Paola Rangel Casillas

Expediente 11/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
11/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Regina Betanzos Rangel
  • Paola Rangel Casillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de veintisiete de junio de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el cuaderno de antecedentes que se formó con el oficio registrado con el folio 12294, toda vez que el presente juicio ha concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Tomando en consideración que en el presente asunto se formó el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del acuerdo antes citado, procédase a la destrucción del duplicado Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio signado por el Coordinador Estatal del Plan de Vacunación designado por la Secretaría de Salud Federal, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa y a fin de estar en aptitud de aplicar la vacuna PfizerBioNTech a la menor quejosa de iniciales R.B.R., se señalan las nueve horas con treinta minutos del cuatro de julio del año en curso, a fin de que comparezca en la célula de vacunación de la Unidad de Medicina Familiar número 20, ubicada en Boulevard Juárez número 18, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, tanto la menor como los padres y/o tutores de ésta, en donde deberán firmar, previo a la vacunación, el consentimiento informado respecto a la misma; asimismo, deberán presentar, la Clave Única de Registro de Población de la menor y su tutor, junto con copia simple de la resolución que les otorgó la suspensión, nota médica signada por su médico tratante en la que se determine el estado de salud historial clínico de la menor y que es apta para vacunarse, así como copia de identificación oficial del tutor. En esas condiciones, por conducto del Actuario de la adscripción, requiérase a la parte quejosa para que presente a la menor antes citada, el día y hora antes señalados para que le sea aplicada la primera dosis correspondiente de la vacuna preventiva contra COVID-19 Pfizer-BioNTech; siempre y cuando no exista impedimento físico o padecimiento que lo impida; en el entendido de que deberán cumplir con los lineamientos establecidos en el oficio de cuenta, con el cual se le corre traslado, para los efectos legales consiguientes. Se apercibe a la promovente Paola Rangel Casillas, que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tengan para ello, se podrán hacer acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo cada uno. Por tanto, una vez que la parte quejosa quede debidamente notificada del presente proveído, infórmese a la autoridad oficiante para el efecto de que prevea la disponibilidad de la mencionada vacuna. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe

  3. Principal

    Parte quejosa: Paola Rangel Casillas, en representación de la niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 11/2022, y R E S U L T A N D O 1. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado el mismo día, ***********, en representación de la niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. [quien cuenta con once años de edad], solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, a quienes atribuye en su respectivo ámbito competencial, la omisión de vacunar a la directa quejosa y la emisión del instrumento normativo consistente en la Política Nacional de Vacunación. Lo que refieren, que vulneró los derechos humanos de su representada contenidos en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio. Por auto de cinco de enero de dos mil veintidós, este juzgado, admitió la demanda referida, y pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, sin que se ordenara emplazar a alguna persona con el carácter de tercero interesado, al no advertirse su existencia [dada la naturaleza del acto]. Posteriormente, en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, previo requerimiento del quejoso, se tuvo por inexistente la autoridad que señaló como Secretaría de Bienestar a través de los Centros Integradores del Bienestar y los Servicios de la Nación. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional el catorce de junio de dos mil veintidós, con el resultado asentado en el acta de antecede, y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra actos emitidos por autoridades administrativas, las cuales tienen ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este juicio se reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Del [1] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; [2] Secretario de Salud; [3] Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; [4] Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, [5] Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, [6] Dirección General de Promoción de la Salud, [7] Presidente del Consejo de Salubridad General, [8] Instituto Nacional de Salud Pública: 1) La norma denominada "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", en función de su primer acto de aplicación. Del [9] Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, [10] Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia: 2) La omisión de vacunar a la niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. [con once años de edad], lo cual constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada. Con la precisión de que si bien la parte quejosa señaló como actos destacados la omisión de emitir y cumplir políticas públicas, lineamientos, acuerdos circulares o normativas de observancia general para la aplicación de la vacuna, o mecanismos de protección con perspectiva para personas de entre cinco a once años, la discriminación sin sustento, así como los efectos y consecuencias de tales actos, todo ello se hizo depender de la omisión reclamada de vacunarla; además, en los conceptos de violación se precisó por la parte quejosa que dichos actos son consecuencia de lo contenido en la "Política Nacional de Vacunación contra el Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; de allí que, del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene como actos destacados los que han quedado precisados. III. