Paola Hernández Reyes
Expediente 630/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Paola Hernández Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Xalapa, Veracruz; dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución de fecha dos de diciembre de dos mil veinte, dictada por los Magistrados integrantes de dicho órgano colegiado al resolver el recurso de revisión número 13/2020, interpuesto por la quejosa **********************, contra la sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida que NO AMPARA NI PROTEGE a ************ dictada por el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto número 630/2019." Asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo número 630/2019 y un tomo de pruebas; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó glosándose únicamente aquellas constancia que sean originales a fin de evitar las que resulten innecesarias y mantener un mejor manejo del expediente en que se actúa y ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, al haberse negado el amparo y protección de la justicia; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su depuración, esto, con posterioridad al DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Ahora bien, toda vez que obra un tomo de pruebas por separado, mismo que anexó el Tribunal responsable al rendir su informe justificado; por lo tanto, devuélvase a dicha autoridad a fin de que se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que se contará con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, cabe señalar que la promoción con la que se da cuenta fue recibida el trece de los cursantes en la Oficialía de Partes de este Juzgado; sin embargo, es acordada hasta esta fecha por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción II, punto 2, de la circular SECNO/1/2021 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese como corresponda.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA EL AMPARO y PROTECIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la quejosa **********, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, en atención a lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando último de este fallo.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 630/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el tres de julio de la presente anualidad y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, PAOLA HERNÁNDEZ REYES solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos que serán indicados en el considerando segundo de esta sentencia, los cuales consideró violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales y que reclamó de la autoridad siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, CIUDAD. 19 A 21 CIERTO SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer del presente asunto a este Juzgado Décimo Octavo de Distrito; asimismo, por auto de cuatro de julio de esta anualidad, se radicó con el número de juicio 630/2019 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete a la Fiscal Federal de la adscripción y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de quince de agosto de esta anualidad, se reconoció el carácter de tercero interesada a Servicios de Salud de Veracruz y se ordenó su emplazamiento, quien se apersonó a juicio por conducto de su apoderado legal mediante escrito de cuatro de septiembre siguiente (fojas 26, 31 a 33). Finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la residencia indicados. SEGUNDO. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo tanto a la integridad de la demanda, como a las constancias que integran el juicio de amparo. En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión que el acto reclamado consiste en: ? La resolución relativa al incidente de liquidación de siete de junio de dos mil diecinueve, dictada en los autos del expediente laboral 585/2017-III del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado la magistrada presidente al rendir su informe justificado (fojas 19 a 21). Es aplicable, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, registro 917812, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral 585/2017-III de su índice, las cuales remitió como justificación de sus actos, mismas que obran agregadas en un tomo por cuerda separada. Constancias que, al tratarse de documentos públicos, cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. SE DEBE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, por los motivos que a continuación se exponen. En principio, cabe señalar que al tratarse de un asunto en materia laboral en el que la quejosa es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, los conceptos de violación se estudiarán bajo la figura de la suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción V, de la Ley de Amparo. Previamente a exponer las razones por las cuales se arriba a la conclusión citada con antelación, resulta necesario relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado y que a continuación se sintetizan: El doce de julio de dos mil dieciocho, se emitió el laudo correspondiente en el expediente laboral 585/2017-II, promovido por la aquí quejosa Paola Hernández Reyes en contra de Servicios de Salud de Veracruz, donde se condenó a esta última a la reinstalación de la actora en su fuente de trabajo, así como el pago de diversas prestaciones (fojas 2 a 20 del tomo I de pruebas). Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo al citado organismo demandado promoviendo amparo directo en contra del laudo emitido en autos, dándosele el trámite correspondiente. Asimismo, mediante proveído de doce de noviembre de esa anualidad, el tribunal responsable acordó respecto a la suspensión del acto reclamado solicitada, negándola por cuanto hace a la reinstalación de la actora así como por el equivalente a seis meses y otorgando la suspensión por el resto de la condena estipulada en el laudo (fojas 26, 44 y 45). En proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, la responsable regularizó el procedimiento y ordenó requerir a Servicios de Salud del Estado de Veracruz a efecto de que reinstalara a la aquí quejosa Paola Hernández Reyes y, además, que le pagara la cantidad de $137,748.60 (ciento treinta y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.). Lo anterior, como garantía del mínimo vital para subsistir, correspondiente a los seis meses en que se estimó se tramitaría el juicio de amparo directo antes señalado (fojas 46 vuelta, 47 y 50 del tomo I de pruebas). En diligencia de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada poniendo a disposición de la autoridad el cheque de caja número 2961582 del banco HSBC, expedido a nombre de Paola Hernández Reyes, por la cantidad de $137,748.60 (ciento treinta y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.), mismo que fue recibido de conformidad por la parte actora (fojas 51 a 54 del tomo I de pruebas). Por auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable tuvo por formal y materialmente reinstalada a la parte actora; asimismo, tuvo a la demandada dando cumplimiento al pago de la cantidad como garantía del mínimo vital (fojas 57 y 58 del tomo I de pruebas). El uno de abril de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos respecto al incidente de liquidación en el expediente de origen, en el que, entre otras cosas, la parte actora exhibió su planilla de liquidación y la demandada se adhirió a la misma por así convenir a sus intereses (fojas 101 a 103 del tomo I de pruebas). Mediante proveído de tres de mayo de esta anualidad, se ordenó turnar los autos a efecto de emitir la resolución del incidente de liquidación (foja 109 vuelta del tomo I de pruebas). El siete de junio de dos mil diecinueve se dictó la resolución correspondiente al incidente de liquidación, en los siguientes términos: ".R E S U E L V E: PRIMERO. La Entidad Pública demandada SERVICIOS DE SALUD, adeuda a la actora PAOLA HERNÁNDEZ REYES la cantidad de $229,598.08 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.), salvo error u omisión aritméticos por concepto de SALARIOS CAIDOS por doce meses a partir de la fecha de despido tres de marzo de dos mil diecisiete, DIFERENCIA SALARIAL, COMPENSACIÓN, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y DÍA DEL TRABAJOR con base en los motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de la Entidad demandada Servicios de Salud de Veracruz, para que en el momento de realizar el pago a la actora Paola Hernández Reyes aplique las deducciones legales que procedan conforme a la ley." Esta determinación constituye el acto reclamado en la presente vía constitucional. Ahora bien, tal y como se advierte de la citada resolución dictada en los autos del expediente laboral 585/2017-III, en la parte que interesa, los motivos que sostuvo el tribunal responsable para resolver en la forma en que lo hizo, fueron los siguientes: ? Que del escrito presentado por la parte actora, se advertía que en su cuantificación realizó el calculo del impuesto sobre la renta; sin embargo, respecto a los impuestos que se originen, los mismo no se encuentran estipulados en el laudo, además de que no existe disposición legal que obligue a ese tribunal a establecerlos. Además, que dichas deducciones no quedaban al arbitrio de la demandada ni de esa autoridad, sino que derivan de la ley o leyes aplicables; por lo tanto, se dejaba a salvo a la parte demandada los derechos para que en momento de realizar el pago a la actora (aquí quejosa), aplicara las deducciones legales que procediera conforme a la ley. ? Que en relación a las manifestaciones de la actora, en el sentido de que no se le descontara la cantidad que le fue entregada para garantizar el mínimo vital de subsistencia; si bien era cierto que tal medida fue establecida por la autoridad federal, quien ordenó el pago del equivalente a seis meses del salario como medida protectora en atención al tiempo estimado de duración del juicio de amparo. No menos cierto era que quien puso a disposición