Paola Rodríguez Marquez

Expediente 1044/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1044/2017
Año
2017
Actuaciones
25
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Paola Rodríguez Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    A sus autos el oficio que remite el magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del comunicado con el que se le notificó el auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes por auto de veintisiete de abril inmediato anterior, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo que manifestó el magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sin que ninguna de las partes hiciera valer ese derecho. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, además con fundamento en lo establecido por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede a determinar si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida en sus términos. En la sentencia de amparo emitida en veintitrés de marzo próximo pasado (f. 151 a 166), se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que el magistrado de la Novena Sala Penal realizara lo siguiente: "(.) - Deje insubsistente su resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal ***y dicte otra en la que luego de puntualizar las transgresiones a derechos fundamentales (aquí destacadas) cometidas en la audiencia inicial celebrada en veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal***revoque la determinación asumida en dicha audiencia por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, y ordene la reposición de la audiencia inicial, instruyéndolo para que observe lo siguiente 1. Propicie que la fiscalía se abstenga de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto, debiendo tomar en cuenta que sólo podrá leer registros de la investigación para apoyo de memoria, previa solicitud de autorización para ello, teniendo en cuenta además, que conforme a lo dispuesto en el ordinal 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación a proceso de la investigada, exponiendo y no leyendo los datos de prueba con los que considere se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que ésta lo cometió o participó en su comisión, previa confronta con los que en refutación haya aportado la defensa de la imputada; y, 2. Hecho lo cual, haga saber a la imputada/quejosa, los momentos en los cuales puede resolverse su situación jurídica (en la misma audiencia, en setenta y dos horas o en su duplicidad), con motivo de la solicitud de vinculación a proceso planteada por el Ministerio Púbico, en respeto a su derecho fundamental de una adecuada defensa. Luego, mediante proveído de diecinueve de abril del presente año, (f. 182), se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, el magistrado propietario de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante su oficio número 340 (foja 185), remitió copia certificada de su proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, del que se observa dejó insubsistente la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, constitutiva del acto reclamado, y procedió a dictar una nueva resolución, en la que precisó que resultaba correcta la apreciación del juez responsable en el sentido de que la actuación de la fiscalía en la audiencia inicial lo fue leyendo, lo que violento el principio de oralidad que impera en el sistema penal acusatorio, y que por tanto resultaban infundados los conceptos de agravio esgrimidos por la fiscal recurrente en tal sentido, con lo que se transgredió el debido proceso, y trascendió al resultado del fallo, al afectar la defensa de la imputada. De igual forma, estableció que el actuar del juez de control, por cuanto a no hacer saber a la imputada, hoy quejosa, su derecho de decidir, acorde con lo establecido por el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el momento en el que podría resolverse su situación jurídica, se violentó el debido proceso, al obstaculizarse la posibilidad de la misma para ejercer una adecuada defensa, por lo que determinó procedente revocar la resolución subida en apelación y ordenó reponer el procedimiento a partir de la audiencia incidental en la causa penal subyacente. Para lo cual, instruyó al primiinstancial para que propiciara que la fiscalía se abstenga de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto; en la petición de la representación social, de vincular a proceso a la imputada, que exponga de forma oral la totalidad de los datos de prueba obrantes en la carpeta de investigación, previas confronta con los que en refutación haya aportado la defensa de la imputada y, finalmente, haga saber a esta el o los momentos en los cuales puede resolverse su situación jurídica, esto es, en la propia audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o dentro de su duplicidad a ciento cuarenta y cuatro horas, derivado de la referida solicitud de vinculación a proceso previamente planteada por la representación social, en respeto a su derecho fundamental de una adecuada defensa. Estableciendo, además, que dicha reposición no producía que la fiscalía pudiera modificar los hechos o datos de prueba que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in de peius (no reformar en perjuicio) y de igual de las partes. Ahora, del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio, se desprende preponderantemente que el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que el magistrado dejara insubsistente su resolución de nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca penal ***, y emitiera otra en la que después de vislumbrar las violaciones procesales advertidas por esta potestad federal en la causa penal de origen, revocara la determinación asumida por el juez de control de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, y ordenara la reposición del procedimiento a partir de la audiencia inicial, instruyendo al juez a quo para que realizara determinadas acciones a efecto de evitar las violaciones procesales que se suscitaron en la audiencia inicial anterior. Luego, si para esos precisos efectos se concedió el amparo y protección e la justicia federal, se concluye que con las documentales reseñadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, así como la medida suspensional provisional y la definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que de ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; por tanto, consérvese por separado del principal

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio que firma el magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, con trascripción de su proveído de dos de los actuales, en los autos del toca penal 35/2017-O, del que se observa recibió comunicado del juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado, con sede en Celaya, en el que le informó que en treinta de abril del presente año, celebró la audiencia de cumplimiento de ejecutoria de amparo, con motivo del presente asunto, y que la fiscalía manifestó reservar su derecho de formular imputación contra la hoy quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el oficio con firma electrónica de la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad en materia penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede en Celaya, mediante el cual remite copia encriptada del audio y video de la audiencia celebrada en treinta de abril del presente año, en la causa penal ***, de la que se advierte el registro de actuación verificada con motivo de la determinación asumida por la responsable magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el sumario; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar

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