Paola Margarita Simón Bernardo,

Expediente 284/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
284/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Paola Margarita Simón Bernardo,

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional dentro del juicio de amparo 284/2019-II, que promovió Paola Margarita Simón Bernardo, avocándose al conocimiento del mismo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente cuaderno como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE DESTRUIR A LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción XX del punto segundo del citado acuerdo, pues se trata de un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes) además a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, doce de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en la diligencia realizada por la licenciada Daniela Molina Martínez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, el cinco de abril de la presente anualidad, a la quejosa Paola Margarita Simón Bernardo, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado; en consecuencia, hágansele las notificaciones aun las de carácter personal mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio y anexo, mediante el cual el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, Veracruz, devuelve sin diligenciar el exhorto 175/2019-II-E, número de orden 249/2019-II por los motivos señalados en la razón actuarial de ocho de abril de la presente anualidad; en consecuencia, dese de baja el aludido exhorto en el libro de gobierno relativo; ahora, atento a lo señalado en el párrafo que antecede notifíquese a la quejosa mediante lista de acuerdos el proveído de tres de abril del año en curso.. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la promovente Paola Margarita Simón Bernardo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve. INCOMPETENCIA Ahora, el suscrito estima que en el particular, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; y además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. El estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado." Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene, que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "LA ORDEN DE APREHENSIÓN GIRADA EN MI CONTRA POR EL JUEZ DE CONTROL DE PROCESO, PROCEDIMIENTO PENAL Y ORAL Y ENJUICIAMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, VERACRUZ." De lo anterior se advierte que el acto reclamado es la orden de aprehensión decretada en contra de la impetrante por el Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y Enjuiciamiento de Primera Instancia zona Norte de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Asimismo, del ocurso de cuenta se advierte que el domicilio de la impetrante es el ubicado en Río Blanco número 165, de la Unidad Habitacional Palmira, perteneciente al Municipio de Mariano Escobedo, Veracruz; asimismo, la promovente señaló que el lugar donde se pretende ejecutar la orden de aprehensión es en la ciudad de Orizaba, Veracruz, por tanto, el acto reclamado tendrá ejecución en aquella localidad, lugar en el que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. En ese contexto, resulta claro que el Juez de Distrito competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo lo es cualquiera de los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, en virtud que, como se estableció en líneas precedentes, la orden de captura que en esta vía se impugna, tendrá ejecución en Orizaba, Veracruz, lugar en el que tiene su residencia la promovente del juicio de garantías y derechos humanos. Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Tomo I, Libro XXIII, correspondiente am les de agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." (El énfasis es propio de este órgano jurisdiccional) Además, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2011, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En las anteriores circunstancias, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por razón de territorio, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además en el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al estimar que lo son los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, quienes ejercen jurisdicción donde se va a ejecutar el acto reclamado, esto es en Orizaba, Veracruz; de ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, AL JUZGADO DE DISTRITO, CON RESIDENCIA CÓRDOBA, VERACRUZ, que por turno corresponda, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional. Por otra parte, en virtud que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión decretada en contra de la impetrante, no ha lugar a proveer sobre la suspensión provisional solicitada, en razón de que no se está en la hipótesis que contempla el artículo 48, de la Ley de Amparo, que establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. En atención a que la promovente no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz-Boca del Río, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Córdoba, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente proveído a la parte quejosa Paola Margarita Simón Bernardo, en el domicilio ubicado en Avenida 1, número 204, despacho 103, entre calle 2 y 4 de la ciudad de Córdoba, Veracruz. En cumplimiento a los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, remítase el presente exhorto por la vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su diligenciación correspondiente.

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