dicha cantidad fue la entidad demandada Servicios de Salud de Veracruz, pues ella exhibió y entregó a la parte actora el titulo de crédito por la cantidad de $137,748.60 (ciento treinta y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.), mismo que fue recibido de conformidad por la parte actora. Por lo tanto, se tenía que realizar el descuento de la cantidad recibida por la actora al importe total que resulte del incidente de liquidación, pues de considerar dicho pago en forma independiente, como lo pretende el accionante, se estaría imponiendo una condena doble. ? Que en relación a la jurisprudencia invocada por la actora, de rubro "GARANTÍA DE SUBSISTENCIA OTORGADA AL TRABAJADOR EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 174 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 190 DE LA VIGENTE. ES IMPROCEDENTE ORDENAR QUE SE DEVUELVA AL PATRÓN EL MONTO RESPECTIVO, AUN CUANDO SE CONCEDA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." Era de indicarse que el no reintegro de la garantía de subsistencia a la demanda era en la hipótesis de que el amparo le fuera concedido, situación que en el caso no acontecía, pues el juicio de amparo directo donde se otorgó la medida cautelar aun se encontraba sub judice. ? Razón por la cual, ese tribunal determinó realizar el descuento de la cantidad entregada y cobrada por la actora, de aquella que resultara en el ese incidente de liquidación. Hasta aquí, en lo que interesa, lo correspondiente a los argumentos vertidos por la autoridad responsable al emitir el acto reclamado. En esta tesitura, conviene precisar que la impetrante de amparo expresó en su escrito de demanda, en esencia, los siguientes conceptos de violación: a) Que la autoridad responsable, al resolver el incidente de liquidación, de manera ilegal descontó del importe total del laudo la cantidad que se otorgó dentro del juicio de amparo directo como requisito para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión del acto reclamado, es decir, la ejecución del lado. Empero, de ninguna manera se debía considerar que ese importe formara parte de las cantidades a que fue condenada la parte demandada en el laudo de mérito, aunado a que dejó a salvo sus derechos para que se aplicara el descuento del impuesto sobre la renta a las cantidades netas a las que ya se les consideró la aplicación de este impuesto. Los conceptos de violación se califican de infundados, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. De los artículos 14 y 16 Constitucionales, se advierte que las autoridades responsables están obligadas a fundar y motivar cualquier acto de molestia que pueda afectar a una persona, en la inteligencia de que los fundamentos jurídicos y la motivación respectivos, deben ser congruentes con el fondo de la decisión que se emita. Así pues, los actos de autoridad estarán fundados y motivados cuando contengan los preceptos legales aplicables al caso y los datos, motivos y circunstancias particulares considerados para determinar que, en un caso particular, se actualizó cierto supuesto jurídico, con las consecuencias respectivas. Ahora bien, en atención a las consideraciones establecidas en líneas anteriores, el suscrito considera que la resolución reclamada es constitucional. Lo anterior es así, toda vez que resulta correcto el razonamiento efectuado por el tribunal responsable en el sentido de que a la cantidad que resultara del incidente de liquidación que fue puesto a su consideración, debía restársele la diversa cantidad que le fue entregada a la aquí quejosa por la demandada en el juicio laboral. Lo anterior, con motivo de la suspensión otorgada en el juicio de amparo directo como garantía del mínimo vital para subsistir, correspondiente a los seis meses en que se estimó se tramitaría dicho juicio; por las razones que a continuación se exponen. El artículo 190 de la Ley de Amparo, mismo que regula la suspensión de la ejecución de laudos reclamados en amparo directo, a la letra dice: "Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de esta Ley." De igual forma, cabe mencionar que ha sido criterio de nuestro Máximo Tribunal, que el término considerado como necesario para la tramitación de un juicio de garantías, es de seis meses, sin que obste que la mencionada disposición otorga a la responsable una facultad discrecional. Como puede apreciarse de lo puntualizado con antelación, la suspensión de la ejecución de un laudo que favorezca al trabajador sólo se concederá cuando no se ponga a éste en peligro de no poder subsistir en tanto se resuelve el juicio de amparo. De lo contrario, se negará la suspensión hasta por el importe de seis meses de salario, pudiendo concederla por lo que exceda a esa suma de dinero. Asimismo, conforme al artículo 132 de Ley de Amparo, para que surta efectos la suspensión concedida es indispensable que el peticionario de garantías otorgue caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero. Por lo tanto, en atención a las consideraciones anteriores, es