Paola Lizzeth Ocejo Jimenez

Expediente 1225/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1225/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • Paola Lizzeth Ocejo Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se negó el amparo en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución en su único punto resolutivo no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Se hace la precisión de que este expediente carece de relevancia documental. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente, toda vez que no existe razón alguna para que continúen en la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas del expediente 270/2020 remitido por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen para los efectos legales conducentes, sin necesidad de que dicha autoridad acuse el recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Visto, para resolver, el juicio de amparo número 1225/2021-VI, promovido por Paola Lizzeth Ocejo Jiménez contra el acto que atribuye al Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, Paola Lizzeth Ocejo Jimémez, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se enuncian: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- El Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. 2. El actuario del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. V.- ACTOS RECLAMADOS: De la primera autoridad responsable la prosecución del juicio, emisión de sentencia y declaración de ejecutoria en mi contra sin haber sido oída y vencida en juicio en el expediente 270/2020. De la segunda autoridad responsable la falta de notificación personal y adecuado emplazamiento en el expediente 270/2020 en mi contra." La promovente estima vulnerados los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por cuestión turnó tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito de la demanda de amparo, la que por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite y se registró con el número 1225/2021-VI, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se emplazó al tercero interesado y se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. TERCERO. Secuela procesal. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse en el presente asunto un acto que tuvo ejecución dentro de la delimitación territorial en la que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, el escrito aclaratorio, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Para ello, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", De esa manera, se tiene que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables, lo siguiente: - El emplazamiento al juicio ordinario oral familiar de cesación de pensión alimenticia 270/2020, tramitado ante el Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, promovido en su contra por Luis Antonio Ocejo Castillo y todas las actuaciones posteriores derivadas de éste, entre ellas, la sentencia y su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y a la Actuaria adscrita, dado que al rendir su informe justificado admitieron los actos de los que se duele la parte quejosa; manifestaciones que resultan suficientes para acreditar la certeza del acto que se le atribuye, en términos de la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, tomo II Procesal Constitucional, submateria 1 Común, primera parte, sexta sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, del rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con las constancias que el juez responsable remitió como complemento a su informe justificado; medio de convicción que constituye documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora bien, dado que en el caso no existe causal de improcedencia propuesta por las partes, ni se advierte alguna que deba estudiarse de manera oficiosa, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procederá enseguida al estudio de los motivos de discrepancia formulados por la parte promovente del amparo, los que se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, en atención a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. En el único concepto de violación, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable ha vulnerado el principio pro homine en su perjuicio, al inobservar lo previsto en los artículos 1º y 16 constitucionales, dado que no estimó la adecuada defensa de la quejosa impidiéndole el acceso a la justicia, lo cual redundó, afirma, en una sentencia que adolece de los requisitos de fundamentación y motivación. Previo al estudio, conviene aclarar que la quejosa se ostenta como tercera extraño a juicio por equiparación, en virtud de que su condición resulta la de aquellas personas que al ser sujetos de la relación procesal, por ser la parte demandada en el juicio de origen, se duele de la falta de llamamiento al juicio, en razón a que precisa que no fue legalmente llamada a éste. Es decir, es "tercero extraño equiparado o por equiparación", quien es parte formal en un juicio o en procedimiento, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Luego, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". La garantía de audiencia que consagra el precepto 14 constitucional se cumple mediante cuatro garantías de seguridad jurídica, y que son: el juicio previo al acto de privación; que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos; el cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales; y la decisión jurisdiccional ajustada a las leyes vigentes con anterioridad a la causa que origine el juicio. Para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en el párrafo segundo del dispositivo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben atenderse a dos aspectos, uno de forma y otro de