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al [1] Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, pues al rendir su informe justificado, negó su existencia, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. Es así, pues ante la negativa del acto por parte de las autoridades responsables, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga de la prueba de su existencia, lo que puede comprobar durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional, lo cual no hizo, pues no ofreció medio de convicción alguno para acreditar ese acto. Además, porque la autoridad responsable antes precisada, esencialmente refirió en su informe justificado que no tiene intervención en la norma reclamada "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", ni facultades para aplicar la vacuna, toda vez que, como se explicará en párrafos siguientes, dicha norma fue emitida por autoridades de salud federal y por cada entidad federativa se nombró un coordinador estatal designado por el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y en el caso del Estado de Morelos, fue designado como Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos; de allí que no se acreditó el acto reclamado a la autoridad señalada. De igual forma, no es cierto el acto reclamado al [2] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues con independencia de que haya sido omiso en rendir su informe justificado, es un hecho notorio que no participó en la elaboración de la política nacional reclamada, por lo que no se le puede atribuir que, con base en la misma, haya omitido vacunar al menor de edad R.B.R. Lo anterior, ya que como se dijo, la política de vacunación impugnada fue emitida por las autoridades federales especializadas en materia de salud, por lo que no tuvo injerencia en su elaboración, y de los documentos normativos aplicables, no se advierte que cuente con atribuciones para vacunar a los infantes en cuestión, de allí que no le sea imputable tal acto. Ello además, porque conforme al artículo segundo, del "ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)" emitido por el Consejo de Salubridad General, es a esa autoridad y no a otras, a quien le corresponde determinar las acciones para atender la emergencia sanitaria producida por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de allí que sea la mencionada quien cuenta con facultades para la emisión del mismo, y que por ello, sólo a ella le sea imputable su dictado. Luego, es que no le compete al [2] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la aplicación de la vacuna en cuestión, en consecuencia, al no contar con facultades para llevar a cabo la actividad cuya omisión se reclama, es que la misma resulta inexistente, siendo aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del contenido siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En consecuencia, ya que como se evidenció no compete a las autoridades responsables citadas, la emisión de la política de vacunación ni la aplicación de la vacuna, no se acredita la existencia del acto reclamado, por lo que en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente asunto respecto de dichos actos y autoridades responsables precisadas. IV. Existencia de los actos reclamados. Se tiene por cierto el acto reclamado respectivamente a las autoridades responsables [3] Secretario de Salud; [4] Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; [5] Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, [6] Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, [7] Dirección General de Promoción de la Salud, [8] Presidente del Consejo de Salubridad General, [9] Instituto Nacional de Salud Pública, pues además de que los primeros seis fueron omisos en rendir su informe justificado y el último lo negó, como se dijo, dicha política nacional de vacunación estuvo a cargo de tales las autoridades de salud en materia federal, quienes tuvieron intervención en la misma. Además, al tratarse de una norma general, no está sujeta a prueba, aunado a que se encuentra disponible para su consulta en la página oficial electrónica www.coronavirus.gob.mx, lo que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, cuyo rubro es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." En otro aspecto, igualmente es cierto el acto reclamado al [10] Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, consistente en 2) la omisión de vacunar a la niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. [con once años de edad], lo cual constituye el primer acto de aplicación de la norma reclamada, mediante la omisión de aplicar la vacuna, puesto que independientemente de que negara la existencia de dicho acto al rendir su informe, con base en sus atribuciones, se advierte de que se trata de una autoridad con facultades en materia de salud pública del Estado. Además, conforme al documento denominado "Operativo Correcaminos. Estrategia Operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México", se precisó expresamente que "los servicios estatales de salud, específicamente los responsables del programa de vacunación y los enlaces institucionales de los COEVA, fungirán como apoyo técnico en la recepción y conformación de paquetes por unidad de vacunación. Además, podrán auxiliar en la identificación y capacitación de vacunadores, así como en la verificación de instalación de los puestos de vacunación acorde a los lineamientos establecidos", de lo que se obtiene que tal autoridad estatal participa en dicha estrategia de vacunación. De igual forma, el "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN BRIGADAS ESPECIALES, COMO UNA ACCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, PARA LLEVAR A CABO LA VACUNACIÓN COMO MEDIDA PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD COVID-19, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL", estableció brigadas especiales para llevar a cabo la vacunación para la enfermedad de COVID-19, en todo el territorio nacional, y en el artículo tercero de dicho documento se precisó que en cada una de las entidades federativas del país, sería nombrado una persona coordinadora de las brigadas especiales, quien tendrá a su cargo tal estrategia operativa. En cumplimiento a lo anterior, en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", en su versión 7.0 publicada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se precisó en el anexo 1, quien sería la persona titular de la Coordinación del Operativo Correcaminos en el Estado de Morelos, lo cual confirma su intervención en el programa de vacunación aludido, y por ello, la omisión de vacunar a la niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. [con once años de edad], lo cual resulta cierto por el contexto en particular en que ocurrieron tales actos, pues en virtud de la existencia de la norma prohibitiva que le impedía otorgar el acceso a dicha vacuna a la directa quejosa al momento en que promovió el juicio de amparo, corroborado con el hecho de que no ha sido vacunada, se tiene por demostrado el acto reclamado. Tiene aplicación para ello la tesis 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2022760 y de contenido siguiente: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos." En