Paola Guadalupe López Jáuregui

Expediente 391/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
391/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Paola Guadalupe López Jáuregui

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio ***, procedente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado para conocer del juicio de amparo 391/2023, promovido por Paola Guadalupe López Jáuregui. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes formado con motivo de la referida incompetencia. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En principio, es necesario destacar que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, por tanto, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Ahora bien, sobre el tema de la competencia para conocer de los juicios de derechos fundamentales, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del precepto antes transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: a) La primera, se caracteriza porque con independencia de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el criterio para fijarla consiste en que será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora. b) La segunda regla, deriva de la primera, pues sobre el mismo criterio de ejecución del acto reclamado, establece que cuando éste haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente para conocer del amparo el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) La tercera regla se refiere al supuesto de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por su parte, el primer párrafo del numeral 48 del invocado cuerpo de leyes establece: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado.". En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción XII, establece: "Cuarto. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: .XII. Décimo Segundo Circuito: Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Culiacán y Navolato. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa. Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio. El Juzgado de Distrito del Complejo Penitenciario Islas Marías, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio del archipiélago de las Islas Marías, en el Océano Pacífico". Destacado lo anterior, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas del Gobierno Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad: La orden y ejecución de la retención o descuentos a su sueldo o pago como trabajadora activa (maestra), que aparece en su recibo de nómina 230711412, correspondiente a la primera quincena de abril de dos mil veintitrés, bajo el concepto: "TOTAL CREDIT". En ese contexto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución material el acto reclamado. Lo anterior es así, pues la ejecución del acto reclamado consistente en la retención o descuento de su sueldo se realiza en Mazatlán, Sinaloa, pues en el citado comprobante de pago original, a nombre de la quejosa Paola Guadalupe López Jáuregui, bajo el concepto "GRUPO NOMINAL Y LOCALIDAD", aparece "MAZATLÁN VILLA UNIÓN", lo que revela que la ejecución del descuento reclamado tiene lugar en la citada localidad. Efectivamente, la ejecución del acto reclamado debe determinarse por el lugar donde labora la parte quejosa y en el caso es en Mazatlán, Sinaloa, específicamente en Villa Unión, al margen de quién sea la institución bancaria ante la cual se le deposite su sueldo, el domicilio particular de la trabajadora y el domicilio de las responsables, pues el descuento que éstas ordenan genera un impacto en la esfera de derechos de la quejosa, lo cual ocurre por virtud de la entrega del beneficio económico correspondiente. Por ende, es irrelevante en qué lugar se cuantifican tales descuentos, puesto que podría ocurrir que se trate de una función encomendada a un área central, pero que, se reitera, no se ve materialmente reflejada, sino hasta que la quejosa recibe el pago que le corresponde, lo cual, ocurre en el lugar de la residencia del local donde presta el servicio personal subordinado. Ello, porque el artículo 37 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, expresamente determina: "ARTÍCULO 37. El pago de salarios se hará en el lugar en que los trabajadores presten sus servicios, por medio de cheques nominativos o en moneda de curso legal, en días laborales y dentro de la jornada de trabajo". Así, por disposición imperativa, el pago de los salarios que materializan el acto del descuento, se ejecuta en los lugares que los trabajadores, como la ahora quejosa, prestan sus servicios personales subordinados y, en el caso, como se dijo, ocurre en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, específicamente en Villa Unión. Por tanto, se considera que el Juez de Distrito competente para conocer la demanda de amparo que originó el juicio que ahora nos ocupa, es un Juez de Distrito del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, en turno. Encuentra apoyo a lo anterior la resolución emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en el conflicto competencial 29/2021, la que se invoca como hecho notorio, habida cuenta que se consultó en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)", en cuya ejecutoria, en lo que interesa, se determinó: "Entonces, partiendo de que lo que se controvierte es el descuento salarial que realizan las autoridades responsables Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Dirección de Recursos Humanos, ambas con sede en Culiacán, tienen su ejecución en esta ciudad de Mazatlán, pues el descuento que éstas ordenan genera un impacto en la esfera de derechos de la quejosa, lo cual ocurre por virtud de la entrega del beneficio económico correspondiente, siendo irrelevante en qué lugar se encuentra quien ordena tal descuento; porque además, como se advierte del propio criterio transcrito, es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En ese orden de ideas, si el lugar en que labora la solicitante del amparo se ubica en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, es inconcuso que es en ese lugar donde el acto reclamado tendrá ejecución y donde le está causando una afectación. Por lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, determina que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno, a quien se considera competente en términos del artículo 37, párrafo primero, de la invocada ley, lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados; además, tal envió se lleva a cabo para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Sin que haya lugar a proveer en relación con la sustanciación del incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, toda vez que en la demanda de amparo no se reclaman actos de los mencionados en el artículo 15 de la ley reglamentaria del juicio constitucional y, por ende, el presente asunto no se ubica en los casos de excepción a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento. Fórmese cuaderno de antecedentes. V. Se autoriza la utilización de medios electrónicos. Se autoriza a las partes la utilización de celular, lector óptico, fotográfico o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73,113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. VIII. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

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