fondo. El primero de los citados, comprende los medios establecidos en el propio texto constitucional constituidos por la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Mientras que el segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. De ese modo, los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben facilitarse al gobernado de manera que no se produzca un estado de indefensión, erigiéndose en las formalidades esenciales que así lo garanticen. Así, todo gobernado debe gozar de la garantía de audiencia frente a la actuación del poder público, por virtud de la cual, el particular tiene el derecho a ser oído antes de la realización del acto de privación, a la vez que tiene un derecho genérico a la defensa que se manifiesta comúnmente en la promoción de recursos, juicios ordinarios e inclusive del juicio de amparo. Esto es, para que una autoridad cumpla con la garantía de audiencia que consagra el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución, se requiere que previamente a cualquier acto de privación, aquélla observe las formalidades esenciales del procedimiento que dicho precepto concede a todo gobernado, y que se traducen en la obligación del Estado con los gobernados, para que antes de ser afectados por un acto de privación, tengan la posibilidad de conocer la instauración del procedimiento, para así acudir al proceso o procedimiento respectivo, a efecto de ser oídos en defensa de sus intereses y ofrecer las pruebas que a su derecho convenga. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, visible en la página 133, que señala: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora, el emplazamiento a juicio, en cualquier procedimiento, constituye el acto más importante, debido a que impacta directamente en las partes, pues su omisión, o su realización o indebida realización, prácticamente determinan la defensa de las partes. En ese orden, el emplazamiento a juicio entraña una formalidad de carácter esencial en todo procedimiento, pues su observancia permite salvaguardar la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, por lo que debe cumplirse estrictamente con él, en los términos y con los requisitos que la ley de la materia establezca. Al no realizarse debidamente, o efectuarse en forma indebida el acto procesal del emplazamiento, se produce un estado de indefensión tal que, de declararse la nulidad del emplazamiento mal efectuado o declararse la omisión en su práctica, debe reponerse el procedimiento en su totalidad para respetar esa formalidad y lograr la defensa adecuada de sus derechos, ya que si no se dio oportunidad al emplazado de comparecer legalmente al procedimiento, las actuaciones carecen de validez. En el caso a estudio, se está en presencia de un procedimiento de carácter familiar y, los artículos 205, 207, 211 a 213, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, prevén cuándo y en qué términos deben practicarse las notificaciones personales en tales procedimientos, al tenor de lo siguiente: "Artículo 205. Las notificaciones pueden hacerse: I. Personalmente, en la audiencia respectiva o en el domicilio señalado en autos; II. Por cédula; III. Por instructivo; IV. Por lista de acuerdos; V. Por edictos; VI. Por el Diario Oficial del Gobierno del Estado, o VII. Por medios electrónicos o informáticos autorizados por la normatividad aplicable. Artículo 207. En los procedimientos contenciosos, el actor debe designar el domicilio del demandado para que éste pueda ser emplazado. En caso de omisión, el juez debe prevenirlo con el apercibimiento de que, el incumplimiento del requisito señalado, es causa para tener por no interpuesta la demanda. Artículo 211. Siempre deben ser notificaciones personales: I. El emplazamiento de la demanda, aunque se trate de diligencias; II. El auto que ordene la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; III. La primera resolución que se dicte cuando se deje de actuar por más de seis meses; IV. Las diligencias urgentes, cuando el juez ordene la notificación personal; V. El requerimiento de un acto que deba cumplir cualquiera de las partes, y VI. Cualquier otro acto o resolución a juicio del juez o que la ley disponga. Artículo 212. Las notificaciones personales en el domicilio deben realizarse: I. En día y hora hábil o, en su caso, en las habilitadas para tal efecto directamente con el interesado, a menos que carezca de capacidad de ejercicio. En este último caso, la notificación se debe realizar a su representante legítimo; II. En el domicilio designado por el promovente o por la persona a quien se le va a notificar; III. Por el actuario, el cual debe: a) Cerciorarse que es el domicilio y la persona correcta antes de hacer el emplazamiento, y expresar los medios de que se haya valido; b) Leer íntegramente la notificación a la persona interesada y entregarle copia del acto que se va a notificar, en su caso, documentos anexos y el auto o proveído correspondiente. c) Entregar al demandado la copia de la demanda, cuando lo que se debe notificar sea el emplazamiento; d) Dejar citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada, cuando, luego de cerciorarse que es el domicilio y la persona correcta, la persona a la que deba notificar personalmente no se encuentra en su domicilio, y e) Entregar la cédula de notificación a los parientes, empleados, domésticos o cualquier otra persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio, en caso, de que no se cumpla con lo establecido en el inciso anterior, luego de cerciorarse de que es el domicilio, de acuerdo con lo dispuesto por este Código. De todo esto se debe asentar razón en la diligencia. Las notificaciones personales deben contener la fecha y hora en la que se