, en atención a la Jurisprudencia 1496, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, de rubro "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado.". Finalmente, con motivo de la presente determinación déjense sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución dictada el catorce de octubre del año en curso, en la denuncia de repetición del acto reclamado D.R.A.R.1/2020 de su índice, en la que la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADA la denuncia de repetición del acto reclamado." Acúsese de recibo correspondiente. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no pasa desapercibido el hecho de que el oficio de cuenta se encuentre dirigido al expediente 641/2019, sin embargo de su contenido se advierte que pertenece al presente juicio de amparo, motivo por el cual se acuerda lo conducente en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/2004, que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DATOS QUE CONTIENE." Notifíquese.

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