Paola Noemí Zavala Sánchez

Expediente 1799/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1799/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Paola Noemí Zavala Sánchez
  • Comandante del Cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha fenecido el término de tres días otorgado a la directa quejosa Paola Noemí Zavala Sánchez, en proveído de diecisiete de diciembre del año que transcurre, a efecto de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor Luis Alberto Madariaga Osorno, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído de diecisiete de diciembre de esta anualidad y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y, por tanto, quedan sin efectos todas las providencias decretadas en el presente juicio. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    aviso ... Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Alberto Cobos Palma, quien se ostenta apoderado del quejoso Jorge Carlos Bolaños Espinosa, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito N 826552 expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional del Crédito (BANSEFI), por la cantidad de $15,904.80 (quince mil novecientos cuatro pesos, con ochenta centavos, moneda nacional), que exhibió el nombrado quejoso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en estos autos incidentales. Con apoyo en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad que ostenta el promovente, en términos de la copia certificada de la escritura número cuarenta y ocho de veinte de enero de dos mil dieciocho, que anexó a su escrito de cuenta. En mérito de lo anterior, y toda vez que han transcurrido los seis meses que estable el artículo 156 de la ley de Amparo; en consecuencia, no existiendo impedimento legal alguno se dispone devolver al citado Alberto Cobos Palma, el billete de depósito referido, con la orden de pago a favor del directo quejoso, previa identificación y recibo que se otorgue en autos, dejando de existir obligación alguna por parte de este Juzgado Federal en relación con dicha medida cautelar; con el apercibimiento que de no comparecer a recoger dicho documento en el término de dos años, con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, éste prescribirá a favor del Fisco Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Alberto Cobos Palma apoderado general para pleitos y cobranzas comprendiendo toda clase de asuntos judiciales de María Hortensia Pérez Blanco, parte quejosa en este asunto, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito por la cantidad de $15,904.80 (quince mil novecientos cuatro pesos, con ochenta centavos, moneda nacional) exhibido para que surta efectos la suspensión definitiva que le fue concedida a la parte quejosa en este incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 172/2018-II. En mérito de lo anterior, y toda vez que han transcurrido los seis meses que estable el artículo 156 de la ley de Amparo; en consecuencia, no existiendo impedimento legal alguno se dispone devolver al citado Alberto Cobos Palma apoderado de la parte quejosa, el billete de depósito N 829296, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., (BANSEFI), por la cantidad de $15,904.80 (quince mil novecientos cuatro pesos, con ochenta centavos, moneda nacional), previa identificación y recibo que otorgue en autos, dejando de existir obligación alguna por parte de este Tribunal Federal en relación con dicha medida cautelar; con el apercibimiento que de no comparecer a recoger dicho documento en el término de dos años, con fundamento en los artículos 45 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, éste prescribirá a favor del Fisco Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las doce horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 874/2019-VIII se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, quien actúa ante la licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, secretaria que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. En relación con lo anterior el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias de mérito. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano; la instrumental de actuaciones; la documental consistente en la copia certificada ante fedatario público del acta de asamblea que contiene la elección del presidente, secretario y tesorero del ejido de Teya, municipio de Kanasín, Yucatán; la documental consistente en la copia simple del acta de audiencia de fecha veinte de marzo del año en curso que la parte quejosa exhibió con su demanda de amparo; asimismo, se da cuenta con la copia certificada de las constancias que adjuntaron las responsables a sus informes justificados; a lo que el Juez acuerda, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas las probanzas de referencia, y por desahogadas por su propia naturaleza, cerrándose dicho periodo. Seguidamente, abierto el período de alegatos, la secretaría da cuenta con el escrito suscrito por Ángela Carolina Maldonado Cachón, autorizada en términos amplios de la parte quejosa (foja 74); con el oficio suscrito por el encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en representación de la Dirección en Jefe del Registro Agrario Nacional, en su carácter de tercero interesado (fojas 227,228 y 269) a través de los cuales se formulan alegatos; en atención