Paola Yazmin Delgado Gonzalez

Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
842/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Paola Yazmin Delgado Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la determinación de quince de junio del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos atribuidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Durango y otras; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda promovida *****, contra actos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 842/2023. III. Desechamiento. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juzgado de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, de la lectura integral del escrito inicial, se advierte que el acto reclamado consiste en la recomendación girada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia la Universidad Juárez del Estado de Durango, para que se le dicten medidas cautelares a la promovente, así como su cumplimiento y actos de ejecución consistentes en la imposición de diversas medidas cautelares, así como la posible privación de su derecho a la educación. Ahora, por cuanto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la ley de la materia, que indican lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 115/2010, determinó que el conocimiento que puede dar lugar al inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo es aquel que resulta a partir del momento en que la parte promovente queda enterada, de manera completa, del acto reclamado. Luego, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha determinado que el conocimiento del acto reclamado para efectos del inicio del cómputo del término para su promoción debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En ese entendido, del análisis de la demanda se advierte que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, fue notificada en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de las medidas cautelares que le fueron impuestas con motivo de la recomendación girada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Durango. Conforme a lo anterior, la quejosa reconoce expresamente la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º. Por ende, de acuerdo con lo expuesto, el cómputo del término de quince días para promover la demanda de amparo debe partir del día siguiente al que la quejosa se le hizo saber el acto reclamado, lo cual ocurrió el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés en que se hizo de su conocimiento del documento que contiene los lineamientos de protección en contra de la promovente, impuestos con motivo de la recomendación emitida en su contra por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Durango. * En términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, se excluyen del plazo los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez y once de junio, todos de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos. Por tanto, si el término para promover el juicio de amparo concluyó el doce de junio de dos mil veintitrés, y la demanda se presentó hasta el catorce del mismo mes y año según acuse de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que obra en ella, entonces resulta extemporánea. No se inadvierte que la quejosa indicó que fue notificada de tal determinación que constituye en esencia un acto administrativo, el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, sin embargo, a pesar de que tal comunicación procesal hubiera surtido efectos al día siguiente (es decir, el veintitrés de mayo de esta anualidad), el término para presentar el ocurso inicial de amparo iniciaría el veinticuatro de mayo y fenecería el trece de junio del mismo año, lo que de igual forma genera la extemporaneidad de la presentación de la demanda de derechos fundamentales, ya que fue presentada hasta el día catorce del mes y año en cita. Lo anterior actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, pues como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el numeral 21 de la Ley de Amparo abrogada, el cual no se opone a los artículos 17 y 18 de la Ley vigente, la esencia de esa disposición "se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario". Robustece lo considerado, la tesis del Pleno del Alto Tribunal, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Sin que se advierta que el caso se ubique en las excepciones a dicho término previstas en el citado artículo 17, ya que no se reclama una norma general autoaplicativa; procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en materia penal que imponga pena de prisión; actos que tengan por efecto privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios de un núcleo de población ejidal comunal; ni se combaten actos que impliquen privación de la vida, libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, alguno de los prohibidos por el numeral 22 constitucional, o incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que la quejosa solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados, sin embargo, la concesión de la misma no resulta procedente puesto que como se indicó, los actos que se pretenden controvertir en esta vía, son de naturaleza administrativa, por lo que, no se encuentran contenidos en alguno de los supuestos previstos de forma taxativa en el precepto 126 de la Ley de Amparo o bien, en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al pronunciamiento de tal aspecto, resulta aplicable la tesis 1a./J. 25/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 827, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2017844, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ********************. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. a. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del numeral 12 de la ley reglamentaria a los licenciados ******************** y ********************, al contar con sus cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, al no contar con dicho requisito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO PARTE PROMOVENTE ACUERDO DE FECHA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2023 Téngase por recibida la demanda promovida *****, contra actos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 842/2023. III. Desechamiento. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el Juzgado de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que la persona juzgadora haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Del anterior criterio, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es "manifiesto" cuando se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, de la lectura integral del escrito inicial, se advierte que el acto reclamado consiste en la recomendación girada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia la Universidad Juárez del Estado de Durango, para que se le dicten medidas cautelares a la promovente, así como su cumplimiento y actos de ejecución consistentes en la imposición de diversas medidas cautelares, así como la posible privación de su derecho a la educación. Ahora, por cuanto a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la ley de la materia, que indican lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 115/2010, determinó que el conocimiento que puede dar lugar al inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo es aquel que resulta a partir del momento en que la parte promovente queda enterada, de manera completa, del acto reclamado. Luego, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha determinado que el conocimiento del acto reclamado para efectos del inicio del cómputo del término para su promoción debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En ese entendido, del análisis de la demanda se advierte que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, fue notificada en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de las medidas cautelares que le fueron impuestas con motivo de la recomendación girada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Durango. Conforme a lo anterior, la quejosa reconoce expresamente la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º. Por ende, de acuerdo con lo expuesto, el cómputo del término de quince días para promover la demanda de amparo debe partir del día siguiente al que la quejosa se le hizo saber el acto reclamado, lo cual ocurrió el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés en que se hizo de su conocimiento del documento que contiene los lineamientos de protección en contra de la promovente, impuestos con motivo de la recomendación emitida en su contra por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sede Durango. * En términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, se excluyen del plazo los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez y once de junio, todos de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos. Por tanto, si el término para promover el juicio de amparo concluyó el doce de junio de dos mil veintitrés, y la demanda se presentó hasta el catorce del mismo mes y año según acuse de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que obra en ella, entonces resulta extemporánea. No se inadvierte que la quejosa indicó que fue notificada de tal determinación que constituye en esencia un acto administrativo, el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, sin embargo, a pesar de que tal comunicación procesal hubiera surtido efectos al día siguiente (es decir, el veintitrés de mayo de esta anualidad), el término para presentar el ocurso inicial de amparo iniciaría el veinticuatro de mayo y fenecería el trece de junio del mismo año, lo que de igual forma genera la extemporaneidad de la presentación de la demanda de derechos fundamentales, ya que fue presentada hasta el día catorce del mes y año en cita. Lo anterior actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, pues como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el numeral 21 de la Ley de Amparo abrogada, el cual no se opone a los artículos 17 y 18 de la Ley vigente, la esencia de esa disposición "se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario". Robustece lo considerado, la tesis del Pleno del Alto Tribunal, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. Sin que se advierta que el caso se ubique en las excepciones a dicho término previstas en el citado artículo 17, ya que no se reclama una norma general autoaplicativa; procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en materia penal que imponga pena de prisión; actos que tengan por efecto privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios de un núcleo de población ejidal comunal; ni se combaten actos que impliquen privación de la vida, libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, alguno de los prohibidos por el numeral 22 constitucional, o incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que la quejosa solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados, sin embargo, la concesión de la misma no resulta procedente puesto que como se indicó, los actos que se pretenden controvertir en esta vía, son de naturaleza administrativa, por lo que, no se encuentran contenidos en alguno de los supuestos previstos de forma taxativa en el precepto 126 de la Ley de Amparo o bien, en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al pronunciamiento de tal aspecto, resulta aplicable la tesis 1a./J. 25/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 827, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2017844, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ********************. Domicilio. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. a. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del numeral 12 de la ley reglamentaria a los licenciados ******************** y ********************, al contar con sus cédula profesional de abogado registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, al no contar con dicho requisito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Notifíquese personalmente a la parte

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