Paola García Guerrero
Expediente 991/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Paola García Guerrero
- Gobernador Constitucional del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la licenciada Blanca Fuentes Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de agosto de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a PAOLA GARCÍA GUERRERO , respecto de los actos consistentes en los artículos 94-Bis a 94 Bis-12, 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; que se reclamaron a las autoridades, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como respecto de los actos de aplicación de dichas normas, traducidos en el cobro de la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles; así como de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de su adicional, reclamados al Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. Por auto dictado el veintidós de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis, se realizó la actualización del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, y se determinó que la cantidad total a entregar es de $14,015.55 (catorce mil quince pesos 55/100 moneda nacional). En acatamiento a lo anterior, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por oficio acordado el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0000501, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por la cantidad que hace un total de $14,015.55 (catorce mil quince pesos 55/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de la autoridad responsable, en virtud de que la misma puso a su disposición el título de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, materia administrativa, Página 1455 con número de registro 178468. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por María Concepción Cárdenas Fuan en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria, anexando copia certificada del cheque con el número de folio 0000501 de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis expedido a favor de Paola García Guerrero, por la cantidad de $14,015.55 (catorce mil quince pesos 55/100 moneda nacional), asimismo, hace del conocimiento que la parte quejosa que podrá acudir dentro del horario de diez a catorce horas de lunes a viernes, en las instalaciones de la Tesorería Municipal, para realizar el trámite de la devolución de la cantidad ordenada, asimismo, refiere que una vez que la quejosa se presente ante las Instalaciones de la Tesorería, plasmará su firma autógrafa, para evitar el extravío del cheque y garantizar el pago y buen cobro del mismo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante este Juzgado de Distrito si cobró el cheque 0000501 por el monto de $14,015.55 (catorce mil quince pesos 55/100 moneda nacional), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, con las constancias que obren en autos. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.ammg
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por José Fernando Aguilar Palma y María Concepción Cárdenas Fuan en su carácter de Presidente Municipal y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, personalidad que acredita con copia de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del diez de junio de dos mil quince y copia certificada del nombramiento de uno de enero de dos mil dieciséis, por el cual, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, y designan Delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, asimismo, hace del conocimiento los nombres de los Integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, solicitando una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda Atento a lo anterior, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza diez de abril sin número, colonia Centro de Emiliano Zapata, Morelos, y por Delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas propuestas para ello. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades que por sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, determinó conceder el amparo y protección a PAOLA GARCÍA GUERRERO, para los efectos siguientes: ".En atención a todo lo anteriormente expuesto y al resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que: a) No se aplique a la parte quejosa en el caso concreto y ni en lo futuro, el artículo 94 Bis a 94 Bis 12, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación del citado precepto. . Por lo tanto, toda vez que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que integran el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, porque dicha contribución tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, es que con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la impetrante para el efecto de que: a) No se le aplique en el caso concreto y ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se le devuelva la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional derivado del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por la cantidad de $2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de los artículos citados." Por auto de veintidós de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriendo a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, para el efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, procede a realizar la actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa por concepto de cobro del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (ocho de diciembre de dos mil nueve) y a la fecha del presente requerimiento (veinte de enero de dos mil dieciséis), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) DICIEMBRE 2015 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO NOVIEMBRE 2009 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 118.532 / 95.143194058464 = 1.2458274201638 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $11,250.00 X 1.2458274201638 = $14,015.55 Ahora bien, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva la cantidad que pagó por concepto del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, a razón de la cantidad debidamente actualizada por el total de $14,015.55 (catorce mil quince pesos 55/100 moneda nacional). Consecuentemente, es procedente requerir ahora a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y su superior jerárquico José Fernando Aguilar Palma quien funge actualmente como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la quejosa la cantidad de $14,015.55 (catorce mil quince pesos 55/100 moneda nacional), por concepto de cobro del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, debiendo remitir copia certificada para acreditar lo anterior. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
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