Paola Ivonne Morales Pacheco
Expediente 390/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Paola Ivonne Morales Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. Se declara consentido el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y este proveído. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veintidós de abril de dos mil veintidós, se negó la definitiva solicitada; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2. punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que la autoridad responsable dio, sin que realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector Efectos de la concesión del amparo DECISIÓN De conformidad con lo estatuido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la protección constitucional son para que la autoridad responsable que ahora conoce de la carpeta de investigación 7265/FMUJ/UDNA/2022, Vicefiscal General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de que se le notifique la firmeza de la presente resolución, proceda en los términos siguientes: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de la carpeta de investigación 7265/FMUJ/UDNA/2022; y, 2. En su lugar, en términos de esta ejecutoria, emita otra respuesta de manera fundada y motivada, en la que, con libertad de decisión, determine si es procedente o no: a) Dar la intervención solicitada por la imputada aquí quejosa Paola Ivonne Morales Pacheco. b) Levantar la medida de protección que pesa sobre el menor de iniciales M.S.C.M. c) Deducir la copia certificada de la diversa carpeta 7075/FVCE/ZIMATLAN/2022, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca Mediante proveído dictado el trece de septiembre de dos mil veintidós, se declaró firme la sentencia dictada en autos; por tanto, y se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, recibido mediante oficio FGE/VFGZC/1267/2022 de nueve de septiembre de dos mil veintdós II. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. El trece de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro, con sede en reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informando y acreditando lo siguiente: Que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dejó sin efecto el acuerdo emitido el veintiséis de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación 7265/FMUJ/UDNA/2022 por la entonces Agente del Ministerio Público Adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro, y ordenó emitir otra respuesta. Con fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, la actualmente Agente del Ministerio Público Adscrita a la Vicefiscalía General Zona Centro, quien actualmente conoce de la integración de dicha carpeta, procedió a emitir respuesta al escrito de veintidós de marzo de dos mil veintidós, firmado por Paola Ivonne Morales Pacheco, en los términos siguientes: Respecto a que se levante la medida de protección dictada al niño de iniciales M.S.C.M. para que este le sea entregado bajo su guarda y custodia, la autoridad responsable determinó que prevalece la medida de protección dictada; lo anterior porque ha dado seguimiento a la situación actual del niño quien se encuentra en el entorno familiar de los ciudadanos Clara Francisca Méndez Avendaño y Alberto García Canseco, bajo la figura de familia de afecto con cuidados alternativos, pues son figuras significativas para el niño desde la primera infancia y se ha demostrado estar cubriendo las necesidades que presenta el niño, las cuales se determinó son buenas, motivo por el cual, la autoridad ministerial no se encuentra en posibilidades de acordar a favor la petición de la aquí quejosa. Por lo que hace a la petición de que se deduzcan copias debidamente cotejadas de la carpeta de investigación 7075/FVCE/ZIMATLAN/2022, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, tampoco le es posible a la responsable acordar favorablemente esa petición, toda vez que la referida carpeta no se encuentra dentro del sistema de su competencia, encontrándose en un área distinta a esa Fiscalía General Zona Centro. En cuanto a la solicitud de intervención que le asiste dentro de la carpeta de investigación 7265/FMUJ/UDNA/2022, esta le fue otorgada, pues ahora ya es dable, toda vez que dicha autoridad ministerial ha solicitado audiencia para comunicar imputación, quedando en espera de la fecha de audiencia inicial, así como de la causa penal. III. Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que la autoridad responsable exhibió, se advierte claramente dejó insubsistente el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de la carpeta de investigación 7265/FMUJ/UDNA/2022; y, emitió otro de manera fundada y motivada, determinando que no es procedente que le sea entregado el niño bajo su guarda y custodia, la imposibilidad de entregarle las copias requeridas; dándole la intervención legal dentro de la carpeta de la referida carpeta de investigación. Con las actuaciones descritas la autoridad responsable acató el fallo protector, en virtud que la premisa en la que consistía el cumplimiento de la ejecutoria era que se emitiera otra respuesta de manera fundada y motivada, en la que, con libertad de decisión, se determinara si eran o no procedentes las peticiones de la impetrante del amparo, lo cual aconteció. No obstante que en el auto donde da cumplimiento, no otorgó las copias, en diligencia de ratificación de escrito de intervención por parte de la imputada, aquí quejosa, realizada el ocho de septiembre de dos mil veintidós, se aprecia que a solicitud de la defensa, si accedió a la petición de otorgarle las copias requeridas. En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Sin que tenga que requerirse a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo, toda vez que en esta propia fecha se recibió un oficio y anexos relativos al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a sus derechos legales convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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