Paola Maribel Martínez Figueroa y Otros.
Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Paola Maribel Martínez Figueroa y Otros.
- Paola Maribel Martínez Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por *********, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas los dispositivos electrónicos en formato "DVD" que adjuntó. Por otra parte, fundamento en el numeral citado en el párrafo que antecede, se desechan las probanzas ofrecidas, consistentes en la inspección judicial, así como la pericial en topografía y agrimensura, dado que su ofrecimiento no se hizo dentro de los términos previstos en dicho ordinal, lo que resulta extemporáneo. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa no cumplió con el término de cinco días que prevé el precepto legal para su anuncio; sin contar el del ofrecimiento ni el señalado por la propia audiencia, o sea, para que el ofrecimiento de la prueba en comento sea en tiempo, debe anunciarse con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles y completos respecto de la fecha primeramente señalada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que mediante acuerdo del siete de agosto del año en curso, se fijaron las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo. Por otra parte, no ha lugar a proveer de conformidad con relación al requerimiento que solicita se realice a las autoridades que refiere, puesto que ello no versa con relación al acto que se reclama en el presente juicio constitucional, puesto que tal solicitud versa con relación al cumplimiento de Bando o reglamento Municipal, siendo que tal aspecto, en su caso corresponde a diversa instancia. En otro contexto, téngase al Mayor Ingeniero Constructor Howard German López Domínguez, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la legislación de la materia, con él dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Ahora, con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 9o. del ordenamiento legal en cita, se tienen como delegadas a las personas que indica. En términos del artículo 119 de la legislación en mención, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjuntó al informe de cuenta. Finalmente, para dar margen a lo anterior y en virtud de observar las reglas esenciales del procedimiento se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y seis minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjuicio. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y al General Secretario de la Defensa Nacional, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con ellos dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 9o. de la ley de la materia, se tienen como delegadas de las autoridades responsables a las personas que indican. Por otra parte, visto el ocurso de cuenta, cuya firma difiere de la plasmada por la quejosa *****************, en su escrito inicial de demanda, sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; en esa circunstancia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días siguientes al que surta efectos la notificación de este proveído, se presente con identificación oficial vigente con fotografía en el local de este Juzgado de Distrito, para que ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza el escrito de cuenta, es decir, si estampó de su puño y letra la aludida firma. Se le advierte que el artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal, establece que se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días a quien sea examinado y faltare a la verdad, afirmando un hecho falso o negando uno verdadero. Debe destacarse a la promovente que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de considerarlo necesario, se ordenará la realización de un dictamen pericial, sobre la firma que estampó en el escrito que se acuerda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Con el apercibimiento de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecidos se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Director Jurídico y Consultivo del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, en representación de dicho Ayuntamiento Constitucional y del Director de Desarrollo Urbano, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 9o. de la ley de la materia, se tiene como delegada a la persona que señala. Téngase por autorizado al usuario que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" a efecto de que realice los registros convenientes. Ahora bien, para dar margen a lo anterior, y en virtud de observar las reglas esenciales del procedimiento se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga algún perjuicio. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 847/2023-III; y, R E S U L T A N D O. I. ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. II. En auto del siete de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda y se ordenó formar el incidente de suspensión, en el cual solicitó a las autoridades responsables su informe previo, y fijó día y hora para la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O. Único. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requiere lo siguiente: 1. Que expresamente la solicite el quejoso, 2. Que haya certidumbre de los actos cuya suspensión se solicita, 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión, 4. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto último en atención a lo previsto en el artículo 129 de la ley de la materia, 5. La realización de un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. De los puntos señalados se obtiene que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de los actos reclamados y de la violación alegada, así como a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. Con relación al primer punto, se encuentra acreditado ya que ********************, solicitó la suspensión del acto reclamado. Ahora, las autoridades responsables: Gobernador Constitucional del Estado de México. General Secretario de la Defensa Nacional. Mayor Ingeniero Constructos Howard Germán López Domínguez, y Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos. Al rendir su informe previo negaron los actos reclamados, sin que la quejosa desvirtuara dichas negativas. Ahora, las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán, Estado de México y el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de dicho Ayuntamiento, fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante estar debidamente notificadas para ello, por lo que se presumen ciertos los actos a ellas reclamados; por tanto, dicha negativa se desvirtúa. En ese sentido, la parte quejosa en su demanda de amparo en esencia señala como acto reclamado la orden de creación y construcción de una escuela militar en las canchas y áreas verdes que dice pertenecen al fraccionamiento de ********************; la cual señala se ordenó atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo. En ese contexto, respecto de la emisión del acto reclamado se niega la suspensión definitiva que solicita pues es un acto consumado, en contra del cual, es improcedente conceder la medida cautelar que se solicita, pues equivaldría a darle efectos restitutorios propios de sentencia que se dicte en el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número doce, publicada en la página 13, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". Respecto de los efectos de la suspensión del acto reclamado, se niega la suspensión definitiva, dado que se advierte que dicha medida solicitada no satisface el requisito previsto en la fracción II del ordinal 128 de la ley en consulta. Cabe destacar que la suspensión es una institución de naturaleza procesal que, como medida cautelar, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esta manera no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende, pues en algunos casos si se llevara a cabo su ejecución durante la secuela del juicio de amparo, de nada serviría al quejoso la eventual sentencia que llegare a pronunciarse a su favor. Luego, el objeto de la suspensión en el juicio de amparo es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación al quejoso, pero, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión. Ahora bien, establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, en cuanto a la suspensión a petición de parte, como es el caso, lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". De acuerdo con lo anterior, los requisitos a satisfacer para la concesión de la suspensión a petición de parte, son: que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, excepto en los actos precisados al final del precepto, en los que no procede la suspensión. El orden público y el interés social son nociones vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Máxime, se advierte que mediante oficio con registro con número de correspondencia 9557, el Director Jurídico y Consultivo del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, hizo del conocimiento sobre la finalidad del uso de suelo para actividades castrenses y de seguridad pública. De ahí que se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, como así lo ha expuesto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, en las tesis que a continuación se transcriben: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. (Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Informes, Informe 1973, Parte II, tesis: 8, página 44.)". "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. (Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 47 Tercera Parte, página 58.)". La propia legislación de la materia en su artículo 129 establece algunos criterios orientadores para establecer cuándo de concederse la suspensión, se sigue perjuicio al interés social o se realizan contravenciones al orden público, a saber: "I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, como ya se precisó, la suspensión se pide contra el efecto de la orden de creación y construcción de una escuela militar en las canchas y áreas verdes que dice pertenecen al fraccionamiento de ********************; la cual señala se ordenó atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo, entonces es improcedente concederla contra los efectos de la orden como la reclamada, porque de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, al permitir una obstaculización al Estado para la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, que en la especie no procede conceder la suspensión definitiva, por la razón de que no se cumple con el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, en términos de lo expuesto en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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