incuestionable que la cantidad de dinero que recibió la trabajadora actora por parte del organismo demandado, con el fin de garantizar su subsistencia mientras se resuelva el juicio de amparo interpuesto por ésta en contra del laudo que lo condenó a cubrir ciertas prestaciones laborales en favor de la aquí quejosa, forma parte del importe total de esas prestaciones. Habida cuenta de que tal cantidad le fue entregada a la actora al haberse negado parcialmente la suspensión de la ejecución del laudo solicitada por la demandada al interponer el referido juicio de garantías, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo; esto es, al ejecutarse en parte el mencionado laudo. Por lo que en esas condiciones, el tribunal responsable estuvo en lo correcto al deducir, en la resolución del incidente de liquidación reclamado, la cantidad de dinero de que se trata del importe total de las aludidas prestaciones laborales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4a./J. 24/92, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Núm. 58, Octubre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207822, de rubro siguiente: "SUSPENSION EN MATERIA DE TRABAJO. EL DINERO QUE EL PATRON ENTREGA AL TRABAJADOR PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA, CON MOTIVO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL LAUDO RECLAMADO, FORMA PARTE DE LA CONDENA Y, LLEGADO EL CASO, DEBE DEDUCIRSE DEL PAGO TOTAL." Cabe precisar que el citado criterio jurisprudencial deriva de la contradicción de tesis 64/91 suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. En la misma, se analizaron cuestiones referentes a las deducciones que las Juntas responsables determinaron hacer del importe total de las prestaciones a que fueron condenados los demandados en los laudos respectivos, de las cantidades de dinero que habían recibido éstos por parte de aquéllos. Lo anterior, con el fin de garantizar su subsistencia en tanto se resolvían los juicios de amparo directo interpuestos por los demandados en contra de esos laudos. Además, la discrepancia de los criterios sustentados por los mencionados órganos colegiados giró en torno a determinar si era procedente o no la deducción que efectuaron las Juntas Federales en los incidentes de liquidación; lo que ocurre en el caso concreto. Por todo lo anterior, resulta constitucional la determinación adoptada por el tribunal responsable al emitir el acto reclamado, de la cual se duele la parte quejosa. Además, es de precisarse que contrario a lo indicado por la impetrante de amparo, la autoridad responsable estuvo en lo correcto en dejar a salvo los derechos del organismo público demandado para que, en el momento de realizar el pago a la actora, aplicara las deducciones legales correspondientes. Es así, puesto que al derivar dichas deducciones de la ley o leyes que en cada caso las establezcan, la demandada está en posibilidad de realizar las que procedan al hacer el pago de las cantidades respecto de las que se decretó condena en su contra; por lo tanto, tales deducciones no quedan al arbitrio de la responsable. Tiene aplicación por su sentido, la jurisprudencia I.7o.T. J/16, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 346, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 197406, de rubro siguiente: "DEDUCCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL NO ESTÁ OBLIGADA A ESTABLECERLAS EN EL LAUDO." Asimismo, la jurisprudencia 4a./J. 17/92, visible en la página 19, Núm. 58, Octubre de 1992, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207815, "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. OBLIGACION DEL PATRON DE RETENERLO, CUANDO LAS PERSONAS SUJETAS A UNA RELACION LABORAL, OBTIENEN PRESTACIONES DERIVADAS DE LA MISMA." En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN solicitado por PAOLA HERNÁNDEZ REYES. QUINTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEXTO. Expedición de copias Con apoyo en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2 de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 123, 124 y 217 de la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA EL AMPARO y PROTECIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a la quejosa PAOLA HERNÁNDEZ REYES, en contra del acto reclamado y autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, en atención a lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando quinto de esta resolución. TERCERO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando último de este fallo. Notifíquese como corresponda. Así lo resolvió y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado, hasta hoy trece de diciembre de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Carlos Sebastián Casados González, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Se ordena dar vista a la parte tercero interesada con el informe justificado que obra en autos; Por tanto, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.
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