consecuencia, no se actualiza la causa de sobreseimiento que hicieron valer en su informe justificado las autoridades responsables Instituto Nacional de Salud Pública y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a que no se probó la existencia del acto reclamado, pues como se precisó, dichas autoridades tienen a su cargo la estrategia para la aplicación de la vacuna en el Estado de Morelos. V. Improcedencia del juicio de amparo. El análisis de la actualización de alguna causa de improcedencia en el juicio de amparo, es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, respecto de los actos reclamados consistentes en 1) la norma denominada "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México" y como consecuencia de la misma, 2) la omisión de vacunar al niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. [quien cuenta con once años de edad], ha sobrevenido durante el trámite del juicio de amparo la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, relativa a cuando subsiste el acto reclamado, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, por las siguientes razones. En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún sentido tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del ciudadano, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la persona peticionaria de amparo. Asimismo, se tiene que de conformidad con la tesis 2a. XLVIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196442, la diferencia entre la causa de improcedencia en estudio, y la diversa de cesación de efectos contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, radica en que la primera surge por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, mientras que la segunda acontece por la actividad o participación de ella, como se advierte del contenido de tal criterio, el cual es del texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora bien, en el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la emisión de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y con fundamento en la misma, la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-COV-2 o la enfermedad COVID-19, a la niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. [quien cuenta con once años de edad], sustentando tal reclamo en que al momento de la promoción del juicio de amparo no se encontraba permitida tal inoculación ya que la política de vacunación aludida no contemplaba el grupo etario al que pertenecía esa persona. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del referido artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el Gobierno Federal, desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro de menores que tengan cinco años o más, para su vacunación contra el virus SARS-COV-2 o la enfermedad COVID-19, como se puede consultar en el portal web "https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php ", en la que se visualiza el siguiente formulario de registro: De lo anterior, se tiene que si bien los actos reclamados subsisten -"Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México" y la omisión de vacunar a la niña directa quejosa-, los mismos ya no surten efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de ellos -el impedimento para que una persona menor de edad con once años, sin comorbilidades, solicite la vacuna en cuestión-. Precisamente, el reclamo de la parte quejosa se perfila a cuestionar que la política de vacunación aludida, y la omisión de vacunar a la persona directa quejosa con base en ella, resultan inconstitucionales, ya que con ellos en sustancia se le impidió que como una niña, ahora con once años, accediera a dicho insumo al momento en que promovió el juicio de amparo. Empero, bajo el contexto vigente, es que puede concluirse que el objeto o materia de esos actos dejaron de surtir efectos, pues actualmente las personas a partir de los cinco años de edad, tienen acceso a la referida vacuna; tan es así que esa política de vacunación ya no implica un impedimento para que personas con dicha edad soliciten la aplicación de la vacuna, y por lo mismo, la omisión reclamada por la parte quejosa también dejó de carecer de sustento, al dejar de existir el fundamento que le impedía acceder al insumo en cuestión. En esos términos, es que un eventual fallo protector carecería de efectos, pues la concesión de amparo que podría darse en este juicio, sería para el efecto de que se desaplicara la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y en ese sentido, se le permitiera a la persona directa quejosa solicitar la vacuna, siendo que actualmente se insiste, la misma ya puede ser peticionada por personas que cuenten con al menos cinco años en adelante. De allí que se actualice la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 173858 y de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora, en este punto es necesario precisar que del acta de nacimiento exhibida por la parte quejosa, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que actualmente cuenta con once años de edad; por lo que se encuentra dentro del grupo etario con posibilidades de registrarse para solicitar su respectiva vacunación. Lo anterior, aunado a que, en todo caso, también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico o legítimo, puesto que el que no se le contemple con su rango de edad en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; no le causa actualmente afectación alguna, puesto que al ya poder registrarse para acudir a recibir la vacuna aludida, resulta irrelevante que esté o no establecido su grupo etario en tal documento. Así, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Paola Rangel Casillas, en representación de la niña de identidad reservada con iniciales R.B.R. [con once años de edad], contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en los puntos considerativos III y V, ambos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintisiete de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el informe que rinde la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo la Cofepris), en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva, y éste en representación del Titular del Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por medio del cual rinde el informe que le fue solicitado en autos. Sin embargo, toda vez que el catorce de junio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, se reserva a proveer lo conducente al informe de cuenta, hasta en tanto se dicte la resolución definitiva en dicho expediente. Con el oficio de referencia fórmese el cuaderno provisional respectivo. Notifíquese.

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