verificó y además deben estar firmadas por el actuario y la persona con la que se entienda la diligencia. Si ésta no supiere, no pudiere o no quisiere firmar, se debe hacer constar esta circunstancia. De todo lo actuado en la diligencia de notificación el actuario debe asentar razón. Artículo 213. La cédula de notificación a que se refiere el artículo anterior, debe entregarse junto con las copias del traslado y hacer constar en la misma lo siguiente: I. El nombre y apellido del promovente; II. La designación del juez que manda practicar la diligencia; III. La resolución que se manda notificar, identificada por su fecha, así como por la mención del asunto y número de expediente en que se haya dictado; IV. La fecha y hora en que se deja la cédula; V. El nombre y apellido de la persona a quien se entrega, y VI. El nombre, apellido y cargo de la persona que practica la notificación. La persona a quien se le entregue la cédula debe firmar por su recibo y si se rehúsa a hacerlo, se debe poner razón en la diligencia, y expresar el nombre de ella o la manifestación de la negativa. En el expediente en el que conste el asunto se debe anexar copia de la cédula entregada y asentar todo lo correspondiente a la diligencia. Si la contraparte solicita copia de la constancia relativa a la notificación, el juez debe ordenar su entrega." De un análisis conjunto de los preceptos legales transcritos, podemos afirmar que son varios los requisitos exigidos para que se consideren válidas las notificaciones personales o diligencias de emplazamiento practicadas por los notificadores, de entre ellos se citan los siguientes: a) El emplazamiento deberá practicarse personalmente al demandado o a su representante. b) Deberá practicarse en el domicilio proporcionado por la parte actora para tal efecto. c) El notificador se cerciorará de que es el domicilio correcto y que la persona que debe ser notificada vive en la casa designada, y después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en la misma. d) Deberá dar lectura íntegra de la notificación, entregando copia del auto correspondiente y de los documentos anexos. e) Correr traslado al o los demandados o personas con quien entienda la misma, con copia de la demanda instaurada en su contra. f) Cuando la persona buscada no se encuentre el domicilio, dejará citatorio para que lo espere al día y hora que designe. g) En caso de que la persona buscada no atienda a tal citación, entregará la cédula de notificación a los parientes, empleados, domésticos o cualquier persona mayor que se encuentre en el domicilio. h) De todo lo anterior deberá asentar razón en la diligencia. Así, el emplazamiento o llamamiento a juicio de la parte demandada constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, las exigencias para llevar a cabo éste se contienen en los artículos antes citados del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 270/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, se desprenden las diligencias de emplazamiento a juicio de la ahora quejosa. En ese sentido, en primer término, se tiene que a las diecisiete horas del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, se constituyó en el domicilio proporcionado para emplazar a la aquí quejosa, sito en el número doscientos ochenta y tres, calle Veinte A, del Fraccionamiento Jardines de Mérida, de esta ciudad, en busca de la demandada Paola Lizzeth Ocejo Jiménez, entre otros, y luego de cerciorarse de que era el domicilio correcto por lo referido por las placas metálicas puestas en la esquina del inmueble, en las que observó la numeración de la calle y cruzamientos, así como el nombre del fraccionamiento, así como por el numero correlativo del predio de acuerdo a la secuencia numérica de los contiguos, así como por el dicho de los vecinos quienes aseguraron en la casa número doscientos ochenta y tres viven las personas buscadas. Posteriormente, se dirigió a la entrada del inmueble e hizo varios llamados, siendo atendido por una persona del género femenino quien salió del interior del mismo, sin proporcionar su nombre, por lo que procedió a describir su media filiación como una persona del género femenino, tez morena, complexión media, ojos color café obscuro, usuaria de lentes, cabello lacio color negro largo, a quien se le requirió la presencia de los buscados, quien manifestó que en ese lugar habitan pero que no estaban presentes en ese momento, por lo que dejó citatorio a las personas buscadas, para que esperaran a la fedataria pública a las diecisiete horas y cero minutos del veintiocho de octubre del propio año. Así las cosas, siendo las diecisiete horas del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la actuaria judicial se constituyó nuevamente en el domicilio sito en el número doscientos ochenta y tres, calle Veinte A, del Fraccionamiento Jardines de Mérida, de esta ciudad, en busca de la demandada Paola Lizzeth Ocejo Jiménez, entre otros, y una vez cerciorada de que se encontraba en el domicilio correcto, nuevamente por advertirlo de los señalamientos de identificación y por el dicho de los vecinos, procedió a llamar a la puerta, saliendo de su interior una persona quien dijo llamarse María Luisa Jiménez Mosqueda, quien se identificó con su credencial de elector con clave JMMSLS65101027M400, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, cuya fotografía coincidió con los rasgos fisonómicos de la persona que atiende la diligencia, y una vez que la actuaria se identificó debidamente y explicó el motivo de su presencia, aseguró que en esa casa reside y que habita junto con las demás personas buscadas, quienes son sus hijos y en ese momento no se encontraban, asentado que ella podía recibir cualquier