a lo anterior el Juez Federal acuerda: que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas en los escritos de mérito; cerrándose el periodo de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo número 874/2019-VIII promovido por Orlando López Can, Elías Cen Chalé y Celestina Vázquez Hernández, en su calidad de presidente, secretario y tesorera suplente respectivamente, del comisariado ejidal del ejido de Teya, Municipio de Kanasín, Yucatán, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 2, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Orlando López Can, Elías Cen Chalé y Celestina Vázquez Hernández, en su calidad de presidente, secretario y tesorera suplente respectivamente, del comisariado ejidal del ejido de Teya, Municipio de Kanasín, Yucatán solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 y Secretario de Seguridad Pública del Estado. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, y previo cumplimiento que se realizó mediante acuerdo de veintiséis de junio del año en curso por auto de dos de julio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo en sus términos; se solicitó a la autoridades señaladas como responsables sus correspondientes informes con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso, el acto que se reclama es un acto omisivo que carece de ejecución pero presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta Entidad y posteriormente turnado a este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34: La negativa de celebrar la audiencia fijada para el día veintisiete de junio del presente año en el juicio agrario TUA 34-1447/2017. La orden de cancelar dicha audiencia. Del Secretario de Seguridad Pública del Estado: La omisión de llevar acciones y medidas necesarias, en el ámbito de su competencia para resguardar, restablecer y preservar el orden público, permitiendo que el día veintisiete de junio del presente año se lleve a cabo la diligencia fijada. Tercero. Inexistencia del acto. La autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado consistente en la orden de cancelar la audiencia que se había fijado en el expediente de origen para el veintisiete de junio de dos mil diecinueve. En el propio informe manifestó que en el juicio agrario de referencia, en diligencia de veinte de marzo de dos mil diecinueve, fecha inicialmente fijada para el verificativo de la audiencia de ley que establece el artículo 185 de la Ley de Agraria, a efecto de que diversos demandados fueran debidamente emplazados, se fijaron las trece horas del veintisiete de junio del año en curso, para su continuación; sin embargo, por causas de fuerza mayor y totalmente ajenas a ese Unitario, el uno de julio del presente año, la secretaria de acuerdos del tribunal hizo constar la imposibilidad para que el personal ingresara a las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, por lo que las actividades relacionadas con recepción y despacho de todo tipo de documentación que implica la atención al público se vieron forzosamente interrumpidos; siendo reanudadas hasta el uno de julio de dos mil diecinueve y una vez retomadas las actividades, la audiencia en cuestión se reprogramó para las once horas del treinta de agosto de dos mil diecinueve, mediante auto de cuatro de julio del dos mil diecinueve. Dichas manifestaciones se justificaron con la copia autorizada de la certificación de la secretaria del Tribunal Unitario Agrario, en el que hizo constar los días en que se suspendieron sus actividades (foja 81) y de igual manera con la copia certificada del auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve de la cual se advierte que, por causas ajenas al Tribunal, se suspendió las actividades de atención al público, sin embargo una vez reanudadas éstas, se reprogramó la audiencia en cuestión (foja 118). De ahí que en el caso se justifique la negativa que respecto de la orden de cancelación de la audiencia de ley se le atribuyó a la responsable, En tal virtud, respecto del referido acto reclamado, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de actos reclamados. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, al rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto reclamado en relación a la negativa de llevar a cabo la audiencia fijada para el día veintisiete de junio del presente año; sin embargo, de las constancias remitidas por las responsables se advierte la existencia de dicho acto, en cuanto a que en esa fecha no tuvo lugar la audiencia en cita; por lo tanto se tiene por cierto el acto reclamado. Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación del Secretario de dicha institución, señaló que no es cierto el acto reclamado, respecto a la omisión de llevar las acciones y medidas necesarias para que tenga lugar la audiencia cuya negativa de celebración se reclama; sin embargo del propio informe y las constancias remitidas por las responsables se advierte la existencia de dicho acto atribuido a esta autoridad, en cuanto a que refirió no haber intervenido por no tener la orden de la autoridad competente; motivo por el cual se desvirtúa la negativa y se tiene por cierto el acto reclamado. