Paola Isabel Calvillo Ochoa

Expediente 363/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
363/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Ari-Ben Daniel Rubio Gutierrez
  • Paola Isabel Calvillo Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido, comuníquese a las partes este auto y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido al día hábil siguiente, a esta autoridad federal, Paola Isabel Calvillo Ochoa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Primero Menor en materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, actuario de su adscripción y actuario adscrito a la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La materialización en mi contra de algún acto de molestia, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O LOS EFECTOS DE UN AUTO DE EXEQUENDO ordenado en auto de fecha treinta y uno de enero del presente año, dentro del expediente número 637/2019-2,." SEGUNDO. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta autoridad radicó la demanda de amparo de la quejosa Paola Isabel Calvillo Ochoa, con el consecutivo 363/2020, requirió a las responsables su informe justificado dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La ejecución de la orden de exeqüendo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, así como los diversos de uno de octubre, quince de noviembre del mismo año y dieciséis de enero de dos mil veinte, en atención a las diligencias actuariales de falta de embargo y emplazamiento de veinticinco de septiembre, quince de octubre ambas de dos mil diecinueve, dentro del expediente número 637/2019-2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la juez, consistente en copia certificada del juicio 637/2019-2, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra actos del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, actuaria de su adscripción y Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, a quien le atribuye el auto de exeqüendo según el quejoso de treinta y uno de enero de dos mil veinte; sin embargo, de constancias se desprende que en acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el juez menor responsable admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil y dictó auto de exeqüendo, para llevarse a cabo en el domicilio de la demandada aquí quejosa, y su emplazamiento, donde no ha sido posible su desahogo por no localizarse la demandada a pesar de ser el domicilio correcto, por lo que se ha ordenado en diversas fechas -uno de octubre, quince de noviembre ambos de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte- su desahogo sin lograr su diligenciación en el expediente 637/2019-2. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 1493/2019, promovido Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra actos del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Actuaria de su adscripción y Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, a quien le reclamó el mismo acto -auto de exeqüendo ordenado por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve-, en el juicio 637/2019-2. Con la puntualización, que mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, relativo al juicio de amparo 1493/2019, auxiliar 160/2020, negó la protección constitucional solicitada por la quejosa, asimismo, por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria; este último dato, constituye un hecho notorio por estar publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el auto de exeqüendo que la quejosa refiere es de treinta y uno de enero de dos mil veinte, resulta inexacto, pues, el juez menor responsable refiere corresponde al acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, que por no encontrase la demandada en el domicilio a pesar de ser el correcto, se ha ordenado su desahogo en otras fechas, -uno de octubre, quince de noviembre ambos de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte- acto reclamado en este controvertido es materia del diverso juicio de amparo 1493/2019, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria y se ordenó su archivo definitivo, promovido por la aquí quejosa Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra las mismas autoridades Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial; y, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respecto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la razón de cuenta, signada por la Actuaria de la adscripción de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la parte tercero interesada Ari-Ben Daniel Rubio Gutiérrez, Nancy Azucena Martínez Mota y Etni Rubén García Rueda, la resolución de veintitrés de los actuales, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el presente acuerdo, la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado Federal; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jimenez, que autoriza y da fe. Doy fe EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LOS TERCEROS INTERESADOS ARI-BEN DANIEL RUBIO GUTIÉRREZ, NANCY AZUCENA MARTÍNEZ MOTA Y ETNI RUBÉN GARCÍA RUEDA, LA RESOLUICÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido al día hábil siguiente, a esta autoridad federal, Paola Isabel Calvillo Ochoa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Primero Menor en materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, actuario de su adscripción y actuario adscrito a la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La materialización en mi contra de algún acto de molestia, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O LOS EFECTOS DE UN AUTO DE EXEQUENDO ordenado en auto de fecha treinta y uno de enero del presente año, dentro del expediente número 637/2019-2,." SEGUNDO. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta autoridad radicó la demanda de amparo de la quejosa Paola Isabel Calvillo Ochoa, con el consecutivo 363/2020, requirió a las responsables su informe justificado dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La ejecución de la orden de exeqüendo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, así como los diversos de uno de octubre, quince de noviembre del mismo año y dieciséis de enero de dos mil veinte, en atención a las diligencias actuariales de falta de embargo y emplazamiento de veinticinco de septiembre, quince de octubre ambas de dos mil diecinueve, dentro del expediente número 637/2019-2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la juez, consistente en copia certificada del juicio 637/2019-2, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra actos del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, actuaria de su adscripción y Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, a quien le atribuye el auto de exeqüendo según el quejoso de treinta y uno de enero de dos mil veinte; sin embargo, de constancias se desprende que en acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el juez menor responsable admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil y dictó auto de exeqüendo, para llevarse a cabo en el domicilio de la demandada aquí quejosa, y su emplazamiento, donde no ha sido posible su desahogo por no localizarse la demandada a pesar de ser el domicilio correcto, por lo que se ha ordenado en diversas fechas -uno de octubre, quince de noviembre ambos de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte- su desahogo sin lograr su diligenciación en el expediente 637/2019-2. