Paola Moran López

Expediente 1106/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1106/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Paola Moran López

Actuaciones

  1. Principal

    , se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No hay para su devolución.Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1106/2022. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Ahora bien, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.--- (.)" El primero de los artículos precitados dispone que el juicio de amparo deviene improcedente, además de las diversas hipótesis establecidas en el mismo, en los demás casos en que así resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Asimismo, el segundo de los preceptos legales trascritos, es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de constitucional no es procedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, como sucedía conforme la abrogada Ley de Amparo. En resumen, tenemos que el juicio de amparo es improcedente contra actos que involucran derechos procesales, no sustantivos, por más que la trasgresión sea predominante o superior. Ahora, tratándose de actos omisivos atribuidos a autoridades jurisdiccionales, como el caso que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando el quejoso se duele precisamente de ese tipo de actos, éstos no pueden considerarse de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, dado que no se trata de alguna omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste donde el quejoso es parte; por lo que en ese supuesto, no se actualiza una excepción para acudir al juicio de amparo, salvo de que se advierta abierta dilación al procedimiento. En ese orden de ideas, conviene establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también determinó en torno a ese tema, que la abierta o excesiva dilación en la impartición de justicia, en tratándose de juicios laborales, a que se hizo referencia en la jurisprudencia reproducida con antelación, acontece cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales en el dictado de los proveídos, resoluciones o realización de las diligencias relativas, ello si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil.En ese sentido, es necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiuno de julio de dos mil veintidós. Por consiguiente, para efecto del análisis de la causal de improcedencia invocada por este Juzgado Federal, se tomará en cuenta la data antes precisada. Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la promoción, deberá turnarse la demanda para su trámite. Así, tenemos que en el caso particular la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de no respetar los plazos y términos establecidos en la Ley del Servicio Civil aplicable, dado que aduce que presentó un escrito el seis de junio de dos mil veintidós por medio del cual pidió fijar nueva fecha para el desahogo de una prueba pendiente, sin que a la fecha haya sido dictado acuerdo alguno al respecto. En ese contexto, se advierte que si la demanda de amparo se presentó el día veintiuno de julio en curso, claramente podemos colegir que si bien, tal como lo indicó la parte quejosa, entre dichas fechas -presentación del escrito cuya falta de atención hoy se duele y presentación de la demanda de amparo- trascurrieron más de veinticuatro horas, sin que a la fecha tenga conocimiento del acuerdo recaído a dicho escrito, esto es, ha omitido dictar acuerdo en el juicio natural, omisión tildada de inconstitucional; no obstante, lo cierto es que el plazo máximo prudente en que puede considerarse acaeció una abierta dilación, según lo razonado en párrafos superiores, es de cuarenta y cinco días. De manera que la omisión de que se trata no es de imposible reparación, en la medida que no afecta derechos sustantivos, virtud que según lo evidenciado, en el caso no trascurrió el plazo estimado por este Juzgado Federal en el juicio natural, para estimar acontecida una abierta dilación -cuarenta y cinco días -, pues entre la fecha del ocho de junio pasado -fecha a la cual ya habían transcurrido las veinticuatro horas para acordar el escrito- y el veintiuno de julio en curso, en que fue presentada la demanda de amparo, transcurrieron cuarenta y cuatro días. Máxime, que es un hecho que la autoridad se encuentra gozando de su periodo vacacional del once al veintinueve de julio de dos mil veintidós, reanudando labores el uno de agosto de este año, por lo que a la fecha en que la autoridad empezó a transcurrir su periodo vacacional, sólo habían transcurrido treinta y tres días. En congruencia con lo anterior y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Precedente vertical. En semejantes términos se pronunció el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja laboral 126/2020, de su índice.Notifíquese personalmente a la quejosa.

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