Paola Edith Huerta Gervacio

Expediente 1526/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1526/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2017

Partes del expediente

  • Paola Edith Huerta Gervacio

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 del ordenamiento citado, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa, fórmese el anexo respectivo. Ahora, de las constancias adjuntas enviadas por la autoridad responsable, se advierte que el once de agosto de dos mil diecisiete, se dictó el laudo correspondiente al juicio laboral J.3/50/2015. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. De lo anterior, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ello es así, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la abstención de emitir el laudo en el juicio laboral J.3/50/2015, lo cual sucedió el once de agosto de este año, y se notificó a la aquí quejosa el tres de octubre de dos mil diecisiete, por conducto de su apoderada legal; es decir, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XXI de la referida codificación; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 1526/2017-I-A, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Toluca, Estado de México, siendo las doce horas del veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1292/2017-I-B; estando en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el secretario certifica: Que los quejosos fueron omisos en designar representante común, tal como les fue requerido en proveído de dieciocho de agosto del año en curso. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Felipe de Jesús Cortés Sánchez. Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio; el Secretario da cuenta con las pruebas que anexaron las autoridades responsables a su informe justificado, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. En seguida y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se abre el periodo de alegatos; el Secretario da cuenta con los realizados por el representante común de la parte quejosa (foja 35). El Juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos relacionados de manera precedente y por omisas a las restantes partes en formularlos; por lo cual se cierra la presente etapa. Al no haber prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1292/2017-I-B; y, R e s u l t a n d o: ÚNICO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Arturo de Jesús Hernández Hernández, Isaí Salgado Cereso y Felipe de Jesús Cortés Sánchez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda, este juzgado por acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, dejó de tener como autoridad responsable a la denominada por la parte quejosa como Representante legal de la Dirección de Seguridad y Custodia de la Unidad Administrativa del Centro Federal de Readaptación Social, número Uno, Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, ante su inexistencia; seguidas las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades que tienen residencia dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los quejosos reclaman de las autoridades responsables, la omisión en dar contestación a las peticiones respecto a la entrega de televisión, eliminador de corriente y dotación de artículos de aseo personal, así como la falta de atención médica en la especialidad de dermatología y en medicina general. Tercero. Las autoridades responsables Directora General, Presidenta del Comité Técnico y Encargado de la Dirección de Seguridad y las Áreas de Guarda y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos que se les atribuye, tal como se aprecia de dichos informes (foja 22). En efecto, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en la omisión en dar contestación a las peticiones respecto a la entrega de televisión, eliminador de corriente y dotación de artículos de aseo personal, cabe precisar que si bien en el caso concreto (omisión) por un lado corresponde a las autoridades responsables comprobar mediante la constancia respectiva que no cometieron la falta u omisión que se les imputa, también lo es que a la parte quejosa le corresponde demostrar que efectivamente ejerció su derecho consagrado en el artículo 8° de nuestra Carta Magna en forma escrita, de manera respetuosa y pacífica, tal y como lo prevé dicho numeral. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con número de registro 229489, publicada en la página 1031, del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "PETICIÓN. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. Cuando en un juicio de garantías se reclama la violación al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable, por una parte, el acuerdo que al respecto emitió, por la otra, que lo notificó al peticionario." Circunstancia que no ocurre en el presente asunto, ya que los quejosos incumplieron con su carga probatoria de demostrar haber realizado las peticiones relativas a la entrega de televisión, eliminador de corriente y dotación de artículos de aseo personal, lo cual resultaba necesario para demostrar que ejercieron el derecho público subjetivo aludido. En esa tesitura, al no demostrarse la existencia de las peticiones que refieren los quejosos, es evidente que las responsables no se encontraban obligadas a dar respuesta por escrito, en breve término, a la misma, pues como se dijo, no se encuentra acreditado en autos que los quejosos le hubieren elevado una petición en términos del 8º constitucional, por lo que resulta jurídicamente imposible exigirle a aquellas que dieran respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder; por tanto, es indefectible que el acto reclamado consistente en la omisión en dar contestación a las peticiones respecto a la entrega de televisión, eliminador de corriente y dotación de artículos de aseo personal devienen inexistentes. Ahora, por cuanto hace al acto que reclaman los quejosos, consistente en la falta de atención médica en la especialidad de dermatología y en medicina general, la negativa de las autoridades responsables en sus informes justificados se encuentra acreditada con las constancias que adjuntaron a su informe, a las cuales debe otorgarse valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, al constituirse como documental pública. De las mismas, se obtiene fehacientemente que la falta de atención medica reclamada por los quejosos no existe, pues de ellas se acredita que en fechas dos y veintinueve de agosto del año en curso, respectivamente, se les realizó a cada uno de los quejosos una valoración médica en las que se indicó como únicos padecimientos de los quejosos Isaí Salgado Cereso, IDX: ESTREÑIMIENTO/SII/GASTRITIS; Arturo de Jesús Hernández Hernández, IDX: DERMATOSIS/MIALGIA intolerancia a pescados, mariscos y derivados; y de Felipe de Jesús Cortes Sánchez, IDX: TIÑA PEDIS; e, incluso se advierten los medicamentos que les fueron recetados y suministrados a dichos quejosos, para curar y tratar los citados padecimientos (fojas 28 a la 33). Es así, porque correspondía a los quejosos aportar prueba para desvirtuar las manifestaciones de las responsables, al revertírseles la carga probatoria, pues se actualiza el supuesto previsto en el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; por tanto, si las responsables negaron la falta de atención médica y los medicamentos que requiera, y para tales efectos aportó la bitácora del expediente clínico de los quejosos (como ya se puntualizó en párrafos precedentes); es evidente que los amparistas estaban obligados a comprobar lo contrario. Por las razones que informa, se estima aplicable la jurisprudencia I.3o.A. J/21, publicada en la página 660, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, Materias: Administrativa y Común, Octava Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos." Por lo antes expuesto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existen los actos reclamados, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" Sin que obste lo anterior, lo manifestado por el quejoso Arturo de Jesús Hernández Hernández, en la constancia de notificación de siete de septiembre del año en curso, referente al acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación respecto a la entrega de su televisor, en el sentido de que bajo intimidación si firmó la hoja para el desecho de dicha televisión, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se evidencia el nombre y firma del aquí quejoso, sin que éste haya ofrecido medio de convicción alguno, a fin de desvirtuar dicha documental (foja 42). Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 72, 73, 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1292/2017-I-B, promovido por Arturo de Jesús Hernández Hernández, Isaí Salgado Cereso y Felipe de Jesús Cortés Sánchez, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese; y personalmente a los quejoso, por conducto de su representante común Felipe de Jesús Cortés Sánchez. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe. El Juez El Secretario

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