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 1493/2019, promovido Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra actos del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Actuaria de su adscripción y Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, a quien le reclamó el mismo acto -auto de exeqüendo ordenado por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve-, en el juicio 637/2019-2. Con la puntualización, que mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, relativo al juicio de amparo 1493/2019, auxiliar 160/2020, negó la protección constitucional solicitada por la quejosa, asimismo, por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria; este último dato, constituye un hecho notorio por estar publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el auto de exeqüendo que la quejosa refiere es de treinta y uno de enero de dos mil veinte, resulta inexacto, pues, el juez menor responsable refiere corresponde al acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, que por no encontrase la demandada en el domicilio a pesar de ser el correcto, se ha ordenado su desahogo en otras fechas, -uno de octubre, quince de noviembre ambos de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte- acto reclamado en este controvertido es materia del diverso juicio de amparo 1493/2019, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria y se ordenó su archivo definitivo, promovido por la aquí quejosa Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra las mismas autoridades Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial; y, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respecto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido al día hábil siguiente, a esta autoridad federal, Paola Isabel Calvillo Ochoa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Primero Menor en materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, actuario de su adscripción y actuario adscrito a la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La materialización en mi contra de algún acto de molestia, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN Y/O LOS EFECTOS DE UN AUTO DE EXEQUENDO ordenado en auto de fecha treinta y uno de enero del presente año, dentro del expediente número 637/2019-2,." SEGUNDO. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta autoridad radicó la demanda de amparo de la quejosa Paola Isabel Calvillo Ochoa, con el consecutivo 363/2020, requirió a las responsables su informe justificado dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La ejecución de la orden de exeqüendo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, así como los diversos de uno de octubre, quince de noviembre del mismo año y dieciséis de enero de dos mil veinte, en atención a las diligencias actuariales de falta de embargo y emplazamiento de veinticinco de septiembre, quince de octubre ambas de dos mil diecinueve, dentro del expediente número 637/2019-2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la juez, consistente en copia certificada del juicio 637/2019-2, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra actos del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, actuaria de su adscripción y Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, a quien le atribuye el auto de exeqüendo según el quejoso de treinta y uno de enero de dos mil veinte; sin embargo, de constancias se desprende que en acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, el juez menor responsable admitió la demanda en la vía ejecutiva mercantil y dictó auto de exeqüendo, para llevarse a cabo en el domicilio de la demandada aquí quejosa, y su emplazamiento, donde no ha sido posible su desahogo por no localizarse la demandada a pesar de ser el domicilio correcto, por lo que se ha ordenado en diversas fechas -uno de octubre, quince de noviembre ambos de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte- su desahogo sin lograr su diligenciación en el expediente 637/2019-2. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante este Juzgado Federal, existe radicado el diverso juicio de amparo 1493/2019, promovido Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra actos del Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, Actuaria de su adscripción y Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, a quien le reclamó el mismo acto -auto de exeqüendo ordenado por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve-, en el juicio 637/2019-2. Con la puntualización, que mediante sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, relativo al juicio de amparo 1493/2019, auxiliar 160/2020, negó la protección constitucional solicitada por la quejosa, asimismo, por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria; este último dato, constituye un hecho notorio por estar publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que el auto de exeqüendo que la quejosa refiere es de treinta y uno de enero de dos mil veinte, resulta inexacto, pues, el juez menor responsable refiere corresponde al acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, que por no encontrase la demandada en el domicilio a pesar de ser el correcto, se ha ordenado su desahogo en otras fechas, -uno de octubre, quince de noviembre ambos de dos mil diecinueve y dieciséis de enero de dos mil veinte- acto reclamado en este controvertido es materia del diverso juicio de amparo 1493/2019, del índice de esta autoridad federal, que está totalmente concluido, pues por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria y se ordenó su archivo definitivo, promovido por la aquí quejosa Paola Isabel Calvillo Ochoa, contra las mismas autoridades Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial; y, Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, todos del Poder Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respecto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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