documento y entregárselos. Derivado de lo anterior, la actuaria judicial procedió a notificar y hacer el traslado, emplazamiento y fijación de plazo previstos en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el procedimiento ordinario oral familiar número 270/2020, personalmente a María Luisa Jiménez Mosqueda, y por medio de sendas cédulas, a Jorge Luis, Erick Emmanuel, Sandra Erika y Paola Lizzeth, los cuatro últimos de apellidos Ocejo Jiménez, leyendo íntegramente y en voz alta el auto a notificar, entregando a la persona encontrada las cédulas de notificación correspondientes, quien se dio por enterada y notificada. Así, esta juzgadora estima que la autoridad responsable actuó con apego a las formalidades esenciales del procedimiento que rigen la primera notificación al juicio en términos de lo dispuesto por la ley adjetiva familiar para el Estado de Yucatán y, contrario a lo afirmado por la quejosa, estuvo en aptitud de defenderse en el juicio. En efecto, el emplazamiento se llevó a cabo personalmente con una de las personas demandadas (al no esperar a la funcionaria judicial, a pesar de haber dejado citatorio), en su domicilio, quien manifestó ser madre de la buscada y que la persona buscada vivía ahí, pero que en ese momento no se encontraba; razón por la cual se le entregó la demanda, anexos y el auto que ordena el emplazamiento. Luego, es claro que la notificadora responsable actuó dentro del ámbito de sus atribuciones legales al entender la diligencia de emplazamiento con la madre de la aquí quejosa, entre otros y la emplazó por medio de cédula de notificación, lo que conforme a lo visto a las disposiciones legales, es correcto. Además, asentó en el mismo instrumento de la razón de diligencia de emplazamiento, que la persona con la que se entendió no quiso firmar, pero se asentaron sus características físicas y los datos de su identificación oficial, dando fe de dicha situación. Corolario de lo anterior, fue legal la diligencia de emplazamiento de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, practicada por la actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente número 270/2020, relativo al procedimiento ordinario oral familiar que se tramita ante el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por Luis Antonio Ocejo Castillo, en contra de María Luisa Jiménez Mosqueda, Jorge Luis, Erick Emmanuel, Sandra Erika y Paola Lizzeth, los cuatro últimos de apellidos Ocejo Jiménez. En las relatadas circunstancias, toda vez que el emplazamiento reclamado se ajustó a las disposiciones aplicables, no se vulneraron en perjuicio del titular de la acción constitucional los derechos fundamentales de audiencia y legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 Constitucionales; por tanto, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Paola Lizzeth Ocejo Jiménez en contra del acto reclamado al Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al procedimiento ordinario oral familiar número 270/2020, así como las demás actuaciones que reclamó realizadas con posterioridad a ese llamamiento. Es así, puesto que por lo que se refiere a los restantes actos, tal como se señaló en el apartado relativo a la precisión de los actos reclamados, éstos son impugnados en vía de consecuencia del emplazamiento tildado de inconstitucional, de ahí, que deba hacerse extensiva la negativa del amparo, al no haberse impugnado los mismos por vicios propios. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Paola Lizzeth Ocejo Jiménez contra el acto que reclamó del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, precisado en el considerando segundo de esta sentencia, en virtud de los razonamientos expresados en la última parte considerativa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de agosto del presente año, a fin de que manifieste si desea ampliar su demanda por lo que respecta a las manifestaciones vertidas por el Juez Cuarto Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en su informe justificado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Isela Zárate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Cuarto Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, y anexo que adjunta; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, toda vez que del informe de cuenta la responsable realiza diversas manifestaciones respecto a los actos reclamados, esto es, por lo que se refiere la quejosa que no fue oída, ni vencida, y emplazada al juicio natural. En consecuencia, tomando en consideración que en el presente asunto, la parte quejosa reclamó la prosecución, emisión de sentencia y declaración de ejecutoria en su contra sin haber sido oída y vencida en audiencia, así como su respectivo emplazamiento al juicio origen 270/2020, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término improrrogable de quince días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si amplía su demanda respecto de las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable en su informe de cuenta. Con el apercibimiento, que de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido, esta Juzgadora continuará con el procedimiento del presente juicio de amparo únicamente contra los actos señalados en el escrito inicial de demanda. Al respecto tiene aplicación, la siguiente tesis jurisprudencial: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó a su informe de cuenta, consistente en copias certificadas derivadas del expediente 270/2020, de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, fórmese un cuaderno auxiliar con las referidas constancias, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado. Notifíquese personalmente.

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