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo es preciso verificar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Respecto del acto reclamado consistente la negativa de celebrar y/o llevar a cabo la audiencia fijada para el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en autos del juicio agrario TUA 34-1447/2017, instaurado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, así como los actos omisivos que se atribuyen al Secretario de Seguridad Pública del Estado, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En relación con la causal de improcedencia en mención debe señalarse que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que el acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales vulnerados; el fallo protector que en su caso llegare a emitirse, efectivamente deberá concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado. Siguiendo esa línea de pensamiento, la causal de improcedencia en estudio se actualiza cuando el órgano de control constitucional advierta que los efectos del acto de autoridad reclamado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, al no poder materializarse o no se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste existe. En ese caso, de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime vulnerada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia por la que se conceda el amparo, pues aún y cuando dicho acto subsista, queda modificada sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Conforme a lo expuesto, es válido afirmar que en el caso se actualiza esa causal de improcedencia, en virtud de que el objeto del reclamo es la negativa de celebrar la audiencia de ley que establece el artículo 185 de la Ley Agraria, que había sido fijada para el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en autos del juicio agrario TUA 34-1447/2017, la cual efectivamente no se verificó en esa fecha; sin embargo, y posteriormente se regularizó el procedimiento y se señaló una diversa. En efecto, obra constancia en autos de que por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, fecha inicialmente fijada para el verificativo de la audiencia de ley que establece el artículo 185 de la Ley de Agraria, a efecto de que diversos demandados fueran debidamente emplazados, se fijó para su continuación las trece horas del veintisiete de junio del año en curso; sin embargo, el uno de julio del presente año, la secretaria de acuerdos del tribunal hizo constar la imposibilidad para que el personal que tuvo el personal para ingresar a las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, del diecisiete al veintiocho de junio del año en curso, por lo que las actividades relacionadas con recepción y despacho de todo tipo de documentación que implica la atención al público se vieron forzosamente interrumpidos, siendo reanudadas hasta el uno de julio de dos mil diecinueve y una vez retomadas las actividades, la audiencia de ley se reprogramó para las once horas del treinta de agosto de dos mil diecinueve, mediante auto de cuatro de julio del dos mil diecinueve. En ese contexto, si el solicitante del amparo reclamó la negativa de celebrar o llevar a cabo la audiencia de ley que establece el artículo 185 de la Ley Agraria fijada para el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en autos del juicio agrario TUA 34-1447/2017; entonces, es válido concluir que lo anterior ya no puede surtir efectos legales o materiales contra aquél por haber transcurrido la fecha señalada y, por tanto, haber dejado de existir el objeto o materia que reclama, esto ante la imposibilidad de retrotraer el tiempo, en tanto que la fecha señalada para la audiencia y cuya negativa de celebrar reclama, ya transcurrió. Cabe señalar que la parte quejosa no reclama la falta de celebración de la audiencia de ley como tal, sino el que aquella se cancelara sin previo acuerdo, pues a su decir, ésta una vez fijada, no se puede cancelar, sino en todo caso solamente diferir, por razones que ello justifique, pero en todo caso la audiencia debe de tener lugar y en la misma determinar el diferimiento para fijar nueva fecha y hora para su celebración, lo anterior ya que la negativa de la autoridad no se encontraba debidamente fundada y motivada, ni siquiera constaba por escrito (foja 5). Por lo que, si ha transcurrido la fecha inicialmente fijada, y se ha señalado una diversa para su continuación en la etapa inicial expositiva de pretensiones y subsecuentes, aun cuando existió esa cancelación de la audiencia fijada para veintisiete de junio de dos mil diecinueve, está ya no tiene efectos legales al señalarse una diversa. En virtud de lo anterior, ante la causal de improcedencia que se actualizó respecto de los actos reclamados tanto a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario 34 como al Secretario de Seguridad Pública, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón del sobreseimiento que se decretó en el juicio, no es posible analizar los conceptos de violación que la parte quejosa hizo valer; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, visible en la página 49 del Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, registro 239006, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 al 80, 155 y 192, de la Ley de Amparo aplicable, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo por los motivos expuestos en esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.

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